El resultado de las elecciones en Colombia tiene consecuencias, en muchos casos preocupantes, que comienzan a hacerse visibles incluso antes de la posesión del nuevo presidente este 7 de agosto.
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El 17 de junio se realizaron las elecciones presidenciales en Colombia para el período 2018-2022. El candidato de la extrema derecha Iván Duque, que contaba con el respaldo del expresidente Álvaro Uribe, obtuvo 10.373.08 votos (equivalente al 53,98%), ganando a la propuesta de la Colombia Humana, representada por Gustavo Petro, que consiguió el apoyo de 8.034.189 votantes (41,81% de la votación total), quienes esperaban un cambio en la tradicional forma de gobernar el país suramericano.
Esta elección conlleva consecuencias en diferentes aspectos, que comienzan a hacerse visibles aún antes de la posesión del nuevo presidente, que se realiza el 7 de agosto.
En primer lugar, ha crecido exponencialmente la preocupante tendencia de incremento de los asesinatos sistemáticos de líderes y lideresas sociales, luchadoras/es por los territorios, que había aumentado ya desde 2016 luego del cese al fuego y la firma del Acuerdo de La Habana entre el gobierno colombiano y las otrora Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) - convertidas ahora en partido político, denominado Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común.
En julio de 2018, 7 campesinos fueron masacrados en el municipio de Argelia, Cauca, una de las regiones donde históricamente el campesinado y los movimientos étnicos -indígena y afrodescendiente- se han organizado en defensa del territorio frente a inversiones extractivas, y en contra del conflicto armado. Entre enero y junio de 2018, 123 luchadoras/es fueron asesinados en el país.
Con relación a la continuidad del proceso de paz con la FARC, el presidente electo había planteado públicamente su intención de reformar sustancialmente algunos elementos del Acuerdo, particularmente con relación al el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP).
Días antes de la masacre en Argelia, el Congreso de la República reglamentó su funcionamiento, aprobando ajustes profundos propuestos por el Centro Democrático (partido del electo presidente), que implican limitaciones en la evaluación de casos de extradición y para el juzgamiento de miembros del ejército nacional.
De esta manera, se cierran las posibilidades para una justicia integral, que también actúe respecto a los crímenes de Estado y, ligado a ello, para un proceso de reconstrucción de memoria y de verdad que incluya las confesiones de la fuerza pública y revele sus motivaciones y conexiones.
Podríamos referirnos al momento actual como un cambio de época, que no sería posible sin el proceso previo de construcción y fortalecimiento de los movimientos sociales y populares que ha tenido lugar durante décadas.
Sin embargo, y pese al desalentador panorama que se despliega con la victoria de la ultra derecha, es importante plantear aquí una gama de posibilidades que surgen como resultado de estos años de debate público y después de la confrontación electoral de 2018.
Es indispensable empezar señalando la importancia de los 8 millones de votos que apoyaron una propuesta fuera de la tradición bipartidista liberal-conservadora, que, en sus múltiples expresiones, ha gobernado al país desde su nacimiento como República en 1819.
Por primera vez, una propuesta política alcanzó una votación tan alta sin acudir a la compra de votos, presiones armadas o a otras estrategias fraudulentas y clientelistas.
Este hecho marca una nueva época en la contienda por el poder gubernamental, en la construcción de poder popular y, en suma, en el ejercicio de la política.
Podríamos referirnos al momento actual como un cambio de época, que no sería posible sin el proceso previo de construcción y fortalecimiento de los movimientos sociales y populares que ha tenido lugar durante décadas, pero con mayor enraizamiento desde la aparición de la Minga Indígena Social y Comunitaria en 2005, como expresión de procesos organizativos populares para la reivindicación de los derechos y la defensa del territorio. También es necesario hacer mención de la dejación de armas de las otrora FARC.
Estos dos procesos han ampliado las posibilidades para la consolidación de articulaciones entre organizaciones y movimientos sociales, han permitido la participación en política de sectores invisibilizados históricamente y, en consecuencia, han posibilitado la re-organización de fuerzas en el campo popular.
Esta nueva posibilidad organizativa se ha expresado también en las dinámicas del debate público electoral y trasciende el campo de las discusiones entre movimientos y organizaciones sociales, con tres elementos que consideramos fundamentales, a saber:
Un mes después de la elección presidencial, los anuncios sobre reformas a la política económica, social y al sistema judicial, así como la composición del nuevo gabinete de gobierno, perfilan algunos de los temas que harán parte de la agenda de resistencias en el período 2018-2022:
El quehacer organizativo
Frente a estas amenazas a los derechos de la población colombiana, es preciso imaginar las formas en las que los 8 millones de votos por la Colombia Humana, como expresión en las urnas del rechazo a la política tradicional, pueden convertirse efectivamente en una propuesta de organización social y política.
Frente a las amenazas que se vislumbran con el retorno del uribismo y sus estructuras al poder gubernamental nacional y territorial, las fuerzas democráticas populares deben redoblarse y unirse para la coordinación de acciones de defensa de la vida.
Una primera propuesta consiste en la búsqueda del poder gubernamental en el nivel local y regional, especialmente en los departamentos y municipios donde la propuesta de la Colombia Humana obtuvo la mayoría de votos.
Ante el control del gobierno en el plano nacional, con estructuras características de la ultra derecha, se hace necesario consolidar poderes locales y encontrar las fisuras al modelo antidemocrático en escenarios territoriales.
Para esto es imprescindible avanzar en lo local en el intercambio y la construcción de propuestas desde el campo y la ciudad, reconociendo el rol del campesinado y las comunidades étnicas como sujetos políticos, históricamente invisibilizados.
Partiendo de esa base, es posible ir más allá en la definición colectiva de las propuestas planteadas en la campaña presidencial, en un siguiente paso de territorialización del ejercicio de construcción programática y articulación de la izquierda colombiana.
Ello exige debatir algunos aspectos de las propuestas del candidato presidencial Gustavo Petro que no son compartidos por organizaciones y movimientos populares. Por ejemplo, la idea de que la agro-industria debe estar en el centro del desarrollo económico del país contradice la defensa de la economía campesina como eje de la producción y organización en lo rural.
Así mismo, la posibilidad de mercantilizar la naturaleza como una alternativa al modelo minero-energético es inviable desde el punto de vista del ambientalismo radical, pues constituye otro mecanismo más para el control corporativo de los territorios, con una apariencia verde.
Además de los debates necesarios sobre las propuestas de la Colombia Humana, la coyuntura actual requiere sostener las articulaciones de sectores sociales y políticos en torno a los acuerdos alcanzados, avanzar en un debate programático desde la participación popular y, al mismo tiempo, evitar nuevas dispersiones y divisiones que afecten la correlación de fuerzas alcanzada en el ejercicio electoral.
Frente a las amenazas que se vislumbran con el retorno del uribismo y sus estructuras al poder gubernamental nacional y territorial, las fuerzas democráticas populares deben redoblarse y unirse para la coordinación de acciones de defensa de la vida, y para la resistencia que, en el contexto colombiano, es tan importante como la arremetida de la ultra derecha.
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