Salidas del sistema de protección de inversiones
Temas
En los últimos años hemos visto que la transición energética global depende de la disponibilidad de minerales esenciales para producir y almacenar energías renovables. Esto ha derivado en la profundización del extractivismo en países del Sur global, principalmente América Latina y África. Sin embargo, algunos países han visto en este contexto la oportunidad de industrializar sus recursos antes de exportarlos como materias primas. Es decir, agregar valor a partir del procesamiento de los minerales en sus territorios, para producir componentes de baterías o piezas necesarias para la generación de energías limpias. No obstante, se enfrentan a muchos desafíos, como la necesidad de inversión y tecnología, pero también a las barreras impuestas por acuerdos comerciales con potencias mundiales, a quienes solo les interesa importar materias primas y no generar procesos de industrialización en los países que poseen estos recursos.
Hemos visto el caso de Indonesia, un país que el año 2014 decidió restringir la exportación de níquel y otros minerales sin procesar. Otro caso que vimos es el de México, que nacionalizó su litio el año 2022, dándole la categoría de recurso estratégico bajo control estatal. En ambos casos, se generaron controversias comerciales y amenazas de arbitraje.
En Sudamérica está el caso de Chile, que en el año 2023 anunció planes para una mayor participación estatal en la industria, algo que podría derivar en una demanda si las empresas se sienten obligadas a transferir tecnología o industrializar el litio en el territorio nacional.
Otros países que han firmado acuerdos comerciales y de inversión similares, y que buscan industrializar sus recursos, podrían correr la misma suerte si modifican sus políticas de manejo de sus recursos naturales, pues estos acuerdos facultan a los inversores extranjeros a demandar a un país cuando sienten que las políticas públicas afectan sus intereses. Es decir, estos acuerdos bloquean el camino para que los gobiernos exijan a los inversores extranjeros industrializar los recursos naturales en territorio nacional, o que generen procesos de transferencia tecnológica para mejorar las capacidades nacionales.
Pero, ¿qué se puede hacer ante este panorama adverso?
Algunos países del Sur global ya han dado pasos para eliminar las barreras comerciales que impiden su desarrollo soberano. Por ejemplo, Ecuador terminó todos sus tratados de protección de las inversiones después de que una auditoría integral en 2014 mostrara que las inversiones extranjeras no habían colaborado con los objetivos de desarrollo nacional y que además muchas de éstas habían tenido impactos negativos en los territorios y el ambiente. Un camino similar siguió India, terminando todos su tratados, lo cual no le ha impedido seguir siendo el sexto receptor mundial de inversión extranjera. Por su parte, Sudáfrica renegoció varios tratados de inversión para eliminar las cláusulas de arbitraje que permiten a las empresas demandar a los estados en tribunales internacionales. Estas acciones buscan recuperar soberanía y evitar demandas que limiten sus políticas de desarrollo.
Recientemente, otros países se han sumado a la crítica de los tratados de inversión, como el caso de Honduras, país que se retiró del CIADI en 2024, lo cual le ha valido una avalancha de demandas de inversores. Colombia es otro país en donde se discute la posibilidad de renegociación de algunos tratados de inversión, especialmente con Gran Bretaña y Suiza, países de donde han venido grandes inversiones mineras y petroleras que han generado fuertes daños ambientales y protestas ciudadanas.
A pesar de estos esfuerzos, actores globales como la Unión Europea y sus acuerdos regulatorios, como la Ley de Materias Primas Críticas, intensifican el extractivismo en el Sur global, promoviendo acuerdos que limitan la soberanía e industrialización local. Casos como la disputa con Indonesia sobre el níquel ilustran estas tensiones. Esto refleja un claro patrón colonialista que sostiene el extractivismo e impide una transición energética justa.
¿Cuál es el camino que puede seguir América Latina?
América Latina enfrenta la oportunidad de transformar su papel en la economía global, pasando de un modelo extractivista a uno que incorpore valor agregado a sus recursos de manera sostenible. Esto debería ir además acompañado de una política que insista sobre la necesidad de “minar menos”, es decir, reducir el nivel depredador de extracción que está causando daños en el ambiente y afectando negativamente la vida de las poblaciones que circundan los yacimientos.
Los casos de países que desafían el sistema de protección de inversiones y las iniciativas para avanzar en un tipo de industrialización sostenible, muestran que es posible un camino diferente. Sin embargo, esto requiere de voluntad política y cooperación regional, que incluya la visión de las comunidades y los principios de justicia ambiental en el debate. La transición energética no debe replicar los patrones históricos de dependencia y explotación, sino construir un futuro inclusivo y equitativo.
No es posible tener una transición energética justa con tratados de comercio e inversión, que impiden la industrialización local de los recursos, excluyendo cualquier disposición destinada a garantizar el acceso irrestricto de las potencias globales y sus empresas transnacionales a estos recursos. Por ello, es necesario terminarlos o renegociarlos, promoviendo la transferencia de tecnología necesaria para agregar valor a las materias primas. Al mismo tiempo, se debe fortalecer la participación popular y de las comunidades locales en estos procesos, con el foco en la protección ambiental y los derechos humanos, que deben primar frente a los intereses corporativos en los acuerdos. En este camino, es fundamental incorporar estándares más estrictos para la consulta de las comunidades.
Finalmente, es importante tomar consciencia de que el actual modo de producción y consumo en el mundo, exacerba la emergencia climática y profundiza las desigualdades sociales. Por esta razón, es necesario reducir la dependencia de la extracción de recursos mediante el reciclaje y la reutilización. Solo así podremos hablar de una transición energética realmente justa, hacia un modo de desarrollo post-extractivista.
En este camino nos preguntamos, ¿en qué consisten estas soluciones justas, y cuáles son las falsas soluciones que se promueven desde una visión corporativa de la transición energética?
Te invitamos a escuchar la serie completa "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Fuentes:
La carrera por las materias primas: cómo la Unión Europea utiliza los acuerdos comerciales para garantizar el acceso a materias primas críticas en su transición verde. Transnational Institute (enero, 2024) https://www.tni.org/en/publication/the-raw-materials-rush
Las políticas de la UE en la Transición Energética: Entre la neutralidad climática y el nuevo colonialismo. Bilaterals. https://www.bilaterals.org/?las-politicas-de-la-ue-en-la&lang=en
Inversiones mafiosas contra Honduras: demandas de empresas transnacionales y la lucha por la democracia y la dignidad del pueblo hondureño. IPS, Honduras Solidarity Network, TNI, TerraJusta (septiembre, 2024). https://isds-americalatina.org/honduras/