En toda Europa se está viviendo un intenso conflicto sobre el futuro de los servicios públicos. Por un lado, están aquellos que opinan que la privatización y la liberalización son instrumentos indispensables para cubrir las necesidades de los consumidores, mejorar la eficiencia de las finanzas públicas y crear un mercado europeo común que permita la libre circulación de empresas, profesionales y trabajadores. Por el otro, están los que hacen hincapié en el riesgo que entraña privatizar servicios históricamente garantizados y protegidos por el Estado, despojando así a la población de un control democrático sobre la forma en que se gastan sus impuestos.
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