El presente libro ofrece una argumentación sólida para mover a la etapa final de la larga lucha para liberar la hoja de coca de su condena y prohibición introducida por la Convención Única de 1961: la apertura del mercado internacional para productos de coca en su forma natural.
La Convención Única incluyó la hoja de coca en su Lista I -junto a la cocaína y la heroína- y exigió la prohibición de su masticación, llevando a la criminalización de una cultura Andina-Amazónica milenaria y de millones de consumidores, cultivadores y comerciantes. Mientras Perú y Argentina registraron reservas con respecto a los artículos sobre la prohibición de la masticación de coca al firmar la Convención de 1961 (objeciones posteriormente retiradas en 1963 y 1979 respectivamente), Bolivia sólo se adhirió al tratado en 1976, en la época de Banzer, y sin ningún tipo de reservas. En las últimas décadas se dieron varios intentos de corregir esos graves errores históricos.
Una primera etapa fue la ‘Diplomacia de la Coca’ de Bolivia y Perú en el período 1988-1996, que logró la inclusión de un párrafo en la Convención contra el Tráfico Ilícito de 1988 que menciona que las medidas de erradicación “deberán respetar los derechos humanos fundamentales y tendrán debidamente en cuenta los usos tradicionales lícitos”, esto no logró rectificar las exigencias de la Convención Única. En ese contexto la OMS inició su famoso ‘Proyecto Cocaína’ (1992- 1995) concluyendo que “El consumo de hojas de coca no parece provocar efectos negativos sobre la salud y, en cambio, posee una función terapéutica, ritual y social positiva en las comunidades indígenas andinas”. Por presión de los Estados Unidos, sin embargo, los resultados de ese estudio nunca fueron publicados.
La segunda etapa empezó con la elección de Evo Morales como presidente en 2006 y la aprobación de la nueva Constitución Política del Estado en 2009, que reconoce la protección a la coca originaria y ancestral. En marzo de 2009, el Estado Plurinacional de Bolivia propuso a la comunidad internacional enmendar la Convención Única eliminando la obligación de prohibir la masticación de la hoja de coca, pero la propuesta quedó bloqueada por objeciones de un grupo de países encabezado por los Estados Unidos. En su discurso ante la Comisión de Estupefacientes de la ONU, el Presidente Evo Morales también pidió el retiro de la hoja de coca de la Lista I. Sin embargo, surgieron dudas sobre el largo tiempo que el proceso requiere sumada la baja probabilidad de que una recomendación de retiro pueda ser aprobada, Bolivia decide no proceder a hacer una solicitud formal a la OMS para empezar el proceso de revisión de clasificación.
En consecuencia, en 2011 el Estado Plurinacional de Bolivia sale de la Convención Única de Estupefacientes de 1961 y se readhiere en 2013 bajo la reserva de que el uso de la hoja de coca en su forma natural en el territorio nacional es legal. Todo el Grupo G-7 (Alemania, Canadá, Estados Unidos, Francia, Italia, Japón y Reino Unido) y algunos países más (incluso Países Bajos y México) se opusieron a esta reserva, pero la cantidad de objeciones no era suficiente para bloquear la re adhesión de Bolivia con su nueva reserva sobre coca. Especialmente después de la adopción en 2007 de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, esas objeciones contra la reserva de Bolivia representan una verdadera vergüenza pues niegan el compromiso global para respetar las tradiciones culturales y las prácticas medicinales de las poblaciones indígenas. A finales de 2018, México reconoció su error y formalmente retiró sus objeciones contra la enmienda y la reserva; esperamos aún que países como Canadá, Alemania y los Países Bajos retirarán también sus objeciones que siguen siendo registradas en el archivo de la ONU.
El éxito de ese procedimiento representa una victoria grande y ha logrado resolver el conflicto jurídico entre la nueva Constitución y las obligaciones de Bolivia bajo el derecho internacional. Pero la reserva se limita a legitimar el mercado nacional de coca y no permite cualquier tipo de comercio internacional. Y ahí surge la necesidad para entrar en una tercera etapa. La nueva Ley de Coca aprobada en 2017 establece el aumento de 12.000 a 22.000 hectáreas legales, más de las necesarias para el consumo doméstico. Por lo tanto, la Ley de Coca cita como prioridad nacional su exportación, y es evidente que hay interés en el exterior. Para empezar, el norte de Argentina -donde el consumo y la tenencia de hojas de coca en estado natural son completamente legales- ya es el destino de una parte muy significativa de la producción boliviana. Entonces la coca puede ser producida legalmente en Bolivia y consumida legalmente en Argentina, pero el comercio transfronterizo sigue siendo ilegal.
En Europa, hace un siglo ya existía un mercado legal de productos de coca e informalmente -a pesar de su ilegalidad-están ahora creciendo nuevos grupos de consumidores de mate y harina de coca afuera de las comunidades de migrantes de la región Andina. En internet, los precios de harina de coca van hasta 200 euros por kilo y aún más en su forma mezclada con ceniza y vendida como mambe o ypadú, un indicador de que existe una demanda fuerte. Intentos pilotos con nuevas bebidas energizantes y licores de coca fueron muy prometedores, pero no lograron expandir por obstáculos jurídicos aún en su forma descocainizada, sin el efecto estimulante real que tiene la hoja en su forma natural gracias a la presencia del alcaloide cocaína.
Si comercializar y exportar la coca legalmente fuera posible, está claro que el potencial del mercado internacional promete ser muy grande. Sin embargo, hay pocas opciones disponibles para legitimar el comercio internacional, y las experiencias de Bolivia con sus procedimientos de enmienda y reserva han demostrado claramente las dificultades para llegar a cualquier cambio en el régimen de los tratados de control de drogas. Básicamente hay dos opciones para Bolivia: (a) solicitar una revisión crítica de la hoja de coca a la OMS y pedir su reclasificación; y (b) entrar en alianzas estratégicos para avanzar acuerdos bilaterales y/o inter se que modifican las reglas de las convenciones en sus relaciones mutuas.
De hecho, la mejor opción sería iniciar ambos procesos paralelamente: una petición formal a la OMS para empezar el proceso de revisión, mientras se negocian los términos de un acuerdo con Argentina (donde parece que ahora hay interés y voluntad política), mencionando que en sus relaciones bilaterales no se aplicarán más las reglas estrictas de la Convención Única que prohíben el comercio de hoja de coca entre estos países. Aún en caso de que una recomendación de la OMS para reclasificar la hoja de coca no sea aprobada por voto mayoritario en la Comisión de Estupefacientes en Viena, puede reforzar el sustento jurídico para este tipo de modificación inter se. Con tal acuerdo mutuo los Estados partes de un tratado internacional pueden liberarse de ciertas obligaciones, si se cumple con una serie de condiciones. No será fácil, pero sí es posible.
Felicito a Acción Semilla, y en particular a su directora Patricia Chulver, y a la Fundación Friedrich Ebert (FES) por tomar esa importante iniciativa e impulsar una nueva campaña para abrir oportunidades para la exportación legal de la coca. Abrir el mercado internacional no solamente beneficiará a la economía boliviana sino también a la comunidad internacional. Abriría nuevas puertas y daría oxígeno a miles y miles de cocaleras y cocaleros en Perú y Colombia que tanto lo necesitan en este momento. Además, acabaría con la criminalización persistente de poblaciones migrantes de la región Andina que siguen con sus prácticas de consumo tradicional en otras partes del mundo, y facilitaría el acceso a los efectos benéficos de la coca a nuevos grupos de consumidores.
Al mismo tiempo puede contribuir a empujar los mercados de estimulantes legales e ilegales en una dirección más sana para la salud humana, reemplazando una parte de esos mercados ahora dominada por bebidas energizantes con alto contenido de cafeína y azúcar, y al lado ilícito por diversas variedades de cocaína y anfetamina. Si se hace de manera prudente y controlada, sin duda se puede evitar cualquier riesgo que la exportación legal de productos de coca sea usada para abastecer el mercado ilícita de cocaína. Al contrario, bien podría convertirse en una nueva estrategia que logre reducir la cantidad de coca ahora destinada al mercado internacional de la cocaína, mientras todas las políticas aplicadas hasta ahora han fracasado en su objetivo de reducir ese mercado que sigue creciendo.
Desde el TNI hemos apoyado la lucha para liberar la hoja de coca ya durante las últimas dos décadas: con múltiples publicaciones y conferencias; colaborando con organizaciones de productores de coca en Bolivia, Perú y Colombia; asesorando a agencias gubernamentales y parlamentarios andinos sobre los posible caminos de escape de las convenciones internacionales; y apoyando a la defensa legal de personas criminalizadas en relación con la coca en las cortes europeas. Esperamos que esa nueva iniciativa impulsada por Acción Semilla y la FES sea acogida por la sociedad civil en Bolivia y afuera, por los sindicatos cocaleros y por el nuevo gobierno legítimo después de las elecciones, y que lleva a una nueva campaña coordinada que pueda finalmente lograr a la apertura del mercado internacional. Ya es hora que entramos en la etapa final…
Prólogo: Martin Jelsma, Transnational Institute (TNI) Director programa Drogas y Democracia
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