El TNI y el caso Pinochet

El 21 de septiembre de 1976, el Transnational Institute descubrió el alto precio que hay que pagar por luchar a favor de la justicia económica y social cuando agentes de los servicios secretos chilenos hicieron estallar un coche bomba en Washington D.C. y asesinaron al director del Instituto, Orlando Letelier, y a Ronni Moffitt, una administrativa del Institute for Policy Studies (IPS). Han tenido que pasar más de 30 años para poder llevar a los culpables del brutal atentado ante la justicia.

El dictador Augusto Pinochet, uno de los principales responsables, evadió la cárcel con la muerte, pero la incansable lucha para llevarlo a los tribunales ha sentado un precedente que sigue teniendo una gran importancia para las incontables batallas que se libran en todo el mundo en contra de la impunidad.

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>Todos los años, se organiza el premio Letelier-Moffitt Human Rights Awards para homenajear a defensores de los derechos humanos en los Estados Unidos y América Latina

“Tiene que haber un lugar para recordar.
Tiene que haber momentos en que pueda decirte, como te digo esta noche:
Érase una vez un país en que tres parejas bailaban el tango.
Érase una vez que vivió entre nosotros un hombre llamado Orlando Letelier.
Érase una vez que muchos adentro y afuera de Chile decidieron no dejarlo morir.”
Ariel Dorfman, octubre de 1993

Un asesinato a plena luz del día

Saul Landau, investigador del Transnational Institute (TNI) y gran amigo de Orlando Letelier, escribió estas líneas sobre el asesinato de Letelier, ocurrido el 21 de septiembre de 1976:

“A las 8:45 del martes por la mañana, una mujer latina que caminaba delante de la casa de Letelier vio un sedán gris último modelo aparcado cerca de la entrada. Dentro del coche había tres hombres; otro, estaba fuera, apoyado en él. Según la mujer, se trataba de un latino de unos 30 años, vestía un traje gris y una corbata. Tuve la sensación de que los cuatro se reían de alguna broma entre ellos, explicó.

A las 8:55, el matrimonio Moffitt llegó en el coche de Letelier y enfilaron el sendero que conducía a la puerta de la casa. Iban hablando y no prestaron atención a los coches cercanos. Tampoco sabían que uno de los hombres del sedán gris, Michael Townley, había colocado una bomba debajo del coche de Letelier dos días antes.

A las 9:15, Letelier, Ronni y Michael Moffitt salieron de la casa y empezaron a conducir desde Bethesda al distrito de Columbia. Letelier siguió el camino de siempre, pasando por River Road, la calle 46 y Massachusetts Avenue. Iban hablando sobre la agenda del día y el mal tiempo. Nadie se dio cuenta de que había un sedán gris que los seguía a una cierta distancia.

Cuando Letelier entró en el cruce de Sheridan Circle, una mano del coche gris apretó un botón. Michael Moffitt escuchó el sonido del agua sobre un cable ardiendo y, después, vio un destello blanco. Ileso a pesar de la explosión, Moffitt intentó liberar a Letelier de los restos del coche bajo los que yacía inconsciente. La bomba le había amputado ambas piernas, que habían saltado a unos cinco metros de su cuerpo. Ronni Moffitt, dando traspiés, empezó a alejarse del Chevrolet humeante; parecía estar bien, pero había sufrido un grave derrame y pronto murió desangrada. Michael le gritó al mundo: esto es obra de los fascistas chilenos.”

Desenmascarando a los culpables

Las investigaciones del Institute for Policy Studies (IPS) y del FBI pronto comenzaron a apuntar al papel de la dictadura chilena en el asesinato. Orlando Letelier era ex ministro de Asuntos Exteriores bajo el Gobierno de Salvador Allende, brutalmente derrocado por un golpe militar encabezado por el general Augusto Pinochet el 11 de septiembre de 1973. Letelier había sido arrestado, torturado y detenido antes de ser liberado a causa de la presión diplomática. Exiliado en un primer momento a Venezuela, Letelier se trasladó posteriormente a Washington D.C., donde empezó a trabajar en el IPS y a construir una campaña internacional para aislar al régimen pinochetista.

Según fuentes chilenas, el complot para asesinar a Letelier se empezó a fraguar en junio de 1976, durante una reunión celebrada por la junta militar, que cada vez temía más los intentos públicos de Letelier por aislarla y denigrarla. Pensaban que Letelier había desempeñado un papel clave en el bloqueo de 63 millones de dólares de inversiones de los Países Bajos. Letelier había testificado ante las Naciones Unidas y otros organismos mundiales sobre la tortura en Chile y se había reunido con miembros del Congreso y del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Además, era un hombre muy respetado en los círculos internacionales de la banca y las agencias de préstamo (Letelier era economista y ex funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo).

Se cree que la resistencia de Letelier y sus continuas críticas al régimen hicieron decantar la balanza y que Pinochet autorizara su asesinato. Al saber que el régimen había decidido retirarle la ciudadanía, Letelier pronunció un desafiante discurso en el Madison Square Garden de Nueva York: “Nací chileno, soy chileno y moriré chileno. Ellos, los fascistas, nacieron traidores, viven como traidores y serán recordados siempre como fascistas traidores”. El 28 de agosto de 1976, Letelier también había publicado un influyente artículo en la revista The Nation ("Chile: Economic Freedoms Awful Toll") en que relacionaba la campaña de terrorismo de Estado con el modelo económico propugnado por Milton Friedman.

Las investigaciones del FBI revelaron que Michael Townley, un agente de los servicios secretos chilenos (la DINA), había aterrizado en Miami el 13 de septiembre de 1976. Voló a Nueva New York y se reunió con Armando Fernández Larios, otro agente de la DINA, que le informó sobre las costumbres de Letelier y le facilitó una descripción de su coche, así como datos sobre la hora a la que solía salir de casa, el camino que seguía hasta el trabajo, dónde aparcaba e incluso su posible horario laboral en el IPS. La semana siguiente, un grupo de exiliados cubanos a los que se había avisado del inminente atentado, se unió al complot. Townley ultimó los detalles del asesinato de Letelier con los cinco terroristas cubanos, que proporcionaron parte del material para la bomba y partieron hacia Washington, donde Townley preparó el artefacto y el detonador.

Red terrorista e hipocresía estadounidense

Letelier y Moffitt son seguramente las víctimas más famosas de la Operación Cóndor, un programa encubierto para asesinar a opositores políticos que fue desplegado por una red de las policías secretas de seis países sudamericanos: Chile, Argentina, Uruguay, Bolivia, Paraguay y Brasil. Más tarde, una comisión gubernamental chilena establecería que el régimen de Pinochet asesinó al menos a 3.200 personas en Chile, torturó a decenas de miles y empujó a centenares de miles a salir hacia el exilio.

Las investigaciones también demostraron que el Gobierno estadounidense hizo la vista gorda ante estos abusos y los consintió con su activo apoyo político, diplomático y económico al régimen de Pinochet. Estos hechos se pusieron especialmente de manifiesto con el Informe Church, presentado por el Senado estadounidense en 1975, y otros documentos oficiales desclasificados durante el Gobierno de Clinton. Testimonios de la CIA evidenciaron que el Gobierno estadounidense se esforzó “en 1970 para fomentar un golpe militar en Chile; después de 1970 se adoptó una política manifiesta y encubierta, de oposición a Allende; y continuaron en inteligencia los contactos con militares chilenos, incluyendo los oficiales que participaron en el complot del golpe”.

Cuando Pinochet se hizo con el poder, los Estados Unidos garantizaron todo su apoyo al régimen. En una  reunión mantenida con Pinochet el 8 de junio de 1976, el secretario de Estado norteamericano, Henry Kissinger, le dijo al general chileno que ignorarían el uso de la tortura, las desapariciones y las violaciones de los derechos humanos que estaba cometiendo su régimen: “En los Estados Unidos, como sabe, simpatizamos con lo que usted está intentando hacer aquí”. Kissinger añadió: “En mi opinión, el Gobierno anterior estaba abocado al comunismo. Por lo tanto, le deseo lo mejor”. Kissinger tildó las campañas de denuncia del Gobierno chileno por su violación de los derechos humanos que habían surgido en los Estados Unidos de “problemas internos”. También aseguró a Pinochet que era contrario a que se impusieran sanciones como las propuestas por el senador Edward Kennedy, representante demócrata por el estado de Massachusetts, que prohibirían la venta de armas a Gobiernos que violaban los derechos humanos. En esa misma reunión, Pinochet planteó sin rodeos sus inquietudes sobre Letelier: “Letelier tiene acceso al Congreso. Nosotros sabemos que están dando información falsa. Vea usted, nosotros no tenemos experiencia en cuestiones de gobierno. Estamos preocupados por nuestra imagen”. Al parecer, Kissinger no habló de que los Estados Unidos apoyaran los derechos de sus rivales políticos.

Según documentos desclasificados de la CIA, ya en marzo de 1976 Kissinger sabía de la existencia de la Operación Cóndor, que la agencia de inteligencia estadounidense valoraba por entonces en términos favorables como “un esfuerzo cooperativo de inteligencia y seguridad entre muchos países del Cono Sur para combatir el terrorismo y la subversión”. Otros documentos conocidos posteriormente revelan que hubo discusiones en el seno del Gobierno estadounidense que expresaban su preocupación por la Operación Cóndor. Sin embargo, los Estados Unidos nunca transmitieron a Pinochet ninguna advertencia formal para que no activara la red de asesinatos.

En agosto, el embajador estadounidense en Paraguay autorizó que se emitieran visados a dos agentes de los servicios secretos chilenos, Michael Townley y Armando Fernández Larios, que viajaron con nombre falso y pasaporte paraguayo.

El 20 de septiembre de 1976, un día antes del atentado, el subsecretario de Estado Harry Shlaudeman ordenó a su ayudante, William Luers, que “informara a los embajadores que no organizaran ninguna otra acción, ya que no ha habido informes en las últimas semanas que indiquen la intención de activar los operativos del Cóndor”.

Apenas 18 horas después, hizo explosión la bomba que mató a Letelier y a Moffitt. A pesar de que funcionarios de Washington conocían la existencia de la Operación Cóndor y el estratagema en Paraguay, una fuente de la CIA filtró a los medios la absurda idea de que un grupo de izquierdas había matado a Letelier con la intención de conseguir un mártir para la causa. Tuvo que pasar más de un año antes de que el Departamento de Justicia analizara las fotos de los pasaportes paraguayos, con las que se identificó a los dos sicarios de la DINA: Townley y Fernández Larios.

En búsqueda de los asesinos

Los primeros pasos de la batalla por llevar a los culpables ante la justicia se centraron en los propios asesinos. El 8 de abril de 1978, Michael Vernon Townley, que coordinó el atentado, fue arrestado en Chile y entregado a las autoridades estadounidenses. Townley confesó que había contratado a cinco exiliados cubanos y accedió a proporcionar pruebas para inculparlos a cambio de que se le redujeran la sentencia y se le garantizara la inmunidad por otros delitos. Esto significa que se libró de ser acusado por el coche bomba que estalló en Buenos Aires en 1974 y mató al general Carlos Prats, comandante en jefe del ejército chileno en el exilio, y a su mujer, y del tiroteo, en 1975, del político exiliado Bernardo Leighton y su mujer en Roma. Sin embargo, su confesión fue clave para desenmascarar el papel del jefe de los servicios secretos chilenos, Manuel Contreras, y del general de brigada Pedro Espinoza en la coordinación del asesinato desde Chile.

Tres de los asesinos –Alvin Ross Díaz, Guillermo e Ignacio Novo Sampoll– fueron juzgados en 1980. Guillermo Novo Sampoll y Ross Díaz fueron declarados culpables de conspiración para cometer un homicidio e Ignacio Novo Sampoll fue condenado por complicidad y encubrimiento. Todos fueron liberados en un segundo juicio que se celebró dos años más tarde, después de que apelaran a la sentencia por “errores de procedimiento”. Otros dos asesinos, José Dionisio Suárez y Virgilio Paz Romero, consiguieron huir de la justicia, pero fueron finalmente arrestados en 1990 y 1991, respectivamente. Tras siete años en prisión, se les concedió la libertad provisional.

Los encargados de la operación en Chile, Contreras y Espinoza, escaparon de la justicia hasta 1995 –cuando ya habían pasado 19 años desde el crimen–, pero finalmente fueron condenados por los tribunales chilenos.

Objetivo Pinochet

No obstante, el último responsable de la muerte de Letelier, Moffitt y de tantos otros chilenos era Augusto Pinochet. Aunque un plebiscito le había obligado a renunciar a la presidencia en 1990, Pinochet siguió siendo comandante en jefe de las fuerzas armadas hasta 1998 y, después, pasó a ocupar un puesto vitalicio en el Senado chileno. Hasta 2001, año en que se le despojó de ese cargo que se había autoasignado, gozaba de una inmunidad especial que impedía que se le juzgara, además de la amnistía general decretada por su propia junta en 1978.

Pero la documentación recopilada por grupos de los derechos humanos en Chile durante los 17 años de dictadura y el Informe Rettig de 1991, elaborado por una comisión chilena que estudió las violaciones de los derechos humanos del régimen, sirvieron, en última instancia, como una prueba de incalculable valor para poder iniciar procesos judiciales en contra de Pinochet. Las pruebas recogidas durante las investigaciones del FBI y los documentos desclasificados de la CIA también indicaban que Pinochet conocía con toda seguridad la misión para asesinar a Letelier. Dos ex agentes del FBI y un ex ayudante de la fiscalía de los Estados Unidos insistieron en que era “inconcebible” que el asesinato de Letelier se llevara adelante sin la autorización de Pinochet. Esto fue también confirmado por Contreras, el ex jefe de la policía secreta, que, en una declaración jurada enviada al Tribunal Supremo de Chile en diciembre de 1997, aseguraba que ninguna gran operación de la DINA se realizaba sin el permiso previo de Pinochet.

Estas investigaciones contaron con el constante apoyo del TNI y del IPS, que, junto con una alianza internacional de grupos y personas, hicieron campaña para que la historia de los horrores de Pinochet y las demandas de justicia no cayeran en el olvido. Así, las campañas de recogidas de firmas, los actos de conmemoración y el galardón de los derechos humanos que organizó la viuda de Orlando, Isabel Letelier, sirvieron para complementar la labor de documentación e incidencia política de los grupos por la defensa de los derechos humanos en Chile y otras iniciativas internacionales de solidaridad con el pueblo chileno. El caso también siguió estando muy vivo gracias a la publicación de artículos sobre el tema en diarios y revistas, y de libros como Assassination on Embassy Row, escrito por Saul Landau, investigador del TNI, y el periodista John Dinges.

El arresto de Pinochet

La gran oportunidad para que Pinochet estuviera más cerca de tener que responder ante la justicia llegó el 16 de octubre de 1998, cuando el general fue arrestado en Londres a raíz de una orden judicial procedente de un tribunal español. La noticia de su arresto provocó una gran conmoción y suscitó muchos comentarios en todo el mundo, pero era fruto de los muchos años de trabajo sobre el terreno de Juan Garcés, que coordinó la labor de un gran número de abogados y activistas. En 1996, la fiscalía española presentó una querella en nombre de las víctimas españolas por la ‘guerra sucia’ en Argentina. Poco después, Garcés añadió una demanda criminal contra Pinochet y otros altos cargos militares en nombre de miles de chilenos que habían sido víctimas de la tortura o que buscaban justicia para sus seres queridos, asesinados o desaparecidos. La disposición del juez español Baltasar Garzón a emitir una orden de detención judicial, cuando se le notificó que Pinochet estaba en Londres, y su compromiso a partir de entonces, fueron también decisivos para que el caso siguiera adelante.

Los argumentos de los tribunales españoles en contra de Pinochet también contaban con la ayuda de toda una serie de iniciativas públicas que habían generado la voluntad política necesaria para iniciar el proceso. En 1997, a instancias de un grupo de abogados y defensores de los derechos humanos, el Parlamento Europeo y la Cámara de Diputados de España aprobaron por unanimidad unas resoluciones a favor de que España investigara los crímenes de Pinochet. Este tipo de acciones ayudaron, sin duda, a legitimar el caso a los ojos del público.

Inmediatamente después de que se produjera el arresto, se empezaron a multiplicar los actos de movilización pública en todo el mundo. Los Parlamentos Europeo, español y francés siguieron defendiendo los intentos de los tribunales españoles para extraditar a Pinochet. El Piquete de Londres organizó concentraciones diarias a las puertas de los tribunales británicos y de la residencia temporal de Pinochet en Londres, mientras que los grupos chilenos en defensa de las víctimas volvieron a tomar las calles de Santiago para hacer oír sus demandas de justicia.

En los Estados Unidos, muchas ONG y activistas de los derechos humanos convencieron a casi 40 diputados de la Cámara de Representantes para que se unieran al envío masivo de cartas que solicitaban al Gobierno que respaldara la causa española, reabriera la investigación sobre Letelier-Moffitt en los Estados Unidos y desclasificara documentos sobre las violaciones de los derechos humanos en Chile. Gracias a esto, el Gobierno de Clinton reactivó la investigación sobre Letelier-Moffitt y envió un equipo a Chile a principios de 2000 para iniciar una serie de procedimientos judiciales con 42 posibles testigos citados en nombre del Gobierno estadounidense. Según informaciones del Washington Post, “investigadores federales han descubierto evidencias que algunos consideran suficientes para acusar al general Augusto Pinochet de conspiración para cometer homicidio por el atentado con coche bomba de 1976”.

Aunque los tribunales británicos despojaron a Pinochet de su “inmunidad diplomática” y decidieron que España lo podía extraditar por acusaciones de tortura, el dictador se salvó de la extradición gracias a la intervención del ministro del Interior británico, Jack Straw, que autorizó su liberación tras 16 meses de detención basándose en una supuesta enfermedad mental –probablemente fingida– del acusado.

El precedente del caso Pinochet

Aunque la liberación del dictador supuso una gran decepción, ya se había sentado el llamado ‘precedente del caso Pinochet’, por el que ningún dictador está por encima del derecho internacional. En Chile, el arresto de Pinochet revitalizó el movimiento público por la justicia y canalizó una serie de cambios políticos y legales, que permitieron iniciar una serie de procesos históricos contra violadores de los derechos humanos en los tribunales del país. El proceso consiguió situar la historia de la dictadura en la portada de los diarios chilenos e internacionales, volvió a abrir el debate público sobre el tema y cambió para siempre la imagen pública de Pinochet.

Eugenio Ahumada, que trabajó documentando las violaciones de los derechos humanos con la Vicaría de la Solidaridad durante la dictadura, vivió los cambios de primera mano: “El caso Pinochet generó una apertura en Chile. Llevó a la derecha a empezar a hablar, finalmente, de lo que había sucedido. También llevó a las fuerzas armadas a admitir públicamente y por primera vez que habían participado en los abusos”.

Poco después de que Pinochet volviera a Chile, el Tribunal Supremo del país retiró al dictador su inmunidad parlamentaria para que pudiera ser juzgado. Tras unos meses, el juez chileno Juan Guzmán lo acusó formalmente y le impuso el arresto domiciliario. Pinochet, que en su día parecía una figura invencible, quedó reducido a hacer visitas al hospital cada vez que tenía una punzada o un dolor de muelas en un intento por ganarse las simpatías del público, los políticos y los jueces. Finalmente, un tribunal de la Corte de Apelaciones de Santiago decidió que el general estaba mental y físicamente incapacitado para enfrentarse a un juicio.

En 2005, las noticias de que Pinochet había blanqueado millones de dólares acabaron con el mito del hombre incorruptible que el dictador deseaba dejar para la posteridad. El Banco Riggs no había embargado los ocho millones de dólares que el general había depositado en la entidad, aceptó en febrero de 2005 entregar esa misma cantidad a una fundación en España que se encargaría de repartirla entre las víctimas del régimen de Pinochet o sus familias.

El 10 de diciembre de 2006, Pinochet murió de un ataque al corazón. La negativa de la entonces presidenta de Chile, Michelle Bachelet, de asistir al funeral –su padre había sido torturado y asesinado por el régimen de Pinochet y su madre había trabajado en el IPS– fue quizá el testamento final del rechazo a Pinochet y el inicio de una nueva era política en Chile.

El legado del caso Pinochet

Tras el arresto de Pinochet en Londres, estaba claro que el paisaje internacional había cambiado para los dirigentes responsables de violaciones de los derechos humanos. Antes de este caso, líderes como Pinochet viajaban sin problemas a Londres para comparar en los almacenes Harrods o a navegar en barco por las costas españolas. Ahora, ningún dictador o líder elegido democráticamente que sea responsable de violaciones de los derechos humanos puede viajar por el mundo sin temer una detención.

Al parecer, tras el arresto de Pinochet en Londres, el presidente indonesio Suharto decidió no acudir a recibir tratamiento médico en Alemania porque estaba en el punto de mira de un grupo de activistas portugueses por asesinatos cometidos en 1975 durante la invasión de Timor Este. El congolés Laurent Kabila envió un equipo a Bélgica antes de visitar el país para conseguir una garantía por escrito de que no se le arrestaría al llegar.

Según Stacie Jones, que coordinó el proyecto Pinochet Watch del TNI y el IPS: “Mirando en perspectiva los últimos 25 años, vemos que la unión de la historia, las convicciones y el trabajo duro ha llevado al mundo mucho más cerca de la justicia que buscábamos en nombre de Orlando Letelier, Ronni Moffitt y las otras miles de víctimas de Pinochet.

Los compromisos personales para garantizar que se hacía justicia a familiares y a amigos se han convertido en un movimiento internacional contra la impunidad, que ahora acecha a las puertas de los regímenes represivos de todo el mundo. El nombre de lo que en su día simbolizaba la dictadura y el terrorismo de Estado infunde ahora temor a aquellos que aspiran a ser hombres fuertes, conscientes de que un día se les podría aplicar el precedente de Pinochet por sus crímenes”.