Crisis y nuevos actores

Novedades en el debate de drogas en México
25 May 2012

logo_mucdSuele decirse que las crisis, a pesar de todos los aspectos negativos que por definición implican, abren también la puerta a nuevas oportunidades. ¿Podría ser este el caso de México y de la política de drogas del país en la elección federal de julio? Imposible saberlo a ciencia cierta en este momento, y después de la elección será demasiado tarde.

Por ello, vale la pena también, pasar revista a las novedades que al menos ahora, pueden hacernos suponer que existe una posibilidad de cambio cualitativo en el próximo gobierno de México, en cuanto a temas de drogas. Esta oportunidad proviene de la propia crisis de seguridad y expansión del crimen organizado en México.

Tal crisis es producto, en parte, de un sistema internacional de control de drogas que obliga al país a desangrarse “cavando en el agua” en contra del tránsito y comercio de drogas; pero por otra, es producto del crecimiento exponencial de las “consecuencias no intencionales” de una política nacional que, al intentar congraciarse con la sociedad mexicana, lo único que ha logrado es exacerbar, hasta el hartazgo, a grupos sociales que hasta hace poco no tenían ningún interés en la materia: la clase media mexicana y diversos núcleos empresariales, ambos asociados a sectores más bien conservadores de la sociedad nacional, que han sufrido, por primera vez y de manera directa, una amenaza real a la seguridad de sus comunidades y sus negocios.

La explosión de delitos relacionados como el crimen organizado como el secuestro, la extorsión, la piratería, la trata de migrantes o de personas para el comercio sexual, así como la ineficacia de las autoridades para combatirlos, han forzado a una sociedad que se consideraba alejada o inmune a los temas de drogas, a participar de un debate que progresivamente ha ido desacreditando a la política actual, y dejado mudos a los candidatos a gobernarnos.

Desde Monterrey, la ciudad más industriosa y conectada al gran mercado de Norteamérica, por ejemplo, diversos grupos empresariales han utilizado su influencia y recursos para abiertamente cuestionar la estrategia de seguridad del Presidente Calderón: han manifestado públicamente, mediante desplegados y foros públicos, su rechazo a la misma, proponiendo, a cambio, una política de drogas que las regule y separe realmente el consumo del tráfico y el crimen organizado.

En la Ciudad de México, mientras tanto, organizaciones como México Unido contra la Delincuencia, líder en la causa ciudadana de la seguridad, han tomado la decisión de impulsar una reforma a la política de drogas como la única vía para terminar con las inmensas ganancias que hacen tan jugoso, y deseable, el negocio de los mercados ilícitos en México.

Estos grupos entienden, también, que la debilidad institucional del Estado mexicano es un campo fértil para el florecimiento de actividades ilegales que antes no existían en la sociedad mexicana, y se muestran preocupados, también, al reconocer que la falta de desarrollo social y educativo, así como un piso mínimo en la igualdad de oportunidades, constituyen un obstáculo gigantesco para detener la ola de violencia e impunidad que les afecta, ahora, a ellos directamente.

En este contexto, conforme se acerca la elección y la crisis de seguridad se extiende a todo el país, estos nuevos actores para la política de drogas han comenzado a exigir con fuerza un nuevo enfoque a la próxima administración federal del país.

El reto será, en este sentido, convencer y presionar, en conjunto, a quien nos gobierne a partir de diciembre de 2012, de dar un golpe de timón que permita al nuevo gobierno, en última instancia, contar con el apoyo y la legitimidad de una sociedad cansada de discursos grandilocuentes en la materia, pero incapaz de ocultar con ellos, las preocupaciones de una sociedad al borde del colapso.

Jorge Hernández Tinajero es el presidente del Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas (CUPIHD).

Viernes, 25 de mayo, 2012