El escalamiento del paro y de la movilización social de noviembre de 2019 se interrumpió con la llegada del Estado de excepción decretado bajo la pandemia y sirvió en 2020 al ya ilegítimo gobierno de Duque para desmovilizar a la población, y a las fuerzas ilegales de ultra derecha les cayó como anillo al dedo para perpetrar asesinatos y masacres sistemáticas. En 2020 se registraron 91 masacres, en las que murieron 381 personas.8
Así, la crisis en Colombia data de décadas anteriores a la pandemia, pero la aplicación extrema de la doctrina neoliberal a partir de la crisis de la salud favoreció al gran capital y profundizó una situación ya de por sí crítica para los sujetos políticos populares.
Detonadores del paro y de los levantamientos
El momento puntual de levantamientos populares responde a una serie de factores históricos y coyunturales, de los cuales resaltamos:
i. La propuesta de reforma tributaria presentada por el Ejecutivo al Congreso de la República, e ideada por el en ese entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla,11 incluía gravar la canasta familiar, los servicios públicos y el servicio de internet con 19% de Impuesto al Valor Agregado (IVA). También se pretendía obligar a declarar impuesto a la renta a la población que obtiene más de dos salarios mínimos mensuales (aproximadamente USD 600).12 Todo esto constituye un claro ataque a la clase media, ya de por sí desaparecida en Colombia, obligando a la clase trabajadora a pagar las consecuencias de la pandemia, mientras el gobierno continúa promoviendo políticas y subsidios que favorecen a las ETN y al sistema financiero nacional e internacional.
ii. Una nueva reforma a la salud para ampliar su privatización y otorgar más responsabilidades a las Entidades Promotoras de Salud (EPS)13 empresas que a partir de la ley 10014 han privatizado la prestación del derecho a la salud, convirtiéndola en un negocio y precarizando la vida de la población general.
iii. Una reforma laboral15 de facto con recorte de derechos, disminución de salarios, con desconocimiento y ataques a la libertad sindical y a la negociación colectiva, bajo el argumento de la generación de incentivos a las empresas para la creación de empleos, lo que se traduce en mayores exenciones a las empresas, que deben ser pagadas por las/os trabajadoras/es.
iv. Las respuestas autoritarias del gobierno Duque a la protesta social, que ya en 2019 habían cobrado la vida del joven Dylan Cruz a manos del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) de la policía; la violencia policial de septiembre de 2020 que cobró la vida de Javier Ordónez a manos de patrulleros de la policía de Bogotá, lo que dio origen a levantamientos populares que el año pasado en la capital dejaron como resultado 11 civiles masacrados presuntamente por la fuerza pública.
v. Los anuncios y estrategias del gobierno para reanudar la aspersión aérea de los denominados cultivos de uso ilícito16 y el adelanto de pilotos de fracking17 incumpliendo una vez más las promesas públicas presentadas por Duque durante su campaña a la presidencia.18
vi. La continuidad y profundización del racismo histórico, que desconoce el carácter mismo de ciudadanas/os a las/os indígenas como sujetos de derechos. Ello se expresó incluso en el llamado que hizo el presidente Duque a que las caravanas indígenas regresaran a sus resguardos19, frente a las acciones de violencia por parte de civiles en el marco del paro.
vii. La exclusión histórica y continuada de campesinas/os, afrodescendientes y comunidades tradicionales que, así como las/os indígenas, no son consideradas sujetos de derechos, son víctimas de las políticas neoliberales de liberalización comercial, del acaparamiento de tierras y de la continua violencia que tiene expresión en zonas rurales.
viii. Y todo lo señalado respecto a los asesinatos y masacres sistemáticas de líderes/as sociales y excombatientes a partir de la retoma del poder por parte de la ultra derecha que Duque representa.
Desde el 28 de abril, momento en que inició el paro nacional, la respuesta desmedida y criminal del gobierno colombiano ha dado como resultado (hasta el 2 de junio): 1248 víctimas de violencia física presuntamente cometida por la policía, 45 asesinatos presuntamente cometidos por miembros de la Fuerza Pública, 1649 detenciones arbitrarias en contra de manifestantes, 705 intervenciones violentas en el marco de protestas pacíficas, 65 víctimas de agresiones oculares, 187 casos de disparos de arma de fuego, 25 víctimas de violencia sexual por parte de la fuerza pública.20
El tratamiento de guerra dado al paro nacional lo transformó en un levantamiento popular ya próximo a cumplir un mes, que ha generado una crisis institucional sin precedentes que, además del cuestionamiento a la gobernabilidad a través del uso de la fuerza, llevó a la renuncia del ministro de hacienda Alberto Carrasquilla y su viceministro, de la ministra de relaciones exteriores, Claudia Blum, del comisionado de paz, Miguel Ceballos -dedicado en los últimos años a promover la guerra-, al retiro por parte del Ejecutivo de la reforma tributaria, al hundimiento de la reforma a la salud en el Congreso, a la pérdida de la sede para la realización del torneo de futbol denominado Copa América, entre otras consecuencias.
Aunque ha sido generalizado el rechazo a la violencia desatada por el gobierno Duque contra la movilización popular, sigue siendo necesaria la solidaridad internacionalista permanente, y la veeduría y seguimiento de parte de organismos internacionales, oficiales y no oficiales, que ha sido clave para romper los cercos mediáticos utilizados por el gobierno para continuar violando los derechos de los pueblos mientras desata una ofensiva diplomática internacional para minimizar la crisis y ocultar los asesinatos de civiles a manos de la fuerza pública, entre otras atrocidades. El llamado y la presión internacionales han sido fundamentales para que la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos fuese solicitada y aceptada, no obstante la negativa inicial del gobierno.
Matices político – sociales
No es posible comprender la crisis, las posibilidades de superación y las perspectivas políticas señalando con ligereza la existencia de dos ‘bandos’ en confrontación, como se ha presentado desde algunos medios de comunicación masivos y afines al gobierno.21 No existe simplemente un único sujeto político agrupado en el Comité Nacional de Paro (CNP), que para la confrontación con el gobierno haya coordinado y construido unidad sectorial de los diversos sujetos políticos en movilización. De hecho, el CNP -constituido por algunas agremiaciones de maestros, representantes estudiantiles, voceros de sindicatos, entre otros- ha reconocido no representar a la totalidad de la población movilizada,22 al tiempo que ha sido cuestionado por sujetos políticos populares colectivos que han enfatizado que dichas/os representantes no son quienes tienen a la mayoría del pueblo movilizado en las calles,23 en las primeras líneas de acción.
Si bien el paro iniciado el 28 de abril contaba con una convocatoria lanzada por el CNP, el ejercicio de movilización desbordó las orientaciones de ese Comité que no logró controlar las formas de infiltración de la derecha que resultaron en actos vandálicos, saqueos, y escenas caóticas difundidas ampliamente por los medios de infantilización regresiva,24 que intentaban deslegitimar el derecho a la protesta pacífica al enseñar al mundo las acciones violentas que las mismas fuerzas policiales y militares orquestaron y pretendían atribuir a las/os manifestantes.25 Estrategia no del todo exitosa, pues las denuncias de brutalidad policial, con material probatorio audiovisual grabado por las/os manifestantes y difundido en redes sociales, lograron captar la atención de la comunidad internacional y demostrar que el gobierno entendió la movilización pacífica como un escenario de guerra total en la que permitió el uso de la fuerza excesiva y desproporcionada.26
Lo que inició como un paro nacional, con el transcurso de los días y ante el tratamiento de guerra de parte de Duque, se convirtió en un estallido social que derivó en un levantamiento popular no orientado ni controlado por representaciones previas, ni con intereses unitarios o compartidos con las/os “representantes” oficiales ante el gobierno (mucho menos orientado por articulaciones electorales como la “Coalición de la Esperanza”, de centro derecha, que inicialmente rechazó las manifestaciones27 y durante el paro se presentó como interlocutora con el gobierno).28 Dichas/os “representantes” en 2019 también fueron cuestionados por su capacidad de movilización efectiva y por las negociaciones sostenidas con el Ejecutivo, dispersas, unilaterales y sin correlación de fuerza popular en las calles.
El protagonismo del levantamiento popular es de las/os jóvenes, quienes ya desde el 2019 venían articulándose con propuestas de asambleas y comités barriales, cabildos abiertos,29 y formas de organización desde lo local hacia lo municipal, departamental y nacional. Sin embargo, la organización popular para la disputa de la arena política y la construcción de las soluciones de y desde los pueblos no es un proceso lineal con resultados a corto plazo, precisamente porque implica la participación social-popular abierta, el reconocimiento de procesos organizativos existentes (organizaciones del campo popular: campesinas, indígenas, sindicales, afrodescendientes, urbanas), con una construcción y acumulado históricos, al tiempo que reconoce la constitución de nuevos sujetos y exige evitar a toda costa representaciones artificiales, como las de sectores que traen una lectura desactualizada y presentan demandas anacrónicas de la mal llamada “burguesía nacional”, como si esta fuera opuesta al poder corporativo transnacional. Esos sectores resultan funcionales al gobierno para llegar a acuerdos que nunca se hacen efectivos, pero que permiten fragmentar al campo popular y negociar sin avanzar hacia transformaciones estructurales.
El protagonismo juvenil es la respuesta a la precariedad que se ha exacerbado con la crisis de la salud y que se manifiesta en la falta de oportunidades para vislumbrar la construcción de un futuro digno basado en la educación y la salud públicas, gratuitas y de calidad; por la falta de acceso a empleos no precarizados y con todas las garantías de trabajo digno, y ante la ausencia de implementación de una verdadera renta básica universal, que avance hacia una protección y seguridad social más allá de las capacidades contributivas, con la salud y la educación como derechos fundamentales garantizados por el Estado.
Brilla por su ausencia en el levantamiento popular un sector del auto denominado ambientalismo, que durante la pandemia ha demostrado su desconexión con la lucha territorial. Más allá de la virtualidad discursiva y las redes sociales, no ha aportado orgánicamente a las luchas de los sujetos políticos populares territoriales ubano-rurales. La inercia del éxito que caracterizó a ese sector del ambientalismo colombiano en décadas pasadas, hoy parece pasarle factura. Está ausente su capacidad para entregar investigación, análisis y contribuciones necesarias para incluir la cuestión ambiental en una agenda popular de negociación del levantamiento. No obstante, las luchas ambientales están directamente relacionadas con las reivindicaciones centrales del levantamiento popular colombiano y las/os protagonistas para llevar sus banderas hoy son sujetos políticos territoriales, que no cuentan con el apoyo real de organizaciones que siguen lucrándose con la cooperación internacional, mientras las luchas concretas se desarrollan en difíciles condiciones enfrentando conflictos por la ocupación y devastación territorial y la pérdida de medios de subsistencia en espacios urbanos y rurales.
La disputa política en Colombia no es binaria, lo que quizá complejiza las salidas a la crisis, pero a su vez devela que la representación de las luchas populares no puede restringirse a sectores retardatarios que desconocen las nuevas visiones de sujetos políticos emergentes organizados también espontáneamente y/o en el continuo histórico de sus levantamientos. La posibilidad de negociación depende de la construcción unitaria de un pliego que incluya las reivindicaciones de quienes han protagonizado y quienes protagonizan hoy la lucha, y depende también de que las voces de esos sujetos sean escuchadas en un proceso de negociación amplio que no esté influenciado y manipulado por el patriarcalismo reinante en los sectores que se atribuyen las vocerías binarias.
Prospectiva
A un año de la primera vuelta electoral para la presidencia 2022 – 2026, el levantamiento actual puede reconfigurar la tendencia histórica en la que, durante la existencia de Colombia como República, se ha asegurado la victoria de la derecha colombiana. Esto dependerá de la capacidad de lectura y convocatoria de sectores desmarcados del mal llamado “centro” que además de levantar falsas banderas verdes resulta funcional a las estrategias divisionistas de la derecha, con quien comparten visiones estratégicas de país.
Más allá de los nombres o de las figuras que se presentarán a las próximas elecciones, la posibilidad de transformación depende necesariamente de la capacidad de escuchar las reivindicaciones de los sujetos populares colectivos y reconocer y sumar sus demandas a propuestas para transformaciones estructurales del Estado colombiano y hacia la construcción participativa de políticas públicas que permitan una recuperación justa en medio de la crisis. Lo que por supuesto no está en la perspectiva de la derecha -en todas sus manifestaciones de centro, verdes, etcétera- que continúa imponiendo la doctrina neoliberal a cualquier costo de vidas humanas y de desestabilización social y aumento del hambre y la miseria en Colombia.