Esta colección de artículos presenta los diferentes niveles de involucramiento militar en la guerracontra las drogas y sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental.
Esta colección de artículos presenta los diferentes niveles de involucramiento militar en la guerracontra las drogas y sus implicaciones para la democracia y los derechos humanos en el hemisferio occidental. Este artículo introductorio esquematiza el contexto general de una creciente aproximación represiva al problema de las drogas y sus diferentes implicaciones, que causan un severo daño colateral al frágil proceso de democratización en Latinoamérica.
El fin de la guerra fría levantó inicialmente esperanzas de que se facilitaría el camino que Latinoamérica había tomado para alejarse de las dictaduras militares y las guerras civiles. Sin embargo, viejos y nuevos obstáculos están amenazando su curso, y por ahora es raro escuchar opiniones optimistas a lo largo del continente. El problema de las drogas, tanto en la influencia del tráfico ilegal como en la forma represiva en que se suprime, se ha convertido, sin duda alguna, en una de las preocupaciones clave.
Su característico doble filo estimula una mezcla de ingredientes altamente explosivos: la criminalización de la economía y la sociedad en general; la corrupción del sistema judicial y de las fuerzas de seguridad; la corrupción política, la ilegitimización del gobierno y la pérdida de base popular del sistema político; un ambiente manchado de violencia criminal y política; el alimento de conflictos armados; violaciones a los derechos humanos combinados con impunidad endémica; legislación represiva que afecta los derechos civiles; y la relegitimización de un rol interno para el aparato militar.
Daño colateral
Existe una fuerte interacción entre el negocio de las drogas y las medidas políticas diseñadas para atacarlo. La ilegalidad de la economía de la droga (acordada multilateralmente a través de Convenciones de las Naciones Unidas) ha convertido este mercado en el más extenso y rentable del mundo. ((1) Muchas de las características de las estructuras del tráfico y de las técnicas criminales que se emplean, han sido desarrolladas en reacción contra estrategias antidrogas, y viceversa.
Esto ha conducido a una carrera armamentista, envolviendo más y más fuerzas militares, unidades especiales de policía e inteligencia para la lucha contra las drogas. Por otra parte, esto tiene el efecto de presionar a las redes de traficantes de drogas para profesionalizarse aún más, incluyendo mejores técnicas para repeler a sus oponentes directos y reforzar su poder dentro del sistema político.
Sólo las estructuras de tráfico más fuertes pueden sobrevivir, aquellas con las mejores conexiones en las altas esferas. No debería ser sorpresa, consecuentemente, que, cada vez más, el comercio de drogas en el mundo se esté llevando a cabo bajo protección institucional o aún bajo control de partes de las fuerzas militares, policíacas o de inteligencia.
Por otro lado, la misión antidrogas ha servido como una excusa para incrementar la capacidad operacional del aparato represivo. En un creciente número de países, la militarización de la lucha contra las drogas ha relegitimizado un papel interno para el aparato militar, y ha debilitado legalmente las libertades civiles hasta un punto a veces aterrador. Además, la cuestión de la soberanía está inmiscuida, ya que la propuesta represiva frecuentemente ocurre bajo severa presión desde afuera, pues está financiada por fondos extranjeros y ha creado niveles transnacionales de cooperación militar y de inteligencia, faltando totalmente a los procedimientos de control democráticos.
Militarización y políticas antidrogas
La expresión de las políticas antidrogas en términos de guerra y seguridad nacional, fue gradualmente desarrollado durante la administración del expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan (1980-88). Después del anuncio de la Estrategia Andina por el presidente George Bush, en septiembre de 1989, se volvió una política común exportar esta doctrina hacia el sur, promoviendo el compromiso de las fuerzas militares de los países productores y de tránsito en una causa común antinarcótica.
Colombia estuvo dentro de los primeros en adoptar esta ideología, añadiendo la teoría de la narco-guerrillapara justificar un discreto involucramiento en programas de entrenamiento antinarcóticos y ayuda militar con operaciones contrainsurgentes. Una versión concreta de este complejo es explicada en el artículo por Ricardo Vargas, enfocándose en el marco inmediato a las violentas acciones en el departamento colombiano de Guaviare, en el otoño de 1996.
En los noventas, el problema se volvió aún más urgente. El desmoronamiento del bloque soviético urgió al Pentágono a buscar un nuevo enemigo para justificar el presupuesto de la defensa y para mantener sus programas globales de cooperación militar. A lo largo del hemisferio, las fuerzas armadas están llevando a cabo un proceso de restructuración y redefinición de su misión. En Centroamérica, esto ocurre en el contexto del proceso de paz regional y los de reconciliación nacional. Edgar Celada describe el curso que la restructuración está tomando, con un enfoque especial en Guatemala.
Casi sin excepción, el problema del tráfico de drogas entró, de alguna manera, en el discurso militar durante este proceso. De cualquier modo, el involucramiento en operaciones antidrogas fue implementado lentamente, bajo ciertas reservas, y en varios países bajo severas críticas. Detección aérea y reuniones de inteligencia fueron las tareas primarias en las que personal militar se involucró, paso a paso, en muchos países. Pero cada paso fue tomado bajo presión considerable desde Washington, y fue sustancialmente diferente de país a país, dependiendo del contexto local, de los problemas y la naturaleza política del gobierno de ese entonces.
En el caso de Perú, por ejemplo, después de fuertes objeciones iniciales a cualquier involucramiento militar, el presidente Alberto Fujimori anunció, en 1992, la incorporación de las fuerzas armadas en actividades antidrogas, asignándoles un fuerte papel. De cualquier forma, al final de 1995, esta decisión dió marcha atrás nuevamente por algunas razones, como es explicado en detalle por Ricardo Soberón.
Seguridad continental
La tendencia a la globalización económica y las diferentes iniciativas en el hemisferio encaminadas a la integración regional y subregional (TLC, Mercosur, Sistema de Integración Centroamericana, Pacto Andino, CARICOM) aceleran la transnacionalización de estructuras coordinadas para propósitos antidrogas. Desde el punto de vista militar, la misión antinarcótica es el único vehículo disponible que permite una intensificación de colaboración interfronteriza.
Otros temas que han salido a flote en la seguridad de la post-guerra fría son el terrorismo internacional, la inmigración ilegal y las medidas coyunturales contra Estados rebeldes como Cuba; pero el tema de las drogas encabeza la lista. Como afirmó el secretario de Defensa estadounidense, William Perry, en la segunda reunión hemisférica (exceptuando a Cuba) de ministros de Defensa, en Bariloche en octubre de 1996: "el tráfico de drogas tiene una naturaleza internacional, no respeta fronteras y pone las autoridades nacionales en una tremenda desventaja para confrontarlo".
La reunión ministerial consultativa inaugurada el año anterior en Williamsburg, Estados Unidos, y su tercera sesión en 1997 está planeada para tomar lugar en Cartagena, Colombia, aún con la decertificación de ese país. (2)
En la redefinición ideológica del papel asignado al ejército, para lo cual la reunión anual es la arena perfecta, el viejo concepto de Seguridad Nacional viene a ser gradualmente reemplazado por una definición de seguridad continental. Esto es analizado con más detalles por Adriana Rossi en su artículo Argentina, ¿futuro gendarme de América?Como fue el caso con la vieja doctrina, de nuevo las fuerzas armadas argentinas pueden ser asignadas con un papel especial para difundir la implementación de esta doctrina a otras partes del continente.
Cuando Bush lanzó la idea de formar una fuerza militar multilateral para combatir las drogas en América Latina, en la Cumbre de San Antonio, en 1992, la idea fue totalmente rechazada por su intromisión en la soberanía nacional. La última expresión de un concepto de seguridad continental, de cualquier manera, resurgió en la reunión de Bariloche, esta vez tácticamente más discreta, a través del ministro de la Defensa colombiano, Juan Carlos Ezguerra Portocarrero.
Otras dos propuestas concretas en la mesa de Bariloche vinieron directamente del secretario de la Defensa William Perry. La primera proponía establecer en territorio estadounidense un centro de entrenamiento militar especializado en actividades contranarcóticos; la segunda mejorar la corriente de inteligencia militar en el hemisferio relacionada con el tráfico de drogas, mediante su procesamiento a través del Pentágono.
Las reacciones de los colegas latinoamericanos de Perry deben haberlo decepcionado. Especialmente Argentina, Chile, Brasil, México y Uruguay expresaron serias objeciones a cualquier cooperación militar mayor en el caso de las drogas, y de nuevo rechazaron la idea de una fuerza multinacional. En las palabras del Sub-Secretario de Relaciones Exteriores mexicano, encargado de las Relaciones Multilaterales, Sergio González Gálvez: "desde ningún punto de vista será apoyada la moción para el contigente multinacional, porque viola los principios de la autodeterminación". (3)
Aproximación equilibrada
Justo una semana después, el 16 de octubre de 1996, en Buenos Aires, la Comisión cuidadoso espíritu en el acercamiento al problema de las drogas. Un equilibrado paquete de recomendaciones basadas en el principio de responsabilidad compartida, dándole prioridad a demandar reducción y cuidado médico, dándole igual peso a drogas químicas y farmacéuticas comparadas con drogas de origen natural.
Para el tema de la producción da importancia a temas como el desarrollo alternativo y la erradicación de la pobreza, dándole especial atención a precursores y control del lavado, etc.
Expresa preocupación acerca de la presión para implementar medidas represivas y la violación de la soberanía es explícitamente mencionada: "En el caso de las drogas de origen natural, medidas comprensivas como desarrollo alternativo, reforzamiento de la ley y erradicación, entre otros, podrían ser aplicados. Estas medidas serán aplicadas con respeto a las condiciones y circunstancias particulares de cada país. Será la exclusiva responsabilidad de cada Gobierno el determinar, construir y respaldarlas de acuerdo con sus programas nacionales y el orden legal interno".
El controversial tema de las fumigaciones aéreas, fuertemente promovidas por Washington y en 1996 aplicados en los mismos Estados Unidos, México, Guatemala, Belice, Panamá, Colombia (provocando un rebelión masiva), Venezuela y (muy recientemente) en Perú, es totalmente ignorada, aparte de la referencia a que "en la ejecución de programmas de reducción de abastecimiento, los países darán especial atención a los aspectos ecológicos del problema, para así proveer protección para el ambiente" (punto 24).
En el capítulo de Medidas de Control, no se hace referencia al posible papel del ejército. La única pista indirecta puede ser encontrada bajo el punto número 38, que dice:"Los países del hemisferio reconocen además, que la implementación de programas nacionales y la cooperación internacional efectiva en el área de intercambio de información, entrenamiento y la conducción de operaciones para detectar, perseguir y confiscar estos envíos ilícitos son aspectos importantes de una estrategia comprensiva para ser desarrollada con el debido respeto por la soberanía y la integridad territorial de cada país".
Una aproximación equilibrada similar se refleja en las políticas antidrogas europeas hacia Latinoamérica, a las que usualmente se conoce como el contrapeso en la región para la aproximación militarizada estadounidense. El enfoque es hacia el comercio y medidas para el desarrollo, como el sistema comercial preferencial para los países andinos y centroamericanos, o la ayuda para reforzar el sistema legal y dar apoyo a programas de prevención y salud para reducir el consumo de drogas.
Generalmente se evita el apoyo directo para aspectos controversiales como la erradicación forzada, la fumigación aérea u operaciones militares. La mayoría de la ayuda europea con fines antinarcóticos para Latinoamérica es conducida a través de Programa de Control de Drogas de Naciones Unidas.
Por muchas razones, sin embargo, no se pueden sacar conclusiones sólidas de esta cuidadosa aproximación. Primero, la crítica directa de Europa de las políticas estadounidenses hacia Latinoamérica es bastante rara, aunque esto contradiga otras áreas de la política de desarrollo europea.
Segundo, Europa casi no ha tenido intereses estratégicos serios en Latinoamérica, lo que evita que el asunto de las drogas se mezcle con temas de seguridad, lo cual es claramente el caso de la política estadounidense en cuanto a drogas en la región. Para Europa, esos intereses descansan en otros lugares, por lo que el riesgo de mezclar las agendas de drogas y seguridad se corre en otras regiones, notablemente en Magreb, Turquía, Europa del Este y los Balcanes.
Tercero, el proceso de unificación europea no ha alcanzado todavía una etapa de armonía en las políticas exteriores y de seguridad entre los países miembros. El Tratado de Maastricht anticipa una Política de Relaciones Exteriores y de Seguridad Común, mencionando explícitamente el problema de las drogas como un posible terreno de acción conjunta.
Todavía está por verse en qué dirección puede desarrollarse, esto especialmente en las áreas estratégicas. Mientras tanto, hay muy poca información disponible acerca de actividades antidrogas tomadas por Estados miembros individualmente. Pero existen ejemplos claros de cooperación más allá de la equilibrada aproximación encontrada en documentos de política europea, como los aportes de Gran Bretaña para las patrullas UMOPAR, en Bolivia, o el empleo de SAS británicos en Colombia. (4)
El balance cambia
A pesar de muchas declaraciones de buenas intenciones, basadas en el compromiso diplomático, 1996 ha visto un número de disturbios que indican claramente que las tendencias en el campo y en las negociaciones mediante canales militares se mueven en otra dirección. Según parece, las negociaciones bilaterales, bajo la presión de condicionar otras medidas de la política estadounidense, a cambio del mayor involucramiento militar en la guerra antidroga, han traído casi un rompimiento en la renuencia de los ejércitos latinoamericanos a comprometerse.
Recompensas especiales se proporcionaron en la segunda parte de 1996, bajo la forma de mayor presupuesto estadounidense para estos propósitos, paquetes de ayuda militar especial (incluyendo helicópteros armados para México), el levantamiento de la barrera para proveer directamente a las Fuerzas Armadas peruanas de equipo militar, para Argentina un probable acceso a la última generación de armamento (ciertos tipos de aviones y misiles), y la posibilidad de una gran venta de helicópteros armados a Colombia (ver los artículos de Coletta Youngers y Adriana Rossi).
La presión está cobrando su cuota:
La guerra contra las drogas y los derechos humanos
Muchas de las medidas recientes han sido fuertemente atacadas por organizaciones defensoras de los derechos humanos. El paquete militar concedido a México, valuado en 50 millones de dólares, contiene un total de 73 helicópteros Huey, de los cuales, los 20 primeros fueron entregados en noviembre de l996. El contrato, por su puesto, establece que estos no pueden ser usados para propósitos diferentes a las operaciones contra narcóticos, pero oficiales del gobierno han confirmado que carecen de procedimientos de verificación para prevenir que esto suceda.
Y un reporte de GAO, Control de Drogas: Esfuerzos Contranarcóticos en México, publicado en junio de 1996, dice "Durante el levantamiento en el estado mexicano de Chiapas en 1994, varios de los helicópteros proveidos por Estados Unidos fueron usados para transportar personal militar mexicano a la zona del conflicto, lo que fue un violación al acuerdo de transferencia".
En un período donde se levantan tensiones en varios estados mexicanos, esta lección es propensa a ser repetida. El gobierno de Estados Unidos no parece estar muy preocupado por este mal uso de su equipo, sino al contrario. Especialmente desde el establecimiento del TLC, en palabras del secretario de la Defensa ,William Perry: "Cuando se trata de estabilidad y seguridad nuestros destinos están unidos". (5)
En lo referente a Colombia, la situación es aún más preocupante. La historia del director de Amnistía Internacional Estados Unidos, doctor William Schulz, presentada en conferencia de prensa el 29 de octubre de 1996, pinta un siniestro cuadro. Sospechando que la ayuda militar antidroga estadounidense podía ser usada directamente en violaciones a los derechos humanos en Colombia, Amnistía compiló una lista de unidades militares con un historial comprobado de violaciones. Pidió al Departamento de Estado verificar si alguna de estas unidades había recibido equipo militar estadounidense. Amnistía nunca obtuvo una respuesta oficial, pero tres documentos confidenciales que reflejaban la investigación que se seguía fueron filtrados hacia la entidad humanitaria.
En uno de éstos, el coronel D. Hall III, del USSOUTHCOM, dice claramente: "las habilidades de infanteria que las fuerzas estadounidenses de operaciones especiales enseñan para el combate al narcotráfico pueden también ser usados por las fuerzas armadas colombianas en sus esfuerzos narcotraficantes".
Otro de los documentos listaba exactamente las mismas unidades que la de Amnistía, junto con una detallada descripción del equipo militar suministrado por Estados Unidos que habían recibido. Todas, excepto una de las brigadas mencionadas, habían recibido asistencia militar estadounidense. En su contribución, Coletta Youngers provee más antecedentes sobre el fortalecimiento de las relaciones militares Estados Unidos-Colombia, a pesar de la decertificación que sanciona al gobierno civil.
Aunque la situación de Colombia es sin lugar a dudas la peor en el continente, las violaciones a los derechos humanos conectadas con la lucha antidrogas muestran un patrón sistemático, lo mismo que la impunidad endémica que las rodea. El ex agente de la DEA en Guatemala y El Salvador, Celerino Castillo III, brevemente mencionado por Edgar Celada, ha denunciado públicamente varios detalles importantes de violaciones ocurridas mientras él estaba en servicio. Por ejemplo, la contratación del posible asesino del arzobispo Oscar Romero para entrenar una unidad especial antidrogas en El Salvador, o una sesión de tortura a cargo de la G-2 -la inteligencia militar guatemalteca-, la cual él personalmente presenció, y en la que supuestos narcotraficantes terminaron muertos.
Theo Roncken provee una detallada relación de violaciones a derechos humanos conectados con la guerra diaria contra las drogas en Bolivia. Un factor constante de estos diversos ejemplos es la continuación de la impunidad de quienes violaron los derechos humanos durante los días de las dictaduras, en sus actuales tareas antidrogas y -frecuentemente- su involucramiento en el mismo negocio del narcotráfico, trayendo consigo sus sucias prácticas y cultura.
Como muestra el caso boliviano (así como de hecho el mexicano), estas características no están reservadas para los cuadros militares. Aunque Bolivia estuvo dentro de los primeros en permitir legalmente la participación militar (con la firma de los Anexos I, II y III en 1990), la guerra contra las drogas todavía es desarrollada principalmente por unidades especiales de policía, y las Patrullas UMOPAR antinarcóticos, que operan directamente bajo supervisión estadounidense. Son éstas las que están sistemáticamente involucradas en violaciones a los derechos humanos. La militarización en Bolivia, entonces, toma la forma de fuerzas combinadas, como en el caso de las integradas en los dos años anteriores en dos centros de entrenamiento en la región de Chapare, principal productor de coca. Allí se formaron el FELCN y UMOPAR, combinación de policía ecológica y unidades militares.
Crimen político
En situaciones políticamente inestables o en procesos de transición hacia regímenes democráticos, aquellos sectores en la sociedad que se ven amenazados con perder su tradicional base de poder, serán tentados a encontrar fuentes independientes de recursos para resistir la marginalización. Desde la perspectiva de las organizaciones de narcotraficantes -siempre en busca de nuevas y más seguras rutas de comercio- los procesos de transición política ofrecen un período ideal para intervenir y hacer alianzas con los sectores desplazados, frecuentemente miembros del ejército.
Especialmente durante procesos de transición en donde se contempla la desmovilización de una parte de las fuerzas represivas, esto puede resultar en una desestabilizante combinación de crimen organizado y de violencia política. Si las estructuras de crimen organizado existen, no sólo se justifica una razón de ser para el ejército y personal de inteligencia desmovilizado, sino además ofrece a los desmovilizados una infraestructura ideal para seguir empujando su agenda política, aunque estén fuera de servicio.
Siempre ha existido un área gris entre las más oscuras esquinas de las operaciones contrainsurgentes y las estructuras del narcótrafico. (6) Samuel Blixen se adentra aún más en este difícil terreno, al seguir un rastro que se origina en las dictaduras militares del Cono Sur, pasa a través del narcogolpe de García Meza en Bolivia en 1980 y las acciones encubiertas contra el régimen sandinista en Nicaragua, hasta terminar en la jungla chiapaneca.
Precisamente estructuras secretas como ésta, dentro de los aparatos represivos, son las más difíciles de desmantelar, debido a que son ellas las más propensas a semiprivatizar sus fuentes de financiamiento, si fuera necesario, para su sobrevivencia.
En su reporte de 1994, por ejemplo, el Grupo Conjunto en El Salvador (establecido para investigar la reaparición de asesinatos políticos al estilo de los escuadrones de la muerte) afirma que sus investigaciones han abierto "grandes signos de interrogación acerca de las relaciones actuales de personas que habían sido identificados antes con acciones de los llamados `escuadrones de la muerte', con estructuras criminales altamente armadas, dedicadas especialmente a robos de bancos, robo de autos y tráfico de armas y de drogas». La relación entre estas poderosas estructuras y crímenes políticos es descrita como un serio peligro para la estabilidad social y política del país.
Estos grupos de asesinos políticos, envueltos en estructuras criminales, emplean cualquier método corrupto para convertirse en «intocables». La mayoría están todavía conectados a los sectores más reaccionarios del ejército o del aparato de inteligencia, proveyéndoles de cierto grado de protección. Y la aproximación metálica o dorada, una combinación de terror blanco y sobornos -con narcodinero-, completa su capacidad logística de operar con impunidad, similar a la que disfrutaron cuando todavía estaban en servicio.
La motivación detrás de sus acciones se vuelve una indistinguible mezcla de ganancias privadas con compromisos políticos. En el caso de Colombia, varias regiones están totalmente controladas por estructuras paramilitares como éstas (descritas por Ricardo Vargas más adelante) lo cual contribuye a la completa desintegración del Estado nacional. Pequeños estados-narcos como éstos existen en México, y variantes han sido reportados desde Guatemala, Honduras, Perú, Chile, Paraguay, Brasil y en algunas pequeñas islas caribeñas.
Los asesinatos dirigidos contra movimientos populares llevados a cabo por estos grupos, no son los únicos que tienen un efecto desestabilizante. También el crecimiento general de la violencia y la criminalidad común que acompaña su poder tiene implicaciones políticas serias. El sentimiento generalizado de inseguridad que resulta del desenfreno de asesinatos, secuestros, violaciones y asaltos en muchos países latinoamericanos, está alcanzando niveles comparables al nivel de tensión social durante una guerra civil. El clamor popular que llama a medidas fuertes en contra de esta situación, facilita el regreso a gobiernos más autoritarios.
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Alimentando el conflicto armado
Alrededor del mundo, las guerras han alimentado la producción de drogas, y viceversa. La rápida extensión geográfica del comercio ilícito de drogas ha intoxicado casi todos los conflictos armados actuales. Así que no sólo las guerras civiles cercanas a las fuentes tradicionales en Perú, Colombia (ver el artículo por Ricardo Vargas), Burma y Afganistán son las que están llenas del "dinero fácil», sino también las de Liberia, Turquía, Líbano, Senegal, Kashmir, Sri Lanka y en las ex repúblicas soviéticas caucásicas y del centro de Asia. (7)
El factor de las drogas es usualmente desestimado como un catalizador en situaciones críticas de una pre-guerra. La existencia de grupos fuertemente armados involucrados en el negocio de los narcóticos, incrementa seriamente el peligro de un choque armado. Estos grupos pueden encender las crisis y volverlas confrontaciones armadas debido a intereses especiales que intentarán mantener, y su disponibilidad de hacerlo mediante las armas.
Sobre todo, la existencia de estas estructuras de tráfico significa la existencia de canales en el área, a través de los cuales la crisis puede ser alimentada. En todos los recientes casos dramáticos de Bosnia, Somalia, Ruanda y Chechenia hay señales de que este factor ha jugado un papel durante la crisis de la pre-guerra, el inicio de las hostilidades y las primeras etapas del conflicto (8)
Conclusiones
El complejo interdependiente de globalización del negocio ilegal de las drogas y la militarización de estrategias empleadas para contrarrestarlo, ha puesto al frágil proceso de democratización entre dos fuegos. Trae al menos un grado de «daño colateral» al proceso de democratización, que ya no puede ser disgregado, y que obliga a la comunidad internacional a evaluar profundamente los aspectos más represivos de las actuales políticas antidrogas y aún a repensar los principios en que descansa el régimen global de prohibición. La Sesión Especial de Drogas de la Asamblea General de la ONU, programada para junio de 1998, proveerá un foro apto para una evaluación crítica de la viabilidad del curso que el mundo ha tomado para confrontar estos problemas.
Dado su pasado, las contínuas violaciones a los derechos humanos, la endémica impunidad a nivel continental y su involucramiento sistemático con el tráfico de drogas mismo, el ejército debería ser uno de los últimos en ser llamados al combate contra el narcotráfico en muchos países latinoamericanos.
Mientras se redefine su misión y relegitima su papel interno para salvaguardar la democracia contra el destructivo impacto del tráfico ilegal de drogas, los militares deberían estar más atentos al dicho: "Hemos conocido al enemigo... y está en nosotros".
Referencias
1. La Comisión de la ONU sobre Drogas Narcóticas proveyó en noviembre de 1994 el siguiente estimado de la industria global de las drogas ilícitas: «estimaciones conservadoras van desde 400 millardos a 500 millardos de doláres. Esto sería equivalente a aproximadamente un décimo (de 10 por ciento a 13 por ciento) del total del comercío internacional. Seria más extenso que el comercio internacional de petróleo, combustibles minerales y lubricantes, que juntos suman 9.5 por ciento del total del comercio internacional (legal); químicos (9 por ciento del comercio internacional), o comida, animales vivos, bebidas o
tabaco (también 9 por ciento del comercio internacional). Las transacciones de la industria ilícita de la droga serían casi el doble de las transacciones globales de las compañías farmacéuticas (valoradas en US$215 millardos en 1993) y de siete a ocho veces más cuantiosa que lo gastado en asistencia para el desarrollo (US$66.6 millardos en 1993)». Comisión sobre Drogas Narcóticas: Un reporte preliminar: Consecuencias sociales y económicas del abuso de las drogas y su tráfico ilegal, E/CN.7/1995/3
2. El primero de marzo de 1996, el presidente Clinton, siguiendo recomendaciones del Departamento de Estado estadounidense, descertificó a Colombia, junto con Siria, Irán, Afaghanistán, Burma y Nigeria, por no haber mostrado un serio compromiso en la lucha contra las drogas. El criterio para este proceso de certificación anual, es la actuación en las áreas de erradicación de plantaciones, lucha contra la corrupción, extradición a Estados Unidos de sospechosos, reforzamiento a las leyes antidrogas, y medidas legislativas anti lavado. En el caso de Colombia, además, se mencionaron los siguientes argumentos: Colombia se negó a suscribir un acuerdo antinarcóticos marítimo con Estados Unidos, falló en no endurecer las penas para los narcotraficantes, y los líderes del cartel de Cali, fueron capaces de continuar el manejo de su imperio de las drogas desde prisión. Además, la acusación de que el cartel Medellin de había financiado parte de la campaña electoral del presidente Samper fue un importante argumento de fondo. El estatus de descertificado hace que un país sea inelegible para la mayoría de los programas de asistencia bilateral con Estados Unidos y obliga a este país a votar en contra de préstamos multilaterales para esos países en instituciones financieras internacionales. Sanciones adicionales pueden ser introducidas para incrementar la presión en un país, tales como sanciones comerciales o el retiro de visas a oficiales del Estado. La ley específicamente permite continuar cualquier fondo de asistencia estadounidense contra las drogas, por lo que no tiene efecto directo en la cooperación con el Estado en cuestión, en el campo de las operaciones antidrogas. Cuando este folleto se encontraba en proceso de edición, se produjo la decisiòn estadounidense sobre la certificación-descertificación 1997. Nuevamente Colombia no recibió el visto bueno de Washington.(N.de E.).
3. Citado en: «Ministros de la Defensa en Bariloche, En busca del enemigo perdido», por Samuel Blixen, en Brecha, octubre de 1996, Montevideo, Uruguay.
4. Para un tratamiento más extenso de política exterior europea en cuanto a drogas, ver: «Borderline Criminology: External Drug Policies of the EU», por Nicholas Dorn en European Drug Polices and Enforcement, por Nicholas Dorn, Jorgen Jepsen y Ernesto Savona; McMillan Press, Londres 1996; European Drug-Control Policy and the Andean Región, CIIR Discussion Paper No. 6, CIIR Londres, enero 1994; y The Drugs Trade as a Developmental Issue: Proposals for a EU Response, by Andy Atkins, en Trocire Development Review, Dublin, 1996.
5. Citado en: «The Drug War against the Zapatistas», by Jeffrey St. Clair, IPS 14-1-97.
6. Esto está bien documentado para un número de casos. Ver por ejemplo: Complicity in the Global Drug Trade by Alfred W. McCoy, Lawrence Hill Books, Chicago, 1991; y las recientes series del artículos de prensa en el San Jose Mercury News en agosto de 1996, reviviendo la faceta de las drogas en el escá ndalo Irán-contras.
7. Ejemplos pueden ser encontrados en la publicación mensual Geopolitical Drug Dispatch del Observatoire Geopolitique de la Drogue (OGD), París, ISSN 1161-8442.
8. En el caso de Bosnia, por ejemplo, puede ser argumentado que la influencia predominante en el curso de la crisis temprana, por las fracciones más extremistas tanto de los nacionalistas croatas como serbios, estaba relacionada con su involucramiento en la ruta balcánica, transportando heroina desde Turquía hacia el norte de Europa. Una vez que la crisis explotó, estas fracciones instrumentalizaron e intensificaron su involucramiento en el tráfico de drogas para financiar sus ejércitos. Y en la guerra total se desarrolló un involucramiento estatal tanto serbio como croata para apoyar a sus aliados en Bosnia. Como resultado, los tres países se encuentran con una economía seriamente criminalizada y con grupos de criminales políticos llenos de poder, muy difíciles de erradicar.
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