En esta guía se abordan los temas más importantes sobre los mecanismos y las repercusiones del acaparamiento de océanos.
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El término ‛acaparamiento de océanos’ pretende arrojar nueva luz sobre una serie de importantes procesos y dinámicas que están afectando negativamente a las personas y comunidades cuya forma de vida, identidad cultural y medios de vida dependen de su participación en la pesca en pequeña escala y otras actividades estrechamente relacionadas con esta. Los pescadores y las pescadoras en pequeña escala y las comunidades pesqueras, tanto en el Sur Global como en el Norte Global, cada vez se ven más amenazadas y deben hacer frente a poderosas fuerzas que están reconfigurando de manera drástica los regímenes de derechos y los modelos de producción existentes en el ámbito de la pesca. Este proceso está llevando no solo a que los pescadores en pequeña escala pierdan el control sobre estos recursos, sino también, en muchos casos, a su destrucción ecológica e incluso desaparición.
Actualmente estamos presenciando un importante proceso de cercamiento de los océanos y los recursos pesqueros del mundo, incluida la pesca marítima, costera y continental. El acaparamiento de océanos se está produciendo principalmente a través de políticas, leyes y prácticas que están (re)definiendo y (re)asignando el acceso, el uso y el control de los recursos pesqueros para apartarlos de los pescadores y pescadoras en pequeña escala y sus comunidades, a menudo con escasa preocupación por las consecuencias negativas para el ambiente. En este proceso, se están ignorando y, en última instancia, perdiendo los sistemas de derechos de tenencia consuetudinarios y comunales de pesca y las prácticas de uso y manejo existentes. Así pues, el acaparamiento de océanos significa que poderosos actores económicos se están apoderando del control de decisiones cruciales en torno a la pesca, como el poder de decidir cómo y con qué fines se utilizan, conservan y gestionan los recursos marinos, ahora y en el futuro. En consecuencia, estos actores poderosos, cuyo principal interés es la obtención de beneficios, están asumiendo un paulatino control tanto de los recursos pesqueros como de los beneficios de su uso.
Algunas de las principales instituciones que están allanando el camino para el acaparamiento de océanos han adoptado un lenguaje basado en los derechos humanos y argumentan que sus iniciativas de reforma normativa surgen de la necesidad de garantizar una seguridad alimentaria universal y erradicar la pobreza. Sin embargo, muchos ejemplos de todo el mundo demuestran que el principio de base que dirige los procesos de reforma es una creencia ciega en las soluciones de mercado que se contraponen frontalmente a los deseos y las reivindicaciones de organizaciones de la sociedad civil representativas.1
El acaparamiento de océanos no solo está relacionado con las políticas de pesca. Se trata de un fenómeno que se está desplegando en todo el mundo y en un amplio abanico de contextos, como aguas marinas marítimas y costeras, aguas continentales, ríos y lagos, deltas y humedales, manglares y arrecifes de coral. Los medios por los que se está despojando a las comunidades pesqueras de los recursos de los que han dependido tradicionalmente también están adoptando muchas formas. Se produce a través de mecanismos tan diversos como la gobernanza (inter)nacional de la pesca y las políticas de comercio e inversión, las áreas de conservación terrestres, costeras y marinas delimitadas y de pesca vedada, el (eco)turismo y las políticas energéticas, la especulación financiera y las actividades en expansión de la industria alimentaria y pesquera global, entre las cuales estaría la acuicultura en gran escala. Mientras tanto, el acaparamiento de océanos está entrando en una fase radicalmente nueva y agudizada con la aparición en 2012 de la Alianza Mundial a favor de los Océanos, una iniciativa encabezada por el Banco Mundial que busca privatizar los regímenes de derechos de propiedad sobre los recursos acuáticos y unos modelos de conservación basados en el mercado e impuestos de arriba abajo.
Impulsada por el capital y su afán de lucro, la actual oleada de cercamientos que tiene en su punto de mira a la pesca y los recursos de los océanos y las aguas continentales del mundo se está produciendo en el mismo contexto que el acaparamiento global de tierras. Este último se refiere al reciente y actual auge en el cambio de uso de las tierras y sus recursos asociados (como el agua), que están pasando de usos de pequeña escala e intensivos en manos de obra –como la agricultura de subsistencia– a usos de gran escala, intensivos en capital y que agotan los recursos naturales –como los monocultivos industriales, la extracción de materias primas y la generación de energía hidroeléctrica a gran escala–, integrados en una creciente infraestructura de industrias y mercados globales.2 También está teniendo lugar en el contexto más general de la cambiante dinámica económica, financiera, climática y ambiental global. Como resultado, en estos momentos se está dando una revaluación fundamental de los recursos naturales. Esta revaluación apunta a despojar a la tierra, el agua, la pesca y los bosques y sus recursos afines de los lazos que los vinculan con funciones sociales y significados culturales, y una gobernanza arraigada en los principios de los derechos humanos, para dirigirlos hacia las estrechas funciones económicas que exigen enfoques basados en la privatización y orientados al mercado.
A pesar de la creciente atención que está suscitando este fenómeno general, la historia de la pesca sigue pasando inadvertida y está en gran medida descuidada en los círculos académicos y activistas, así como en los medios de comunicación. Y a pesar de ello, el acaparamiento de océanos en sus diversas formas está socavando los derechos y las aspiraciones de millones de personas que dependen de la pesca continental y marina en pequeña escala en todo el mundo. La urgente necesidad de prestar una atención mayor y más específica al acaparamiento de océanos se puede ilustrar con unas palabras de Olivier de Schutter, el ex relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación, que en un discurso ante la Asamblea General de la ONU subrayó que “el ‘acaparamiento de océanos’, a través de acuerdos de acceso extremadamente opacos que perjudican a los pescadores artesanales (…) y el desvío de los recursos fuera de las poblaciones locales, puede representar una amenaza tan seria como el ‘acaparamiento de tierras’”3
La pesca en pequeña escala (a menudo denominada ‛pesca artesanal’) funciona en muchos niveles y sus características difieren de un lugar a otro. No es posible dar una única definición general de la pesca en pequeña escala, pero recientemente se presentó una descripción más amplia del sector en las Directrices internacionales de la FAO para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala::
““La pesca en pequeña escala y artesanal, en la que se engloban todas las actividades a lo largo de la cadena de valor –la captura y las actividades anteriores y posteriores a esta– realizadas por hombres y mujeres, desempeña una importante función en la seguridad alimentaria y la nutrición, la erradicación de la pobreza, el desarrollo equitativo y la utilización sostenible de los recursos (…)
La pesca en pequeña escala representa en torno a la mitad de las capturas mundiales de pescado. Si se tienen en cuenta las capturas destinadas al consumo humano directo, la aportación del subsector aumenta a dos tercios del total. La pesca continental reviste particular importancia en este sentido (…) La pesca en pequeña escala proporciona empleo a más del 90% de los pescadores y trabajadores de la pesca de captura en el mundo, la mitad aproximadamente de los cuales son mujeres. Además del empleo como pescadores y trabajadores del sector a tiempo completo o parcial, la pesca de temporada u ocasional y las actividades afines permiten obtener complementos esenciales para los medios de vida de millones de personas. Estas actividades pueden constituir una actividad complementaria recurrente o adquirir especial importancia en tiempos de dificultades. Muchos pescadores y trabajadores de la pesca en pequeña escala son autónomos y trabajan para aportar alimentos directamente a sus hogares y comunidades, a la vez que se dedican a la pesca comercial, la elaboración y la comercialización. En muchas ocasiones, la pesca y las actividades relacionadas con esta sostienen las economías locales en comunidades costeras, lacustres y ribereñas y constituyen un motor que genera efectos multiplicadores en otros sectores.”"4
Por otro lado, la FAO calcula que 58 millones de personas se dedican a la pesca y la captura salvaje y la acuicultura, y que más de 800 millones de personas de todo el mundo dependen de la pesca de diversas maneras.
El acaparamiento de océanos se está produciendo de diversas maneras en distintos entornos político-jurídicos. Un denominador común es la exclusión de los pescadores y las pescadoras en pequeña escala del acceso a la pesca y otros recursos naturales y del acceso a los mercados mediante la adopción o la reinterpretación de leyes, reglamentos o políticas que afectan a la gobernanza de la pesca. En todo el mundo, están surgiendo marcos jurídicos que menoscaban la posición de los productores y los sistemas de pesca en pequeña escala, a la vez que fortalecen la posición de agentes empresariales y otros actores poderosos. Estos procesos de reasignación ‛perfectamente legales’ pueden implicar o no coacción y violencia, pero están lejos de ser considerados como socialmente legítimos. Por lo general, conllevan tres tipos de mecanismos.
En primer lugar, a los pescadores y a las pescadoras en pequeña escala de repente se les niega o pierden el derecho legal a pescar o capturar recursos acuáticos debido a cambios en los marcos jurídicos que ahora les obligan a poseer un derecho de pesca integrado en el mercado. Las diversas clases de reformas –que irónicamente se definen como ‛pesca basada en derechos’ (PDB; Rights-Based Fisheries en inglés), aunque sería más acertado hablar de ‛pesca basada en derechos de propiedad’, ya que los derechos en cuestión se basan precisamente en la propiedad– son las principales políticas que apuntalan este tipo de despojo. Estas reformas, que suelen asignar cuotas predeterminadas de captura autorizada a pescadores individuales o compañías pesqueras, con frecuencia se llevan a cabo sin ninguna consulta significativa de los pescadores en pequeña escala en el proceso de toma de decisiones. En Sudáfrica, por ejemplo, la llamada política de ‛cuotas individuales transferibles’ (CIT) de 2005 excluyó de la noche a la mañana al 90% de los 50.000 pescadores artesanales del país. 6 En todos los países donde se han puesto en marcha reformas parecidas, los derechos de pesca se han concentrado en las manos de cada vez menos pero más grandes actores, y un creciente número de trabajadores de la pesca se convierten en ‛inquilinos’ acuáticos que pagan un alquiler exorbitante a los pocos ‛señores del mar’ o ‛pescadores de sofá’ que poseen y arriendan las cuotas.7
En segundo lugar, los pescadores y las pescadoras en pequeña escala, que antes gozaban de un acceso físico directo a sus aguas de pesca tradicionales y a las tierras costeras que las rodean o las infraestructuras portuarias asociadas, de repente están perdiendo este acceso. Esto está sucediendo de varias formas. Una de ellas es mediante el establecimiento de Áreas Marinas Protegidas (AMP) donde la pesca está prohibida o restringida con ‛fines de conservación’. Estas zonas, que se están expandiendo rápidamente por todos los continentes, suelen estar ubicadas en torno a lugares de gran biodiversidad en América Central y las islas del Caribe, o en las costas del sur del océano Pacífico y el océano Índico. Declaradas como zonas de acceso prohibido, estos son muchas veces los mejores caladeros de pesca de las comunidades pesqueras locales, que ven su uso limitado o incluso se ven desplazadas ellas mismas. Otra forma en que se desposee a los pescadores artesanales de sus derechos consuetudinarios de pesca es a través de la privatización de las zonas costeras marinas o lacustres. El otorgamiento de concesiones costeras a empresas privadas en nombre del desarrollo urbano en Honduras, la privatización de los bosques de manglares en Bangladesh para la acuicultura comercial, el cercamiento de tierras adyacentes a lagos o playas con fines recreativos y la floreciente industria turística en Myanmar, Uganda y Sri Lanka son manifestaciones de una tendencia por la que los pequeños pescadores y sus comunidades ya no pueden acceder al paisaje terrestre y marino. Una tercera forma es la ubicación y la escala de puntos de desembarque e instalaciones portuarias, con el apoyo de los Estados y de la industria, que están concebidos exclusivamente para sostener actividades de gran escala y de exportación, a expensas de las economías y los mercados locales.
En tercer lugar, los pescadores y las pescadoras en pequeña escala se enfrentan a capturas en rápido declive debido a la sobrepesca y a la contaminación y destrucción de lo caladeros y otros hábitats acuáticos vitales por parte de grandes actores industriales, practicando una especie de exclusión preventiva del recurso en sí. De esta manera, las grandes flotas que operan en zonas marinas territoriales ‛capturan’ los recursos de los pescadores locales y de toda la cadena de personas que dependen de las actividades pesqueras tradicionales. Los acuerdos de pesca firmados entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, Mauricio, Mauritania y los Estados insulares del Pacífico, por ejemplo, están fomentando este tipo despojo. Además, la desenfrenada pesca ilegal y no reglamentada exacerba aún más el problema. Debido a las relaciones de poder desiguales entre la pesca en pequeña escala y las flotas de gran escala y extranjeras, la sobreexplotación de las poblaciones locales de peces por parte de las grandes flotas para la exportación se traduce en una disminución de las capturas para los pescadores artesanales.
Mientras tanto, los pescadores en pequeña escala también se ven privados de la utilización de los recursos acuáticos cuando los ecosistemas marinos y la red de relaciones socio-ecológicas para su reproducción se ven perturbadas o destruidas por otros tipos de actividad humana. El crecimiento acelerado de plantas agroindustriales, como los estanques de acuicultura a gran escala en zonas costeras y continentales, las industrias extractivas, los proyectos hidroeléctricos, y el desarrollo urbano socavan los ecosistemas y su capacidad para acumular cargas ambientales o para reproducirse. Esto ha afectado especialmente a las zonas costeras marinas y continentales en las últimas tres décadas. Los vertidos tóxicos de la agricultura industrial y del desarrollo urbano (incluidos los desechos humanos) han alcanzado niveles tan altos que muchos ecosistemas costeros, como arrecifes de coral, bosques de manglares, lechos vegetales marinos y estuarios están al borde del colapso y no pueden sostener a los usuarios locales. Un caso ilustrativo en este sentido es la bahía de Chesapeake, en el este de los Estados Unidos, donde el nivel de contaminación ha creado ‛zonas muertas’ donde no queda vida marina ni acuática.
Pero hay también otros ejemplos devastadores, como: la construcción de represas en el río Mekong en la RDP Lao para que el Gobierno venda energía hidroeléctrica a Tailandia, que está destruyendo lenta pero inexorablemente la biodiversidad de peces del río y a todas las comunidades de pueblos pescadores a lo largo de su curso y también río abajo, alrededor del lago Tonlé Sap en Camboya; la concesión a Shell en Malampaya para la extracción de gas en aguas profundas que se solapa con los caladeros tradicionales de pesca del pueblo tagbanua en la provincia filipina de Palawan o la conversión de decenas de miles de hectáreas de tierras en plantaciones de caña de azúcar en el delta del río Tana en Kenya, que está perturbando los caladeros estacionales de pesca y los ecosistemas de humedales de los que dependen campesinos y pastores por igual; o las actividades mineras de Chevron en Ecuador, que han contaminado ríos y han hecho imposible la pesca tradicional a los grupos que dependen de estas actividades, diezmando varias comunidades indígenas; o en Nigeria, donde los recurrentes vertidos de petróleo de Shell en el delta del territorio ogoni han destruido por completo el ecosistema, afectando a más de cinco millones de pescadores en pequeña escala.8
Estas situaciones ponen de manifiesto que el acaparamiento de océanos no es solo una cuestión de acceso a los recursos acuáticos, sino también de acceso a las tierras y los recursos terrestres asociados. Por ello, el acaparamiento de océanos está estrechamente vinculado con el acaparamiento de tierras, el acaparamiento de aguas y lo que se ha dado en llamar ‛acaparamiento verde’.9
Al menos la mitad de los municipios de Uganda en el lago Victoria han sido testigo de cómo sus atractivas tierras costeras se entregaban a inversores de otros países como consecuencia de la sed de inversión extranjera directa del Gobierno. Este acaparamiento se ha visto impulsado por la creciente industria turística que monopoliza paisajes de tierras costeras, playas y zonas acuáticas; la introducción y la expansión de industrias como la de las flores, que construyen sus plantas de procesamiento a orillas del lago; y la ampliación de las actividades de acuicultura.
Ya antes de la actual oleada de despojo, las comunidades pesqueras de Uganda en el lago Victoria habían estado lidiando con un complejo conjunto de crisis interrelacionadas desde que se introdujo la perca del Nilo, en la década de 1960. La perca del Nilo fue introducida en un intento por revivir la pesca local después de que se hubieran sobreexplotado las especies con valor económico. Esta intervención dio lugar a un auge de la industria pesquera. La actividad pesquera pasó de ser una pesca local y artesanal biodiversa a una pesca jerárquica y orientada a la exportación, centrada en la perca del Nilo y la tilapia. El auge atrajo a nuevas empresas y el desarrollo de infraestructuras, y fomentó el incremento de la población en torno al lago. Sin embargo, la próspera industria pesquera, mal gestionada, pronto sobreexplotó también la perca del Nilo. La disminución de los peces generó una gran competencia entre los pescadores en pequeña escala y la industria. Actualmente, entre el 60 y el 80% de las capturas se exportan, mientras que los precios locales se han disparado. Como resultado, las comunidades locales ya no pueden contar con la perca del Nilo como su fuente diaria de proteína.
El sector de la pesca en pequeña escala en Uganda contribuye a los medios de vida de más de tres millones de personas. Pero a medida que aumenta la presión de diversas industrias orientadas a la exportación, la competencia por el acceso a tierras y aguas, la constante privatización y el cercamiento de paisajes acuáticos, se impide que los pescadores artesanales puedan trabajar y se exacerba su vulnerabilidad. Sin medios de vida alternativos y frente a una situación de pobreza, recurren a prácticas ilegales, como el uso de artes no autorizadas o la pesca en aguas prohibidas. Los métodos de pesca ilegales, así como la contaminación causada por las industrias en expansión, estresan el ecosistema y disminuyen aún más su capacidad para facilitar la recuperación de especies clave.
Fuente: Uganda Fisheries and Fish Conservation Association (UFFCA)
Después del tsunami de 2004, que también destruyó las costas de la península Kalpitiya y sus islas circundantes en Sri Lanka, una serie de personas en puestos de decisión e inversores aprovecharon el ‛estado de shock’ para sacar adelante unas reformas de orientación mercantil y unos planes de desarrollo turístico en el marco del Grupo de Trabajo para la Reconstrucción de la Nación (TAFREN por sus siglas en inglés).
Mientras las comunidades de pescadores seguían luchando por recuperarse de los daños físicos y los impactos psicológicos del tsunami, una cuarta parte de la península de Kalpitiya y su entorno fue acaparada por inversores de Sri Lanka y extranjeros, el ejército e instituciones gubernamentales para desarrollar complejos turísticos de lujo. En muchos casos, las adquisiciones de tierras también se extienden a las masas de agua adyacentes y otorgan derechos preferenciales a los recursos marinos a los nuevos propietarios. A más de 2.500 familias se las ha desalojado de sus tierras y se les niega el acceso a los caladeros. Un dirigente local destaca que “los pescadores podrían incluso ser acusados de allanamiento ilegal. Por ejemplo, las cercas alambradas que ha levantado a lo largo de la línea costera el hotel Bay Watch Eco de la compañía Hasan Gaate les han impedido entrar en el cinturón costero para pescar”.
En Kalpitiya viven unas 65.000 personas y la pesca en pequeña escala es, con diferencia, el medio de vida más importante en la zona. La cultura y las tradiciones pesqueras se han arraigado profundamente durante muchas generaciones de pesca y los aproximadamente 13.000 pescadores artesanales –una de cada cinco personas– proporcionan unos alimentos vitales a prácticamente todas las familias de la zona.
Los pescadores y las pescadoras sienten una fuerte conexión con estas tierras y aguas y sus actividades de subsistencia, ya que estas constituyen un elemento esencial de su identidad. Como explica un pescador de la isla de Uchchimune: “No tenemos ninguna alternativa de vida. No podemos renunciar a nuestros medios de vida (…) Hemos unido nuestras vidas a la de la isla”. Otro pescador de la isla de Sinnanunnakkarei añade: “No estamos dispuestos a abandonar nuestra aldea por cualquier motivo. ¿Adónde podemos ir? Si nos reasientan en las tierras del interior, no podremos pescar. No estamos dispuestos a aceptar su supuesta oferta. La única profesión que conocemos es la pesca y necesitamos nuestros asentamientos para continuar con nuestro medio de vida”.
El Movimiento de Solidaridad con la Pesca Nacional (NAFSO por sus siglas en inglés) está desempeñando un papel importante en el apoyo a las comunidades pesqueras y las luchas que están desplegando para reclamar sus tierras y su acceso a los caladeros. La movilización para acciones colectivas, la investigación, la asistencia jurídica y las campañas de sensibilización son algunas de las principales estrategias que utiliza el NAFSO, y junto con las organizaciones y las comunidades locales, el movimiento de solidaridad ha convocado varias marchas de protesta, audiencias y tribunales populares, y campañas de incidencia política. Herman Kumara, coordinador del NAFSO observa: “La conciencia política de los pescadores es cada vez mayor y esto es de suma importancia en la lucha contra el acaparamiento de la tierra y el mar”.
Fuente: National Fisheries Solidarity Movement (NAFSO), miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores
El cercamiento y la privatización de los recursos pesqueros y marinos a través de la privatización de su acceso y control no es un fenómeno nuevo, pero se ha acelerado en los últimos años con la aparición de los conocidos como sistemas de pesca basada en derechos como marco global dominante para la gestión de la pesca. El origen del término ‛pesca basada en derechos’ (PBD; Rights-Based Fisheries en inglés) se remonta a un volumen científico publicado en 1989 por una serie de influyentes economistas especializados en el ámbito de la pesca. En él, formularon la propuesta de que la única forma de evitar los estragos ambientales y económicos en la gestión de los recursos pesqueros de los océanos pasaba por introducir derechos de propiedad privada y un mercado para gobernarlos. En efecto, lo que plantea explícitamente este grupo de economistas es "el cercamiento y la privatización de los recursos comunes del océano”.10 Como uno de los autores reiteró en un artículo posterior, esto es necesario porque el principal problema al que se enfrenta la gobernanza de la pesca es que “los derechos de propiedad [de la pesca] no están bien definidos o incluso son inexistentes. Por lo general, esto se traduce en enormes ineficiencias”.11
Esta perspectiva, sin embargo, ignora completamente los sistemas de gestión y gobernanza existentes en todo el mundo, todos las cuales implican alguna forma de derechos de acceso o propiedad. Tampoco reconoce que los problemas en la pesca, allí donde surgen, son el resultado de una mala gobernanza o gestión. Atribuir ineficiencias a la falta de propiedad privada es una conclusión simplificada que elude todo debate sobre las prácticas de gestión.
No obstante, el constante acento en la supuesta necesidad de los derechos de propiedad privada e individual en la literatura de la pesca ha saltado, con el tiempo, de los círculos académicos a los círculos normativos. Así, desde mediados de la década de 1980, se ha producido un marcado giro en las prácticas de gestión de los Estados con miras a facilitar la privatización en la gestión de la pesca. Esta privatización se ha dado a través de diferentes programas, según el lugar en que se haya adoptado. En los Estados Unidos, el programa de privatización se llama ‛cuotas de captura’ (Catch Shares), en Islandia y Nueva Zelanda, se llama ‛cuota individual transferible’ (Individual Transferable Quotas), la Comisión Europea ha estado hablando de las ‛concesiones de pesca transferibles’ (Transferable Fishing Concessions) y la Unión Africana, de la ‛pesca basada en la riqueza’. Sin embargo, lo que todos estos programas tienen en común es su acento exclusivo en desplegar derechos de propiedad privada y mecanismos de mercado como el único medio aceptable para repartir los recursos pesqueros.
¿Cómo funcionan estos programas? En muchos países, a los distintos usuarios de los recursos pesqueros del Estado se les ha asignado un porcentaje de la denominada ‛cuota anual total’ de una determinada especie de pescado. Por ejemplo, a un pescador se le asigna el 1% de la cuota nacional anual solo de arenque. De este modo, la cantidad de peces que este pescador está autorizado a capturar depende de la cuota nacional total en un año determinado, que es fijada por el Estado. Con este sistema, en esencia, el recurso permanece en manos del público –investido en el Estado– y al pescador particular ‛solo’ se le concede el acceso a los peces. La transición de un recurso propiedad del Estado hacia una pesca basada en derechos (que se da con distintos nombres) tiene lugar cuando el Estado decide otorgar los derechos de pesca (las cuotas) de una forma de facto permanente a las entidades pesqueras, y establece un mercado para que los nuevos propietarios puedan comprar, arrendar o vender su cuota. Por tanto, cuando los Estados introducen este tipo de programas de privatización, se pierde todo control político democrático existente sobre el recurso. Así, el recurso deja de estar en manos del Estado para cederse a una serie de actores privados, que pueden comerciar con este a su antojo, a través del mercado que se crea para las cuotas de propiedad individual.
¿Cuáles son las consecuencias de esta privatización tan reverenciada por los economistas de la pesca y que actualmente están proponiendo muchos actores en todo el mundo?
En Islandia, la pesca basada en derechos (PBD) llevó a una alta concentración de las cuotas de pesca en 2007, de forma que solo 10 de las mayores compañías pesqueras poseían más del 50% de las cuotas. Además, se considera que la PBD también desempeñó un papel clave en la crisis financiera islandesa.12
En Dinamarca, la PBD se ha traducido en una merma sustancial de la flota de las comunidades pesqueras tradicionales; muchas comunidades ya no tienen barcos de pesca en activo y otras tienen menos del 50% de las embarcaciones que estaban activas antes de que se introdujera la PBD en 2005.13 En marzo de 2012, un alto funcionario del Departamento de Pesca danés declaró que “ahora hay menos buques, son más grandes, más eficientes y más caros de financiar”. En el sector de la pesca pelágica,14 “se ha producido una clara concentración, de un gran número a un número muy pequeño de buques altamente especializados, que pueden tener un valor de más de 100 millones de euros (…) este es un resultado previsto de la regulación”.15
En Chile, cuatro compañías controlan el 90% de las cuotas.16 Mientras tanto, la importante mayoría (el 68%) de las 127.000 personas que trabajan en el sector pesquero tiene que compartir el 10% restante de las cuotas.
En Namibia, la PBD se introdujo en 1992. En un informe de Ragnar Árnason, uno de los principales artífices antes mencionados de las reformas PBD, se afirma que, en lo que respecta a los resultados ambientales, no existen pruebas de un mejor cumplimiento de la normativa correspondiente por parte de la industria pesquera.17 Por otro lado, empresas con sede en España pero con filiales locales controlan alrededor del 75% del mercado de merluza de Namibia. Sus capturas en 2010 aportaron unos 300 millones de dólares estadounidenses al mercado del pescado congelado español, mientras que en Namibia se queda una parte muy pequeña de esta riqueza.18
Otras lecturas: Report – Fisheries Governance for Food Security: What lies behind the concept of Rights-Based Fisheries?: http://masifundise.org.za/ wp-content/uploads/2013/02/follow_up_report_EN_final_ebook-11.pdf
Macinko S. y D. Bromley (2004) ‘Property and Fisheries for the Twenty- First Century: Seeking Coherence from Legal and Economic Doctrine’, Vermont Law Review 28(3): 623-61. Olson J. (2011) ‘Understanding and contextualizing social impacts from the privatization of fisheries: An overview’, Ocean & Coastal Management 54: 353-63.
Davis A. y K. Ruddle (2012) ‘Massaging the Misery: Recent Approaches to Fisheries Governance and the Betrayal of Small-Scale Fisheries’, Human Organisation 71(3): 244-54.
Food and Water Watch (2011) Fish Inc.: The privatization of US fisheries through Catch Shares Systems. FWW: Washington.
Para más información sobre la pesca basada en la riqueza: http://transparentsea.co/ index.php?title=Wealth_based_approach
Los conflictos en torno a la pesca y otros recursos entre el pueblo indígena mi’kmaq y las potencias coloniales tienen 400 años de historia en la provincia canadiense de Nueva Escocia. Los Tratados Mi'kmaq –los solemnes acuerdos de 1760-61 entre los colonizadores y los mi’kmaq por los que se establecieron una serie de promesas, obligaciones mutuas y beneficios– es uno de los diversos instrumentos jurídicos que reconocen los derechos de la comunidad l’sɨtkuk, también conocida como Primera Nación (o Nación Originaria) de Bear River, y de otras comunidades mi'kmaq en la costa atlántica de Canadá. Estos reconocían que los mi'kmaq tenían una larga relación histórica con el mundo natural, basada en el respeto y la autosuficiencia, y conocida en el idioma mi’kmaq como netukulimk. Aunque estas y otras prácticas tradicionales han garantizado unas prácticas de pesca responsables durante siglos, ahora se han visto socavadas por la concesión de cuotas individuales transferibles (CIT) por parte del Gobierno canadiense a la industria pesquera comercial.
En el verano de 1993, el recolector mi'kmaq Donald Marshall Jr. fue acusado de venta ilegal de anguilas porque no contaba con una licencia de pesca. El caso fue llevado a los tribunales sobre la base de que el derecho de Donald Marshall Jr. a capturar y vender pescado estaba protegido por los históricos Tratados Mi'kmaq. En 1999, el Tribunal Supremo de Canadá dictaminó que la legislación de pesca federal constituía una vulneración injustificada de los Tratados Mi'kmaq.
Tras esta victoria en el Tribunal Supremo, el futuro de la pesca mi’kmaq parecía prometedor. Sin embargo, a principios de este siglo, el Gobierno canadiense respondió con la imposición de sus modelos de pesca industriales, incluido el sistema de CIT, a la comunidad l’sɨtkuk. Los l’sɨtkuk consideran que estos enfoques representan una forma moderna de capitalismo colonial y que son insostenibles. El sistema de CIT, que transforma los peces en propiedad privada, va en contra de los valores tradicionales mi’kmaq y, por ese motivo, la comunidad l’sitkuk mantiene su lucha contra él y sigue persiguiendo su propia visión de la pesca como medio de vida y fundamentada en los principios del netukulimk.
Fuente: Bear River First Nation, Canadá, miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores (WFFP)
Otras lecturas:
“About bear river”: http://www.defendersoftheland.org/bear_river
“In the Same Boat?”: http://www.imdb.com/title/tt1358969
Stiegman M. y K. Prosper (2013) “Seeking Netukulimk”: http://www.youtube.com/watch?v=jrk3ZI_2Dd0
Pictou, S (2009) ‘Las profundas raíces de nuestro compromiso’, Informe Samudra: Revista cuatrimestral del Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal 54:8-9.
Stiegman, M. y S. Pictou. (2012) ‘Recognition by Assimilation: Mi'kmaq Treaty Rights, Fisheries Privatization, and Community Resistance in Nova Scotia’ en Burnett, K. y G. Read (eds.) Aboriginal History: A Reader. Oxford University Press, pp. 403-15.
La fuerza impulsora clave que sustenta los mecanismos específicos del acaparamiento de océanos hoy en día es la lógica subyacente del actual sistema económico, en que la acumulación de capital se vincula con un creciente control corporativo sobre el acceso a los recursos naturales y su ‛conservación’. Esta tendencia obedece a numerosos factores y actores.
El primero es la emergencia de un complejo régimen corporativo de alimentos (pesqueros) que está reconfigurando las cadenas de producción, con una integración vertical y horizontal que concentra el control sobre las actividades de acceso, procesamiento y venta al detalle de pescado en manos de unos pocos actores y élites poderosos. Por ejemplo, la empresa noruega Marine Harvest es responsable de una quinta parte de la producción mundial de salmón de piscifactoría; los 30 mayores proveedores de camarón de cría del mundo se ocupan de una quinta parte de la producción global; las tres mayores compañías que comercializan atún enlatado canalizan un tercio de la captura mundial de este pescado, mientras que las actividades de procesamiento de atún enlatado de la empresa Thai Union Group controlan una quinta parte de la producción anual global. La concentración corporativa es opaca debido a que su contexto varía en función del nivel, el sector y el tipo de pesca, además de los complejos patrones de propiedad industrial que componen las compañías pesqueras, las grandes empresas de alimentos y los holdings financieros.
Además, este régimen corporativo de alimentos pesqueros está perfilando y motivando la creciente demanda de determinados productos de la pesca hoy en día, tanto en el Norte Global como en el Sur Global. El deseo de atún rojo fresco, el antojo de perca del Nilo, el apetito de camarones, el hambre de salmón, la búsqueda de aceites de pescado ricos en ‛sanos’ ácidos omega 3 (una tercera parte de las capturas mundiales) son solo algunos ejemplos de una ‛demanda’ construida socialmente que sostiene una presión cada vez mayor para que la industria extraiga recursos pesqueros. Esta demanda se distribuye y se promueve posteriormente mediante las debidas versiones de clase: mercados etiquetados y de alta gama para las élites urbanas y pescado barato para el consumo de masas de las clases pobres y medias.
Al configurar las demandas de los consumidores de rentas medias y altas, y por medio de un eficaz cabildeo, la industria también captura el poder de decisión sobre el modelo de la producción –qué peces se deberían pescar, por quién y cómo–, lo cual se traduce en medios de explotación de los recursos pesqueros y prácticas que son perjudiciales para las comunidades pesqueras en pequeña escala y los ecosistemas marinos. Por un lado, la captura salvaje –ya sea para consumo humano o insumos para otras industrias como la harina de pescado o el aceite de pescado– depende en gran medida de la pesca a gran escala, que agota las reservas, y la pesca en aguas profundas con redes de arrastre (redes de pesca de boca ancha), que destruyen los fondos marinos. Por otro lado, el régimen promueve una acuicultura industrial a gran escala que es muy destructiva para las comunidades pesqueras y los ecosistemas, como ilustra el ejemplo de Ecuador (Cuadro F). La acuicultura (o piscicultura) consiste en la cría, el cultivo y la recolección de plantas y peces en entornos confinados, en hábitats de agua dulce o marinos.
La industria del cabildeo de las corporaciones está convenciendo a quienes se encargan de tomar decisiones de que es necesario incrementar la producción industrial para alimentar a la creciente población mundial, pero este argumento no tiene en cuenta que los pequeños productores y productoras son capaces de proporcionar más empleos y alimentar a más personas que sus homólogos industriales.19
Un segundo impulsor del acaparamiento de océanos es la permanente conversión física y privatización con fines de lucro de los paisajes terrestres y marítimos para dar lugar a toda una serie de actividades, tanto de carácter industrial como residencial y recreativo. Entre estas, se cuentan los proyectos de promoción inmobiliaria privada en las costas; las zonas de ecoturismo en torno a lugares de gran biodiversidad marina (muchas veces vinculadas a Áreas Marinas Protegidas); industrias extractivas en zonas continentales, mar adentro y lechos marinos; plantaciones agroindustriales en deltas y cuencas de ríos; o represas hidroeléctricas que salpican el curso de grandes sistemas fluviales. Todos estos tipos de intervención generan, ya sea directa o indirectamente, cambios importantes en los actuales regímenes de acceso y/o calidad de los recursos acuáticos, a menudo con efectos catastróficos para los usuarios en pequeña escala, como campesinos, pastores, pescadores y recolectores.
Un tercer impulsor es la financiarización de los recursos naturales, algo también estrechamente vinculado con el acaparamiento de tierras y aguas.20 Esto se refiere al largo alcance del capital financiero sobre el control de los recursos naturales. Por ejemplo, la mercantilización del derecho a pescar con los mercados CIT permitió a una sociedad de inversiones británica adquirir cuotas en el sistema de cuotas de captura de los Estados Unidos equivalentes a una cuarta parte de todos los productos a base de almejas en este país.21 La financiarización de la pesca en Islandia queda claramente ilustrada por la astronómica deuda alcanzada por las compañías pesqueras. Dos años después de que se derrumbara la economía del país en 2007, se calculaba que esa deuda superaba los 550.000 millones de coronas islandesas (4.700 millones de dólares estadounidenses), y el 90% de esta se concentraba en un tercio de las empresas pesqueras.22 Otra tendencia es la protagonizada por el intento del Banco Mundial de transferir parte de sus 15.000 millones de dólares estadounidenses de ‛bonos verdes’ –préstamos para ‛proyectos sostenibles’– hacia los océanos en concepto de ‛bonos azules’, arguyendo que el capital financiero privado a gran escala es esencial para lograr una mejor protección y gobernanza de los entornos marinos. Los bonos azules persiguen explícitamente captar la atención del gran capital financiero de Wall Street, como los fondos de pensiones y otros actores, para proyectos de gran envergadura –sin especificar– relacionados con ‛la recuperación marina’.
En 2014 se están celebrando negociaciones para un Acuerdo de colaboración en el sector pesquero entre la UE y Mauricio que probablemente reproduzca los efectos negativos del acuerdo anterior, que socavó los medios de vida de las comunidades locales de pescadores y pescadoras en pequeña escala al vender las poblaciones de peces de las que dependen. En 2009, la UE y Mauricio firmaron un Acuerdo de colaboración pesquero que permite a los buques europeos capturar 5.500 toneladas de pescado al año, durante tres años. A cambio de 660.000 euros anuales, las flotas de la UE adquirieron 16.500 toneladas de pescado por menos del 5% del que habría sido su valor en el mercado de Mauricio.
El Gobierno de Mauricio arguyó que el país carecía de la capacidad y las infraestructuras para explotar esos recursos, y que solo se verían afectadas las poblaciones de peces que se encontraban fuera del alcance de los pescadores locales en pequeña escala. Por lo tanto, se crearían nuevos beneficios sin que ello significara la disminución de las capturas locales. Sin embargo, los buques de la UE persiguen las mismas especies que los pescadores locales, y estos han experimentado una reducción de aproximadamente el 50 al 60% en sus capturas. Los buques europeos se centran exclusivamente en las poblaciones de peces más rentables, sobreexplotándolas. Debido a su gran escala, generan más capturas incidentales –peces u otros recursos marinos capturados de forma involuntaria–, lo cual incrementa el estrés de los ecosistemas.
Resulta una triste paradoja que los costos para paliar estos daños deban ser asumidos por los pescadores locales, ya en situación desfavorecida. Además de poblaciones agotadas, pierden caladeros de pesca debido a la creación de Áreas Marinas Protegidas que les restringen el acceso en nombre de la conservación ambiental.
El acuerdo de pesca permanente consolidará esta injusticia, beneficiando a la industria pesquera europea y perjudicando a las comunidades pesqueras locales. La creación de empleos prometidos por el Gobierno no compensará la pérdida del sector de pequeña escala, y se limitará a actividades industriales, es decir, que no será accesible a quienes han dependido de la pesca hasta el momento. Además, el nuevo acuerdo de pesca –como el anterior– se está desarrollando sin ningún tipo de consulta con los pescadores en pequeña escala, a pesar de que, sobre el papel, se resalte su importancia.
Fuente: Apostleship of the Sea, Mauricio, miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores
Para justificar los procesos y mecanismos de toma de decisiones que facilitan el acaparamiento de océanos se utilizan varias narrativas. Estas narrativas son impulsadas por un amplio abanico de actores, que van desde la academia a los Estados y las organizaciones multilaterales, pasando por influyentes actores privados, fundaciones filantrópicas y organizaciones internacionales de conservación. El discurso general alega que es necesario ampliar la producción de alimentos para alimentar a una población mundial en crecimiento, y que es urgente conservar hábitats clave para luchar contra la sobreexplotación, restaurar las poblaciones de peces y proteger la naturaleza. Se sostiene que los obstáculos a la seguridad alimentaria, la restauración de las poblaciones de peces y la conservación de la naturaleza son: la sobrepesca y la falta o la escasez de derechos de propiedad en la pesca; el aumento de la contaminación debido a las actividades antropogénicas; el cambio climático; y la falta o la insuficiencia de capacidades institucionales e ‛incentivación’ de marcos normativos orientados al mercado a escala nacional.
Según esta perspectiva, la solución consiste en incrementar la producción de alimentos a través de la acuicultura a gran escala; crear regímenes de propiedad claros y seguros, como la pesca basada en derechos para la captura salvaje; establecer zonas de veda o Áreas Marinas Protegidas para conservar la naturaleza; canalizar la conservación y la producción hacia mecanismos basados en el mercado; y crear incentivos y marcos normativos para nuevas inversiones a gran escala y, en particular, inversiones extranjeras directas.
Sin embargo, esta forma de plantear los problemas y sus soluciones es engañosa. En primer lugar, el discurso sobre el incremento de la producción de alimentos describe el problema como si se tratara principalmente de un tema de falta de suministro de alimentos, a la vez que omite evidenciar que la inseguridad alimentaria está en gran medida vinculada con cuestiones de acceso a los alimentos y de distribución de estos. En este sentido, no está claro cómo ni por qué la acuicultura a gran escala, orientada a las exportaciones, sería la respuesta, siempre y cuando en este modelo de producción no se aborde la cuestión de ‛quién obtiene qué’ desde una perspectiva favorable a los sectores pobres, es decir, en interés de los grupos más vulnerables.
En segundo lugar, el mismo razonamiento es aplicable a la narrativa de la sobrepesca. A pesar de que existe un consenso de base de que las poblaciones de peces de todo el mundo están sometidas a un gran estrés y a una creciente presión por la actividad humana, ‛universalizar’ la sobreexplotación de peces difumina la realidad de que el deterioro de algunas poblaciones suele variar en función de la especie, el contexto y los actores en cuestión. Un análisis que hace caso omiso de este contexto obvia las cuestiones clave de la utilización de los recursos y los derechos de los usuarios y las usuarias. ¿Quién pesca y en aguas de quién? ¿Con qué fin? ¿Y qué actores son responsables de las mayores capturas y los mayores daños?
En tercer lugar, el supuesto de que la sobrepesca es fruto de la falta de derechos de propiedad privada claros carece de fundamento. La lógica de base, que se presenta como una verdad universal, sostiene que la sobreexplotación es inevitable mientras los océanos sean tratados como un recurso de acceso abierto (en el sentido de que no existe una propiedad sobre los recursos y que cualquiera puede ir a pescar), y que ‛la propiedad promueve la buena gestión’, lo que significa que los derechos de propiedad privada ofrecen a las empresas incentivos para pescar de forma responsable. Se da por sentado que establecer derechos de propiedad privada individual claros a través de mecanismos como las ‛cuotas individuales transferibles’ (CIT) genera esos incentivos. Sin embargo, esta idea de ‛privatizar o morir’ da a entender que solo existen dos escenarios posibles para gestionar la pesca: los derechos de propiedad privada o una situación de caos. Esta visión no reconoce el gran abanico de diversidad en los regímenes de derecho de acceso, y confunde el acceso abierto con los muy distintos regímenes basados en el patrimonio común que caracterizan a muchas comunidades pesqueras en pequeña escala. Tampoco tiene en cuenta que la propiedad de los recursos en la zona económica exclusiva –la franja marítima que se extiende hasta una distancia de 200 millas náuticas de la costa– pertenece a Estados soberanos y, por lo tanto, no son ‛de acceso abierto’.
En cuarto lugar, la contaminación, la destrucción de hábitats y el agotamiento de los recursos se utilizan para promover áreas de conservación como las Áreas Marinas Protegidas, así como iniciativas que buscan canalizar las fuerzas del mercado hacia la conservación y restauración de la naturaleza. Estas ‛soluciones económicas’ a ‛problemas ambientales’ suelen pasar por alto las dimensiones humanas y sociales. No tienen en cuenta, por ejemplo, que la pesca en pequeña escala no es un sector aislado, sino que forma parte de complejos sistemas de producción, distribución y gobernanza en que las personas conviven con la naturaleza. La vulnerabilidad de los pueblos pesqueros es el resultado de varios factores, como la falta o la escasez de apoyo público, de prestación de servicios e infraestructuras, y su exclusión de los procesos de toma de decisiones.
En quinto lugar, se utiliza el discurso recurrente de cómo los Gobiernos carecen de la debida capacidad institucional y del fracaso de los marcos normativos nacionales para abordar los problemas de la pesca y los océanos para presentar las reformas de políticas basadas en la privatización y la inversión a gran escala como algo necesario, preferiblemente a través de asociaciones público-privadas (APP); esto es a lo que se refiere el Banco Mundial cuando habla de los ‛miles de millones hundidos’ y perdidos en la economía mundial debido a la falta de una relación de mercado en los ecosistemas marinos.23 En lugar de adoptar estas propuestas de reforma impuestas de arriba abajo y que persiguen un modelo único aplicable a todos los casos, las reformas de las políticas nacionales deberían basarse en los intereses y las demandas de organizaciones representativas a través de un proceso democrático inclusivo y de abajo arriba.
Este discurso también afirma que las iniciativas voluntarias orientadas al mercado para la gestión de la pesca ayudarán a mejorar la gobernanza de los océanos. La experiencia del Consejo de Administración del Mar (MSC), que se ha convertido en el programa dominante para el etiquetado de pescado en el sector de la pesca de captura salvaje, echa por tierra este mito. El MSC monopoliza el mercado de la certificación de ‛productos pesqueros sostenibles’, en lugar de ayudar a la creación de una ‛pesca sostenible’ y ha contribuido a la marginación de pescadores y pescadoras vulnerables, especialmente en los países en desarrollo, al convertir sus capturas en ‛insostenibles’ por defecto.24
Las organizaciones e instituciones más influyentes aceptan estas narrativas, los problemas diagnosticados y las soluciones propuestas sin ningún tipo de visión crítica. Lejos de ser una evaluación neutral, enmarca claramente las soluciones de una manera determinada, fomentando los enfoques económicos y técnicos, como la acuicultura industrial, la pesca basada en derechos, las Áreas Marinas Protegidas y otras inversiones privadas a gran escala y mecanismos basados en el mercado. De este modo, no reconocen las raíces políticas y sociales del uso insostenible de los recursos marinos y también olvidan situar en el centro del debate a las comunidades cuyos medios de vida y soberanía alimentaria dependen de los recursos.
Otras lecturas:
Macinko, S. (2014) ‘Lipstick and catch shares in the Western Pacific: Beyond evangelism in fisheries policy?’, Marine Policy 44: 37-41.
Mansfield B. (2004) ‘Neoliberalism in the oceans: “rationalization,” property rights and the commons question’, Geoforum 35: 313-26.
Kolding J. and P.A.M. van Zwieten (2011) ‘The tragedy of our legacy: how do global management discourses affect small-scale fisheries in the South?’, Forum for Development Studies 38(3): 267-97.
O’Riordan, B. (2013) ‘The Global Fisheries Crisis: dispelling myths and misconceptions, and fishing for solutions’, Food Chains 3(1-2): 18-31.
Bromley, D.W. (2008) ‘The Crisis in Ocean Governance. Conceptual Confusion, Spurious Economics, Political Indifference’, MAST 6(2): 7–22.
Allison E.H. et al. (2012) ‘Rights-based fisheries governance: from fishing rights to human rights’, Fish and Fisheries 13: 14-29
Cuadro F. La lucha por la soberanía costera en el golfo de Fonseca en Honduras
Las cristalinas aguas marinas de Honduras sufren múltiples amenazas de las corporaciones transnacionales y los inversores, así como de políticos poderosos. Desde la década de 1970, 70.000 hectáreas equivalentes a la mitad de los bosques de manglares del golfo de Fonseca han pasado de la propiedad comunitaria a concesiones privadas. Corporaciones norteamericanas y sudamericanas o europeas han arrebatado a las poblaciones nativas su derecho de acceso a los recursos, principalmente con fines turísticos y de acuicultura. La expansión de los criaderos de camarón hasta superar las 20.000 hectáreas de bosques, lagunas y zonas de marea ha dado lugar a graves violaciones de los derechos humanos. Un gran número de comunidades se han visto desplazadas.
La industria del camarón orientada a la exportación en Honduras afirma dar empleo a unas 20.000 personas. Esta cifra es, sin embargo, de cinco a diez veces menor que el número de personas que sustentan sus medios de vida en los recursos de los manglares, ya sea con la pesca en pequeña escala u otros usos tradicionales. Además, la conversión de zonas de manglares productivos a explotaciones de camarón se ha traducido en la destrucción de hábitats naturales cruciales para la regeneración de recursos naturales costeros, incluidos los peces. La contaminación química y la eutrofización causadas por la cría de camarón también constituyen una amenaza más para la vida marina de Honduras.
Como respuesta a la disminución de las capturas pesqueras en el golfo, el Gobierno ha propuesto reemplazar la Ley de Pesca de 1959 con una nueva legislación basada en las cuotas individuales transferibles (CIT), la Ley de Pesca y Acuicultura. El proyecto de ley viene promovido por USAID, la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos, y está respaldada por la industria pesquera, como Pesca Chile, una filial de la transnacional española Pescanova.
En 2013, la Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (APAGOLF) lanzó una campaña rápida y bien planificada dirigida a los medios de comunicación y a los miembros del parlamento que consiguió detener el proceso. La campaña argüía que las típicas respuestas impulsadas por el mercado a los problemas ambientales constituyen otra amenaza para la pesca en pequeña escala. Jorge Varela, de APAGOLF, insiste en que “existen muchas evidencias de esta región de que las soluciones basadas en el mercado solo benefician a los ricos de la élite y a los inversores extranjeros, a expensas de los derechos de los pescadores mestizos, indígenas y afro-hondureños. Vamos a seguir protegiendo los derechos de los pescadores luchando contra esta propuesta”. Su lucha tiene aún un largo camino por recorrer, ya que en junio de 2014 el Congreso Nacional volvió a presentar el proyecto de ley para su aprobación.
Fuente: Asociación de Pescadores Artesanales del Golfo de Fonseca (APAGOLF), miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores
Otras lecturas:
Varela Marquez J. (2013) “One step from legalizing the surrendering of coastal sovereignty”: http://iccaconsortium.wordpress.com/2013/08/30/one-step-from-legalizing-the-surrendering-of-coastal-sovereignty/comment-page-1
Varela Marquez J. (2013) “USAID impulsa privatización de los mares”: http://www.elheraldo.hn/csp/mediapool/sites/ElHeraldo/Opinion/story.csp?cid=616395
Ecoceanos (2014) “Pueblo Garífuna en Honduras exige que Proyecto de Ley de Pesca y Acuicultura sea revisado”: http://www.ecoceanos.cl/news/index.php?option=com_k2&view=item&id=867:pueblo-garifuna-exige-que-proyecto-de-ley-de-pesca-y-acuicultura-sea-revisado
El Banco Mundial cada vez promueve más la Alianza Mundial a favor de los Océanos (Global Partnership for Oceans o GPO en inglés) como el nuevo proyecto global para abordar la gobernanza de los océanos y la pesca. En la Cumbre Mundial de los Océanos 2012, organizada por la revista The Economist, el entonces presidente del Banco, Robert B. Zoellick, anunció que la GPO tenía previsto movilizar 1.500 millones de dólares estadounidenses durante cinco años, lo que lo convertiría en el mayor programa mundial de financiación de la pesca hasta la fecha. La ‛Declaración de los océanos sanos y productivos’ de la GPO se hizo pública en la presentación formal de la GPO en la Cumbre de Río+20, en 2012.25 El Documento Marco para la GPO se publicó y refrendó en marzo de 2014.26
Aunque la agenda declarada de proteger unos recursos marinos saludables y resilientes puede parecer loable a primera vista, cuando se examina más de cerca se hace evidente que la Asociación persigue, ante todo, la promoción de soluciones basadas en el mercado a través de asociaciones público-privadas, reformas de pesca basada en derechos y el crecimiento de nuevas industrias relacionadas con los océanos. Además, la GPO fue configurada por una alianza exclusiva de partes interesadas, sin ninguna participación e inclusión significativa de los movimientos sociales que representan a una proporción significativa de los pequeños pescadores y pescadoras del mundo.
En el marco de la GPO, el Banco Mundial, en colaboración con la Unión Africana y el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), elaboró un documento clave por el que se guiaría un programa de inversión de 550 millones de dólares estadounidenses durante un período de cinco años.27 Un reducido número de organizaciones que representan a los pescadores en pequeña escala en África han participado en una serie de reuniones y conferencias de la Unión Africana y de la Nueva Alianza para el Desarrollo de África (NEPAD) en los últimos cuatro años. A raíz de estas reuniones y conferencias, ha quedado muy claro que la Unión Africana y la NEPAD están trabajando en estrecha colaboración con el Banco Mundial y que la pesca basada en derechos es el principal denominador de los programas para la reforma de las instituciones.28 Así lo evidencia, por ejemplo, la referencia de la NEPAD a un informe publicado por el Banco Mundial y elaborado por el Centro de Investigación sobre Derechos de Propiedad y Medio Ambiente (PERC), una organización de los Estados Unidos, en que los autores se refieren en repetidas ocasiones a la pesca o la gestión basada en derechos, los derechos de propiedad privada, las cuotas individuales transferibles y las cuotas de captura.29Este documento, leído en su conjunto, ilustra claramente la agenda de privatización del Banco Mundial y sus socios.
La Alianza reúne a una gran coalición de actores y financiadores muy diversos, que van desde agencias nacionales de desarrollo y organismos intergubernamentales –como la estadounidense USAID, la británica DFID, la noruega Norad y el Fondo Mundial para el Medio Ambiente (GEF)– a grandes fundaciones filantrópicas –por ejemplo, la fundación de las familias Moore o Walton–, pasando por ONG ambientales internacionales –como el Fondo Mundial para la Naturaleza, Conservación Internacional y Oceana– y empresas y entidades corporativas del sector pesquero (por ejemplo, el Consejo Mundial de los Océanos o WOC, High Liner Foods, Darden Restaurants, la Alianza Global de Acuicultura o GAA, el Consejo de Administración de la Acuicultura o ASC, y el Consejo de Administración del Mar o MSC). Representa un consenso ideológico, político y de financiación sin precedentes que amplía el alcance del acaparamiento de océanos y profundiza la magnitud de la amenaza.
Cabe destacar que la GPO ha adaptado y suavizado su lenguaje para que suene atractivo a los socios, los donantes y las personas cuyas vidas se verán afectadas por este Documento Marco. En un principio, el proyecto de Documento Marco de la GPO estaba envuelto en la retórica de la pesca basada en derechos, la garantía de los derechos de acceso y las inversiones privadas. Sin embargo, tras una serie de acontecimientos y críticas de algunos socios importantes, el Banco Mundial modificó la redacción de varios borradores de este Documento. Así, en la versión final de marzo de 2014 del Documento Marco, todas las referencias a la pesca basada en derechos se habían sustituido por términos como ‛asignación cuidadosa de derechos’, ‛acuerdos de derechos de usuario’, ‛derechos de tenencia’, ‛derechos comunitarios’, ‛derechos de acceso’ y ‛derechos humanos’.
Este importante giro en el uso del lenguaje confunde la línea entre los partidarios de los derechos de propiedad privada y la promoción de los derechos humanos de los movimientos sociales. Aunque hay quien pueda argüir que este cambio en el lenguaje es reflejo de un viraje sincero en el enfoque de la GPO hacia una agenda orientada a los derechos humanos, muchos movimientos sociales sostienen que simplemente evidencia un nuevo eufemismo y una estrategia retórica para lograr más regímenes de derechos de acceso privados e individuales. Así, es probable que el término ‛derechos comunitarios’ se utilice como señuelo para dar la impresión de que la pesca basada en derechos es buena para las comunidades, el término ‛pesca sostenible’ se use para aludir a la pesca debidamente incentivada por mecanismos de mercado, y ‛asociaciones público-privadas’ se entiendan como la transferencia de recursos de propiedad pública del Estado a actores privados, eclipsando las necesidades y los derechos de los pueblos de pescadores en pequeña escala.
Por otra parte, el lema del ‛crecimiento azul’ se está convirtiendo en un nuevo mantra que apela a los donantes y los responsables de la formulación de políticas, entre otras cosas por su similitud con la ‛economía verde’, pero también por su carácter indefinido, con lo que queda abierto a que actores poderosos se apropien de su interpretación y práctica. La Cumbre sobre la Acción Oceánica Global, organizada en colaboración con el Banco Mundial en abril de 2014, es uno de los ejemplos más recientes de cómo se está aplicando estratégicamente el ‛crecimiento azul’ para fortalecer la GPO mediante la movilización de nuevos socios y fondos de donantes.
Otras lecturas:
A Call for Governments to Stop Supporting the Global Partnership for Oceans (GPO) and Rights-Based Fishing (RBF) Reforms: http://masifundise.org.za/wp-content/uploads/2013/03/WFFP-WFF- Call-on-Governments_GPO_200313.pdf
Reuter R. (2014) ‘The corporate take-over of fisheries policy-making’, http://www.sydafrika.dk/article/corporate-take-over-fisheries- policy-making
Lista de socios de la GPO: http://www.globalpartnershipforoceans.org/ partners
Gobiernos, instituciones gubernamentales regionales e internacionales, organizaciones ambientales internacionales, grandes corporaciones y fundaciones filantrópicas están entre los principales actores que están impulsando reformas y políticas basadas en el mercado que, en última instancia, permiten que se produzca el acaparamiento de océanos.
La facilitación del cercamiento de los recursos marinos por parte de los Estados entraña una combinación de las dinámicas siguientes. (i) Invención/justificación de que se necesitan reformas pesqueras; por lo general, basada en la narrativa de la mala gestión de los recursos debido a la falta de derechos de propiedad privada. (ii) Definición, identificación y cuantificación de los recursos marinos y las poblaciones de peces. Esta información sirve para sentar las bases de los sistemas de cuotas y ‛captura total permitida’ que constituyen el núcleo de las reformas de pesca basada en derechos. (iii) Afirmación de la soberanía y la autoridad estatal sobre las aguas territoriales. Los Estados controlan ahora un tercio de las superficies oceánicas a través de las zonas económicas exclusivas, y continúan su expansión con la actual carrera para potenciar el control estatal sobre las denominadas ‛zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional’. (iv) Reasignación del acceso y el control sobre los recursos. El Estado es el último responsable encargado de asignar cómo, con qué fines y quién puede usar las aguas pesqueras y el territorio. En ocasiones, este proceso implica la coerción, mediante fuerzas policiales y militares, para garantizar su cumplimiento. Por ejemplo, según algunas informaciones, el Estado tanzano ha estado utilizando tropas del ejército, con represión, para ayudar a hacer cumplir la legislación que ha adoptado en torno a su parque marino en la Isla de Mafia.
Además del Estado, en el acaparamiento mundial de océanos también participa una gran diversidad de actores, tanto tradicionales como recién llegados. La gama de actores abarca toda una serie de élites económicas nacionales y corporaciones transnacionales, que trabajan en una amplia variedad de sectores, como el (eco)turismo, la agroindustria y las industrias extractivas, y que a menudo pueden ejercer su influencia en los marcos normativos y los acuerdos económicos. La academia también desempeña un papel importante a la hora de allanar el camino al acaparamiento de océanos. En más de cuatro décadas, los economistas especializados en el ámbito de la pesca y otros científicos de este campo han realizado estudios y publicado influyentes escritos de apoyo y promoción de los derechos de propiedad privada en la pesca.
Por otro lado, algunas grandes y adineradas fundaciones filantrópicas cada vez están creando más relaciones de colaboración con organizaciones ambientales internacionales para abordar cuestiones relacionadas con los océanos y la pesca. Las fundaciones Gordon and Betty Moore Foundation, Rockefeller Foundation, Walton Family Foundation y Bloomberg Foundation, en asociación con el Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF), Conservación Internacional y el Fondo para la Defensa del Medio Ambiente (EDF), por citar algunos ejemplos, acogen y financian proyectos basados en enfoques de mercado para la gestión pesquera y la conservación ambiental.
Gobiernos, ONG ambientales internacionales y otros actores cada vez abogan más por la creación de Áreas Marinas Protegidas (AMP) –santuarios y reservas costeras que establecen zonas de veda de pesca– junto con planes de conservación basados en el mercado para hacer frente a la sobrepesca, la contaminación y los cambios de hábitats. Una de las metas del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas trata específicamente este tema al señalar que, para 2020, al menos el 10% de las zonas marinas y costeras se habrán conservado por medio de sistemas de áreas protegidas. 31 Muchos otros defensores de las AMP arguyen que se deberían conservar hasta el 30% de las áreas marinas y costeras. La mayoría de las AMP se encuentran en las aguas costeras y territoriales de lugares con una gran riqueza de biodiversidad, y donde pescadores en pequeña escala practican sus actividades de sustento. Esas zonas son caladeros especialmente valiosos para los pueblos de pescadores artesanales y muchas veces se caracterizan por complejos sistemas de tenencia locales o consuetudinarios.
Con su enfoque de arriba abajo y su representación unilateral en los procesos de toma de decisiones, los marcos normativos de las AMP rara vez tienen en cuenta a las comunidades de pequeños pescadores y pescadoras o reflejan la importancia de las culturas, las necesidades y los contextos locales. Las entidades privadas, las organizaciones ambientales y los organismos gubernamentales también tienden a asumir la gestión de las AMP sin ninguna participación de los pescadores en pequeña escala. Las regulaciones impuestas con las AMP reubican pueblos enteros o dejan a las comunidades con regímenes de uso de la tierra que les dificultan o incluso imposibilitan por completo practicar sus medios de vida. 32 En un exhaustivo estudio sobre las AMP en Sudáfrica, se concluye que la gestión de los recursos marinos en estas zonas contribuye a una mayor exclusión de los pescadores artesanales, y socava sus medios de vida tradicionales. Otros ejemplos de la India, México, Tanzania y Tailandia también demuestran cómo la ‛participación comunitaria’ tiende a interpretarse y reducirse a que las comunidades cumplan con la aplicación de las iniciativas de AMP. 33
Uno de los eventos clave en torno a las AMP es el Congreso Internacional de Áreas Marinas Protegidas (IMPAC), que se celebra cada cuatro años. El objetivo principal del IMPAC es evaluar los avances realizados y buscar nuevas soluciones con el fin de cumplir con la meta internacional –establecida por el Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas– de conservar el 10% de las zonas costeras y marinas del mundo. El IMPAC reúne a cerca de mil participantes; la gran mayoría con una orientación ecocéntrica. Los aspectos sociales y de derechos humanos de las AMP reciben poca atención en el IMPAC. Esto reafirma que el acento dominante en relación con las AMP sigue situándose en la conservación de la naturaleza, con un escaso respeto de las personas que se ven afectadas por la puesta en marcha de las áreas de conservación.
La conservación de la biodiversidad, proclamada como objetivo central en el contexto de las AMP, casi nunca es considerada como un fin en sí misma. Por lo general, forma parte de las estrategias más amplias de los responsables normativos de aumentar el crecimiento económico. Esta necesidad indiscutible –según sus partidarios– parece dominar las discusiones sobre reformas normativas y, a menudo, le acompaña el fin de establecer y ampliar el sector turístico, sobre todo con respecto al ecoturismo. En África y el sudeste asiático, comunidades pesqueras han sido desplazadas de sus tierras costeras y caladeros en numerosos lugares que son ricos en biodiversidad y patrimonio cultural por un creciente sector turístico. En Tanzania, tras el establecimiento del parque marino de la Isla de Mafia, conocido como el primer parque marino de África, surgieron empresas turísticas de propiedad extranjera, que cercaron el acceso a zonas terrestres y litorales, entre las cuales los arrecifes de coral más productivos, bosques de manglares y las mejores playas, que hasta entonces habían estado sometidos a regímenes de propiedad tradicionales por parte de las comunidades locales. En la misma línea, en la reserva de fauna y flora marinas de Malvan, en el estado indio de Maharashtra, “la comunidad pesquera tiene la fuerte sospecha de que la limitación de las actividades pesqueras en la región y otras normas relacionadas en las áreas centrales y colindantes han sido concebidas principalmente para dar un impulso al turismo”.34
Otros programas más amplios de compensación de carbono e iniciativas de conservación basadas en el mercado que afectan a recursos marinos –bosques de manglares, lagos y ríos, tierras adyacentes a estos o zonas costeras– también restringen el control de las comunidades pesqueras sobre sus recursos. Basándose en mecanismos como el Programa de las Naciones Unidas para reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD), actores de línea convencional como la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (IUCN) y la organización ambientalista Conservación Internacional (CI), junto con socios corporativos y fundaciones filantrópicas, están intentando aplicar el enfoque de pago por ecosistemas para la gestión de los ecosistemas marinos. En Senegal, Tanzania, Madagascar y Kenia, por ejemplo, proyectos entre agentes empresariales, organizaciones internacionales y agencias gubernamentales cercan bosques de manglares en nombre de los programas de créditos de carbono.
Bautizada como ‛Iniciativa Carbono Azul’ por sus partidarios, este marco está reciclando el enfoque de ‛economía verde’ basado en el mercado en el ámbito de los recursos marinos. Su objetivo es financiarizar el carbono almacenado, secuestrado o liberado de los ecosistemas costeros de marismas, manglares y praderas marinas. Sin embargo, la financiarización en el sector de los recursos acuáticos consiste, en última instancia, en ‛hacer legibles’ los ecosistemas oceánicos a las grandes inversiones privadas, en un proceso de simplificación que suele perturbar o destruir la red de relaciones entre estos recursos y las comunidades que dependen de ellos. La experiencia de algunos proyectos piloto –como los de bosques de manglares convertidos en zonas de acceso prohibido para ‛compensar’ actividades de las industrias extractivas en Madagascar que ya han destruido ecosistemas locales– pone de manifiesto que la historia del acaparamiento verde está a punto de repetirse. 35
Cuadro H. Conservaciones enfrentadas: la Iniciativa del Triángulo de Coral en Calatagan, Filipinas
Calatagan es un pueblo de pescadores y pescadoras situado en la parte occidental de la provincia de Batangas en Filipinas. Los miles de pescadores en pequeña escala de Calatagan y todas las personas que dependen del cultivo y la elaboración de algas marinas o de la comercialización de productos pesqueros están amenazados por la Iniciativa del Triángulo de Coral (CTI), un programa internacional de conservación para la región que elude acuerdos locales de protección ambiental ya negociados y establecidos.
Creada en 2007, esta AMP –que también abarca Indonesia, Malasia, Papúa Nueva Guinea, las Islas Salomón y Timor-Leste– ha sido apodada como la Amazonia de los mares debido a su alta biodiversidad marina. Se calcula que unos 120 millones de personas viven en las comunidades costeras de esta región, la mayoría de las cuales dependen de la pesca para su subsistencia o seguridad alimentaria. En el marco de la CTI, Conservación Internacional se asoció con el Fondo Mundial para la Naturaleza y el gobierno local de Calatagan en 2012 para formar cuatro nuevas AMP con una superficie total de 135 hectáreas. A la Federación de Pescadores Artesanales de Calatagan no se le permitió participar en los procesos de toma de decisiones. Su presidente, Tony Bautista, explica que a los pescadores “no se los consultó antes de que se tomara la decisión de poner en marcha la AMP”. Este enfoque de arriba abajo perturba el éxito de las prácticas locales de gestión conjunta construidas durante las dos décadas anteriores.
En efecto, la Federación de Pescadores Artesanales de Calatagan (o Samahan ng Maliit na Mangigisda ng Calatagan) fue creada a principios de la década de 1990 por los pescadores de la zona como respuesta a la disminución de las capturas y la invasión de de las aguas próximas a la costa por parte de grandes buques de pesca. La federación hizo campaña y consiguió que el gobierno municipal declarara áreas marinas protegidas en tres zonas, cada una de dos hectáreas, y que esas zonas fueran gestionadas por los propios pescadores. Ka Uper, uno de los dirigentes de la federación, atribuye el éxito al enfoque de abajo arriba y a la motivación de los pescadores para proteger sus aguas. El proceso de abajo hacia arriba también fortaleció a la Federación, y por lo tanto, incrementó su capacidad para la gestión de la pesca. Hacia el final de la década de 1990, la Federación y el gobierno municipal acordaron extender cada una de las áreas a ocho hectáreas, con el fin de proteger las poblaciones de peces y, al mismo tiempo, garantizar que los pescadores tenían acceso a suficientes caladeros.
Sin embargo, en la AMP establecida por el CTI, muchos pescadores de Calatagan ya no pueden pescar en sus antiguos caladeros y ahora tienen que desplazarse a las aguas de otros barangays (distritos municipales) donde no existen zonas reservadas de pesca. Un pescador local explica que “hoy en día existe más competencia entre los pescadores, y los pescadores de otras aldeas suelen ir a nuestros caladeros porque han perdido el acceso a los suyos”. Según Ka Uper, los principales beneficiados son los buques pesqueros de las grandes empresas: “Los pescadores artesanales no tienen otra fuente de ingresos que no sea la pesca, y viajar a otros caladeros tiene un costo prohibitivo. Los pescadores comerciales sí pueden permitirse el lujo de ir más lejos”. La campaña de la Federación logró detener el proyecto del CTI en siete pueblos de la costa, pero se encontró con dificultades a la hora de movilizar a los pescadores para que lucharan contra el proyecto en otras zonas costeras debido a la falta de fondos.
Fuente: Federation of Small-scale Fishers of Catalagan, Filipinas
Otras lecturas:
Benjaminsen T.A. y I. Bryceson (2012) ‘Conservation, green/blue grabbing and accumulation by dispossession in Tanzania’, The Journal of Peasants Studies 39(2): 335-55.
ICSF (2008) ‘Marine Conservation and Coastal Communities: Who Carries the Costs? A Study of Marine Protected Areas and Their Impact on Traditional Small-scale Fishing Communities in South Africa’: http://mpa.icsf.net/images/stories/mpa/south-africa-all.pdf
CIAPA-ICSF (2008) Parques reservados: Reservas Marinas y Comunidades Pesqueras de Pequeña Escala: recopilación de artículos publicados en la Revista SAMUDRA: http://www.icsf.net/images/dossiers/pdf/spanish/issue_98/98_all.pdf
Aunque durante siglos se practicaron a pequeña escala, hoy día las actividades de acuicultura continental y cerca de la costa se han transformado y extendido hasta alcanzar una escala industrial sin precedentes. Foros científicos y normativos a escala internacional, como la GPO, cada vez presentan más la ‛acuicultura’ como una nueva panacea para producir pescado con supuestos beneficios económicos, sociales y ambientales. Si bien la gran mayoría de la producción de acuicultura a gran escala tiene lugar en Asia, muchos países de América del Sur y Central, Oriente Medio y Europa también están produciendo a gran escala. En las últimas dos décadas, su contribución mundial relativa a la oferta global de pescado para consumo directo ha aumentado del 10 al 50%.
Esta acuicultura se fomenta como una respuesta racional a la creciente demanda de pescado en un momento de degradación universal de las poblaciones de peces e insostenibilidad de la pesca de captura salvaje. Una vez más, este planteamiento deja de lado las cuestiones políticas y específicas de cada contexto de quién debe decidir qué puede pescarse, dónde y cómo. Las especies criadas por la acuicultura a gran escala alimentan la creciente demanda de pescado de los mercados de rentas altas y medias del Norte Global, más que los sistemas alimentarios locales de la población rural pobre. Al acaparar las tierras y las aguas de las que dependen, la acuicultura incrementa aún más la vulnerabilidad de las comunidades pesqueras. La acuicultura constituye otra dinámica en la que el control sobre los recursos acuáticos se ve capturado por el régimen corporativo de alimentos pesqueros, a expensas de las personas que dependen de estos recursos y de la capacidad de resiliencia de los ecosistemas marinos. En este sentido, mejora y fortalece los regímenes alimentarios y las cadenas de valor controlados por el mundo corporativo, socavando a los pequeños productores de alimentos. Tanto el Consejo de Administración de la Acuicultura (ASC) como la Alianza Global de Acuicultura (GAA), los principales programas de certificación de la acuicultura que la promueven como la solución para satisfacer la creciente demanda de pescado, son socios de la GPO.
La acuicultura comercial reduce la biodiversidad genética de las poblaciones de peces. A pesar de que la acuicultura cría más de 500 especies acuáticas en todo el mundo, la producción comercial se basa en la producción de 25 especies: principalmente salmón, carpas, pangasius, tilapias, almejas y camarones. Este ‛monocultivo’ en los patrones de producción y consumo de pescado tiene peligrosas repercusiones para la resiliencia y la adaptabilidad de los ecosistemas marinos. El vertido incontrolado y constante de estas especies no autóctonas en aguas dulces y océanos altera los ecosistemas locales y regionales. En el Pacífico, los pescadores indígenas en Chile y la Columbia Británica han visto cómo se agotaban su recursos pesqueros a causa de la acuicultura corporativa dedicada a la cría del salmón a gran escala. La posible cría de salmón modificado genéticamente en el océano Atlántico por la empresa Aquabounty exacerbará probablemente este problema. 36
Aquí puede trazarse un paralelismo con los impactos socio-ecológicos de los monocultivos agrícolas y los cultivos modificados genéticamente, un aviso más de que es poco probable que este modelo de producción pesquera conduzca a un desarrollo incluyente y sostenible.
La acuicultura industrial también ha alterado directamente la pesca en pequeña escala al cercar áreas costeras y continentales, en particular para la producción de camarón, por la que los bosques de manglares costeros se convierten en estanques de camarones. Las comunidades no solo han perdido manglares utilizados para recolectar toda una serie de recursos e importantes para la cría y alimentación de muchas especies de peces, sino que con la tala de los bosques de manglares también han perdido la protección natural que proporcionan estos ecosistemas contra condiciones meteorológicas extremas. En la mayoría de los casos, los pescadores también se ven excluidos de las posibilidades de empleo en los nuevos centros de acuicultura, o los relativamente pocos que sí encuentran empleo en el sector de la acuicultura trabajan en malas condiciones, con escasa protección social y por un salario bajo. Estos nuevos modelos de producción alejan la acumulación de riqueza de los pescadores en pequeña escala y se la acercan a los nuevos propietarios de tierras y estanques, así como a los proveedores corporativos de insumos. El auge de la acuicultura del pangasius en Vietnam ha transformado la producción pesquera, que en menos de dos décadas ha pasado de estar orientada principalmente al consumo local a constituir un sector agro-exportador en que el 90% se consume fuera del país. 37
Debido a su carácter intensivo en capital, las explotaciones acuícolas industriales se enmarcan en un grupo selecto de cadenas de suministro corporativas integradas verticalmente, ya sea para actividades de insumos, producción o venta al detalle. La noruega Marine Harvest, la japonesa Nippon Suisan Kaisha y la española Pescanova son gigantes que controlan una gran parte de estos mercados, junto con los principales minoristas del mundo como Walmart o Carrefour. Las condiciones laborales asociadas con estas cadenas son terribles, como se puso de manifiesto recientemente con el caso de la producción acuícola del camarón tailandés, con un modelo análogo al de la esclavitud. 38
Cuadro I. Cría de camarón frente a derechos territoriales ancestrales en Ecuador
Ecuador es el quinto mayor productor mundial de camarón, una actividad que genera más de mil millones de dólares estadounidenses al año. Los frágiles humedales del país han sido devastados por la cría de camarón; según estadísticas oficiales, la superficie nacional de manglares se ha reducido de 362.000 hectáreas a apenas 108.000. Aunque la industria del camarón emplea a 250.000 personas en Ecuador, el número de personas que sustentaba sus medios de vida en los manglares antes que la industria acaparara las tierras costeras era mucho mayor. Los bosques de manglares pueden sostener los medios de vida y proporcionar alimentos a hasta ocho veces más personas que la industria camaronera. Comunidades enteras han sido desalojadas y pescadores desesperados están luchando contra los cultivadores de camarón para reclamar sus tierras y proteger los manglares. “El estuario se ha convertido en una zona de guerra, y los camaroneros incluso utilizan manadas de perros y milicias armadas para proteger sus explotaciones”, explica Líder Góngora, de la Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM).
En el estuario del río Chone, en la provincia de Manabí, más de 70 familias con lazos ancestrales con sus tierras y que se ganan la vida con cangrejos, miel, conchas y otros alimentos del manglar crearon la comuna de El Verdún. En 1979, un empresario local adquirió los humedales y desarrolló criaderos de camarones con préstamos del Banco del Pacífico. En este proceso, las personas de la comuna El Verdún fueron desalojadas forzosa y violentamente de sus tierras, y el manglar quedó agotado. Cuando el empresario se declaró en quiebra en 1997 y abandonó las camaroneras, la comuna reclamó sus tierras y comenzó a plantar mangle y cultivos para su subsistencia.
En 2010, el Banco del Pacífico vendió la tierra a otro empresario. Este informó a la comuna que los consideraba invasores de sus terrenos y exigió que los abandonaran. En respuesta, la comuna exigió una investigación adecuada, que fue iniciada por el gobierno de Manabí. La investigación confirmó los derechos ancestrales de los integrantes de la comuna sobre el territorio, por lo que se ordenó al empresario que les volviera a permitir el acceso.
Tras la negativa de este, la comuna organizó una audiencia pública un año más tarde y solicitó al Ministerio de Agricultura que traspasara la propiedad a la comunidad. La solicitud se amparaba en la Constitución de Ecuador, que dispone que las comunidades indígenas tienen derecho a mantener la propiedad de sus tierras y territorios ancestrales, y a no ser desplazadas de ellas. La audiencia desembocó en un caso judicial en 2012, que exigió al empresario destinar el 20% de la propiedad a la comuna. A pesar de que el fallo seguía reconociendo los derechos de propiedad del empresario, este se negó una vez más a devolver el 20% de las tierras. Las autoridades aún no han hecho cumplir la orden judicial.
Fuente: Corporación Coordinadora Nacional para la Defensa del Ecosistema Manglar (C-CONDEM), miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores
Otras lecturas:
Mestre Montserrat M. y M. Ortega Cerdà (2012) ‛Centroamérica - Camaronicultura: Conflictos y Justicia’, Informe Samudra: Revista cuatrimestral del Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal 61:8-11. 61:8-12.
GRAIN (2009) Costas vacías, mares estériles: http://www.grain.org/article/entries/781-costas-vacias-mares-esteriles
Ecoceanos (2013) ‘Reject the expansion of Marine Harvest in the third biggest lake in Chile’: http://www.ecoceanos.cl/index. php?option=com_content&task=view&id=12167
La actual oleada de acaparamiento de océanos está destruyendo o amenaza con destruir gran parte de los océanos y recursos pesqueros del mundo (marinos, costeros y continentales), de los que depende un porcentaje significativo de la población mundial para sus medios de vida y soberanía alimentaria. Las personas y las comunidades se ven despojadas de sus derechos consuetudinarios, largamente establecidos, de acceso a caladeros de pesca y masas de agua, así como a las tierras costeras asociadas que los rodean. Las personas también suelen verse excluidas de la comercialización y la elaboración de las capturas debido a que las actividades de la cadena de suministro se concentran en un número relativamente pequeño de grandes instalaciones que cada vez están más orientadas a los mercados de exportación.
El acaparamiento de océanos también exacerba la destrucción y el agotamiento ambiental grave, ya que está vinculado con toda una serie de actividades económicas a gran escala, que van desde la pesca industrial a gran escala a las industrias extractivas, pasando por los proyectos de desarrollo de infraestructuras. Además, intensifica el manejo imprudente de un recurso del que depende toda la vida del planeta. Los costos sociales y ecológicos negativos de la contaminación y el agotamiento suelen recaer directamente sobre las comunidades locales, y no sobre los actores que los indujeron.
Al cercar o destruir entornos acuáticos vitales para los pequeños pescadores o las comunidades costeras, los impactos del acaparamiento de océanos trastornan sus medios de vida, subsistencia, cultura, tradiciones y cohesiones sociales, poniendo en tela de juicio su propia existencia. Las personas afectadas se enfrentan a una amenaza total sobre su vida, forma de vida y conocimientos adquiridos durante generaciones.
Cuadro J. El mayor bosque de manglares del mundo amenazado en Bangladesh
En Bangladesh, el inicio de la construcción de la central eléctrica de carbón de Rampal junto a los Sunderbans, el mayor bosque de manglares del mundo, amenaza a las comunidades locales y al ambiente con consecuencias catastróficas. Situada a tan solo 14 kilómetros aguas arriba de los Sunderbans, para permitir el fácil acceso de los barcos indios que transportan el carbón para su funcionamiento, la central eléctrica es una iniciativa conjunta entre la empresa estatal india Corporación Nacional de Energía Térmica (NTPC) y la Junta de Desarrollo Energético de Bangladesh (BPDB).
El Gobierno entregó 580 hectáreas de tierras comunales para la construcción, sin dar explicaciones de si las 7.500 familias residentes en la zona serán desalojadas o si la mayoría de los pescadores cuyos medios de vida se ven amenazados recibirán alguna compensación significativa. Miles de familias de pescadores sufrirán la contaminación de los alimentos o se verán obligadas a migrar a otras áreas.
Durante una visita de campo en abril de 2014, el alto comisionado de la India para Bangladesh declaró que “la central de Rampal no tendrá ningún impacto en el bosque de los Sunderbans ni en su ecología”. No obstante, los impactos ecológicos sobre diversos ecosistemas serán probablemente espectaculares. Las centrales térmicas de carbón son grandes fuentes de contaminación y afectan a todos los ámbitos del ambiente: el agua, el aire y la tierra (la contaminación química que se acumula en la cadena alimentaria, la contaminación ‛térmica’ del vertido de las aguas utilizadas para el enfriamiento que mata toda la vida acuática, las emisiones de dióxido de carbono que aceleran el calentamiento global, y el dióxido de azufre que destruye cultivos, bosques y suelos). La intención del Gobierno de dragar 10 kilómetros del sistema fluvial del río Poshur para el transporte del carbón producirá una mayor degradación del ambiente natural.
A pesar de ello, los Sunderbans, declarados patrimonio universal por la UNESCO, proporcionan una protección natural contra los ciclones estacionales a sus cinco millones de habitantes. La riqueza de los bosques de manglares, como las proteínas de crustáceos, moluscos y peces, también suministra medios de vida y soberanía alimentaria a la mayoría de sus habitantes. La destrucción que provocará el proyecto en un área considerable del bosque de manglar socavará todo el ecosistema. Según advierte Mujibul Haque Munir, coordinador de la Alianza de Trabajadores de la Pesca de Bangladesh (BFWA), “las inundaciones serán más frecuentes y harán que más tierras costeras no sean aptas para la agricultura, y la intrusión de agua salada en las reservas de agua dulce dará lugar a la escasez de agua potable".
Fuente: Bangladesh Fish Workers Alliance (BFWA), miembro del Foro Mundial de Pueblos Pescadores
Otras lecturas:
Progress Bangladesh (2013) “How the Rampal Coal Power Plant will destroy the Sundarbans”: http://progressbangladesh.com/how-the- rampal-coal-power-plant-will-destroy-the-sundarbans/
Source Watch “Rampal power station”: http://www.sourcewatch.org/ index.php/Rampal_power_station
UNBconnect (2014) “Rampal power plant not harmful to Sundarbans: Pankaj Saran”: http: / /www.daily-sun.com/details_yes_02-04-2014_Rampal- power-plant-not-harmful-to-Sundarbans:-Pankaj-Saran_812_1_0_3_8.htm
El acaparamiento de océanos está anclado en una lógica y un enfoque económico corporativo y basado en el mercado para la gobernanza de la pesca, la conservación de la naturaleza y el desarrollo económico. El control sobre los recursos acuáticos ha sido capturado y se concentra cada vez más en manos de relativamente pocos actores importantes que determinan cómo se utilizan estos recursos, quién los utiliza y con qué fines. Este proceso valora los recursos acuáticos en estrechos términos económicos, sin reconocer ni poner de relieve las prácticas locales de los sistemas de gestión, las culturas, las tradiciones y la vida social que sustentan a millones de comunidades pesqueras de todo el mundo. Por ese motivo, abordar el acaparamiento de océanos exige ir más allá de las medidas reguladoras y afrontar las estructuras político-económicas en las que están arraigadas las dinámicas de este acaparamiento; es decir, la apropiación de recursos pesqueros marinos, costeros y continentales por parte de intereses del gran capital que, después, determinan políticas, leyes y prácticas.
Un punto de partida importante cuando se habla de cambio sistémico pasa por ‛reiniciar’ el debate sobre la gobernanza de los recursos pesqueros y marinos, y alejarlo de la perspectiva de ‛privatizar o morir’.39 La discusión sobre el régimen de derechos de acceso debería priorizar más bien los derechos de las comunidades pesqueras en pequeña escala a tener un acceso efectivo a los recursos acuáticos, continentales y de cuerpos de agua, y un control democrático sobre estos.
La clave para detener y revertir el acaparamiento de océanos es cambiar el sistema de gobernanza para garantizar un verdadero control democrático sobre los recursos naturales – incluida su producción, consumo y sistemas de distribución– por las mismas personas cuyos medios de vida dependen de dichos recursos. El paradigma de la soberanía alimentaria y de la tierra abarca esta visión alternativa. Esta conlleva “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo” (Declaración de Nyéléni, 2007). Las luchas de los pequeños pescadores están estrechamente relacionadas con las demandas de los pequeños agricultores. Los trabajadores y las trabajadoras rurales, tanto si dependen de la agricultura, la pesca o una combinación de ambas, se enfrentan a la misma dinámica de despojo y cercamientos.
Un marco que garantice que la pesca en pequeña escala sea tratada ante todo como una cuestión de derechos humanos y no como una cuestión meramente económica se articula en torno a dos grandes dimensiones. En primer lugar, rechaza los derechos de acceso y los derechos a los recursos acuáticos centrados en derechos individuales, impulsados por una lógica de mercado, mientras abarca el pluralismo jurídico previo de las formas locales, tradicionales y culturales de los derechos de acceso practicadas en la pesca en pequeña escala en todo el mundo. Garantizar el carácter colectivo de los derechos de acceso, en marcado contraste con los derechos individuales, ofrece la mejor protección posible contra su despojo por parte de las fuerzas del mercado y las intervenciones estatales.
En segundo lugar, sitúa la inclusión, la participación y la gobernanza democrática en el centro de la gobernanza de la pesca. La gobernanza y la gestión de estos derechos es responsabilidad de las comunidades pesqueras junto con instituciones gubernamentales. El ex relator especial de la ONU para el derecho a la alimentación, Olivier de Schutter, ha destacado la importancia de la inclusión para mitigar la vulnerabilidad los pescadores en pequeña escala. El Grupo de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial (CSA) de la FAO recomienda garantizar “que las comunidades pesqueras y los trabajadores del sector participan de forma activa y significativa en todas las decisiones que inciden en su disfrute del derecho a la alimentación”. Comprometer e involucrar la habilidad y capacidad de los pueblos pescadores y sus movimientos sociales en los procesos de toma de decisiones –el diseño, la aplicación y la evaluación de las políticas pesqueras– es un componente que, por lo general, está ausente en iniciativas como la GPO.
Otras lecturas:
Declaración de Nyéléni 2007: http://www.nyeleni.org/spip.php?article291
Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación (2012) Contribución de la pesca al derecho a la alimentación. Informe del relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación.
Grupo de alto nivel de expertos (2014) La pesca y la acuicultura sostenibles para la seguridad alimentaria y la nutrición. Roma: Grupo de alto nivel de expertos del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial de la ONU.
Durante generaciones, han funcionado sistemas que salvaguardan los medios de vida y la soberanía alimentaria de las comunidades pesqueras en pequeña escala. Por lo tanto, las alternativas al acaparamiento de océanos están fundamentalmente vinculadas con el fortalecimiento del espacio político para la pesca en pequeña escala en la gobernanza de la pesca. El modelo defendido por los pescadores artesanales destaca cuatro aspectos clave para una alternativa impulsada desde la justicia social y basada en los derechos humanos a la hora de definir, asignar y gestionar los recursos pesqueros.
En primer lugar, la gobernanza de la pesca debe priorizar el derecho de los pescadores en pequeña escala a producir, así como proteger su acceso, uso y control de los peces y los recursos acuáticos de los que dependen. El enfoque que mejor encarna este tipo de gobernanza es el basado en los derechos humanos, que contrasta marcadamente con la idea de la pesca basada en derechos (PBD). Este reconoce que los beneficios de los recursos marinos no pueden medirse únicamente en términos económicos, y destaca beneficios tales como la dignidad humana, la soberanía alimentaria, el desarrollo de capacidades y el empoderamiento, la disminución de los conflictos, una mayor cohesión social, etcétera.
La aplicación de un enfoque basado en los derechos humanos también implica abordar, de manera integrada, los derechos civiles, sociales, políticos, económicos y culturales de los pueblos pescadores; un enfoque integral que aborda todas las cuestiones de inseguridad. Estos esfuerzos contribuyen a garantizar la soberanía alimentaria y la dignidad de los pequeños pescadores y las comunidades pesqueras, y facilitan la conservación de los ecosistemas locales, dando lugar a resultados de desarrollo humano más sostenibles.
En segundo lugar, los regímenes de derechos de acceso deben garantizar un uso, acceso y control adecuado y eficaz de la gestión de las poblaciones de peces por parte de los pescadores artesanales, teniendo en cuenta su dependencia de numerosas especies diferentes y, a menudo, sobre una base estacional. Esto apoya a las comunidades pesqueras que utilizan enfoques que protegen la biodiversidad local. Este enfoque ha sido reconocido hace tiempo como el denominado sistema de ‛derechos de uso territorial en las pesquerías’ (DUTP; TURF por sus siglas en inglés), y ya está consagrado en la legislación pesquera de varios países.40
Los DUTP, o zonas espaciales reservadas para la pesca en pequeña escala, son un componente necesario de los derechos de acceso. En Sudáfrica, por ejemplo, a los pescadores artesanales se les asignan derechos para pescar en ‛zonas delimitadas de pesca’,41 es decir, áreas en que se da prioridad a los pequeños pescadores. Los DUTP también funcionan con una lógica distinta a las regulaciones establecidas por la gestión de la pesca industrial, como las cuotas totales permitidas (de captura) de determinadas especies y las cuotas individuales transferibles (CIT). Con los sistemas DUTP, la pesca en pequeña escala se gestiona mediante una serie de medidas adaptadas a las prácticas pesqueras locales, como la oferta estacional de diferentes especies; un sistema ‛de cesta’, por el que se permite a los pescadores capturar una gran variedad de especies en lugar de solo una o dos; y restricciones en materia de artes y número o tamaño de los barcos con que se permite faenar a los pescadores.
En tercer lugar, la gobernanza pesquera debería apoyar el desarrollo económico local. Las oportunidades de sustento locales en las actividades anteriores y posteriores a la captura de pesquerías localizadas proporcionan seguridad social y contribuyen a la erradicación de la pobreza a escala local y regional. Esto está en marcado contraste con la cadena de valor de la pesca orientada a la exportación, en que los beneficios económicos se concentran principalmente en un número limitado de pescadores y trabajadores del sector pesquero dedicados a la elaboración y el envasado antes de que los productos pesqueros se exporten a mercados extranjeros. Si bien el potencial de desarrollo económico local en la pesca en pequeña escala es reconocido por instituciones intergubernamentales y numerosos Gobiernos nacionales de todo el mundo, las reformas y marcos normativos siguen respaldando y proporcionado subsidios directos e indirectos a la industria de la pesca en gran escala. Lo que se necesita es apoyo financiero y normativo para el desarrollo de toda la cadena de valor de la pesca artesanal, incluidos programas de financiación para formación, creación de capacidad organizativa e infraestructuras.
En ese sentido, la acuicultura en pequeña escala recibe poca atención. Organismos nacionales e intergubernamentales ponen un gran acento en la necesidad de reformas y mecanismos de financiación para impulsar la producción acuícola en todo el mundo, pero el énfasis se mantiene exclusivamente en la producción industrial o a gran escala para la exportación a los mercados globales. Sin embargo, la acuicultura en pequeña escala presenta un gran potencial y forma parte de la solución para abordar la erradicación de la pobreza y la soberanía alimentaria. La producción en pequeña escala genera importantes oportunidades de medios de vida, en particular para las mujeres, y a lo largo de toda la cadena de valor, con menos presión extractiva sobre los ecosistemas.
Un cuarto aspecto crucial para la gobernanza de la pesca, también integrado en el enfoque basado en los derechos humanos, es garantizar una mayor participación de las mujeres en la toma de decisiones. La mitad de las personas que participan en la pesca en pequeña escala son mujeres. Las mujeres desempeñan un papel fundamental en todos los ámbitos de la pesca artesanal, incluidas las actividades previas y posteriores a la captura, la acuicultura y la pesca continental. Las mujeres también son cuidadoras de sus familias y guardianas de las relaciones sociales y las culturas de las comunidades pesqueras. Como integrantes y líderes de movimientos sociales que representan a las comunidades de pescadores en pequeña escala, las mujeres contribuyen a garantizar que los valores sociales y culturales se mantienen y promueven. Las soluciones a la gobernanza de la pesca en pequeña escala, por lo tanto, exigen la inclusión de las mujeres en la toma de decisiones a todos los niveles.
Otras lecturas:
CAOPA (2014) Declaración - “The future for African Fisheries: sustainable artisanal fisheries”: http://caopa-africa.org/index.php/en/actualites-corep/168-the-future-for-african-fisheries-sustainable-artisanal-fisheries1.html
WFFP (2008) Declaración - “Human Rights, not Property Rights” del WFFP en la Conferencia de la FAO sobre la pesca en pequeña escala celebrada en Bangkok en 2008: http://www.ceeindia.org/cee/pdf_files/Statement_of_the_World_Forum_of_Fisher_Peoples.pdf
IPC Working Group on Fisheries (2013) Securing sustainable livelihoods from small-scale fisheries, in Right to Food and Nutrition Watch.
“Este es el primer instrumento que aborda específicamente el sector de la pesca en pequeña escala en toda la cadena de valor. La importancia de este instrumento es inestimable. Este es un momento histórico para los pescadores y las pescadoras artesanales.
Las Directrices son exhaustivas y tratan, en un solo instrumento, todos los aspectos significativos de la pesca y las comunidades pesqueras en pequeña escala con una perspectiva de derechos humanos.
Las Directrices también ayudarán a las comunidades pesqueras a entablar unas negociaciones y un diálogo constructivo con el Estado y otros sectores para asegurar el acceso a su espacio de vida y de medios de subsistencia, y proteger este espacio de diversas amenazas.”
Declaración de los pescadores en pequeña escala en el 31º período de sesiones del Comité de Pesca (COFI) de la FAO, junio de 2014
El papel de la resistencia de los movimientos sociales para detener y revertir el acaparamiento de océanos es de suma importancia. La experiencia demuestra que los marcos jurídicos por sí solos no bastan y que los buenos resultados exigen una fuerte presión social desde abajo para incidir en el equilibrio de poderes y lograr un cambio positivo. En la oleada contemporánea de privatización de los recursos naturales, el Estado es un agente y mediador activo de la acumulación de capital privado y, por lo tanto, el acaparamiento de océanos suele revestir un carácter ‛legal’. En consecuencia, incluso las mejores leyes o la gobernanza internacional no se hacen efectivas de forma automática a favor de quienes deberían ser los grupos prioritarios. En definitiva: las leyes no se autointerpretan ni se autoaplican.
Abordar el acaparamiento de océanos, o configurar cualquier ley o política, dependerá en última instancia de las interacciones políticas entre los actores estatales y los no estatales. La participación de los movimientos sociales es fundamental y realza el protagonismo de sus luchas. Existen dos grandes tipos de acciones que ya se están desplegando en todo el mundo para resistir al acaparamiento de océanos.
El primer tipo de resistencia es la lucha defensiva por parte de las comunidades para resistir a la expulsión, el despojo o la apropiación de sus recursos. A menudo, implica una amplia gama de tácticas, como la acción directa, la movilización popular y las estrategias jurídicas, así como la alianza con otros sectores para presionar a todos los nodos clave a través de los que se despliega el acaparamiento de océanos. En Sudáfrica, los pescadores en pequeña escala organizaron en 2006 una campaña de desafío, recolectando recursos que se les habían vetado con las regulaciones gubernamentales. En Nigeria, los pescadores están intentando llevar ante los tribunales a la corporación petrolera Shell por la contaminación de sus caladeros. En Venezuela, las campañas de organizaciones de pescadores consiguieron una ley que prohíbe la pesca de arrastre. En Chile, los pescadores y las pescadoras artesanales han colaborado con las universidades para protestar contra las políticas del Gobierno, y los estudiantes han asumido la agenda de la pesca.42 En el Reino Unido, una organización de pequeños pescadores ganó un fallo histórico en los tribunales, que dictaminó que las cuotas no eran propiedad privada de la industria y que el Gobierno estaba facultado para tomar las cuotas de pesca no utilizadas de los grandes buques y otorgárselas a las embarcaciones pequeñas. 43
El segundo tipo de resistencia es la lucha proactiva en la que las comunidades locales ocupan y cercan los recursos marinos de los que dependen para su sustento, y desarrollan sistemas de producción y gestión alternativos que cuestionan el modelo dominante de desarrollo industrial. Ambos tipos representan una lucha de vida o muerte para muchas personas.
Cuadro K. La lucha contra las cuotas individuales en Sudáfrica sobre la base de fundamentos constitucionales
El sistema de cuotas individuales transferibles (CIT) fue introducido por el Estado colonial hace casi 100 años y, desde entonces, no ha dejado de consolidarse. Durante todo este tiempo, las comunidades pesqueras en pequeña escala se han visto cada vez más marginadas, mientras que la industria de la pesca a gran escala no dejaba de ganar capital político y financiero. Este patrón continuó incluso después de que se instaurara la democracia en 1994, a pesar de que el movimiento sudafricano de pequeños pescadores esperaba que el fin del apartheid también les devolvería sus derechos al mar para proteger su cultura y tradiciones. En 2005, el Gobierno lanzó una nueva política de pesca que estaba concebida sobre el principio de la asignación de cuotas individuales. Cuando esta política se firmó, hasta el 90% de los 50.000 pequeños pescadores del país se vio despojado de sus derechos. Pese a las importantes críticas de las comunidades pesqueras y los devastadores efectos de la ley, el Gobierno mantuvo su posición.
Los pescadores artesanales respondieron presentando una denuncia contra el Gobierno, basada en el argumento de que la política era inconstitucional. El caso se llevó ante el Tribunal de Igualdad, un tribunal especial diseñado para ser accesible a todos los sudafricanos y facilitar la protección de los derechos legales de los pobres, en virtud de la cláusula de igualdad de la Constitución. Utilizando sus prerrogativas de aplicar medidas especiales para hacer frente a la discriminación injusta, el tribunal emitió en 2007 una orden que exigía al Gobierno que desarrollara una nueva política para la pesca artesanal a través de un enfoque participativo.
En 2012, después de cinco años de participación, el Gobierno ha aprobado una nueva política relativa a la pesca en pequeña escala. Esta se basa en el principio de los derechos de pesca, pero parte de los derechos colectivos otorgados a las comunidades más que en los derechos de propiedad individual. Además, como señala Naseegh Jaffer, de Masifundise, “haciendo referencia a nuestra Constitución, el Gobierno reconoce que nuestros pescadores fueron discriminados en el sistema de cuotas individuales transferibles. En otras palabras, esto es lo mismo que admitir que el sistema de cuotas individuales es inconstitucional”.
Coastal Links, el movimiento sudafricano de pequeños pescadores y pescadoras, celebró el resultado de lo que ha sido “una lucha de toda la vida”. Una de sus líderes, Maria Hoffman, explica: “Primero ganamos contra el apartheid, y estábamos convencidos de que íbamos a recobrar nuestros derechos sobre el mar, que nuestra cultura y tradiciones volverían a brillar en nuestra comunidad, pero la ley del nuevo Gobierno no nos reconoció. Hemos luchado durante otras dos décadas para conseguir que nos devuelvan nuestros derechos de pesca. Nuestros hijos e hijas tendrán ahora mejores oportunidades en la vida. Eso es lo que realmente importa”. Organizaciones de pescadores en pequeña escala están trabajando ahora con el Gobierno para la aplicación de la nueva política.
Fuente: Coastal Links y Masifundise, miembros del Foro Mundial de Pueblos Pescadores
Otras lecturas:
Sunde J. et al. (2013) ‘Emerging proposals for tenure governance in small-scale fisheries in South Africa’, Land Tenure Journal 1: 117-44.
Jaffer N. y J. Sunde (2006) ‘Derechos humanos frente a derechos pesqueros. Sudáfrica: Gestión pesquera’, Informe Samudra: Revista cuatrimestral del Colectivo Internacional de Apoyo al Pescador Artesanal 44: 20-24.
1 A Call for Governments to Stop Supporting the Global Partnership for Oceans (GPO) and Rights-Based Fishing (RBF) Reforms: http://masifundise.org.za/wp-content/ uploads/2013/03/WFFP-WFF-Call-on- Governments_GPO_200313.pdf
2 Esta interpretación del acaparamiento mundial de tierras se basa en TNI (2013) El acaparamiento global de tierras: guía básica; para más información sobre el caso concreto del acaparamiento de aguas, véase también TNI (2012) El acaparamiento mundial de aguas: guía básica
3 Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación (2012), “El ‛acaparamiento de océanos’ representa una amenaza tan seria como el ‘acaparamiento de tierras’”: http://www.srfood.org/es/el-acaparamiento-de-oceanos-representa-una-amenaza-tan-seria-como-el-acaparamiento-de-tierras
4 Directrices voluntarias para lograr la sostenibilidad de la pesca en pequeña escala en el contexto de la seguridad alimentaria y la erradicación de la pobreza: ftp://ftp.fao.org/FI/DOCUMENT/ssf/SSF_guidelines/TC/2014/2s.pdf
5 FAO (2014) El estado mundial de la pesca y la acuicultura. Roma: FAO..
6 Isaacs, M. (2011) ‘Individual transferable quotas, poverty alleviation and challenges for small-scountry fisheries policy in South Africa’, MAST 10(2): 63-84.
7 Ecotrust Canada (2009) Briefing: A cautionary tale about ITQ fisheries . Vancouver: Ecotrust, http://ecotrust.ca/ fisheries/cautionarytale
8 ‘Shell in Nigeria’, audiencia del Tribunal Permanente de los Pueblos en Ginebra, junio de 2014: http://www.justice5continents.net/fc/viewtopic.php?vplay=1&t=1067&nrvid=4
9 Borras S.M. y J. Franco (2012) ‘Global land grabbing and trajectories of agrarian change: a preliminary analysis’, Journal of Agrarian Change 12(1): 34-59; Franco J., L. Mehta y G.J. Veldwisch (2013) ‘The Global Politics of Water Grabbing’, Third World Quarterly 34(9): 1651-75; Fairhead J., M. Leach y I. Scoones (2012) ‘Green Grabbing: a new appropriation of nature?’, Journal of Peasant Studies 39(2): 237-61.
10 Neher et al. (eds.) (1989) Rights Based Fishing . Dordrecht, The Netherlands: Kluwer Academic Publishers.
11 Árnason R. (2000) ‘Property rights as a means of economic organization’, en Use of Property Rights in Fisheries Management: Proceedings of the FishRights99 Conference, Shotton, Ross (Eds.). Freemantle: Australia Occidental, 11 a 19 de noviembre de 1999. FAO Fisheries Technical Paper 404/1. Roma: FAO, p.14.
12 Benediktsson K. and A. Karlsdottir (2011) ‘Iceland: crisis and regional development – Thanks for all the fish’, European Urban and Regional Studies 18(2): 228–35.
13 Captains of Finance - An Inquiry into Market-based Fisheries Management. Høst, Jeppe (2013), Universidad de Copenhague, tesis doctoral
14 Los peces pelágicos son los que no viven en el fondo del océano ni cerca de las costas. El arenque y la caballa, por ejemplo, son dos pequeñas especies pelágicas.
15 Véase la entrevista a partir del minuto 2:53: https://www. youtube.com/watch?v=VUzCcAFhqrs
16 Praca A. (2012) ‘Chile intent privatizar el mar’: http://www.equaltimes. org/news/chile-intenta-privatizar-el-mar
17 Árnason R (2002) A Review of International Experiences with ITQs: http://www.port.ac.uk/research/cemare/ publications/pdffiles/reportspdf/fileto download,103922,en.pdf
18 Garcias Rey M. y J. Grobler (2011) ‘Spain’s hake appetite threatens Namibia’s most valuable fish’: http://www. publicintegrity.org/2011/10/04/6769/ spain-s-hake-appetite-threatens- namibia-s-most-valuable-fish
19 Relator especial de las Naciones Unidas sobre el derecho a la alimentación (2012) Contribución de la pesca al derecho a la alimentación, Informe presentado en el 67º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (A/67/268): http://www.srfood.org/images/stories/pdf/officialreports/20121030_fish_es.pdf
20 Fairbain M. (2013) ‘”Like gold with yield”: evolving intersections between farmland and finance’, International Conference Food Sovereignty: a critical dialogue. Yale University; Amigos de la Tierra Internacional (2013) Agentes económicos de la financierización del agua. Ámsterdam: Amigos de la Tierra Internacional.
21 Van der Voo L. (2013) ‘The Big Fish Win Again’: http://www.slate.com/ articles/health_and_science/science/20 14/05/catch_shares_investment_firms_ are_taking_over_the_fishing_rights_ system.html
22 Benediktsson y Karlsdottir (2011) ‘Iceland: crisis and regional development – Thanks for all the fish’, European Urban and Regional Studies 18(2): 228–35.
23 Banco Mundial (2009) Los miles de millones hundidos: Justificación económica de la reforma de la pesca. Washington: Banco Mundial.
24 Ponte S. (2012) ‘The Marine Sterwardship Council (MSC) and the Making of a Market for “Sustainable Fish”’, Journal of Agrarian Change 12(2-3): 300-16.
25 Alianza Mundial a favor de los Océanos (2012) A Declaration for Healthy, Productive Oceans to Help Reduce Poverty: https://www.globalpartnershipforoceans.org/sites/oceans/files/images/GPO%20Declaration.pdf
26 Alianza Mundial a favor de los Océanos (2014), Framework Document: https://www.globalpartnershipforoceans.org/sites/oceans/files/images/Framework_Document_GPO_web.pdf
27 Banco Mundial (2012) Africa program for fisheries. Washington: Banco Mundial: http://documents.worldbank.org/curated/en/2012/01/17917266/africa-program-fisheries
28 Observaciones de Masifundise, Sudáfrica, mediante su participación en reuniones oficiales y conferencias en África.
29 Property and Environmental Research Center (2010) The Political Economy of Natural Resource Use, lessons for fisheries reforms. Washington: Banco Mundial: http://siteresources.worldbank.org/EXTARD/Resources/336681-1224775570533/PERC.pdf
31 Metas de Aichi (Meta 11) del Convenio sobre la Diversidad Biológica de las Naciones Unidas: http://www.cbd.int/sp/targets/rationale/default.shtml
32 Sharma C. y R. Rajagopalan (2013) ‘Marine Protected Areas Securing Tenure Rights of Fishing Communities ?’ Land Tenure Journal 1: 175–200.
33 Véanse los estudios realizados por el CIAPA-ICSF: http://mpa.icsf.net/en/page/ 634-Publications/Case%20Studies.html
34 Patel V. y R. Rajagopalan (2009) Fishing Communities Issues in the Sundarban Tiger Reserve: http://mpa.icsf.net/images/ stories/mpa/report_2march_kg.pdf
35 Seagle C. (2013) ‘The mining-conservation nexus: Rio Tinto, “development gifts” and contested compensation in Madagascar’, LDPI Working Paper 11.
36 Para más recursos: http://cban.ca/ Resources/Topics/GE-Fish
37 Belton B. et al. (2011) ‘The social relations of catfish production in Vietnam. Geoforum’ , 42(5): 567-77.
38 The Guardian (2014) ‘Revealed: Asian slave labour producing prawns for supermarkets in US, UK’: http://www.the guardian.com/global-development/2014/ jun/10/supermarket-prawns-thailand- produced-slave-labour
39 Esta dicotomía ha sido acuñada por Macinko, S. (2014) ‘Lipstick and catch shares in the Western Pacific: Beyond evangelism in fisheries policy?’, Marine Policy 44: 37-41
40 Para una de las primeras referencias a los sistemas de DUTP, véase el Documento Técnico de Pesca 227 de la FAO, publicado en 1983, ‛Derechos de uso territorial en las pesquerías marítimas definiciones y condiciones’: http://www.fao.org/docrep/003/X6843S/x6843s00.HTM
41 Apartado 5.1.2 de la Política de Sudáfrica para el sector de la pesca en pequeña escala: http://www.nda.agric.za/docs/Policy/PolicySmallScaleFishe.pdf
42 Ecoceanos (2012) ‘Pescadores, Pymes, Estudiantes, Indígenas y ONGs conforman Alianza Ciudadana contra la Privatización de los peces’: http://www.ccc-chile.org/ articulo-15-1061-200812_pescadores_ pymes_estudiantes_indigenas_y_ongs_ conforman_alianza_ciudadana_contra_ la_privatizacion_de_los_peces.html
43 Densham A. (2013) ‘No one owns the fish of the sea: landmark ruling prevents ocean privatisation’: http:// www.greenpeace.org.uk/blog/oceans/ historic-legal-victory-fish-and- fishermen-20130710
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