Ecuador termina 16 tratados bilaterales de inversión

El 16 de mayo de 2017, el presidente ecuatoriano, Rafael Correa, firmó una serie de decretos por los que termina 16 tratados bilaterales de inversión (TBI) con varios países, entre los cuales los Estados Unidos, Canadá, China y ocho países europeos.

Cecilia Olivet hands over the report to Rafael Correa, president of Ecuador Open configuration options

La decisión sigue las recomendaciones de la Comisión para la Auditoría Integral Ciudadana de los Tratados de Protección Recíproca de Inversiones y del Sistema de Arbitraje Internacional en Materia de Inversiones (CAITISA).

La presidenta de la comisión CAITISA, Cecilia Olivet, es investigadora del Transnational Institute y está disponible para conceder entrevistas durante todo el día de hoy. En su opinión: “Ecuador ha tomado una decisión totalmente lógica al terminar sus acuerdos de protección de inversiones. El proceso de auditoría reveló que estos no solo no contribuyeron a atraer inversiones extranjeras o a promover el plan de desarrollo del país, sino que desviaron millones de dólares de las arcas públicas para luchar contra demandas multimillonarias. Esperamos que otros Gobiernos aprendan del ejemplo de Ecuador y auditen sus propios tratados de inversión para averiguar si son verdaderamente beneficiosos para sus ciudadanos”.

La comisión CAITISA fue creada por el Gobierno ecuatoriano en octubre de 2013. La comisión estuvo integrada por 12 personas, entre las cuales se encontraban funcionarios gubernamentales y personas del mundo académico, del derecho y de grupos de la sociedad civil, y entre quienes se contaban el principal experto mundial en materia de derecho de inversiones, Muthucumaraswamy Sornarajah, y el exprocurador del Tesoro argentino, Osvaldo Guglielmino.

Los países con los que se terminaron los tratados fueron: Alemania, Argentina, Bolivia, Canadá, Chile, China, España, Estados Unidos, Francia, Italia, Países Bajos, Perú, Reino Unido, Suecia, Suiza y Venezuela. Los decretos correspondientes se pueden consultar aquí: https://t.co/PlmfU13BEr

El informe completo de la CAITISA, que incluye todas sus conclusiones y recomendaciones, se puede consultar aquí: http://caitisa.org/index.php/home/enlaces-de-interes

Resumen de las principales conclusiones del informe de la CAITISA

1. Los tratados bilaterales de inversión (TBI) firmados por Ecuador no cumplieron con las promesas de atracción de inversión extranjera:

  • Ecuador, con más TBI que muchos países de la región, recibe solo el 0,79% de la inversión extranjera directa (IED) que llega del mundo a América Latina y el Caribe.
  • El principal flujo de IED hacia Ecuador proviene de Brasil, México y Panamá, países con los que Ecuador no tiene TBI.
  • De los 7 grandes inversores externos en Ecuador, solo el 23% viene de países con TBI.

2. Los TBI firmados por Ecuador contradicen y menoscaban los objetivos de desarrollo planteados en la Constitucional y el Plan Nacional para el Buen Vivir. La Constitución ecuatoriana de 2008, en sus artículos 3, 276, 277, 283, 284, 313-318, 339 y 222, mandatan al Estado a regular la inversión extranjera para que cumpla un papel positivo en la consecución del Plan para el Buen Vivir. Sin embargo, los TBI incluyen elementos de erosión de las competencias estatales.

3. Mientras que las promesas de inversiones y desarrollo no se materializaron, los costos han sido extraordinarios y los inversores han salido altamente favorecidos en las demandas contra Ecuador:

  • Ecuador ha sido demandado en base a TBI por inversores extranjeros ante tribunales internacionales en 26 ocasiones.
  • En 2014, Ecuador era el quinto país más demandado del mundo; hoy se encuentra en el décimo lugar.
  • En los 15 casos donde el tribunal ha decidido sobre jurisdicción, el inversor ha salido favorecido en 13 casos (87%) y el Estado solo en 2.

4. El Estado ecuatoriano ha sido demandado por un total de 21 200 millones de dólares en términos de compensación por la supuesta violación de los acuerdos de protección a los inversores extranjeros.

5. El monto total desembolsado hasta el momento por el Estado es de 1498 millones de dólares estadounidenses (USD), que equivale al 31% del presupuesto nacional de educación o el 62% del presupuesto de salud.

6. Con las demandas que siguen en curso, el Estado podría ser condenado a desembolsar otros 13 400 millones de USD. Este monto equivaldría al 52% del presupuesto general del Estado para 2017.

Resumen de las principales recomendaciones del informe de la CAITISA

1- Concluir el proceso de denuncia de todos los TBI

2- Negociación de nuevos instrumentos entre el Estado e inversores privados, como por ejemplo:

a) contratos internacionales de inversión con derechos restringidos y obligaciones

b) tratados de inversión basados en un modelo alternativo. La Comisión ha recomendado que:

  • la inversión debe definirse de forma estricta y específica
  • se excluyan o replanteen ciertas cláusulas que suelen estar presentes en los tratados de inversión actuales, como: el trato justo y equitativo, la expropiación indirecta, el trato nacional, la nación más favorecida, la cláusula paraguas y la cláusula de supervivencia
  • se incluya una lista de derechos de los que siempre gozará el Estado, como: el derecho del Estado a imponer obligaciones a los inversores extranjeros, aplicar requisitos de desempeño, aplicar impuestos, garantizar la transferencia de tecnología y obligar a los inversores a respetar los derechos humanos, entre otros
  • se incluya una lista de obligaciones para los inversores, como: el respeto de las normas del derecho nacional e internacional que velan por los derechos humanos y sociales, y la contribución al desarrollo nacional, en función de criterios predeterminados, entre otros.

C- Sobre el sistema de arbitraje internacional en materia de inversiones excluir la cláusula de disputas inversor-Estado de cualquier tratado futuro ofrecer seguridad jurídica a los inversores en las cortes nacionales

D- Desarrollo de una política pública integral y de normas específicas para las inversiones extranjeras

E- Consolidación en un único organismo de las facultades y el manejo institucional de las inversiones extranjeras