El ‘déja vú’ de las fumigaciones con glifosato en Colombia

El 10 y 11 de febrero 2020 tuvo lugar en Bogotá un Diálogo sobre Aspersiones Aéreas y Derechos Humanos, un evento en el que distintas organizaciones no gubernamentales y representantes de diferentes comunidades a nivel nacional se dieron cita para discutir la decisión del gobierno nacional de reanudar las aspersiones aéreas con glifosato para combatir el narcotráfico. 

Durante dos días miembros de comunidades campesinas y afrodescendientes de Nariño, Putumayo, Guaviare, Amazonia, Cauca y Sur de Bolívar relataron sus experiencias previas sobre los efectos negativos de la fumigación tanto en sus cultivos de pan coger como en la salud de los habitantes. Destrucción de siembras, contaminación de las fuentes de agua, abortos involuntarios, malformaciones en recién nacidos, fueron algunos de los efectos colaterales del uso de glifosato y que en 2015 llevaron al Consejo Nacional de Estupefacientes (CNE) a suspender la fumigación aérea, al considerarla una práctica con potenciales daños para la salud humana y el medio ambiente. Asimismo, en 2017 la Corte Constitucional impuso, a través de la sentencia T-236, seis condicionamientos para reanudar las fumigaciones luego de analizar las violaciones a derechos humanos a la población de Nóvita, Chocó, por causa de aspersiones realizadas en 2012.    Sin embargo, a finales de 2019 el gobierno de Iván Duque presentó el proyecto de decreto para reanudar las aspersiones bajo el argumento de ser el único instrumento para frenar el aumento de cultivos de coca de los últimos años. El decreto estuvo sujeto a revisión de la ciudadanía hasta el pasado 30 de enero, luego será ajustado por el ejecutivo y será el CNE quien determine si se reanudan las fumigaciones o no. Aunque el procurador general Fernando Carrillo alertó sobre la necesidad de cumplir los ajustes que exigió la Corte Constitucional y cuestionó el diseño institucional del decreto, el retorno de las fumigaciones parece inminente. De hecho, la Policía Nacional ya tiene listos nueve aviones Air Tractor AT-802 para ser usados en la segunda mitad de este año, y Estados Unidos, principal aliado en la guerra contra las drogas, celebró la puesta en marcha del decreto.    Para hacer frente a proximidad de las fumigaciones, la corporación Viso Mutop, con apoyo del Transnational Institute, y Broederlijk Delen, una ONG belga, convocaron a expertos en políticas de drogas y representantes de comunidades afectadas para pensar en estrategias jurídicas a futuro que detengan el uso de este plaguicida y definir rutas de acción para hacer frente a las posibles violaciones de derechos humanos en que podría incurrir el programa de fumigación. Algunas agencias del sistema de Naciones Unidas también acompañaron la reflexión para escuchar los reclamos de las comunidades sobre la decisión el gobierno de reanudar las aspersiones aéreas.    La primera conclusión del encuentro fue la necesidad de reposicionar el tema de las fumigaciones y el impacto que estas tuvieron sobre las comunidades. Debido a los tiempos que toma la resolución de las denuncias, existe un desgaste alrededor del tema que hace que la comunidad se olvide de los daños del glifosato. Por esto es menester insistir en la fumigación, así como en la erradicación manual forzada, como un asunto grave de violación de derechos humanos en las comunidades. La idea es presentar los casos de víctimas de la aspersión aérea como una forma de recordar los efectos nocivos y que llevaron a su prohibición.    Durante el Diálogo, Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados José Alvear, resaltó la ineficacia de las fumigaciones en la reducción de cultivo, así como los costos innecesarios en los que se incurre. “Antes de las fumigaciones durante el Plan Colombia había coca en 12 departamentos y luego de las fumigaciones se expandió a 22. Y mientras fumigar una hectárea cuesta 69.000 dólares, comprar la hoja cuesta 12 millones de pesos. Sale mejor comprarles la hoja a los campesinos y ofrecerles programas alternativos, que fumigar”, dijo Uribe. También recordó que debido a las fumigaciones se produjo el desplazamiento de varias comunidades.    Como parte de la estrategia de información, el primer paso es difundir las memorias del diálogo sobre fumigaciones con las comunidades para que estas tengan conocimiento de las implicaciones jurídicas de las demandas, así como la forma de proceder en caso de violación de sus derechos. Es necesario entender el componente jurídico, las trabas que este supone y los tiempos que toma. Por lo anterior, se propuso hacer un llamado a las comunidades para que no caigan en la trampa de la discusión técnico-científica alrededor de las fumigaciones, pues la carga de las pruebas científicas no puede caer sobre los campesinos. Por el contrario, se resaltó la posibilidad de utilizar las nuevas tecnologías para registrar con video las evidencias de la violación de derechos humanos una vez se reanuden las fumigaciones.    Asimismo, es importante crear una estrategia de comunicación pedagógica hacia las­ comunidades de base, para que se informen del tema, y que esta comunicación alcance un nivel institucional. Esta acción debe estar acompañada de un cabildeo a nivel local, en el que todas las fuerzas comunitarias actúen de forma coordinada y se intenten unificar criterios alrededor de un solo propósito. De allí surgió la idea de proponer un diálogo regional para que las comunidades puedan hacer su reclamación y convocar a un gran encuentro nacional de las zonas de cultivadores, en donde se pueda poner sobre la mesa las demandas que afectan a todas las comunidades.    A pesar de que la reanudación de las aspersiones supone un retroceso en la forma de enfrentar el narcotráfico, los participantes coincidieron en que es necesario entender este decreto dentro de un nuevo contexto, es decir, la firma del acuerdo de paz. Marco Romero, director de Codhes, resaltó que la mejor manera de enfrentar el problema de los cultivos de uso ilícito es que el Estado colombiano cumpla con el acuerdo de paz, sobre todo en el punto uno, sobre Reforma Rural Integral, y el punto cuatro, que propone una solución al problema de las drogas ilícitas. Para esto, dice Romero, es necesario mantener una línea de trabajo internacional, en especial ante los Estados Unidos, para que desde allí se apoye la implementación del acuerdo.   Precisamente uno de los incumplimientos del acuerdo tiene que ver con la implementación del Plan Nacional de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), programa creado entre el gobierno nacional y las FARC para impulsar la sustitución voluntaria de los cultivos de coca mediante la construcción de proyectos productivos alternativos al mercado ilícito. A pesar de que más de 100 mil familias se inscribieron al PNIS y a diciembre de 2018 habían erradicado más de 30 mil hectáreas, la llegada de Iván Duque ha significado un desmonte del programa, retraso en los pagos bimensuales a las familias, y la intensificación de agresivos operativos de erradicación forzada por parte de la fuerza pública.    Además, la falta de acompañamiento del estado ha dejado a las familias inscritas al PNIS en situación de vulnerabilidad, sujetos a la intimidación de los grupos armados ilegales, el retorno al cultivo de coca y, en otros casos, el asesinato de líderes de la sustitución voluntaria. Esta situación ya ha generado numerosas protestas en varias zonas del país por el incumplimiento a los acuerdos (ver caso de Briceño).   Sin duda el retorno de las fumigaciones en el campo colombiano supone una amenaza para las comunidades y para la vida en general, aun cuando ya están comprobados los nefastos efectos que tiene el uso de este herbicida. Pues como manifestó Alirio Uribe, del colectivo de Abogados, “me resisto a que en pleno 2020 vayamos a retomar las fumigaciones. Me siento como un déjà vú”.