El orden global postdemocrático

Después de la debacle griega y la domesticación por parte de la Unión Europea (UE) del Gobierno radical de izquierdas de Syriza de Alexis Tsipras, el debate sobre la naturaleza no democrática de la UE y si existe alguna posibilidad de reforma progresista se ha extendido ya a lo ancho del bloque europeo.

De manera general, hay dos grandes posturas opuestas de la izquierda en Europa. La primera es que, a pesar del deplorable maltrato de la democracia griega por parte de la Troika, solo es un reflejo de la debilidad de la izquierda en cada uno de los 28 Estados miembros de la UE. El resultado es que el centro derecha controla las tres principales instituciones de la UE. Si la izquierda estuviera al timón en más países y, por tanto, en las instituciones de la UE, las cosas serían diferentes. Una versión de este argumento sostiene que no son las estructuras de la UE las que son defectuosas, ya que pueden reformarse; la responsable del desastre es la eurozona. Argumentan que la legislación aprobada por la UE en materia de medio ambiente, sanidad y seguridad, y derechos humanos es formidable. Está claro que Europa debe reformarse, pero la salida de la UE o su desintegración sería un cataclismo. Estas personas progresistas tienden a verse como internacionalistas y cosmopolitas, y previenen que salirse de la UE abriría las puertas a más nacionalismos y a la extrema derecha.

La parlamentaria británica del Partido Verde y exparlamentaria europea, Caroline Lucas, acertó al sintetizar esta postura a principios de 2015 cuando advirtió de la postura prosalida —que se conoce comúnmente como Brexit— de las personas progresistas británicas: “Es fácil responsabilizar a la UE cuando la economía de libre mercado pisotea los Estados de bienestar de nuestro continente, pero son los Gobiernos como el nuestro los que han permitido que la UE sea sinónimo de más liberalización, desregulación y privatización”, dijo. “La izquierda perdió las últimas elecciones en Gran Bretaña, entregando a los tories un asiento en la mesa presidencial de Europa. Quizá deberíamos reflexionar sobre nuestras propias deficiencias con el fin de inspirar esperanza y unidad en vez de atacar a la UE.”1

Los defensores de la postura de ‘reforma’ añaden que, una vez fuera de la UE, los mercados apenas serían menos despiadados con la democracia de un país que la Troika. Aquí no se equivocan.

La otra postura sostiene que la debacle griega no es más que el último episodio de una larga serie de normas democráticas incumplidas y que la UE es, estructuralmente, no democrática e irreformable. En consecuencia, la ruptura con la UE y la vuelta al Estado- nación están a la orden del día. Los defensores de esta postura alegan también ser internacionalistas, pero en gran medida entienden que la palabra significa solidaridad entre naciones más que el hecho de trascender el Estado-nación. Las pancartas que se colgaron en la Acrópolis y que rezaban “¡Pueblos de Europa, levantaos!” son emblemáticas de esta postura. Para estas personas, los pueblos de Europa son muchos, no uno solo; no hay un demos europeo. No se lo imaginan. No lo quieren.

Los defensores de la postura de ‘ruptura’ señalan también que la existencia de la UE ha impedido apenas el crecimiento del nacionalismo y la extrema derecha. Tampoco se equivocan en ese punto.

Sin embargo, ambas posturas ignoran el tema clave: en la era de la globalización, la eliminación gradual de la toma de decisiones de las cámaras democráticas por parte de las élites de la UE sirve de plan de acción para la gobernanza postdemocrática en todo el mundo a escala global, continental, nacional y hasta local. La arenga debería ir más allá de la reforma (aunque esta sea bienvenida) o la ruptura (aunque esta sea necesaria) y reanudar la demanda de los indignados españoles en 2011 en contra de la austeridad y a favor de la democracia real, a todos los niveles de la sociedad, dentro y más allá del Estado-nación.

La postdemocracia en la Unión Europea

En primer lugar, quiero analizar la idea de que la UE refleja solo la política nacional y que el problema es la eurozona. Es más bien a la inversa. Los problemas de la eurozona son el resultado de una estructura no democrática subyacente. Una moneda única en una Europa auténticamente democrática que transfiere dinero de las regiones ricas a las pobres no causaría desequilibrios fiscales. Centrarse solo en la eurozona confunde el síntoma con la causa.

La realidad es que las estructuras postdemocráticas que gobiernan la eurozona existen también a lo ancho de la UE y son anteriores a la introducción del euro. La Comisión Europea no se elige. Los miembros del Consejo de Ministros y su encarnación al máximo nivel, el Consejo Europeo, solo se eligen indirectamente y las leyes son elaboradas en secreto en el transcurso de sesiones a las que no se permite la entrada ni a la prensa ni al público. Los legisladores habituales del Consejo no son ni siquiera ministros nacionales, sino los diplomáticos trileros del Comité de Representantes Permanentes (COREPER) y las docenas de subcomités y grupos de trabajo que deliberan también en secreto, fuera del escrutinio de los electores.

Los comités nacionales parlamentarios o congresuales operan generalmente a la luz pública, con la rara excepción de aquellos organismos que supervisan los diversos departamentos dedicados al espionaje exterior, a la vigilancia interna y a la estrategia bélica. En otras palabras, el hecho de gobernar de manera encubierta que se ha reservado históricamente a la supervisión de espías y asesinos, la investigación en armas químicas y nucleares y su adquisición, la bioseguridad y los tratados con Estados enemigos es ahora la norma cotidiana cuando en Europa se elaboran leyes relativas a las subvenciones agrícolas, la regulación de la industria y las finanzas y, sobre todo, los mercados laborales y los programas sociales.

El presidente del Consejo Europeo —llamado a menudo ‘presidente europeo’— tampoco se elige; se le escoge, cual papa secular, tras puertas cerradas después de horas de tira y afloja entre jefes de Estado y Gobierno. La única institución elegida directamente de la fábrica de salchichas legislativa que es la UE —el Parlamento Europeo— no tiene derecho de iniciativa legislativa; es decir, no puede proponer ni aprobar leyes. Solo puede enmendar lo que la Comisión y el Consejo le envíen para su conformidad. Estos poderes son importantes y los grupos de presión de las empresas y de las ONG sienten tanta atracción por los escaños mellizos de Bruselas y Estrasburgo como por el Congreso estadounidense en Washington, pero al estar restringido de esta manera, el Parlamento Europeo no se parece a ningún otro Parlamento del mundo democrático. Los europarlamentarios no son representantes de un pueblo europeo soberano, sino los ‘recogepedos’ de los altos funcionarios de la tecnocracia de la UE.

Si los votantes discrepan de las políticas de este ‘Gobierno’ europeo, no hay manera de revocarlo, ninguna elección general para ‘botar a los bastardos’. Pero si este Gobierno europeo no está de acuerdo con las preferencias de los votantes en las elecciones nacionales o los procesos consultivos, acosa por lo general a los líderes nacionales para que anulen los resultados de las elecciones, los referendos o los plebiscitos que no le plazcan. A los votantes irlandeses se les dijo que tenían que votar de nuevo después de rechazar los Tratados de Niza y Lisboa. El propio Tratado de Lisboa es la Constitución Europea con otro nombre, después de que los votantes franceses y holandeses la rechazaran en 2005.

De la misma manera, la campaña para sacar la política fiscal —de hecho cualquier política— de la esfera de un auténtico debate parlamentario y colocarla en manos de los supuestos ‘expertos’ económicos, burócratas, diplomáticos y jueces del Tribunal de Justicia de la UE es común a todas las estructuras de la UE, no solo a la eurozona. Los 28 Estados miembros —no solo de la eurozona— están sujetos al Pacto de Estabilidad y Crecimiento neoliberal que entró en vigor en 1998 y hace valer la ‘disciplina fiscal’. Y desde la crisis de la eurozona, toda la UE —no solo los Estados acogidos a la moneda única— ha buscado y conseguido una mayor integración en la política fiscal.

Bajo el sistema del Semestre Europeo introducido en 2011, en el que la UE revisa las políticas fiscales nacionales, todos los Estados miembros deben someter sus planes económicos a Bruselas, no solo los Estados de la eurozona. Hay reglas ligeramente distintas para los países que no utilizan el euro, pero estas son más bien cosméticas. Asimismo, el endurecimiento de las reglas económicas que se impuso al amparo del Pacto Fiscal en 2012 —con una supervisión y multas más estrictas— se aplica a todos los Estados que no utilizan el euro, salvo a tres. La eurozona goza también de otras dos muestras de corrupción antidemocrática: los lores monetarios no elegidos del Banco Central Europeo y el Eurogrupo, un organismo que no tiene estatus jurídico, pero que se encuentra entre las entidades más poderosas del sistema europeo.

La verdad es que no deberíamos hablar de la UE y de la eurozona como entidades distintas, sino solapadas; es decir, de una UE con una integración fiscal y monetaria postdemocrática. Hay cuatro categorías distintas que participan en el Pacto Fiscal europeo: los miembros de la eurozona, los que no son miembros de la eurozona, los que tampoco lo son pero están sujetos a las disposiciones fiscales pero no a las de coordinación económica, y los que no son miembros de la eurozona ni están sujetos a las disposiciones fiscales y de coordinación económica. Se espera que los tres Estados miembros que se encuentran fuera del Pacto Fiscal (Croacia, la República Checa y el Reino Unido) se adhieran a él en algún momento futuro y se les presiona constantemente para que lo hagan cuanto antes.

No se trata solo de malas políticas que se podrían cambiar en el futuro; son tratados e instrumentos con carácter de tratado que transforman las mismas estructuras del Estado europeo, de tal manera que el neoliberalismo solo puede intensificarse. Esto se debe a que los contratos entre Estados están por encima de la democracia bajo el principio jurídico de pacta sunt servanda; es decir, ‘hay que cumplir los acuerdos’. “Cada nuevo Gobierno debe cumplir los acuerdos contractuales de sus predecesores”, como dijo el ministro de Finanzas alemán, Wolfgang Schäuble, después de la victoria electoral de Syriza en enero de 2015. “Las elecciones no cambian nada.” El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, dijo al mismo tiempo: “No cabe elección democrática en contra de los tratados europeos”.

Elecciones sin rendición de cuentas

Los defensores de las actuales estructuras de la UE señalan a menudo al Consejo de Ministros o al Consejo Europeo como supuesta prueba de mandato democrático porque al menos los ministros, primeros ministros o presidentes se eligen en sus propios países. De hecho, no faltan los apologistas que perdonan a personajes como Angela Merkel y Wolfgang Schäuble con el argumento de que la democracia griega no puede quedar por encima de la democracia alemana, con el propósito de defender cómo se ignoró descaradamente el mandato electoral de Syriza. Pero el problema es precisamente el Consejo. Funciona como una cámara legislativa, parecido a un Senado, pero no hay elecciones a este organismo. Es como si pudieras votar a tu diputado local, pero no se celebraran nunca elecciones generales.

¿Pero por qué representa esto un problema tan grande y por qué tiene consecuencias tan poco democráticas?

Las elecciones generales —no locales o parciales— son el requisito imprescindible de una democracia, por dos razones. En primer lugar, porque los votantes necesitan con regularidad la oportunidad de ‘derrocar’ a sus gobernantes, no solo a su representante local. En unas elecciones generales, si el candidato local elegido no es miembro del partido o coalición de partidos que gana en todo el país, los votantes locales podrán quejarse, pero aceptan la voluntad mayoritaria y tendrán que convencer a sus conciudadanos en los siguientes cinco años de que no tenían razón. Esto no es posible en la UE. En cambio, a los elegidos no les queda más remedio que adaptarse al consenso preestablecido.

En segundo lugar, los partidos que pretenden gobernar necesitan albergar cierto interés en apelar a todo el país o en este caso, a toda la Unión. En los Estados Unidos, por ejemplo, los políticos de los dos principales partidos apelan a los votantes de todos los estados. En cambio, los políticos (o diplomáticos) alemanes del Consejo no apelan a los votantes griegos. A los políticos alemanes no les importa lo que ocurre en Grecia porque los griegos no les votan.

Estos fenómenos son las dos caras de una misma moneda: la rendición de cuentas, que es la base de un Gobierno representativo. La rendición de cuentas no es un ‘asunto burgués’, ni el objeto de fascinación de constitucionalistas liberales y de escaso interés para progresistas o radicales. A medida que las estructuras de gobernanza se van liberando gradualmente de las restricciones democráticas, son más vulnerables a la captación por parte de las élites. Sin los controles populares sobre el poder, los ciudadanos empiezan a sentir que no hay forma de cambiar a quién los gobierna.

Las elecciones generales ofrecen un control, permitiendo que el pueblo tenga la oportunidad, de forma regular, de alcanzar una ‘revolución pacífica’. Si se deniega esta oportunidad, entonces la revolución violenta, una vez más, es la única manera de deshacernos de nuestros gobernantes.

La postdemocracia global

Incluso Pascal Lamy, exjefe de la Organización Mundial del Comercio y excomisario europeo de Comercio, reconoce este problema, no solo en la UE, sino en todas las estructuras de gobernanza transnacionales que han surgido en las últimas décadas. Observa una diferencia entre la legitimidad democrática primaria de las elecciones legislativas y la ‘legitimidad secundaria’ de estos nuevos organismos.

“La legitimidad de las organizaciones internacionales sigue siendo intrínsecamente westfaliana. Se basa en la democracia del Estado y solo prevé lo que llamo ‘legitimidad secundaria’, en oposición a la ‘legitimidad primaria’ conferida a la participación directa de los ciudadanos. El reto específico de la legitimidad en la gobernanza global consiste en abordar la toma de decisiones a nivel internacional, percibida como distante, sin rendición de cuentas e incuestionable directamente.”2

A la concepción de Lamy de la legitimidad secundaria, le podemos añadir la del sociólogo polaco Zygmunt Bauman de una ‘crisis de voluntad’ en las relaciones internacionales para describir el actual callejón sin salida: “El matrimonio entre el poder y la política que se firmó en Westfalia ha quedado sin efecto. Mientras la política (la capacidad de decidir qué cosas deberían hacerse) se limita al Estado-nación, el poder (la capacidad de que se hagan las cosas) se ha trasladado al ámbito supranacional. La consecuencia es una crisis de voluntad: los Estados están enredados internacionalmente y pierden su soberanía, mientras los mercados globales no se dejan ni aconsejar ni supervisar. Reducir la brecha entre el ámbito de la interdependencia y el alcance de las instituciones llamadas a servirla es el mayor desafío de nuestros tiempos”. 3

Este tipo de estructuras internacionales de gobernanza postdemocráticas —el ‘intergubernamentalismo’ sin elecciones— prolifera hoy como la mala hierba en casi todos los campos de la política: desde el FMI, el Consejo de Seguridad de la ONU y el G7 a la OMC y la Asociación Transatlántica de Comercio e Inversión (TTIP), la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (UNFCCC por su sigla en inglés), la Plataforma Intergubernamental sobre Diversidad Biológica y Servicios de los Ecosistemas e incluso la Comisión Ballenera Internacional. Estamos viviendo en la era de la construcción de una arquitectura de gobernanza global —sin duda necesaria teniendo en cuenta los problemas globales a los que nos enfrentamos— pero exenta de una democracia global o, más bien, con una antipatía hacia esta.

El camino a seguir en un orden postdemocrático

La UE es el organismo más desarrollado de todos los que padecen la legitimidad secundaria y, por tanto, merece mayor escrutinio. Como hemos visto, la UE y no solo la eurozona es una afrenta a las normas parlamentarias democráticas que la izquierda ha luchado por conseguir, defender y mejorar desde hace más de dos siglos. Sus estructuras no son reformables; de hecho, las mismas estructuras funcionan para vacunarse contra las reformas progresistas. Si la reforma es imposible, entonces el derrocamiento se hace necesario. Igual que con los colonos estadounidenses en 1776, que partieron de la posición de pedir al rey y acabaron librándose de él, debemos reconocer que se impone el divorcio. En el caso de Grecia significa Grexit y, en el caso del Reino Unido, Brexit.

Sin embargo, las personas progresistas están algo confusas. En tiempos de crecimiento, los Gobiernos socialdemócratas distribuyen los despojos con más justicia que los Gobiernos de la derecha. En tiempos de crisis o estancamiento, es el dolor lo que distribuyen más justamente. Los partidos socialdemócratas nunca preguntan por qué hay crisis o estancamiento, ya que esto requeriría una crítica sistémica y extranacional, una crítica considerada inaceptable desde hace 25 años. Pero al mismo tiempo, comprenden que no pueden cumplir su promesa histórica.

En una economía globalizada, la socialdemocracia que caracterizó al período 1940-1970 ya no es posible, ni siquiera en las grandes economías. La fuga de capitales y el sabotaje económico domarán rápidamente a un Gobierno de izquierdas. Sabemos esto desde principios de la década de 1980 y la derrota del Programa Común de Mitterrand, el último aliento del auténtico keynesianismo de la posguerra; es decir, un conjunto de grandes obras públicas, un aumento importante del gasto social, nacionalizaciones industriales y de la banca, reducción de la jornada laboral, ampliación de las vacaciones pagadas, jubilación a los 60 años y un impuesto solidario sobre el patrimonio. En las grandes economías como los Estados Unidos, China o Europa, un programa socialdemócrata tradicional podría todavía ser viable, capaz de resistir las hondas y flechas de los mercados globales, pero no lo sabemos con seguridad.

La debacle griega es la prueba de que, en una economía globalizada, incluso los Gobiernos a la izquierda de la socialdemocracia, como Syriza, deben capitular. Sería el caso de un Gobierno de Podemos en España o un Gobierno liderado por Corbyn en el Reino Unido. Y esta barrera infranqueable existe también para la izquierda extraparlamentaria; la acción comunitaria solidaria es necesaria, pero la práctica de la calle tiene claras limitaciones, por ejemplo cuando no se pueden comprar medicinas fabricadas en otro lugar. Para Grecia, imaginar que fuera de la eurozona los mercados podrían ser más amistosos que las estructuras de la UE es una quimera. La catástrofe está asegurada, sea dentro o fuera del euro o de la UE. El exministro de finanzas griego, Yanis Varoufakis, tenía toda la razón cuando avisaba de los peligros del Grexit, aun reconociendo que, hasta cierto punto, puede ser la única opción que queda.

¿Cómo, entonces, son reconciliables estos dos hechos: que la política nacional sea impotente y la necesaria ruptura con la irreformable UE? La respuesta es que la política nacional ya no es útil, incluso bajo la forma de un Syriza o sus homólogos en otras partes de Europa, y que en el medio plazo los partidos europeos a la izquierda de la socialdemocracia, tanto dentro como fuera de la UE, deben fundirse en un único partido extranacional con un programa común: unos Estados Unidos de Europa sociales y democráticos, reconstruidos de nuevo y desde abajo.

No existe foro parlamentario que pueda conseguir esto. El Parlamento Europeo, como hemos argumentado más arriba, no tiene poderes para la iniciativa legislativa. La falta de elecciones generales al Consejo descarta a este organismo como espacio de reforma. Solo se conseguirá mediante una decisiva victoria paneuropea de las fuerzas sociales.

El contexto global

Y debemos extender este argumento con respecto a la red emergente de estructuras intergubernamentales de gobernanza global.

El principal argumento de los opositores al TTIP entre Europa y los Estados Unidos, y su ‘hermano pequeño’, el Acuerdo Económico y Comercial Global (CETA por su sigla en inglés) entre la UE y Canadá, no es que mine las normas de seguridad, derechos laborales, protección ambiental y las normas alimentarias, aunque sí hagan todo esto. El argumento es que los acuerdos son una amenaza para la democracia por la inclusión del concepto de solución de controversias inversor-Estado (ISDS por su sigla en inglés), similar al del capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y muchos otros tratos comerciales que establecen de hecho un sistema jurídico extranacional que permite a las corporaciones demandar a los Gobiernos si creen que la legislación interna de los países limitará los beneficios previstos. En un ejemplo reciente del fenómeno, el grupo Veolia —una multinacional francesa de servicios de agua— está demandando al Gobierno egipcio por un aumento del salario mínimo, sirviéndose a este efecto de una cláusula de ISDS en un tratado de inversión entre Francia y Egipto. La afrenta aquí no es la posibilidad de una reducción del salario mínimo, sino que jueces no elegidos de un tribunal comercial, sirviéndose de las disposiciones de un tratado, tengan la capacidad de invalidar legislación promulgada democráticamente.

Y aquí es donde debemos parar y reflexionar una vez más sobre los argumentos de las personas que defienden la UE por sus supuestas protecciones progresistas en temas como medio ambiente, sanidad y seguridad, y derechos humanos. Si se ha de combatir la invalidación de leyes aprobadas democráticamente, entonces se debe combatir lo que es esencialmente lo mismo, la imposición de legislación no democrática. Si algo no es democrático, no lo es gusten o no sus resultados. De manera que cuando muchos activistas ambientales pedían que el resultado de las negociaciones de la UNFCCC celebrada en París en diciembre de 2015 fuera legalmente vinculante — con el fin de que los países estuviesen obligados a promulgar acciones estrictas de mitigación de los gases de efecto invernadero, supuestamente mediante la imposición de multas a los Estados infractores— quizá se entienda por qué querían una medida tan estricta. Está claro que el cambio climático plantea una grave amenaza para nuestro modo de vida. Pero al pedir tal sanción postdemocrática, no se diferencian del Banco Central Europeo cuando derrocó a Silvio Berlusconi en 2011. Berlusconi es un villano de primer orden, pero era tarea de los votantes italianos, no de banqueros no elegidos, quitarlo de en medio.

Pero el cambio climático, así como la economía europea y muchas otras áreas normativas, desde el comercio a internet, pasando por la biodiversidad, la resistencia a los antibióticos y la prevención de colisiones de asteroides que rondan la tierra, son fenómenos que cruzan muchas fronteras. Hay un montón de tratados, organizaciones y agencias que configuran el andamiaje de la estructura emergente de gobernanza global y regulan y supervisan todo, desde las armas nucleares a la pesca del mero, y todos ellos encarnan un ‘intergubernamentalismo’ no elegido. La crisis financiera de 2007 a 2008 fue testigo de la profusión de los G: el G7, el G8, el G20 y una multitud de otros grupos, comités y clubes, tanto formales como informales, que pretenden impedir que la economía global se estrelle contra las rocas.

Y estos temas deberían regularse con leyes. Entonces ¿cómo hemos de decidir qué hacer, qué políticas adoptar, que atraviesen fronteras pero de manera democrática?

Hay muchas personas que argumentarán que, a causa de la necesidad vital de una gobernanza transfronteriza de estas materias, no tenemos más remedio que aceptar estas estructuras postdemocráticas por el momento. Hay otras que exigirán que se eliminen precisamente por su carácter no democrático. Este binario es el equivalente global de la divergencia entre las personas que defienden la reforma de la UE y las que defienden la ruptura con la UE.

Aquí también, como con el llamamiento para derrocar la UE y construir unos Estados Unidos de Europa, debemos empezar a albergar mayores ambiciones. La red de estructuras intergubernamentales postdemocráticas debe ser reemplazada por una verdadera democracia global. Las élites reconocen que hay muchas áreas más allá del Estado-nación que necesitan regularse, pero están poco dispuestas a someter la toma de decisiones al proceso democrático por temor a que el pueblo pueda votar de forma equivocada. Una cosa es que la derecha pierda unas elecciones nacionales y otra muy distinta que la derecha pierda el mundo entero.

De manera que las personas progresistas deben empezar a medir su ambición al proponer ideas para que un Gobierno mundial democrático sustituya la gobernanza mundial postdemocrática. Por definición, no puede imponerse desde arriba, sino ganarse desde abajo. Desde hace décadas, quizá cientos de años, la izquierda argumenta que algún día se alcanzaría la democracia global, pero hasta ahora siempre ha sido algo del futuro lejano, un sueño abstracto, el canto nostálgico de La Internacional.

Pero ya no es abstracto. Está sucediendo. Ahora es el momento de empezar a discutir qué aspecto tendría de verdad la democracia global y construirla.

Este ensayo presenta una adaptación, revisada y ampliada, de argumentos ya publicados en las revistas Red Pepper, Statewatch y el periódico digital Euobserver.

Notas

1. Disponible en: http://www.theguardian.com/commentisfree/2015/jul/16/greece- progressive-reform-europe-david-cameron

2. Discurso realizado en el Instituto Universitario Europeo en Florencia el 19 de enero de 2011, https://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl187_e.htm

3. Conferencia impartida en el Instituto Van Leer de Jerusalén el 20 de febrero de 2013, https://www.youtube.com/watch?v=9l4tUtubtqU