Una oportunidad histórica para negociar un tratado vinculante sobre transnacionales y derechos humanos

La Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad nació en 2012, en el marco de la Cumbre Río+20, como fruto de un proceso de movilización conjunta en Europa y en América Latina y el Caribe, articulado en la red Enlazando Alternativas.

Enlazando Alternativas celebró tres sesiones de lo que se conoce como Tribunal Permanente de los Pueblos: una en Viena, en 2006, otra en Lima, en 2008, y una tercera y última en Madrid, en 2010.

El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal ético internacional y de carácter no gubernamental, que pretende identificar y difundir casos de violación sistemática de los derechos fundamentales de la humanidad que no encuentran reconocimiento ni respuesta en las instancias oficiales, inspirado en la tradición del Tribunal Russell, que, en la década de 1960, denunció los crímenes de guerra cometidos en Vietnam.

En el proceso del Tribunal Permanente de los Pueblos, comunidades, organizaciones, sindicatos y movimientos de casi todos los países de América Latina y algunos del Caribe acusaron de violaciones de sus derechos a 48 compañías, entre las cuales Nestlé, Pescanova, Repsol, Shell, Stora Enso, Suez, Syngenta, Thyseen Krupp, Union Fenosa y Telefónica.

Se denunciaron crímenes contra los derechos laborales, el acceso a la salud y los medicamentos, la educación y los servicios públicos; crímenes contra la vida y la seguridad pública, contra el medioambiente y el entorno vital de comunidades tradicionales y pueblos indígenas; abusos y crímenes contra usuarios y consumidores; persecución de defensores y defensoras de los derechos humanos, activistas comunitarios y sindicalistas; riesgos y amenazas a la seguridad y la soberanía alimentaria, entre otros tantos.

Recientemente, ya en el contexto de la Campaña Global, se celebró otra sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra, en 2015, y otra en la región del sur de África, en 2017.

Uno de los principales focos han sido las violaciones a los derechos humanos de comunidades afectadas por la minería y la industria extractiva en general. Situaciones como la del conflicto suscitado por la explotación de Agua Zarca, en Honduras, que acarrearon la muerte de Berta Cáceres, lideresa del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, el COPINH.

Otro foco destacado ha sido el conflicto en Brasil entre garimpeiros y fazendeiros, y la violencia de sicarios contra los indios Guaraní-Kaiowá, a quienes, como otras tribus tradicionales, se les impide gozar de sus tierras. También en estos días estamos presenciando otro conflicto de esta naturaleza entre la empresa Benetton y los Mapuches, que ha conmovido a la Argentina por la desaparición de un activista en un procedimiento de represión de la fuerza pública.

En estos casos se evidencia la naturaleza del conflicto que nos trae a esta mesa: un conflicto caracterizado por la asimetría escandalosa entre corporaciones globales y pueblos locales; entre los millones que destinan las grandes compañías al cabildeo y los bufetes de abogados y la falta de recursos y mecanismos al alcance de las comunidades afectadas por las actividades de las empresas.

La globalización de la economía, agudizada a partir de la década de 1990, generó las condiciones para generalizar y aumentar la escala de operación de las transnacionales, a lo que contribuyó, sin duda, el establecimiento de cientos de acuerdos de inversión y libre comercio. Estos acuerdos abrieron mercados y dieron garantías —es decir, derechos— a las inversiones internacionales como nunca antes, en detrimento de los derechos ganados y de los derechos humanos en general.

Fue así como se desarrolló una verdadera 'arquitectura de la impunidad', que blindó la actuación de las transnacionales para explotar recursos naturales y servicios públicos, y transformar estructuras productivas preexistentes a costa de la población y los trabajadores y las trabajadoras. Un caso dramático es el de México, cuya estructura agrícola fue destruida por las importaciones de los Estados Unidos. El empobrecimiento generalizado del campo mexicano está de alguna forma en los orígenes de los problemas socioeconómicos que enfrenta hoy este país.

Esta asimetría extrema —que se constata también en términos de aumento global de la desigualdad en el mundo, como lo han demostrado los tan citados informes de Oxfam y el análisis estructural de Piketty—, la movilidad global de la que disfrutan las transnacionales y la ausencia de marcos normativos globales adecuados constituyen hoy el contexto ideal para favorecer que grandes empresas e inversionistas perpetren todo tipo de ilegalidades.

En estos días, por ejemplo, se discute la justicia fiscal ante el fenómeno obsceno de las grandes compañías globales que pagan menos impuestos que la gran mayoría de los habitantes del mundo, con lo que erosionan la capacidad de política pública de los Estados, que son, en definitiva los garantes últimos de los derechos humanos.

Estas son las razones por las que demandamos un Tratado vinculante sobre derechos humanos y empresas. No puede ser que la Unión de Afectados y Afectadas por las Operaciones Petroleras de Texaco, la UDAPT, tenga que salir cazando a Chevron Texaco por todo el mundo para que indemnice a los indígenas de la Amazonía ecuatoriana. No puede ser que los Ogoni de Nigeria, cuyos derechos humanos fueron ignorados de forma sistemática por la petrolera Shell, solo encuentren justicia después de años en una corte de los Países Bajos.

Sabemos que no es una lucha fácil. La asimetría económica es producto y origen de un proceso de convivencia peligrosa entre el poder económico y los mecanismos de la democracia y la gobernanza global. Alertamos sobre la llamada 'privatización de la democracia' que ha surgido a raíz de los diversos mecanismos de acaparamiento corporativo en los Estados, y en esta misma casa, de la amenaza que plantean los procesos de privatización de la gobernanza global —que ya de por sí no es democrática— debido a la dependencia de donaciones privadas para llevar adelante programas enteros sobre temas muy sensibles, como salud y educación, así como el creciente convencimiento ideológico de que la diversidad de las partes interesadas va a resolver los problemas de gestión de las políticas públicas que necesitan la economía, el ambiente y la sociedad del planeta.

Pero estamos movilizados. En 2012 nos parecía imposible que hoy pudiéramos estar aquí discutiendo los contenidos de un Tratado, y sin embargo, ya estábamos activos y organizándonos a escala mundial. En 2013, Ecuador y Sudáfrica tomaron la iniciativa de volver a poner el tema sobre la mesa en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Aquella fue la señal que esperábamos para aumentar y enfocar nuestra movilización a favor de la expectativa de apertura de un proceso oficial.

A fines de 2013, organizamos una primera declaración amplia, y en el Foro de Derechos Humanos y Empresas de ese año organizamos la primera manifestación callejera en apoyo a la posibilidad de un tratado. Éramos 30 personas en una gélida mañana de diciembre en la puerta del Palacio de las Naciones.

Luego creamos la Alianza para el Tratado, para ampliar la voz y reunir al creciente número de organizaciones que veían con esperanza el inicio de este proceso. En nuestra primera declaración reunimos a más de 600 entidades del planeta en apoyo al inicio de este proceso. En junio de 2014, decenas acudimos a la sesión del Consejo a cabildear a favor de la resolución y festejamos dentro del recinto del Consejo, como si fuera en un estadio de fútbol, la votación que aprobó la resolución 26/9.

Pese a algunos escépticos, cada vez más actores sociales han ido tomando conciencia de que este debate es de vital importancia y que solo discutiendo normas vinculantes sobre derechos humanos y empresas se podrá atender a los problemas que, como ya lo dijera alguna vez su ideólogo, John Ruggie, los Principios Rectores no pueden resolver.

El movimiento sindical mundial, los movimientos campesinos y de mujeres, los ambientalistas y las principales redes de derechos humanos del mundo están hoy a favor de dar continuidad a esta negociación. Recientemente, además, el Foro Parlamentario Mundial está construyendo, desde Bruselas, una declaración con parlamentarios y parlamentarias de todo el planeta en apoyo a este proceso, que será lanzada para firmas el día martes 19 de septiembre.

La Alianza para el Tratado y la Campaña nos preparamos para la tercer sesión de este primer ciclo. Al inicio de la semana del 23 al 27 de octubre se presentará una nueva declaración, que ya está circulando y que, hasta el momento, ha reunido más de 600 firmas. Y en el marco de la Semana de Movilización se celebrarán, dentro y fuera del Palacio, en la Plaza de las Naciones, una serie de actividades de debate, información y formación.

Al mismo tiempo, desde la Campaña decidimos presentar para esta tercera sesión, que confiamos que siente la bases para la negociación definitiva del Tratado, una propuesta completa de Tratado cuya construcción iniciamos ya desde la primera sesión, en 2015, en la que presentamos un documento de ocho propuestas, que fuimos madurando en la segunda, de 2016 (en la que presentamos seis propuestas).

Este proceso de construcción colectiva de normas internacionales se sostiene en un proceso desde abajo, conectado con los problemas y las luchas concretas de los que formamos parte de esta Campaña y que comenzó, cuando jamás pensamos que estaríamos aquí, con la elaboración del Tratado de los Pueblos, que concluimos en 2015.

Hace 45 años, Salvador Allende advirtió en esta casa del peligro al que se enfrentaba el mundo: el peligro de que las grandes corporaciones, como la ITT, con un capital que supera el PIB de muchos Estados, hagan y deshagan, sin límite alguno, la democracia y el Estado de derecho. Desde entonces, se ha trabado una lucha entre la evidencia de esta acción y la necesidad de regular las arbitrariedades y violaciones de las transnacionales. A nuestro entender, el proceso iniciado e impulsado, entre otros, por Ecuador y Sudáfrica tiene el potencial de construir un pedacito de respuesta al desafío que Allende nos dejó a quienes buscamos justicia en el mundo.

Palabras de Gonzalo Berrón, investigador asociado del Transnational Institute e integrante de la Campaña Global para Reivindicar la Soberanía de los Pueblos, Desmantelar el Poder Corporativo y Poner Fin a la Impunidad, en un evento paralelo celebrado el 18 de septiembre de 2017 en la sede de la Organización de las Naciones Unidas en Nueva York.