Nicaragua, un corredor para el narcotráfico

En 1987, la Agencia Central de Inteligencia, CIA, difundió una borrosa fotografía tomada en el aeropuerto de Los Brasiles, a quince kilómetros de Managua, en la cual, supuestamente, el entonces ministro del Interior Tomás Borge Martinez, miembro del directorio nacional del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional, FSLN, aparecia acompañado de varios subaltemos mientras trasegaba enormes bultos que contenían cocaina, segue esas fuentes.

Pese a esas acusaciones, la CIA nunca pudo demostrar la autenticidad de la fotografia en mención, y, años más tarde, cobró fuerza la versión de que todo habia sido patre de una trama para perjudicar al gobierno sandinista, que enfrentaba una contrarrevolución financiada poi el gobierno estadounidense.

Lo que entonces no se conocia, era que la CIA estaba siendo investigada por el apertrechamiento militar dado a la contrarevolución nicaragüense con dinero obtenido gracias al narcotráfico: desde 1986, el senador John Kerr inició una investigación para deteminar la participación de la CIA en operaciones semejantes.

De 1987 a la fecha, la narcoactividad se ha incrementado en Nicaragua de forma gradual, tanto en el consumo, como en el tráfico.

Por ser la ciudad de mayor concentración poblacional y con mayor poder adquisitivo, Managua es la plaza donde más se consume y trafican estupefacientes, cocaina principalmente. Este fenómeno también se repite en el Atlántico nicaragüense, donde, segue reportes policiales y de las iglesias católica y morava, existen comunidades indigenas del litoral que se dedican a la venta de la droga rescatada del mar.

A partir de 1990, el cambio politico en Nicaragua -que posibilitó el fin del conflicto bélico entre las fuerzas armadas y la guerrilla antisandinista- abrió también las puertas al narcotráfico. Segue algunos estudiosos, entre las causas que facilitaron la aparición del fenómeno en el pais, figuran las siguientes:

• El final de la guerra con la Contra significó la desmovilización de casi 90 mil nicaragüenses. A los 70 mil hombres licenciados del ejército, se sumaron unos 22 mil irregulares que también depusieron sus armas. -Con el fin del conflicto, el narcotráfico intenacional pudo finalmente abrir nuevas rutas por Centroamérica, para aprovechar la geografía del area y sus favorecedoras comentes marítimas.
• La existencia de ersonal especializado y con experiencia en operaciones militares, conocimiento de rutas, conspiración y acción combativa, que estaba en el desempleo, alentaba la posibilidad de formar eficìentes redes para el tráfico de estupefacientes.
• La reducción del presupuesto de las fuerzas armadas y el agotamiento del flujo; de ayuda militar externa redujeron sensiblemente la presencia militar en vastas zonas fronterizas, lo que ha facilitado en el acceso de narcotraficantes a aguas nacionales.
• El retorno de miles de nicaragüenses procedentes de Estados Unidos a partir de 1990, entre ellos muchos adictos al consumo de drogas, o vinculados a su expendio, sin que se tenga control alguno sobre ellos.
• La crisis económica y el alto índice de desempleo propician la proliferación del narcotráfico, que, pese a ser ilegal, es considerado un medio fácil y rentable para asegurarse la subsistencia.
• La debilidad del sistema legal en lo general, y del judicial en lo particular, limita su acción, de manera que no constituyen freno alguno para el narcotráfico.

Buscando el norte

Según la policía, la principal forma de introducción de droga al país por vía terrestre, en su ruta hacia el norte del continente, es a través de furgones, principalmente con placa guatemalteca, que viajan desde la zona libre de Colón, en Panamá, hasta Guatemala.

Igual situación se presenta con los vehículos particulares, muchos de los cuales, debido a los insuficientes recursos humanos y técnicos, logran evadir el control antidrogas en las fronteras de Peñas Blancas, limítrofe con Costa Rica, y El Guasaule, en el borde fronterizo con Honduras.

El personal especializado para detectar la droga, incluyendo la técnica canina, no corresponde con el flujo que circula por ambas fronteras.

La droga, casi siempre cocaína, es escondida en las llantas de repuesto, en el chasis de los furgones cargados de mercadería que transitan por las carreteras. Ningún policía, con los escasos recursos que cuenta, puede obligar a los transportistas, a descargar, por ejemplo, cuarenta o cincuenta quintales de maíz. Aunque es probable que en algunos de esos camiones, vaya escondida droga.

También los narcotraficantes suelen transportarla en las grandes cargas de madera que se extraen de la región atlántica. La cocaína es introducida entre los timber y colocada al fondo de las rastras.

La droga es introducida a Nicaragua a través de puntos ciegos. Desde esos lugares, los traficantes se adentran en territorio nacional y burlan sin contratiempos los controles fronterizos.

Pero el narcotráfico también está explorando nuevas rutas. Lo cual es interpretado por la policía como un indicador de que el tráfico de estupefacientes está creciendo.

El tráfico por vía aérea se ve limitado porque se han fortalecido los mecanismos de control en el único aeropuerto internacional del país y, aunque se pueden presentar casos excepcionales, la técnica canina ha dado buenos resultados.

La ruta marina, incluye el tráfico por las aguas del Atlántico y las del Pacifico, aunque en menor escala en estas últimas.

La ruta del Pacífico

Aquí los narcos utilizan pequeñas embarcaciones que zarpan desde pequeños muelles en el Golfo de Fonseca, del lado nicaragüense, para llegar a muelles clandestinos en El Salvador u Honduras.

La utilización de vías terrestres en el área del Pacífico tiende a ir en aumento, en razón de que, sobre las rutas aéreas y marítimas, se ejerce cada vez un mayor control.

Para la INTERPOL, el puerto de Corinto, uno de los principales del Pacifico en América Central, es uno de los puntos cuya vigilancia debe pnorizarse, ya que es utilizado por los narcos para el traslado de cocaína.

Pese a que algunas publicaciones mexicanas incluyeron, recientemente, a Corinto como uno de los utilizados como trampolín para el envío de la droga hasta puertos mexicanos y estadounidenses, el subdirector de la Policía Nacional, comisionado Eduardo Cuadra descartó esa versión y aseguró que aún no hay indicios de tráfico de drogas por ese puerto.

La ruta del Caribe

Las autoridades aseguran que el traslado de la droga proveniente de Colombia -vía Nicaragua- hasta Guatemala o México, es conocida como la Ruta del Caribe. Los narcos utilizan lanchas madres que zarpan desde Cartagena o la isla de San Andrés, con destino a la península de Yucatán, México. Para abastecerlas de combustible en su ruta, los narcotraficantes recurren a pequeñas embarcaciones, que provienen de las costas del Atlántico nicaragüense.

El hecho de que en los últimos meses no se hayan detectado grandes cargamentos de cocaína, es percibido por la policía como muestra de la efectividad de la vigilancia que realizan las fragatas norteamericanas en la zona fronteriza con el Caribe nicaragüense; la vigilancia electrónica desde satélites o aviones norteamericanos y las coordinaciones establecidas de forma gradual con la DEA.

Según la PN, Nicaragua no es para los narcotraficiantes una pieza importante en el mercado de su producto, pero sí lo es como pasillo hacia el norte, por su privilegiada ubicación geográfica entre Colombia y Estados Unidos.

Nicaragua es una suerte de puente entre la droga que procede de Colombia y el destinatario: Estadas Unidos, señala un oficial de la división de narcóticos de la Policía Nacional. Sin embargo, tampoco descarta que el incremento del volumen de droga tenga como uno de sus objetivos el mercado interno.

Una nueva modalidad utilizada por los narcotraficantes, es pagar los servicios de traslado y cobertura con especie, es decir con parte de la droga que es trasegada. Esta forma de pago empezó a detectarse cuando, al capturarse grandes cargamentos de cocaína, estos pesaban, por ejemplo, 630 kilos, nunca una cantidad cerrada.

En un inicio, se presumía que los cargamentos estaban siendo capturados incompletos, pero posteriormente se intuyó que la aparente sobrecarga, era más bien para cubrir el pago de la operación. Así resulta más cómodo y rentable para los narcos.

Almacenamiento:

Nicaragua no está tipificada, en el nivel internacional, como de interés para los narcos con fines de almacenamiento. Sin embargo, las autoridades reconocen que ello puede darse de forma circunstancial, es decir, droga que es abandonada en las costas del Atlántico nicaragüense, ante la presencia o persecución de las fragatas estadounidenses que transitan en aguas internacionales del Caribe, o la presencia de la fuerza naval de este país.

Hasta hace seis o siete años, los indígenas Miskitos, que habitan en el litoral Atlántico, no tenían ningún conocimiento sobre la droga o la actividad del narcotráfico. Sin embargo, en la actualidad, están a la expectativa de la droga que el mar lleva a sus costas, la recogen, la almacenan y la comercializan a precios irrisorios entre los expendedores locales.

Estos pescadores llegan hasta Puerto Cabezas, cabecera de la Región Autónoma del Atlántico Norte, y Bluefields, capital de la Región Autónoma del Atlántico Sur, con uno o dos kilos de cocaína para canjearla por alimentos u otro tipo de bienes, cuyo valor no excede a ciento veinte dólares. Esto lo hacen a sabiendas de que su precio asciende a los tres mil, pero, como no tienen recursos seguros para trasladarla, optan por deshacerse de ella lo más rápido posible.

Pese a que Nicaragua no es utilizada para el almacenamiento, las zonas que reúnen condiciones para ello, a juicio de las autoridades, son los Cayos Miskitos (al norte de Puerto Cabezas), las comunidades miskitas del litoral norte; Laguna de Perlas y Little Com Island, en el Atlántico Sur, ésta ultima a pocas millas de la isla colombiana de San Andrés.

Las pesquisas policiales apuntan a que, posiblemente, algunas embarcaciones pesqueras o de carga que usualmente cubren la ruta Florida-Panamá, están siendo aprovisionadas de cocaína en alta mar, propiamente en el sector de Little Corn Island, donde se estaría almacenando droga.

En cuanto al tráfico terrestre, se presume que los traficantes guatemaltecos, que usualmente realizan los traslados en furgones de carga, han diseñado como medida de seguridad dejar oculta en los parqueos alguna cantidad de droga, para conocer la efectividad de los operativos de las fuerzas hondureñas y no correr el riesgo con toda la carga.

Aunque Nicaragua no les interesa actualmente como mercado, los narcotraficantes persistirán en sus intentos de organizar un sistema de transito de sur a norte, por rutas aéreas, marítimas o terrestres, lo que implicaría mayor expendio y consumo interno de drogas.

De país de paso a consumidor

Es evidente que hay una mayor circulación de drogas.

También es obvio que se ha elevado el nivel de delitos en general. La tendencia a que aumente el consumo del crack, se debe a que es éste más barato que la cocaína.

El consumo de drogas podría incrementarse también por los continuos hallazgos de droga en el litoral Atlántico, en Sandy Bay, Cabo Viejo, específicamente. Sólo el año pasado, en esas localidades se encontraron aproximadamente dos mil kilogramos de cocaína. Los comunitarios las guardaron y destinaron una parte para la venta y otra para el consumo. En esas comunidades, los líderes religiosos han reportado la muerte de algunos consumidores por sobre dosis, y la adicción de centenares de jóvenes indígenas.

La falta de una política de prevención, puede estar incidiendo en el incremento del consumo de drogas. No existe un plan gubernamental dirigido a la prevención de éste. Lo que hay es un Plan Nacional Antidrogas y una gran cantidad de organismos no gubernamentales que hacen política de prevención; pero, entre ellos, no existe un eje común de trabajo.

Mariguana: El producto nacional

Nicaragua sólo produce marihuana Esta planta es secada al natural por sus cultivadores nacionales, por la falta de laboratorios para su procesamiento. Al concluir el proceso de secado, la trasladan a las zonas de mayor consumo para su comercialización en el mercado local.

Aunque la policía no descarta la posibilidad de que algunos dueños de grandes extensiones de tierra puedan contratar mano de obra para el cultivo de esa hierba, hasta ahora no han tenido conocimiento de que ello sea una práctica impulsada por los narcotraficantes.

La policía reconoce que su especialidad, su principal objetivo, es el tráfico de cocaína y no de marihuana. La incautación de esta última es casi siempre una labor propia de las; oficinas locales de las áreas donde existen cultivos: Jinotega, Matagalpa, Estelí, Nueva Segovia, Boaco, Carazo, e, incluso, Ticuantepe, en las afueras de Managua.

Una de las características socioeconómicas de estas zonas, es que hay grandes extensiones de tierra y un alto número de pequeños agricultores, que en los últimos años han carecido de acceso al financiamiento bancario para sus cultivos tradicionales. Sembrar marihuana se ha convertido, para ellos, en un medio de subsistencia y de rápida recuperación de la inversión.

En Nicaragua, el que cultiva marihuana la corta, seca, trasiega y comercializa al por mayor. La policía asegura que no existen redes organizadas paraello, porque ésta se caracteriza por ser una actividad individual o de pequeños grupos, que cultivan una, dos o tres hectáreas, cuyo producto final puede oscilar entre una o dos decenas de sacos.

También se conoce que hay un trasiego constante de marihuana desde Nueva Segovia, Nicaragua, hasta pueblos fronterizos de Honduras, ya que a los productores les resulta más fácil y menos riesgoso trasladarla hasta esos pueblos, que a Managua.

La División de Drogas de la policía no contempla esa actividad como narcotráfico, pues la ubica en el contexto de una economía de subsistencia, ya que no representa volúmenes importantes.

Los sacos de marihuana pueden pasar de mano en mano. Los hondureños aceptan tener expendios de marihuana nicaragüense, e inclusive reconocen que es de mejor calidad que la hondureña.

Las autoridades consideran que, al margen de la introducción de otras drogas, el consumo de marihuana prevalecerá por su precio y por que no existen posibilidades de tener un control aéreo sobre los plantíos. Cuando obtenemos información es a través de colaboradores y las fincas cafetaleras son tan extensas, que en medio de SO hectáreas, pueden estar unas pocas de marihuana, que no se detectan por falta de recursos adecuados.

Otra fuente de información sobre esos cultivos es la que procede de los satélites norteamericanos, que toman fotografias y marcan las áreas donde se presume que existen plantíos, pero es la misma cosa, porque además de conocer esa información, con qué recursos vamos a actuar, se pregunta un alto jefe policial.

El lavado de dinero

Aunque la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias Controladas menciona el lavado de dinero como delito, su penalización no queda claramente establecida Investigar el lavado de dinero proveniente del narcotráfico o de otras actividades ilícitas, además de ser sumamente costoso desde el punto de vista económico, exige necesariamente la colaboración recíproca con otros países. No existe ninguna ley reguladora que permita la intervención directa de la Policía Nacional.

Esta intuye operaciones de lavado de dinero en la apertura de moteles, restaurantes, centros recreativos y hasta centros de atención en salud, que han abierto sus puertas en los últimos cinco años. Ese tipo de negocios cae en sospecha porque, a pesar de la crisis económica y la escasez de circulante, incluso amplían la oferta de sus servicios.

En un país que tiene su economía prácticamente en quiebra y atraviesa un elevado índice de desempleo ¿cómo justificar tanta prosperidad en los negocias?, hay algunos negocios que, pese a tener poca afluencia de clientes, mantienen una atención y servicio de primera clase, asegura un reconocido economista.

También considera que es fácil practicar el lavado de dinero, cuando el gobierno está interesado en propiciar condiciones para las inversiones, sin tener una política clara y definida para verificar la procedencia del capital que ingresa al país. Aquí los comerciantes de productos lícitos evaden impuestos a gran escala; sin embargo, éstos (los lavadólares) no están interesados en evadir impuestos, invierten su dinero en negocios que les permitan justificar grandes ingresos, declaran sus impuestos y fácilmente legalizan el dinero, añade.

Asimismo advierte que el sistema judicial es tan frágil y deficiente, que no permite la aplicación de mecanismos de revisión, control e investigación para dar seguimiento a situaciones de lavado de dinero obtenido ilícitamente.

La policía piensa igual: no hay antecedentes de indagaciones en torno a la procedencia del capital que llega a Nicaragua. Los mismos bancos se resisten a suministrar información. No hay un contacto permanente con la Superintendencia de Bancos para obtener información confiable y oportuna, asegura un alto jefe policial.

Justicia, derechos humanos y narcotráfico

La justicia en Nicaragua, en lo que concieme al narcotráfico, está bajo sospecha Entre quienes dudan que en Nicaragua se imparte justicia, están muchos de los abogados defensores de presuntos narcotraficantes. Aseguran que los jueces encargados de impartirla, toman esos casos muy a la ligera.

Ponen como ejemplo el caso del Neptuno: En 1995, seis marineros tripulantes de esa embarcación fueron acusados de participar en el trasiego de mil 408 kilos de cocaína Horas después de haber sido capturados, el juez ordenó su libertad provisional, argumentando falta de pruebas. La droga había sido trasladada a Managua para análisis de laboratorio. El cargamento, el mayor requisado hasta ese momento en el país, fue valorado por las autoridades policiales en casi 28 millones de dólares. Aunque ese juez fue removido por la Corte Suprema de Justicia, la transparencia del poder judicial quedó en entredicho.

En una entrevista con la prensa, el director de la Policía Nacional, Primer Comisionado Franco Montealegre, no titubeó en afirmar que en el caso Neptuno el juez fue tocado [sobornado] por los narcotraficantes, y prueba de ello es que, tras recusar su fallo, la Corte Suprema de Justicia lo puso fuera del sistema judicial.

Según la doctora Vilma Nuñez de Escorcha, presidenta del Centro Nicaragüense de los Derechos Humanos, CENIDH, importantes sectores de la sociedad civil muestran públicamente su preocupación por la actuación de los tribunales de jurados en casos comprobados de narcotráfico, como el del Neptuno.

Han sido estas actuaciones las que más criticas han generado entre la población. Es vox populi que la mayoría de los acusados por narcotráfico, en grande o mediana escala, han sido liberados bajo ese modelo de impartición de justicia Ello ha motivado que altos mandos policiales expresen su desacuerdo con los jurados. Pero para la presidenta del CENIDH, la existencia de los tribunales de jurados es un derecho constitucional.

Aunque los abogados defensores aducen que la eliminación del tribunal de jurado constituiría una violación a los derechos humanos de sus clientes, la presidenta del CENIDH les objeta, argumentando que si en el proceso se les aseguran las garantías procesales, el derecho a su defensa, pudiendo aportar las pruebas a su favor, no puede hablarse de que se están violando los derechos de los procesados.

Nuñez comenta que, lo usual en Nicaragua, es que, luego de la investigación policial, el caso pase al juez, en cuyo poder permanece el expediente durante todo el tiempo que él considere conveniente, para después someterlo a consideración del tribunal de jurado, cuyos miembros deben oir la lectura del expediente de manera ininterrumpida Bajo esas circunstancias, ¿podrían estas personas tener el suficiente discernimiento para saber la manera acertada de fallar determinado caso? preguntó la presidenta del CENIDH.

En los casos de narcotráfico, añade, también puede suceder que los jurados emitan su fallo presionados por el miedo y no tanto por corrupción: es un miedo comprensible, desde el punto de vista humano, sobre todo porque los jurados no tienen ninguna garantía de seguridad al emitir su fallo, dijo, a la vez que opinó no estar de acuerdo en la forma como se organizan y como funcionan en Nicaragua. En relación con las acusaciones expuestas por los abogados defensores, sobre la violación sistemática a los derechos humanos de los acusados de narcotráfico, la presidenta del CENIDH dijo que, a su juicio, no hay discriminación. No existe una situación diferenciada entre las reos. Ellas, al igual que los inculpados de cometer otros delitos, están expuestos a la violación de sus derechos.

Sin embargo, por la connotación que tiene este delito, quizás la Policía Nacional se extralimite en sus funciones al practicar excesivos interrogatorios e incluso hasta en tratos degradantes, como forzarlos a dar declaraciones frente a los medias de comunicación, comenta Nuñez.

De acuerdo con el CENIDH, uno de los obstáculos en la aplicación de una recta administración de justicia es que, por ejemplo, la Policía Nacional, antes de remitir al inculpado a la orden del juez, lo ha presentado públicamente en conferencia de prensa y lo ha declarado culpable de delito, sea narcotráfico, violación u homicidio.

Es este procedimiento lo que permite que exista toda una presión social en tomo al hecho que se divulga, lo que incide en que los acusados puedan ser condenados por la opinión pública, sin tomar en cuenta que, conforme la ley, se es inocente hasta que no se demuestre culpabilidad.

El CENIDH asegura no haber recibido denuncias sobre violación a los derechos humanos de los acusados por narcotráfico, pero ocurre que las familias de los acusados reciben maltrato policial al momento de que éstos son capturados.

Es común observarlo en los casos de allanamiento de morada, ya que quienes soportan esa situación son niños o familiares adultos inocentes. En estas circunstancias, se viola el principio de que la pena no trascienda a la persona del reo.

También resulta evidente que las autoridades policiales actúan con mucha más presión, en el caso de narcotráfico, que en cualquier otro tipo de delito y, en muchas ocasiones, hasta ejecutan los operativos sin mostrar una orden judicial. Según los abogados defensores de algunos acusados por narcotráfico, al momento de la captura, a sus defendidos les han decomisado bienes, dinero, etcétera En ocasiones, es hasta después de un largo proceso de investigación, que las autoridades se han visto obligadas a reconocer que la acusación era falsa y que obedecía a problemas personales.

Los abogados defensores también alegan que, en muchos casos, la Policía Nacional realiza las capturas basándose únicamente en denuncias anónimas y que, cuando los abogados solicitan la identidad de los denunciantes, para hacer las pesquisas por su parte, la policía rehusa proporcionarlas.

Asimismo, casi nunca se cumple el preoepto legal de que la ejecución de capturas y/o el allanamiento de morada debe realizarse con orden judicial y con testigos imparciales que corroboren la acusación de las autoridades.

Uno de los casos más conocidos el año pasado, fue el del ciudadano de origen alemán Jerg Dieter Tegethoff, detenido el 25 de agosto de 1996 bajo el cargo de pretender sacar dos kilos de cocaína escondidas en una guitarra de su propiedad. La policía no pudo presentar testigos que confirmasen que, efectivamente, al momento de revisar el instrumento, hubiese droga en su interior.

Según el artículo 34 de la Constitución Política, se violaron los derechos humanos de Tegethoff.

Sobre este mismo caso, el abogado defensor de Tegethoff, Elmer Reyes, denunció que una sentencia interlocutoria en su contra, dictada a mediados del proceso, nunca fue tramitada Y aunque hubo una apelación admitidapor el juez, ésta nunca fue tramitada Reyes asevera que, aunque se asuma como cierta la acusación de la policía, el juez se extralimitó al condenarlo a nueve años de prisión, cuando la Ley antidrogas establece en su caso solo cinco años.

Situación excepcional es la de Norwin Meneses Cantarero (1991), sentenciado a 25 años de prisión, ya que con su caso las autoridades policiales por vez primera lograron participar en la desarticulación de una banda internacional de narcotraficantes, decomisando en esa ocasión mas de 700 kilos de cocaína.

Meneses había sido acusado de trabajar para la CIA en los años de la guerra Contra (1983-1990).

En lo referente a su sentencia, los abogados defensores argumentaron que, desde el punto de vista jurídico, hubo más de una arbitrariedad, por ejemplo que la juez se excedió en el período de sentencia, situación que posteriormente fue corregida por el Tribunal de Apelaciones, que redujo la pena a 12 años de prisión.

A favor de Meneses, repercutió que en esos días se discutía la reforma a la Ley de Estupefacientes, Sicotrópicos y Otras Sustancias, lo que obligó a ese tribunal a ajustar la sentencia a la nueva legislación.

Sobre este caso corren muchos rumores en los pasillos de los juzgados. Se comenta que la fragilidad y corruptibilidad del sistema judicial llegó, con el caso de Meneses, Cantarero, hasta la Corte Suprema de Justicia.

La denegación de una liquidación de la pena, solicitada recientemente por los abogados defensores al juez del crimen que lleva su caso, se rumora que sólo es parte de una trama, con vistas en apurar su pronta libertad condicional. Nadie puede probarlo, pero se asegura que Meneses Cantarero ha puesto en movimiento unos 250 mil dólares, para obtener muy pronto su libertad. La distribución de esa suma se desconoce, pero se asegura que ha quedado en manos de altos funcionarios del poder judicial.

Otro caso relevante y que ha despertado el interés de la prensa nacional, es el de Enrique Miranda Jaime, un ex alto militar del ejército sandinistam, recluido actualmente en la cárcel de la ciudad de Granada, 47 kilómetros al sur de Managua.

En noviembre de 1991, Miranda Jaime fue acusado de narcotraficante y de ser miembro del grupo cuyo jefe era Norwin Meneses Cantarero.

Sin embargo, algunas versiones periodísticas señalan que Miranda Jaime fue utilizado por algunos mandos del ejército, y de la propia dirección nacional del FSLN, para cobrar una vieja deuda con Meneses Cantarero. Aunque el tribunal de jurado lo encontró culpable, en 1995, sin mayores controles, las autoridades del penal le concedieron permiso paravisitar su hogar, situación que aprovechó para abandonar el país y refugiarse en Estados Unidos, donde solicito asilo político.

Un año después de su huida, el 2 de noviembre de 1996, el Comisionado Eduardo Cuadra Ferrey, subdirector de la Policía Nacional, viajó a Miami para volver a capturarlo y trasladarlo alas cárceles de Nicaragua Antes, las autoridades policiales de Estados Unidos ya lo habían detenido.

La actitud de Cuadra Ferrey ha sido fuertemente cuestionada por el abogado de Miranda Jaime. En el expediente que se le levantó por fuga o quebrantamiento de sentencia, no rola la supuesta extradición que las autoridades de la Policía Nacional solicitaron en su contra, argumenta el jurista.

Son sus propios abogados los que plantean serias interrogantes a la actuación de la Policía Nacional: ¿Por qué, si estaba condenado a siete años de prisión, le concedían permiso para ir a su casa en calidad de reo de confianza? ¿Por qué las autoridades policiales no habían comentado su desaparición, ni habían actuado en su contra desde el mismo momento de su evidente fuga?

Fuentes periodísticas aseguran tener información de que, a Miranda Jaime, se le permitía utilizar un teléfono celular, desde el cual realizaba llamadas internacionales a Colombia, Estados Unidos, Costa Rica y Panamá. También se dice que recibía visitas de funcionarios de alto nivel.

Según se conoce, Miranda Jaime salió de Nicaragua hacia Estados Unidos, portando legalmente su pasaporte y con una visa de diez años para permanecer en aquel país, la que le fue extendida por el consulado estadounidense en Managua.

Según ha confesado Miranda Jaime en Miami, previo a su traslado a Nicaragua, el comisionado Cuadra Ferrey se comprometió a que se le respetarían sus derechos ciudadanos y constitucionales. Sin embargo, sus abogados insisten en que frecuentemente se le está trasladando de cárcel -tres lugares en sólo dos semanas- lo que, a su juicio, es un intento por obstaculizar la visita de sus familiares y de su defensa.

Uniformes y droga

Según una fuente militar, hasta ahora no es posible confirmar las acusaciones veladas que, por narcotráfico, pesan en contra del Ejercito Nacional. El caso de Nicaragua no es comparable con Guatemala y El Salvador, donde se ha comprobado la vinculación de militares con el narcotráfico, asegura el entrevistado.

Sin embargo, algunos investigadores aseguran que, en la década de los 80, importantes funcionarios y mandos de las fuerzas armadas estuvieron vinculados al narcotráfico. De manera insistente, se comentó sobre la participación del miembro de la dirección nacional sandinista y entonces ministro del Interior, Tomás Borge, en una red de narcotráfico que trasegaba cocaína hacia Estados Unidos.

Aunque no se ha podido comprobar esa acusación, un periodista extranjero radicado en Nicaragua desde hace varios años y que se ha dedicado a investigar este tipo de casos, considera que existen fuertes presunciones de que, al menos algunos de sus subalternos mas allegados, estaban seriamente comprometidos con el tráfico de droga hacia Estadas Unidos.

Para un alto ex jefe militar, en caso de que efectivamente hubiesen ocurrido hechos como ese, tal participación nunca fue parte de una política de gobierno. En cualquier caso, lo hicieron a título personal, para su propio beneficio, asegura En el peor de los casos, admite, si se involucraron militares fue por desconocimiento sobre este tipo de actividad y actuaban únicamente bajo el principio de la obediencia que priva en todo cuerpo castrense.

En 1991, las autoridades policiales dieron a conocer a la opinión pública el primer caso de relevancia, ya descrito, con la captura del ex militar Enrique Miranda Jaime. En 1993 fue detenido el ex capitán del Ejército, Erwin Rivera Molina, cuando pretendía salir desde el aeropuerto Augusto César Sandino, con 40 kilos de cocaína. En 1995, el antiguo ayudante del ex presidente Daniel Ortega y ex mayor del Ejército, Jorge Guerrero, fue acusado de haber participado en una operación del narcotráfico internacional. Sin embargo, la policía no pudo probar sus acusaciones y tuvo que acatar una orden judicial que ordenó la libertad de Guerrero.

En general, se presume que los militares que optan por involucrarse en, actividades de narcotráfico ocupan posiciones de mando dentro de la estructura castrense, favoreciendo con ello la capacidad operativa del narcotráfico.

Para el investigador Georg Hodel, no hay evidencias en Nicaragua de que miembros del Ejército Nacional se encuentren involucrados, deforma directa o indirecta, en el delito del narcotráfico. No existen pruebas concretas que así lo demuestren; sin embargo, esto no significa que las acusaciones en este sentido, hechas durante años anteriores, hayan perdido su total vigencia.

Añade que su juicio compete también a algunos funcionarios de alto nivel del gobierno de Violeta Barrios de Chamorro (1990-1996). Según Hodel, la Policía Nacional es más vulnerable que el ejército a las presiones del narcotráfico. En su opinión, el escaso presupuesto con que cuenta la PN propicia las condiciones para que sus miembros tiendan a vincularse con el narcotráfico.

El propio comisionado Montealegre ha admitido que algunos policías se han visto involucrados en casos de narcotráfico, aunquetambién alega que investigary enfrentar este tipo de corrupción es difícil, ya que no siempre se tienen las evidencias suficientes.

Una fuente que pidió el anonimato, aseguró que, entre los policías que evita mencionar Montealege, se encuentra un alto mando destituido por el Consejo Nacional de esa institución, por habérsele encontrado muy comprometido en actividades de narcotráfico. Su participación en ese delito se mantuvo en total reserva entre el círculo de jefes, y la medida que aplicó la Jefatura de la Policía Nacional se limitó únicamente a ordenar su destitución.

Las principales misiones del Ejército de Nicaragua, actualmente, son desminar las zonas que fueron de combate, lo que tiene previsto concluir en el año 2000, y combatir grupos irregulares armados en las zonas montañosas del país. Está facultado para apoyar, con su capacidad logística, a las fuerzas de Antinarcóticos de la Policía Nacional. Hasta el momento, las fuerzas policiales nicaragüenses han participado en seminarios regionales, desde el punto de vista de colaboración.

La posibilidad de que la DEA abra una oficina en Managua, probablemente reavivará la polémica suscitada en 1995, cuando se conocieron las intenciones del gobierno de Violeta Chamorro en esa materia, bajo la sospecha de que algunas de las operaciones de la DEA violan la soberanía de los países donde opera.

No fueron pocos los que mostraron reserva u oposición a esa decisión. El periodista Carlos Femando Chamorro reconoció que la DEA es un interlocutor inevitable; sin embargo, denuncio que ese organismo viola las leyes nacionales de los países donde opera, secuestrando narcotraficantes, ejerciendo presiones a los gobiernos y organizando entregas vigiladas para llevar la droga de un país a otro y poder quebrar la operación, donde le convenga. Sobre ese mismo tema se pronunciaron parlamentarios opositores, que acusaron a la DEA de desarrollar labores de inteligencia política. La entonces diputada sandinista Doris Tijerino denuncio la instalación por la DEA de base de operaciones en un cayo del Atlántico nicaragüense. Sin embargo, las autoridades militares omitieron dar respuesta a esa denuncia.

Para los mandos policiales, las relaciones con la DEA mejorarán sustancialmente su capacidad operativa, al facilitárseles el acceso a un mayor flujo de infonnacion y recursos materiales.

Scarlet Cuadra, Periodista nicaragüense. Versión condensada del informe original.