De paraíso de lavado, a sede del centro multilateral antidrogas

En una lujosa oficina del centro de la ciudad colombiana de Cali, se realizaban las transacciones correspondientes a una casa de cambio. Es decir, allí se compraban y se vendían dólares. Los clientes realizaban sus gestiones ordinarias, en una mañana tranquila, cuando llegó la policía con órdenes de allanamiento; la acción no fue pacífica y los clientes fueron obligados a tirarse al suelo.

En Montreal, la policía montó una casa de cambio para captar a quienes se valen de estas entidades para lavar dinero. A ella acuden los empresarios latinoamericanos, a atender sus cuentas y comprar cheques. La policía detectó las transacciones que, según sus apreciaciones, se realizaban con dinero proveniente del narcotráfico.

En Panamá, no se requiere de casas de cambio como en México, Bogotá o Tegucigalpa, porque el dólar es la moneda de uso regular. Las pocas que hay operan con minúsculas transacciones. Los allanamientos como el de Cali o las labores de inteligencia policial como la de Montreal no cuentan en el país istmeño, en donde es común la presencia de bancos y de empresas multinacionales dedicadas al comercio.

Panamá es un paraíso para narcolavadores y narcotraficantes. En este país, son propietarios de hoteles lujosos, tienen acceso directo a los grandes bancos, libre movilidad y, hasta cierto punto, protección. Pueden establecer empresas con relativa facilidad y construir infraestructuras de alto costo, sean para centros comerciales o para habitaciones de lujo. Tienen las posibilidades de sobornar, chantajear y comprar, en cualquier nivel y cuando lo consideren necesario, a la administración publica o de justicia. Esta norma se aplica, también, a empresas privadas, abogados y profesionales. En fin, playa, brisa, mar... y dólares venidos del narcotráfico.

Este escrito trata de los métodos, las actividades y los alcances que tienen en Panamá los traficantes de drogas y dinero, tanto en el terreno socioeconómico, como político. Busca examinar los procesos judiciales en los casos de lavado de dinero y evaluar la legislación existente en cuanto al tema. En la extensión que cubre este trabajo no se alcanzan a ampliar los temas que se señalan, ni se logra abarcar otros aspectos del narcotráfico y el lavado de dinero, que también son importantes.

Las repercusiones sociales del tráfico de drogas han destruido la capacidad de organización social, cultural o política de la juventud, a la que le ha quedado el camino de la pandilla, la banda y la droga.

La incidencia económica del narcotráfico y el lavado de dinero se nota en la deformación de la economía, que ha permitido el surgimiento de una Panamá rica, y de nuevos ricos, a pesar de que el cincuenta por ciento de los panameñ os viven en condiciones de pobreza y el veinte por ciento en condiciones de extrema pobreza. Grandes y múltiples edificios en Punta Paitilla y calle 50, gigantescos y numerosos centros comerciales en las afueras de la ciudad, residencias de lujo que surgen de la noche a la mañana, contrastan con las barriadas pobres de San Miguelito, Tocumen, Felipillo y otros sectores de la ciudad.

Es posible que dinero del narcotráfico haya apoyado candidaturas de legisladores y políticos, pero no hay ninguna prueba concreta. Un reconocido narcotraficante colaboró, con una suma baja, con la campaña del presidente Ernesto Pérez Balladares, en 1994.

Para Panamá. la más grave consecuencia de los manejos relacionados con el narcotráfico fue la invasión de Estados Unidos, el 20 de diciembre de 1989. Se vislumbra otra imposición de Estados Unidos: la continuidad de la presencia militar norteamericana en Panamá, a través de una base dedicada, supuestamente, a combatir el narcotráfico.

El manejo judicial de los casos relacionados con drogas, narcotráfico y lavado de dinero es deficiente. Se violan los procedimientos, no se investigan cabalmente los hechos y, desde jueces de circuito hasta magistrados de la Corte Suprema de Justicia, no aplican la ley como corresponde. Esto se debe principalmente a corruptelas entre las autoridades y los delincuentes.

Desde 1990, cuando se democratizó el narcotráfico al convertirse en una actividad que no implicaba solo a un dictador, sino que recogía en su seno a un número plural de nuevos empresarios, se dictaron decretos y leyes en relación al tema. Algunas de esas disposiciones establecieron límites, pero también,n dejaron las fisuras que los narcolavadores y narcotraficantes requerían.

Las indagaciones sobre narcotráfico y lavado de dinero se ven limitadas por la ley del silencio que cubre estas actividades. No hay pruebas concretas de que fulano lavó tanto o de que este otro está en el negocio. Siempre se habla en términos de dicen por ahí. Y, si alguien sabe algo concreto, difícilmente lo va a decir. Las informaciones que se recaban en este escrito provienen de publicaciones periodísticas, consultas bibliográficas e informaciones de algunas autoridades que, casi siempre, hablaron bajo la reserva de identidad. Los nombres propios que aparecen en el texto han sido públicos con anterioridad.

Los métodos

Los métodos de los narcolavadores y narcotraficantes son similares a los empleados por los pandilleros de los barrios urbanos que, en general, también se dedican en baja escala al negocio de la droga. Lo clandestino, el silencio y las armas son características comunes. En la cúpula, los narcotraficantes se esconden en profesiones y actividades empresariales, políticas o militares.

En la base, los narcotraficantes esconden su quehacer en pequeños negocios como ventas de pollos asados y discotecas, que les permiten demostrar ante los incautos de dónde viene su sorpresiva riqueza; pero sea como fuere esa riqueza les otorga poderes para influir en la vida social y política de la comunidad.

Solo los miembros de las redes conocen de qué se trata, pero sólo conocen lo que estrictamente requieren saber para cumplir su trabajo dentro del negocio. El banquero que recibe pagos provenientes del lavado de dinero, probablemente no tenga que hacer otra cosa que dejar pasar cuando las grandes y constantes sumas de dinero en giros postales, por ejemplo, llegan al banco. El corregidor del lugar donde opera determinada banda y que recibe el correspondiente pago de los narcotraficantes, se encierra en su casa para no ver las pasadas de quienes participan en el movimiento de la droga. En todo caso, quien ve algo, no lo vio; quien oyó algo, no lo dice; porque la violación de la ley del silencio tiene como castigo la pena de muerte.

Es un mundo paralelo al legal en el que las armas delimitan las normas. Es ley que cada quien se proteja a sí mismo, con las armas que considere convenientes. El miembro de una banda juvenil, seguro que posee una pistola calibre 22; mientras que un narcotraficante, que respira el aire acondicionado de los grandes bancos y las opulentas empresas, habrá de tener su pistola Magnum 44, chapada en oro y con capacidad de repetición automática.

Las armas, en ambos casos, sirven para enfrentar a otras bandas o cárteles, para frenar la acción de algún policía que no participe en el negocio o para intimidar o eliminar a algún testigo que viole la ley del silencio.

Para introducir dinero producto del narcotráfico en el sistema legal, los lavadores de dinero se valen de mil fórmulas. La venta de drogas al consumidor casi siempre se hace en efectivo, el comprador la paga con dinero de bajas denominaciones. Esto conduce a la acumulación de mucho efectivo en poder del narcotraficante, que se ve obligado a introducirlo al sistema legal de finanzas.

En las actividades locales, desarrolladas por narcotraficantes de barriadas o de pueblos pequeños, el lavado de dinero se desarrolla con el establecimiento de pequeños negocios que permiten la compra en efectivo, con el dinero proveniente del narcotráfico, de servicios o bienes que después generan dinero limpio y que puede entrar al sistema bancario, en donde definitivamente se vuelve inmaculado.

Por ejemplo, un narco local instala, poco a poco, una red de lavanderías de ropa, todo lo que tenga que pagar lo hará con el efectivo derivado de la venta de drogas y todo lo que cobre, ganancia absoluta, lo maneja como fruto del negocio. Para ello puede actuar conjuntamente con sus colaboradores.

Los juegos de suerte y azar, como las loterías y los casinos, también son utilizados para lavar dinero. En el momento que un narcotraficante se entera que alguien ha ganado, por ejemplo 20 mil dólares en un sorteo, el narcotraficante le compra los billetes por 25 mil dólares; estos billetes de lotería se venden libremente y son pagaderos al portador. El narcotraficante va a la institución a cambiar sus billetes y pide que se los paguen con cheque. El dinero está lavado.

En los salones de juego de los casinos, agentes de los narcotraficantes observan a los ganadores y, en el momento oportuno, les ofrecen comprar sus fichas por unos cuantos miles de dólares más que su valor. Va al centro de pago y solicita que su cuenta sea girada en cheques. La lavandería funcionó nuevamente.

En cuanto a los lavadores internacionales, las formas son má s sofisticadas. Estados Unidos es el mayor mercado de estupefacientes del mundo y, por ende, el mayor generador de divisas provenientes del narcotráfico. Los lavadores del dinero, fruto de esa actividad, se pueden valer de muchos mé todos que les permiten tramitar sus operaciones; para citar sólo un ejemplo, se valen de la compra de documentos financieros, como giros bancarios, en Estados Unidos y los remiten a bancos en Latinoamérica, donde estos documentos se reciben y tramitan sin que el banco o algunos de sus funcionarios sepan necesariamente de la procedencia ilícita del dinero.

Panamá ha sido un territorio propicio para el tráfico de drogas; un tráfico que deja en manos de narcotraficantes locales cantidades considerables de las drogas que transportan, como forma de pago. Muchas veces, entre quienes cobran con drogas, se cuentan policías, vigilantes, taxistas y personas que buscan en estas actividades una entrada económica fácil.

Se han dado casos, como el de los esposos Barletta, que fueron ajusticiados después que la Fiscalía de Drogas de la Procuraduría General de la Nación descubrió y allanó su residencia, donde tenían cerca de mil kilos de cocaína. El descubrimiento de la Fiscalía no solo implicó la existencia de la droga, sino que puso en evidencia que agentes de la Policía Nacional y miembros de la Policía Técnica Judicial, PTJ, era empleados de los Barletta y se dedicaban a cuidar la casa y la droga, para que la policía o la PTJ no llegaran al lugar.

Los Barletta lograron escapar y no fueron detenidos, pero semanas después, fueron encontrados amordazados y ajusticiados en una casa de lujo ubicada en las afueras de Ciudad de Panamá .

Como los Barletta, han terminado muchos narcotraficantes, víctimas de las propias redes del narcotráfico. En ese mundo no se perdonan los errores, los engaños ni las trampas. La acción de reclamo del más grande sobre el más pequeño, en este negocio, es implacable: no hay perdón, no hay piedad; solo la muerte abriga a quienes se equivocaron o a quienes intentaron hacer trampa.

La metodología de los narcotraficantes y lavadores de dinero varía, de acuerdo con las necesidades y situaciones del momento; puede ser que se lave dinero en una discoteca o en una galería de arte; que se requiera de especialistas en contabilidad y banca; o que se use la protección de la propia policía, supuestamente encargada de reprimir el delito.

Con tan amplias fórmulas y con el poder que concentran los narcotraficantes, son escasas las posibilidades de avanzar significativamente en la supresión del lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

Las actividades

Las actividades legales a las que se dedican o en las que intervienen los narcotraficantes y lavadores de dinero son diversas; sin embargo, hay algunas preferidas: la banca, la construcción, el comercio local e internacional, la agricultura, la diversión, el arte y, por supuesto, la política. En ninguna de estos sectores, excepto en la banca, hay casos concretos que pueden ser señalados por procesos.

No es que los bancos como instituciones laven dinero proveniente del narcotráfico. Los bancos son utilizados para lavar dinero, en muchos casos un empleado o un gerente local permite que se introduzca al sistema dinero cuyo origen es el narcotráfico, comentó en una entrevista Mario De Diego, director ejecutivo de la Asociación Bancaria de Panamá, una agrupación que aglutina representaciones de los más de cien bancos instalados en el Istmo.

No es extraño que los lavadores de dinero se afilien a las labores bancarias o que busquen ganar colaboradores dentro del sistema. Con un cajero que deje pasar, con un gerente que no se entere, están abiertas las puertas para introducir dinero sucio dentro del sistema financiero.

En los últimos seis años, ha proliferado la construcción de grandes edificios, torres propiamente dichas, en la ciudad de Panamá, destinados a viviendas de alquileres con rentas caras. Los compradores de estos apartamentos, en muchos casos, están ligados al negocio de la droga. Un reconocido narcotraficante colombiano detenido en Panamá, tenía entre sus haberes varios apartamentos en estos modernos y lujosos edificios que bordean la Bahía de Panamá.

Tambiénel constructor o el propietario tienen relaciones con los lavadores de dinero. Ceden un apartamento a un colaborador, que cada mes deposita el equivalente al alquiler. Lo que este colaborador hace es depositar como si fuera su pago, el dinero que el lavador le ha suministrado para tal fin. El apartamento se mantiene vacío, pues en función de apariencia, no es necesario que esté ocupado.

Eduardo Rodríguez, vocero y directivo de la Cámara Panameña de la Construcción, CAPAC, ha negado, en reiteradas ocasiones, que la actividad de la construcción sea usada para lavar dinero proveniente del narcotráfico tico. Según ha dicho, los controles en cuanto a préstamos y relaciones de financiamiento limitan las posibilidades de que un constructor levante un edificio con dineros del narcotrá fico.

La disponibilidad de Panamá para la actividad comercial, con el Canal y la Zona Libre de Colón como ejes de la misma, ha conducido al establecimiento de redes de corrupción, nacionales e internacionales, integradas por contrabandistas de mercancías, drogas y dinero. La Zona Libre ha sido señ alada varias veces como una entidad en la que hay empresarios que lavan dinero. La operación de la Policía Montada del Canadá descubrió que en la Zona Libre había 166 empresas que lavaban dinero de procedencia dudosa, muy probablemente derivado del narcotráfico.

Pero la lavandería no está sólo dentro de los linderos de esta zona de comercio franco; también se extiende a algunas redes de almacenes, discotecas y negocios plantados en diversos sectores del país. La liga con el narcotráfico es difícil de comprobar, a no ser que las autoridades investiguen los márgenes de utilidades que genera la actividad comercial y pueda reconocer si un almacén, que vende las mercancías a precios muy bajos y cuyos dueños se enriquecen de la noche a la mañana, tiene en sus libros de contabilidad la justificación lícita de tal enriquecimiento.

También la actividad agrícola y ganadera se ha visto infectada por el lavado de dinero. Ventas falsas de productos y de animales permiten la entrada de dinero sucio al sistema legal. En áreas como Chiriquí, limítrofe con Costa Rica, en donde hay múltiples granjas agrícolas y haciendas ganaderas, el lavado de dinero es cotidiano, aunque también es difícil confirmar con hechos concretos.

Las discotecas que surgen en los centros comerciales, llenas de lujo y ensordecedor sonido, con entradas y bebidas alcohólicas gratuitas, a las que acuden todas las noches de la semana cientos de clientes, dan pie para sospechar de sus actividades ilícitas. Alguien tiene que pagar esa música, esos tragos y esa diversión. Es evidente que un negocio con esa política para captar clientes no ganaría ni siquiera para pagar la electricidad, pero sucede lo contrario: el enriquecimiento de los propietarios y la prosperidad del negocio son considerables. La atracción del público, mediante la gratuidad de las entradas y las bebidas, sirve de mascarada para recibir y tramitar las entradas de dinero sucio para lavarlo. El propietario de la discoteca generalmente es narcotraficante o sirve a los intereses del narcotráfico.

Supuestas ventas de obras de arte, principalmente pinturas, a través de lujosas galerías, instaladas en los puntos cé ntricos de la ciudad de Panamá , así como los precios inflados de las obras, se han convertido en vías para lavar dinero. El método es el mismo: los narcotraficantes interesados ponen el negocio, realizan operaciones ficticias con las cuales el negocio recibe supuestas ganancias y van los depósitos limpios hacia el mercado legal de dinero.

En el caso de los políticos, hay indicios de que los narcotraficantes suministran cuotas de dinero a los candidatos, a quienes ya tengan puestos ganados, no tanto para lavar el dinero, sino para lograr un apoyo político de quienes en un momento dado puedan ser legisladores, alcaldes o representantes de corregimiento. Con este propósito, es posible que el narcotraficante apoye a candidatos y políticos de diversos partidos. Uno de ellos, según lo reconoció el propio presidente Pérez Balladares, apoyó económicamente al partido ganador, en la campaña electoral de 1994.

Pudieran enumerarse más actividades con las que son disfrazadas las lavanderías de dinero sucio. Ingeniosos mé todos les permiten actuar al margen de la ley sin ser detectados. Cuentan, para ello, no sólo con esos métodos, sino, muchas veces, con la colaboración de agentes de la policía o de entidades judiciales.

La legislación

Los tiempos en que los lavadores de dinero llegaban a las ventanillas de los bancos con fajos de billetes pasaron a la historia. Hoy día, los métodos son tan sofisticados que, para perseguir el delito, se requiere de equipos humanos con conocimientos sobre el funcionamiento de la banca.

Tras la invasión de Estados Unidos contra Panamá y del ascenso de Guillermo Endara a la Presidencia de la República, en una base militar norteamericana, el gobierno emitió el decreto de gabinete número 41, del 13 de febrero de 1990, por el cual se dictan medidas administrativas para prevención y sanción de operaciones bancarias con fondos provenientes de actividad ilícitas relacionadas con drogas y se otorgan facultades a la Comisión Bancaria Nacional para tal efecto. La Comisión Bancaria Nacional es un organismo estatal cuya función es otorgar licencias bancarias y vigilar el cumplimiento de la ley en el sector.

No hubo otra disposición, hasta la aprobación de la Ley número 46, del 17 de noviembre de 1995, por la cual se modifica el decreto de gabinete 41 de 1990 y se adoptan otras medidas para la prevención del delito de lavado de dinero producto del narcotráfico.

Ahora se requiere de la identificación adecuada del cliente del banco y de la declaración necesaria para el cumplimiento de la ley. El banco tendrá que examinar con atención cualquier operación entre el banco y su cliente, que pueda estar vinculada al lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas relacionadas con drogas. Tendrá que suministrar a la Comisión Bancaria Nacional, un informe de las transacciones sobre las cuales tenga sospechas de que el dinero provienen del narcotraficante; comunicar a la Unidad de Análisis Financiero (una entidad creada por decreto del ejecutivo para la prevención del delito de lavado de dinero producto del Narcotráfico, adscrita al Consejo de Seguridad Publica y Defensa Nacional) cualquier hecho, transacción u operación sobre el cual el banco tenga sospecha de que esté relacionado con el lavado de dinero. Además, tendrá que abstenerse de revelar, al cliente y a terceros, que se ha suministrado información a dicha Unidad.

No ha sido por falta de disposiciones legales que no se ha frenado el lavado de dinero en Panamá. El resultado se deriva de otras razones.

El poder del negocio del narcotráfico compra y corrompe todos los sistemas; tiene agentes en la policía, los juzgados, las cortes, las asambleas legislativas, los gabinetes ministeriales y, no cabe duda, en los bancos.

Un aspecto político de la violación de la ley con la excusa del narcotráfico tiene que ver con la injerencia de agentes estadounidenses de la DEA en los organismos policiales panameños; las disposiciones que reglamentan tal colaboración violan los acuerdos internacionales de no intervención.

La excusa que se tomó como base para justificar la invasión de 1989, estuvo relacionada con las acusaciones sobre el trá fico de drogas. Ahora, con la anuencia y complacencia del presidente Pérez Balladares, Estados Unidos pretende continuar su presencia militar en el Istmo, ya no con la excusa de enfrentar al comunismo ni a las guerrillas latinoamericanas; ahora se erige el máximo enemigo del narcotráfico y para ello quieren mantener en Howard una base multilateral contra el narcotráfico, pero llena de soldados norteamericanos. Visto caricaturescamente, eso es como si pusiéramos al ratón a cuidar el queso. Los máximos traficantes están, como la mayor cantidad de consumidores de drogas, en Estados Unidos.

Otro fracaso a la vista

Después de haber logrado un incremento considerable en el consumo y tráfico, la guerra contra las drogas se enfila ahora a nuevos fracasos. Uno de ellos, la creación en Panamá de un Centro Multinacional Antidrogas. En febrero de 1995, el congresista demócrata y miembro del subcomité antidrogas, Charles Rangel, insistía que Estados Unidos está perdiendo la guerra contra las drogas.

En esa fecha, se hizo público un estudio realizado por la Universidad de Michigan, en el que se confirma que, en dos a ños, aumentó un 44.6 por ciento el consumo de drogas ilegales entre los alumnos estadounidenses de los últimos cursos de la educación secundaria. El problema tiende a empeorar, dijo Lloyd Johnson, quien dirigió el estudio.

Para el embajador de Estados Unidos en Panamá, William Hughes, la droga es un problema que corrompe los gobiernos y daña a nuestra juventud, según lo manifestó a mediados de septiembre de 1996. Desde 1981, Estados Unidos ha gastado cerca de 25 mil millones de dólares en el combate contra las drogas. Este dinero se ha utilizado en la incautación de cargamentos y en programas que buscan detener el flujo de drogas ilegales que inundan Estados Unidos.

Estos programas han creado varios problemas: han deteriorado las relaciones con muchos países, principalmente latinoamericanos, identificados como productores; han generado desgaste político; y han incrementado la violencia y la criminalidad. También han generado resentimientos y conflictos fuera de Estados Unidos, incluyendo abusos contra los derechos humanos en los países donde se aplica la estrategia de erradicación de los cultivos de coca, marihuana y amapola, al no existir alternativas viables para sustituir tales cultivos.

El tráfico de drogas ha incrementado la corrupción de las fuerzas policiales encargadas de combatirlo y ha incrementado el rol de las fuerzas militares en el combate contra la droga, porque se ha planteado como un problema de seguridad nacional, lo que puede poner en peligro la democracia en países en que ésta es frágil. Estos programas no han incidido en la reducción del suministro de drogas ilegales a Estados Unidos.

Mientras los actuales esfuerzos pretenden enviar el mensaje de que Estados Unidos no permitirá que los narcotraficantes se salgan con la suya impunemente, nadie presagia que la represión y la incautación de droga, realmente vayan a solucionar el problema.

En más de 20 años de funcionamiento, esta política no ha hecho más que reordenar y modernizar el mapa de la producción y comercialización de la droga. A esta realidad globalizada, obedece la actitud del presidente panameño Ernesto Pérez Balladares, al negociar la entrega a Estados Unidos, después del año 2 mil, de una base militar para convertirla en un supuesto ente civil de lucha contra la droga, con numerosa participación de soldados estadounidenses.

Digo que sí y digo que no en las negociaciones

Los tratados del Canal de Panamá, aprobados en 1977, establecen categóricamente que los norteamericanos saldrán de Panamá el 31 de diciembre de 1999, cuando caduca el Tratado del Canal de Panamá. Esto indica que el manejo pleno del Canal pasará a manos panameñas y que todas las tropas y soldados norteamericanos se deberán retirar del Istmo.

En el artículo V del Tratado de Neutralidad Permanente, firmado junto con el Tratado del Canal, en septiembre de 1977, se establece que: después de la terminación del Tratado del Canal de Panamá, sólo la República de Panamá manejará el Canal y mantendrá fuerzas militares, sitios de defensa e instalaciones militares dentro de su territorio nacional. Según este acuerdo, no hay cabida para que habite en Panamá ningún soldado estadounidense, ni de ningún otro país, después del 31 de diciembre de 1999.

A principios de octubre de 1995, bajo el gobierno de Pérez Balladares, en claro desconocimiento del artículo citado, Panamá y Estados Unidos acordaron iniciar conversaciones exploratorias sobre la permanencia en el Istmo de soldados norteamericanos después del 31 de diciembre de 1999, para combatir el narcotráfico.

En el consabido dime que no y yo te digo que sí, los diplomá ticos estadounidenses y panameños definieron algunas pautas, actores y escenarios para que esto ocurra, entre septiembre y noviembre de 1996.

El embajador William Hughes dijo, a mediados de septiembre, que Estados Unidos no había propuesto a John Negroponte como negociador de las bases militares en Panamá. Para Hughes era importante que se decidiera cuanto antes quién iba a ser el negociador, máxime cuando, a su criterio, es necesario examinar todo lo referente a las bases militares y al centro regional para combatir el narcotráfico.

El 21 de septiembre de 1996, Ricardo Alberto Arias, quien dejó la embajada de Panamá en Washington para asumir el cargo de canciller, dijo que Panamá y Estados Unidos no habían concertado acuerdos sobre la permanencia de bases militares en el Istmo: tenemos dos temas andando. Uno es el interés de Estados Unidos en una base militar y otro es el centro hemisférico antidrogas que ha propuesto el presidente Pérez Balladares; pero no hay un acuerdo sobre alguno de esos dos temas.

Un mes después, el 15 de noviembre de 1996, el mismo Arias, dijo que la negociación sobre el futuro de la presencia militar de Estados Unidos en Panamá ya no está sobre la mesa; lo único que resta por analizar es la instalación, en la base militar de Howard, de un centro multinacional antidrogas.

Las negociaciones sobre la continuidad de las bases militares se estancaron, porque voceros de la administración norteamericana de Bill Clinton informaron que Estados Unidos no indemnizaría económicamente a Panamá. Finalmente, Negroponte fue nombrado negociador y, el 3 de diciembre de 1996, el ex canciller panameño Jorge Ritter, en nombre del gobierno, se reunió con el diplomático norteamericano, para explicarle las razones económicas por las cuales Panamá no renegociaría la continuidad de bases militares norteamericanas en el Istmo.

Ambas partes discuten la posibilidad de crear un centro multilateral antidroga en la base aérea de Howard bajo control civil, pero con fuerte componente militar, institucionalizaría una fuerza antidroga que ya opera ahí con el apoyo de la Aduana norteamericana, guardacostas y funcionarios antidrogas.

En julio de 1997, la cancillería panameña informó de acuerdos preliminares en las negociaciones con Estados Unidos sobre el Centro Multilateral Antidrogas. Entre los acuerdos figuran los temas relacionados con la forma de administrar el centro antinarcóticos, las tareas que se pueden cumplir a través del mismo, las facilidades y el término de vigencia del proyecto.

Con base en estos acuerdos conceptuales, se entraría a un proceso formal de negociaciones, en el cual participarían los otros países que han manifestado interés en el centro, dijo el canciller Arias. Ya antes se había informado que el centro multilateral para combatir el narcotráfico, tendrá un término de quince años prorrogables.

El anuncio de los acuerdos preliminares, difundido el 15 de julio de 1997, coincidió con la fijación de una fecha (''en los próximos días'') para iniciar negociaciones formales para la instalación del Centro Multilateral Antidrogas. El 17 de julio se realizó la primera reunión preliminar del Grupo de Trabajo que negocia el Centro Multilateral Antidrogas. Negroponte por Estados Unidos y Eduardo Ritter por Panamá encabezan los equipos negociadores. La delegación panameña la integran, además, Adolfo Ahumada y Eloy Alfaro, ambos con experiencia en negociación con Estados Unidos. Pérez Balladares repitió que, de no debe haber equívocos, el centro, aunque tenga un componente militar, será regentado por civiles, y no podrá, en ningún caso, llevar a cabo operaciones de vigilancia al margen de los países participantes en el centro. Los dos gobiernos acordaron, el 15 de julio de 1997, negociar la instalación de un Centro Multilateral Antidrogas a ubicarse en la base militar de Howard, en las riberas del Canal de Panamá. Entre julio y noviembre de 1997, aunque se han llevado bajo el más estricto secreto diplomático, las negociaciones sobre el Centro Multilateral Antidrogas se han desarrollado bajo la dirección de Eduardo Ritter, negociador por Panamá, y de John Dimitry Negroponte y Thomas McNamara, como negociadores de Estados Unidos.

El proceso negociador tuvo su baja más significativa a finales de agosto, cuando una fuerte diferencia táctica casi lleva al fracaso el proyecto. Aunque nunca fue reconocido oficialmente por los negociadores, los medios de comunicación tanto estadounidenses como panameños difundieron noticias sobre la situación: Negroponte planteaba la necesidad de que se negociaran claramente bases militares y se establecieran acuerdos bilaterales en ese sentido. Negroponte fue obligado a jubilarse y en su reemplazo entró Jhon McNamara, quien se ha entendido muy bien con Ritter y, si las cosas son como dicen los negociadores, para finales de año se habría llegado a un acuerdo final, después del cual, la propuesta tendrá que ir a referéndum en Panamá.

El Centro Multilateral Antidrogas: una coladera más

Estados Unidos busca mantener presencia militar en Panamá después del año 2 mil. Con Centro Multilateral Antidrogas, como lo ha hecho con la DEA y la CIA, la droga seguirá colá ndose en grandes cantidades hacia el mercado más grande y rentable que tiene: Estados Unidos.

La génesis de la propuesta sobre que este centro se ubique en la base militar norteamericana de Howard, radica en el hecho de que el Comando Sur opera un centro antidrogas en esta base militar, desde 1992, denominado Centro Conjunto de Operaciones Aéreas, con funciones de rastreo aéreo.

Pese al conocimiento claro y total de las autoridades estadounidenses de que dentro de en 1999 Howard tendrá que ser entregado a Panamá, los militares norteamericanos planean ampliar las funciones de su centro antidrogas, para hacer operaciones terrestres y marítimas en la lucha contra el narcotráfico.

Las funciones del Centro no se limitan a lo que los soldados estadounidenses hagan por su propia cuenta, sino que impulsan la participación de militares de otras naciones, con el propósito de apoyarlas y capacitarlas, operacional y técnicamente, en la práctica contra el narcotráfico.

El 25 de septiembre de 1996 se permitió a los periodistas el acceso a las sofisticadas y costosas instalaciones que el Comando Sur tiene en Howard. El Centro funciona las 24 horas del día. Operaba conjuntamente con oficiales de enlace de Perú, Colombia y Venezuela. Además se incorporarían posteriormente oficiales de otras naciones, Panamá entre ellas, con unidades del Servicio Aéreo Nacional.

Un tablero electrónico ubicado en el centro señala que Perú tiene 115 mil 300 hectáreas sembradas de coca, lo que representa el 54 por ciento de la producción mundial; Colombia cultiva 50 mil 900 hectáreas, es decir el 24 por ciento, y Bolivia 48 mil 600, que significa el 22 por ciento.

El Centro cuenta con una red de radares y equipos de rastreo en tierra y aire, que brinda información, detallada y pormenorizada, a Estados Unidos y demás naciones del continente, sobre aeronaves que surcan sus respectivos espacios aéreos. Se utilizan aviones E-3 Sentry, que es un transbordador de advertencia y sistema de control aéreo AWACS, de la Fuerza Aérea estadounidense, para rastrear y dar seguimiento a los aviones del narcotráfico, junto con naves de la DEA disfrazadas de civiles, que sirven de espías.

El teniente coronel Thomas Flemma, vicecomandante del Centro Conjunto de Operaciones Aéreas, considera que las instalaciones de Howard serían el lugar ideal para instalar en Panamá un Centro Multilateral Antidrogas, por su posición estratégica. Pero aclaró que, para mantener operando un centro de esta magnitud, un país subdesarrollado tendría que desviar bastantes recursos.

En noviembre y diciembre de 1996, los voceros del gobierno de Estados Unidos sostenían, en relación con el Centro Multilateral Antidrogas, que el componente militar es indispensable, según elembajador Hughes. Este argumento fue repetido por Robert Blau, primer secretario de la embajada de Estados Unidos en Panamá, cuando dijo que su país insistirá en mantener un componente militar, especialmente los aviones de rastreo AWACS, en el proyectado Centro.

El Centro Multilateral Antidrogas nació de la propuesta que hizo el presidente Pérez Balladares en la reunión del Grupo de Río, en Cochabamba, en 1995. En ese momento, se hablaba de las intenciones del gobierno panameño de permitir la continuidad de las bases militares norteamericanas en Panamá más allá del año 2 mil, en franca violación a los Tratados Torrijos-Carter, que estipulan la salida de las tropas estadounidenses.

El Centro estará coordinado por civiles, según se ha dicho; pero los soldados y personal militar norteamericano tendrán a su cargo el manejo técnico de los equipos y operaciones que emprenderá.

La oposición al proyecto

Un tema tan sensible, como es el de la presencia militar de Estados Unidos en Panamá, levanta polémicas, sentimientos y razones. Hay algunos grupos y personeros políticos que apoyan la continuidad de las bases militares y de los soldados norteamericanos en suelo istmeño. Hay también amplios sectores sindicales, estudiantiles, religiosos y políticos que se oponen a cualquier decisión que signifique la presencia de soldados estadounidenses en Panamá después del año 2 mil.

El Sindicato de Empleados de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, Local 907, integrado por trabajadores paname ños, tiene como política favorecer la permanencia de las bases militare, por lo que pidió al Gobierno el inicio de conversaciones con Estados Unidos al respecto.

El Comité Interamericano de Comercio y Producción, a través de su presidente, Joaquín Vallarino, se ha manifestado de acuerdo con la permanencia de las bases norteamericanas en Panamá después del año 2 mil.

Otro político, Rubén Darío Carles, de tendencia conservadora, miembro del Movimiento Liberal Republicano Nacionalista y ex candidato presidencial, coincide con Vallarino al manifestar, a finales de abril de 1997, que Panamá debe negociar las bases militares con los Estados Unidos, siempre y cuando se dé una justa y satisfactoria compensación económica.

Carles descarta la posibilidad de establecer un centro multinacional antidrogas en la base aérea de Howard y, en su lugar, recomienda la renegociación de las bases, bajo té rminos realistas, que beneficien a los panameños, por ejemplo negociar la permanencia de algunas bases, si Estados Unidos concede cuotas justas para el azúcar, la carne y los textiles, a fin de estimular la producción local y la generación de empleos.

Los defensores de la continuidad de las bases o de un centro antidrogas no tienen la beligerancia ni la unidad que caracteriza a los opositores. En sus propios partidos no hay acuerdos unánimes. El Partido Revolucionario Democrático, en el gobierno, tiene en su seno posiciones encontradas con relación al tema de la presencia de soldados norteamericanos más allá del año 2 mil.

Desde mediados de 1996, distintas organizaciones obreras, universitarias de izquierda, docentes y productores agrícolas expresaron de manera conjunta su rechazo a la posibilidad de que Panamá otorgue a los Estados Unidos la base aérea de Howard.

Desde entonces, se agruparon en las Organizaciones Contra las Bases Militares, integrada por el Sindicato Unico de Trabajadores de la Construcción, el Centro de Investigación y Docencia de Panamá, Asistencia Legal Alternativa, Frente Estudiantil Revolucionario, Trabajadores de la Salud y la Asociación Gremialista Independiente de Trabajadores Administrativos, a las que se han unido otras agrupaciones.

A estos criterios, se unió el Partido Socialista de los Trabajadores, que exigió al canciller Arias, por la vía epistolar, que rompa con la política de sometimiento que mantiene el gobierno de Ernesto Pérez con la administración norteamericana, así como la ruptura con la política de sometimiento hacia los dictados de Washington que están siguiendo en todos los órdenes, desde las decisiones económicas, pasando por el manejo del Canal, el tema de las bases y la política exterior panameña.

Para esta agrupación izquierdista, las consultas sobre bases militares hechas por la Cancillería no son más que una charada, con la que se pretende disfrazar de democrática una decisión ya tomada. Rechazaron por completo la presencia de tropas norteamericanas en Panamá, cualquiera que sea la excusa que se utilice para justificar que se queden, se trate de la defensa del Canal o de la lucha contra el narcotráfico.

Saúl Méndez, dirigente del beligerante SUNTRACS, al referirse al proyectado centro antidrogas de Howard, indicó que éste es un disfraz con el que se pretende dejar vigentes algunos centros de defensa norteamericanos, que servirán para que Estados Unidos vigilen, desde Panamá, lo que sucede en el continente.

Dijo que cualquier presencia militar extranjera viola preceptos constitucionales, ya que después de la invasión de 1989 se decidió erradicar el militarismo de Panamá. Méndez planteó que, si el Gobierno insiste en negociar las bases militares, los trabajadores retomarán las ideas nacionalistas que identifican al panameño, para recuperar lo que históricamente les pertenece.

Aparte, 45 obispos y religiosos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa, reunidos en la capital panameña, solicitaron el retiro definitivo de las bases norteamericanas de las riberas del Canal, porque son un símbolo de muerte contra el proyecto de vida del reino de Dios.

Los religiosos participaban en la V Asamblea del Secretariado Internacional Cristiano de Solidaridad con América Latina monseñor Oscar Romero, que discutió sobre la situación de pobreza en Latinoamérica y sobre el asunto de las bases militares en Panamá.

Otra agrupación que lucha contra la continuidad de la presencia militar estadounidense en Panamá es el Frente Panamá Soberana, en el cual participan el Foro Nacionalista Panameño, el Movimiento Acción Para la Liberación Nacional, el Frente del Humilde y el Decoro, el Centro de Estudios Latinoamericanos, CELA, el Partido Nacionalista Popular, el Grupo de Docentes por la Soberanía, la Juventud del partido Papa Egoró y el grupo estudiantil Flama.

A principios de julio, surgió el Frente Unido de Acción Nacional, compuesto principalmente por los gremios de maestros y profesores de las escuelas públicas y otros sectores organizados.

Los opositores a la continuidad de la presencia militar norteamericana, según las encuestas, son minoría, si Estados Unidos paga por las bases; y mayoría, si Estados Unidos no paga. Cuentan con fuerzas organizadas para realizar movilizaciones masivas, en contra de la continuidad de la presencia militar norteamericana en Panamá después del año 2 mil.

Durante la primera semana de diciembre de 1996 se sometió a consideración de la ciudadanía, a través de una encuesta del diario La Prensa, el tema de las bases militares. Se hicieron tres preguntas, la primera de las cuales sobre si se estaba o no de acuerdo en que Estados Unidos compensara económicamente a Panamá por las bases militares. El 81 por ciento dijo estar de acuerdo.

Una segunda pregunta interrogaba sobre la continuidad de las bases si Estados Unidos no compensara económicamente a Panam á; el 63.9 por ciento dijo estar en contra; el 32.7 por ciento dijo estar de acuerdo y el 3.4 por ciento no respondió.

Sobre la propuesta del presidente Pérez Balladares, de crear un centro internacional antidrogas en una base militar, la mayoría de los encuestados 85.3 por ciento se mostró a favor; el 12.3 por ciento dijo estar en desacuerdo, mientras que el 2.4 por ciento no respondió.

Entre los muchos intelectuales que han planteado razonamientos contrarios a la posición gubernamental de negociar un centro antidrogas, con presencia militar norteamericana después del año 2 mil, está el catedrático de derecho internacional Julio Yao, autor del libro El Canal de Panamá, calvario de un pueblo.

Para Yao, el asunto del centro multinacional contra el narcotráfico no deja de enmarcarse en la polémica sobre las bases militares estadounidenses en Panamá y el deseo de Estados Unidos de mantener en Panamá un régimen de coloniaje y tutela extranjeros.

Según el catedrático, un centro multinacional contra el narcotráfico no puede existir sin un tratado regional o multilateral, y Panamá no puede ni debe negociar con Estados Unidos un ente semejante de manera aislada, no sólo porque no le corresponde privativamente, sino también porque nuevamente el tiburón se comerá a la sardina, en esta relación.

Las conversaciones para el centro no deben hacerse con Estados Unidos sino primeramente con Latinoamérica; y mientras no haya posibilidades de una diplomacia colectiva que favorezca a nuestro país, Panamá debe abstenerse y dar por terminadas las iniciativas negociadoras. El Gobierno panameño carece de condiciones para negociar con Estados Unidos un tema francamente inabordable desde nuestra perspectiva nacional.

Herasto Reyes es periodista panameño. Este es un condensado del informe presentado en San Salvador