Extractivismo y privilegios corporativos en la era Milei Un análisis del Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI)

En primer lugar, para comprender las implicancias del RIGI es necesario situarlo en el marco jurídico de protección de las inversiones construido desde los años noventa. Los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI) que Argentina firmó con 54 países desde los años noventa (48 de estos en vigor actualmente) otorgaban protecciones significativas al capital extranjero: estabilidad jurídica, acceso a arbitraje internacional, protección contra expropiaciones (directas e indirectas), trato nacional, trato justo y equitativo, entre otros privilegios.1

Pero en agosto de 2024 entró en vigor el RIGI, pieza central de la Ley Bases del gobierno de Javier Milei. El RIGI representa un salto cualitativo en la lógica construida desde los años noventa. Mientras los TBI protegían únicamente a capitales provenientes de países específicos con los que Argentina firmaba los tratados bilaterales, el RIGI extiende estos privilegios a todos los capitales del mundo, nacionales y extranjeros por igual. Además, amplía significativamente la cobertura de la protección, creando un régimen que trasciende los marcos tradicionales del derecho internacional de inversiones.

Para adherir al RIGI, las empresas deben invertir más de 200 millones de dólares en ocho sectores específicos: petróleo y gas, minería, energía, foresto-industria, turismo, infraestructura, tecnología y siderurgia. Por su parte, para los denominados "Proyectos de Exportación Estratégica de Largo Plazo", el piso se eleva a 2.000 millones de dólares.

El plazo para adherir al régimen vence en agosto de 2026, aunque el Poder Ejecutivo tiene la potestad de extenderlo por un año más, creando un sentido de urgencia que favorece las decisiones apresuradas y la renuncia a condicionamientos más estrictos.

Tras un año de RIGI, los datos confirman rotundamente su carácter primario-extractivo. Según información del Observatorio del RIGI (una iniciativa de organizaciones civiles y académicas de Argentina), a un año de su implementación se recibieron 19 proyectos por más de 30 mil millones de dólares: 7 fueron aprobados (por 13.067 millones de dólares), 1 fue rechazado y el resto continúa en evaluación.2 Los proyectos aprobados se distribuyen en hidrocarburos (2), minería (2), energía renovable (2) y siderurgia (1). En el sector de hidrocarburos, las principales inversiones se orientan a la construcción de infraestructura para la exportación, sector que concentra los montos más elevados. En minería, el cobre y el litio lideran las iniciativas presentadas, con proyectos localizados principalmente en las provincias de San Juan, Salta y Catamarca.

Lejos de diversificar la matriz productiva argentina, el RIGI profundiza la dependencia extractivista del país, consolidando su rol de proveedor de materias primas en las cadenas globales de valor sin posibilidades de ascenso industrial.

Pese a la retórica oficial sobre creación de empleo masivo, los números revelan la limitada capacidad de estos proyectos para generar trabajo. Se estima que los 19 proyectos podrían generar cerca de 6.000 empleos directos y 20.000 indirectos, aunque son números difíciles de sostener dada la escasa transparencia de la información oficial. Por ejemplo, el proyecto Rincón de Rio Tinto estima 2.500 trabajadores durante la construcción y 1.000 en operación. Estas cifras contrastan dramáticamente con las necesidades de empleo de un país que enfrenta crecientes niveles de desocupación.

El RIGI otorga a las corporaciones beneficios sin precedentes en la historia argentina. El primer pilar de este régimen privilegiado es la estabilidad fiscal blindada, que garantiza que no se aumentará la carga tributaria por 30 años, un periodo que trasciende múltiples ciclos electorales y gobiernos. Esta garantía representa una renuncia extraordinaria de la capacidad fiscal del Estado, subordinando las decisiones de política económica a los intereses de las corporaciones.

Las exenciones en importaciones y exportaciones permiten que las empresas adheridas importen desde maquinaria compleja hasta elementos básicos como ropa de trabajo, sin generar demanda para proveedores locales ni contribuir al desarrollo de cadenas de valor nacionales. Esto anula cualquier posibilidad de que las grandes inversiones dinamicen el entramado productivo local, consolidando una lógica de enclave que desconecta a las grandes corporaciones de la economía nacional.

En el plano cambiario, el régimen otorga privilegios excepcionales mediante el acceso gradual a la libre disponibilidad de divisas por exportaciones, comenzando con un 20% el primer año, elevándose al 40% el segundo y alcanzando el 100% a partir del tercero. Este beneficio resulta extraordinario en un país que históricamente enfrenta restricciones cambiarias y donde el acceso a divisas constituye uno de los principales cuellos de botella para el desarrollo económico. Mientras los sectores productivos tradicionales y las pequeñas y medianas empresas enfrentan limitaciones para acceder a divisas, las corporaciones del RIGI gozan de libertad cambiaria prácticamente irrestricta.

Las exenciones tributarias configuran otro aspecto central del régimen privilegiado. La reducción del impuesto a las ganancias del 35% al 25% representa una transferencia directa de recursos desde las arcas públicas hacia las empresas. Adicionalmente, el pago del IVA mediante certificados de crédito fiscal transferibles, la eliminación de retenciones por tres años y el cómputo total del impuesto al cheque como crédito en Ganancias configuran un paquete fiscal que efectivamente subsidia a las empresas en detrimento de la recaudación estatal.

Por otra parte, la protección de las inversiones no se limita al orden jurídico. Uno de los aspectos más inquietantes del RIGI es la creación del Comando Unificado de Seguridad Productiva, que pone fuerzas federales al servicio de la protección de emprendimientos privados. Esta medida representa una militarización del territorio en función de intereses corporativos, subordinando la seguridad pública a la seguridad de las inversiones privadas y configurando un precedente peligroso para la democratización del espacio público.

Un elemento central del RIGI es que amplía los derechos otorgados a los inversores a través de los TBI. Mientras estos tratados solo protegen a capitales de países específicos con los que Argentina tiene tratados bilaterales, el RIGI “democratiza” estos privilegios para todos los capitales del mundo. Esta extensión tiene implicaciones geopolíticas profundas. Inversores de países que tradicionalmente han tenido menor acceso a protecciones internacionales ahora gozan de las mismas garantías que capitales de naciones con una larga tradición de TBI con Argentina. Más significativo aún, los capitales nacionales obtienen derechos que tradicionalmente solo tenían los extranjeros, incluyendo acceso a foros de arbitraje internacional como el CIADI (Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones).

Esto significa que una empresa argentina adherida al RIGI puede demandar al Estado argentino en tribunales internacionales, algo impensable en el marco jurídico tradicional. Esta información es relevante cuando se considera que YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), empresa con mayoría accionaria estatal (51% en manos del Estado argentino), es una de las más activas beneficiarias del RIGI con tres proyectos aprobados: el Parque Solar El Quemado en Mendoza a través de YPF Luz, su participación como accionista en VMOS SA para el Oleoducto Vaca Muerta Sur, y su activo rol en el proyecto de gas natural licuado (GNL) del consorcio Southern Energy, del cual un 25% corresponde a YPF (y que implica una gigante inversión de 6.878 millones de dólares en sus diferentes etapas). En definitiva, la gran novedad es que el Estado argentino, a través de YPF, puede potencialmente demandarse a sí mismo en tribunales internacionales si considera que sus propias políticas afectan los intereses de la empresa estatal.

El RIGI materializa la subordinación de la política económica argentina a los intereses del gran capital y del proyecto extractivista, comprometiendo gravemente la sustentabilidad ambiental de territorios enteros y cercenando la capacidad de acción estatal por tres décadas. En un contexto de crisis climática global y disputas geopolíticas crecientes, este régimen profundiza un modelo primario-exportador dependiente que ha demostrado históricamente su incapacidad para resolver los problemas estructurales de pobreza y desigualdad en América Latina.

De este modo, el RIGI argentino puede servir como advertencia para el resto de los países latinoamericanos sobre los riesgos de la nueva ola de marcos normativos "amigables" con las inversiones que proliferan en la región, los cuales amplían el marco de protección de los TBI. Esta tendencia, que incluye desde los "contratos de estabilidad jurídica" que se han firmado en Colombia desde 2006, hasta las "zonas económicas especiales" en Perú con el Puerto de Chancay (y la creación de un hub logístico y comercial), pasando por las normativas de países como El Salvador y Honduras que prevén el arbitraje para todos los inversores extranjeros (más allá de la existencia de TBI específicos) en sus leyes nacionales de inversiones. 

Todas estas nuevas normativas representan la evolución de los mecanismos de protección de inversiones hacia formas más restrictivas de la capacidad regulatoria estatal. Mientras los países latinoamericanos compiten para ofrecer condiciones cada vez más ventajosas al capital externo para los proyectos extractivos, se produce una carrera hacia el fondo que consolida patrones de dependencia estructural y de violación sistemática de derechos humanos y ambientales. Se perpetúan así las relaciones asimétricas que han caracterizado históricamente la inserción latinoamericana en la economía mundial.