Reforma de la ley de drogas en Guatemala: guía básica

30 Julio 2015
Primer
        1. ¿Cuál es la legislación vigente en materia de drogas en Guatemala?
        2. ¿Qué propuestas de reforma y reformas a las leyes de drogas se han producido recientemente en el país?
        3. ¿Qué impacto han tenido las leyes de drogas en la situación carcelaria del país?
        4. ¿Qué dice la ley sobre el consumo? ¿Es un delito consumir drogas en el país?
        5. ¿Cuál es la dinámica del mercado de drogas en Guatemala?
        6. ¿Cómo se posiciona Guatemala en el debate internacional sobre políticas de drogas?
        7. ¿Qué rol ha jugado la sociedad civil en el debate sobre las drogas?
        8. Importantes documentos legislativos y de políticas de drogas de Guatemala  

        En octubre de 2013, el Gobierno de Guatemala anunció la creación de una Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, que se encargaría de evaluar las políticas en vigor y estudiar posibles alternativas. Finalmente, la Comisión se estableció en febrero de 2014 y su misión consistirá en dotar al Estado de “los insumos técnicos y las propuestas necesarias para la reforma de la política de drogas y su estrategia de implementación” con una naturaleza integral, multidisciplinaria y respetuosa de los derechos humanos.

         

        1. ¿Cuál es la legislación vigente en materia de drogas en Guatemala?

        La Constitución de la República de Guatemala (1993) declara la salud pública como bien público que debe ser protegido y afirma que es obligación del Estado desarrollar acciones de prevención, promoción, recuperación y rehabilitación de la salud. Por ello se proclaman como asunto de interés social las acciones contra el alcoholismo y la adicción a sustancias.

        En primera instancia el código penal de 1973, en sus artículos 306 y 307, recogía las sanciones y multas relativas a la siembra y cultivo de plantas, y al tráfico ilegal de fármacos, drogas y estupefacientes.

        La Ley contra la Narcoactividad (1992) se promulgó antes de que terminara la guerra civil. Esta norma especial amplió los conceptos y términos que ya venían recogidos previamente en los códigos penal y de salud. Ha sido reformada posteriormente por el decreto 62-98; más tarde por el 32-99 (modificándose el artículo 3 relativo al uso legal, y el artículo 19 dedicado a la destrucción judicial de drogas); y finalmente por el decreto 17-2003, que introduce cambios en cuanto a los instrumentos del delito (artículo 1.i), al comiso (artículo 18), agrega un segundo párrafo a los artículo 46 y 56, y finalmente reforma el artículo 57 rubricado “secuestro y embargo de bienes”.

        Esta ley especial está encabezada por una serie de conceptos definidos en la misma ley. Es el caso del término “droga” en el artículo 2 letra A y B, donde el legislador deja claro qué se entiende por drogas, extendiendo el término a las materias primas, es decir a las plantas y semillas que produzcan las substancias. Sin embargo, también se matiza que el alcohol y el tabaco no están sujetos a dicha ley aunque una vez consumidos también produzcan alteraciones físicas y de conciencia.

        Según el artículo 12 las sanciones pueden ser las siguientes: muerte, prisión (conmutable en ciertos delitos cuando la sentencia de condena no exceda de 5 años), multa, inhabilitación del cargo absoluta o especial, decomiso, pérdida o destrucción de los objetos provenientes del delito y de los instrumentos utilizados para la comisión, expulsión del territorio nacional (de extranjeros), etc. Lo que más llama la atención es la inclusión de la pena de muerte que según el artículo 52 se podría conmutar por una pena privativa de libertad de 30 años. La pena de muerte se aplicaría en el caso de que por la comisión de cualquiera de los delitos comprendidos en el título VII de la ley se derive la muerte de una o más personas. Desde 2001, la aplicación de la pena de muerte en Guatemala estaba en una moratoria, ya que el presidente Alfonso Portillo (2000-2004) determinó que no correspondía al Ejecutivo decidir sobre el perdón o no de los condenados y, ante la ausencia de un camino legal para aplicar el recurso de gracia, se hizo imposible aplicar la pena capital. A partir de 2012 existe otra vez el indulto, lo cual permite en teoría nuevamente su ejecución.

        Las penas de prisión abarcan un mínimo de 4 meses hasta un máximo de 30. La pena de muerte se aplicaría según el artículo 52 de esta misma ley cuando “(...) como consecuencia de los delitos tipificados en esta ley, resultare la muerte de una o más personas, se aplicará la pena de muerte o treinta años de prisión, según las circunstancias del hecho. Si el resultado fuere de lesiones graves o muy graves o pérdida o disminución de facultades mentales, la pena será de doce a veinte años de prisión”.

        Hay que señalar además que ante la infracción de leyes que prohíben o reglamentan el tráfico de estupefacientes es posible la extradición de ciudadanos guatemaltecos a los Estados Unidos. Este supuesto se contempla fuera de la Ley contra la Narcoactividad, pero viene recogido en la convención suplementaria al tratado de extradición firmado entre los Estados Unidos y Guatemala de 1940. En 2012, Guatemala extraditó a los Estados Unidos a varios de sus ciudadanos acusados de tráfico.

         

        DELITO

        AÑOS DE PRISIÓN

        MULTA (quetzales)

        Siembra y cultivo

        5-20

        10.000-1.000.000

        Producción y procesamiento

        8-20

        50.000-1.000.000

        Tráfico y almacenamiento

        12-20

        50.000-1.000.000

        Tránsito internacional

        12-20

        50.000-1.000.000

        Posesión consumo propio

        4 meses – 2 años

        200-10.000

        La tendencia es punir los delitos de drogas con penas privativas de libertad bastante largas. El problema en este caso viene dado porque no existe un límite para diferenciar entre delito por consumo propio (artículo 39) y delito por tráfico ilícito (artículo 38), lo cual genera inseguridad jurídica. El artículo 39 se limita a exponer que, de las circunstancias del hecho, el juez podrá decidir si la cantidad incautada estaba destinada a consumo inmediato del usuario o si se trataba de una tenencia para su venta o suministro. De la misma manera, la jurisprudencia guatemalteca por el momento tampoco ha arrojado luz sobre esta cuestión, por lo que cada caso concreto depende de la discreción del tribunal pertinente.

        Con la ley actual también se creó una Comisión Contra las Adicciones y el Tráfico Ilícito de Drogas (CCATID) con el fin de diseñar políticas para reducir la oferta y la demanda de sustancias adictivas y el alcoholismo, además de planificar estrategias para controlar, prevenir y tratar las adicciones así como también el tráfico ilegal de dichas sustancias. Su Secretaría juega un rol importante formalmente, tanto en la elaboración del plan nacional antidrogas como en llevar a cabo encuestas y estudios epidemiológicos sobre el consumo poblacional. Además, uno de sus ejes principales es la atención y rehabilitación de personas dependientes de drogas y de su entorno familiar. En la práctica, sin embargo, cuenta con un presupuesto muy bajo y tiene un papel secundario.

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        2. ¿Qué propuestas de reforma y reformas a las leyes de drogas se han producido recientemente en el país?

        En febrero de 2012, el presidente guatemalteco insistió en abrir el debate sobre la descriminalización de las drogas, señalando que las políticas para controlar su mercado habían fracasado y que la violencia ligada a los grupos de traficantes era uno de los mayores problemas de la región centroamericana.

        A pesar de este anuncio del Gobierno, el Congreso todavía no ha formulado una propuesta de reforma de ley concreta sobre el tema. Según el presidente Pérez Molina, primero es necesario un acuerdo de nivel internacional para asegurar una implementación exitosa. Sin embargo, mientras no se empiece a dar pasos para cambios legislativos internos, tampoco habrá cambios en las actuaciones de las instancias involucradas en el control de drogas, ni la transparencia requerida. No obstante ya están arrancando algunas propuestas de reformas ligadas a la problemática:

        Agosto de 2012 – Reforma policial – En 2010 se inició una reforma policial que comenzó con la inauguración de una academia de policía. A través de la modificación se pretende lograr una profesionalización de los agentes, y reducir la corrupción con la creación y el desarrollo de una política y un modelo de investigación criminal, especialmente en lo que se refiere a la delincuencia violenta y al narcotráfico. Durante su gestión, el presidente Pérez Molina ha creado cuerpos policiales especializados para ciertos delitos, pero la reforma sigue pendiente.

        Octubre de 2012 – Reforma a la Ley de Narcoactividad – Se aprueba un decreto por el cual se permitirá la incineración de precursores in situ, decisión que ha de ser tomada por el juez competente en un plazo no superior a 72 horas desde el decomiso. Esta reforma pretende evitar los daños colaterales que se producen cuando se lleva a cabo el almacenaje de los precursores incautados, puesto que se utilizan productos químicos que ocasionan consecuencias nocivas para el ambiente.

        Octubre de 2012 - Ley de anticorrupción aprobada – Después de pasar diez años en el tintero y de ser llevada al pleno cinco veces durante 2012, finalmente se aprobó en pleno el decreto 31-2012 con una ligera mayoría de votos. La nueva normativa aborda la corrupción y la transparencia en el funcionamiento estatal. La ley incrementa las penas para delitos ya tipificados e incorpora nuevos delitos, también normalizados con una reforma del código penal y la ley contra la delincuencia organizada, entre otras. De esta forma, se incorporan al código penal delitos como el cobro de comisiones, malversación, nombramientos ilegales, cohecho activo y pasivo, y el tráfico de influencias que incrimina a quien por sí mismo o a través de otra persona influya usando su jerarquía, posición o amistad para obtener un beneficio indebido. Por otro lado, se incluye también la figura del testaferro, esto es, aquella persona, tanto física como jurídica que presta su nombre o razón social para la colaboración en alguno de los delitos contra la administración pública, recogidos en el título XIII del código penal.

        Muchos afirman que esta ley no es más que el fruto de presiones sociales, además de un compromiso político previo a las elecciones de 2012. Los críticos exponen que la ley posee un carácter débil ante la fragilidad institucional y que, en el momento de su aprobación, la mayoría de los diputados no estaba de acuerdo con su contenido.

        Octubre de 2013 – Creación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas – En 2013, el Gobierno guatemalteco anunció la creación de la Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas, que quedó formalmente establecida con el Decreto 396-2013. La comisión está integrada por expertos independientes que evaluarán las actuales políticas de drogas con el objetivo de reformar las normas ineficaces y recomendar posibles cambios. El presidente Pérez Molina inauguró la comisión en enero de 2014 y se espera que esta finalice su labor en julio-agosto de este mismo año.

        La primera tarea de la Comisión Nacional consiste en abordar el tema del cultivo de opio en Guatemala. El informe de la Fundación Beckley, Caminos para la reforma presenta algunas recomendaciones sobre el cultivo de adormidera en el país, que se concentra en la provincia de San Marcos, junto a la frontera mexicana. El informe, en concreto, recomienda legalizar el cultivo de amapola para producir medicamentos opioides, una medida que cuenta con el apoyo del presidente Pérez Molina y de otros representantes del Gobierno.

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        3. ¿Qué impacto han tenido las leyes de drogas en la situación carcelaria del país?

        La ocupación de las cárceles en Guatemala durante 2013 fue de un 251,6 por ciento. Esto significa que para 6.492 plazas existían 16.336 personas presas, de los cuales el 8,7 por ciento eran mujeres y el 4,6 por ciento menores de edad. De este número total, un 50,3 por ciento estaba a la espera de una sentencia, es decir, en prisión preventiva. Este uso abusivo de la detención preventiva contradice los principios de presunción de inocencia y de sistema acusatorio que proclama la ley procesal penal.

        Desde 1992, la población carcelaria casi se ha triplicado. El motivo de este crecimiento tiene varias razones: el índice de violencia ha venido creciendo de manera abrupta, reflejando un incremento de delitos cometidos, especialmente homicidios. Mucha de esta violencia está relacionada con disputas entre diferentes grupos de traficantes de drogas, pero no se dispone de datos que indiquen los porcentajes correspondientes. Como consecuencia del aumento de la violencia se deriva que el Gobierno recurre a políticas de justicia penal imponiendo más penas privativas de la libertad. Pese a esta tendencia, Guatemala mantiene una de las tasas de encarcelamiento más bajas del mundo, aunque el hacinamiento es un problema grave.

         

        AÑO

        POBLACIÓN CARCELARIA TOTAL

        TASA DE POBLACIÓN ENCARCELADA(núm. por 100.000 habitantes)

        1992

        5.592

        59

        1995

        5.814

        58

        1998

        6.296

        59

        2001

        7.303

        63

        2004

        8.698

        70

        2007

        7.143

        53

        2010

        11.140

        77

        2013

        16.336

        105

        Fuente: World Prison Brief, International Centre for Prison Studies, London.

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        4. ¿Qué dice la ley sobre el consumo? ¿Es un delito consumir drogas en el país?

        La legislación sobre drogas en Guatemala, como en la mayoría de países centroamericanos, tipifica como delito la tenencia de drogas para consumo personal, cuyas penas pueden oscilar entre los cuatro meses y los dos años.

        La infraestructura social con respecto al tratamiento y la rehabilitación de los usuarios problemáticos de drogas es mínima y suele ser de escasa calidad. En 2004, el Gobierno guatemalteco evaluó el sistema de salud en este ámbito concreto, un proceso que culminó con la adopción de las Normas Mínimas de Atención a Drogodependientes a través del acuerdo 1152-06.

        La estrategia nacional de drogas reconoce que las políticas en vigor son insuficientes y que no atienden las repercusiones del uso de drogas para la salud. “La cobertura de atención a los pacientes a través de los programas de tratamiento, rehabilitación y reinserción social son limitados, así como, los servicios de atención gubernamental; por lo que es necesario mejorar los ya establecidos, fortalecer y consolidar la red de atención, y diversificar las modalidades de atención existentes de acuerdo a las Normas Mínimas de Atención, además que atiendan las necesidades de los usuarios tomando en cuenta que el problema de drogodependencia es multicausal.” (CCATID, 2009, p. 15)

        Una cuestión crítica en lo que se refiere a la terapia de usuarios de drogas problemáticos es la aplicación del tratamiento obligatorio. La legislación guatemalteca lo permite en los casos de "drogadicción" y parece imperar un consenso tácito de que el tratamiento obligatorio es una herramienta útil tanto para la persona que lo sigue como para el conjunto de la sociedad.

        En la práctica, sin embargo, la mayoría de los centros de tratamiento obligatorio son de muy mala calidad y carecen de los requisitos más básicos en cuanto a personal, vivienda, alimentación e higiene se refiere. Algunos informes revelan que a los centros religiosos (a menudo evangelistas) los motiva fundamentalmente el afán de lucro. El uso de los llamados ‘grupos de cazadores’, que recogen a los usuarios de las calles por la fuerza, es muy común. Una vez dentro, los ‘pacientes’ se suelen ver sometidos a maltrato psicológico y físico.

        En octubre de 2013, durante el 52º Consejo Directivo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), las autoridades sanitarias de los países del continente discutieron una propuesta de la representación de Guatemala sobre la situación en que se encuentran actualmente los sistemas de salud. Guatemala planteó que la OPS preparara un informe sobre cómo están tratando a las personas con problemas de abuso de sustancias los sistemas de salud y, además, que elaborara otro informe de evaluación sobre la cooperación entre la OPS y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD).

        En estos momentos no existen tribunales de drogas en Guatemala, aunque durante una reunión del Sistema de Integración Centroamericana - (SICA) celebrada en 2012, el presidente Pérez Molina sugirió crear un tribunal penal regional para perseguir los delitos relacionados con el tráfico de drogas y aliviar así la carga de los saturados tribunales locales.

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        5. ¿Cuál es la dinámica del mercado de drogas en Guatemala?

        Control de las rutas y del suministro


        Desde que en 2006 el ejército mexicano se desplegó en la lucha contra las organizaciones de tráfico de drogas (OTD), las rutas se han desplazado hacia Centroamérica. Pequeños aviones privados transportan las drogas hacia Honduras y Guatemala, y hasta la costa del Caribe o del Pacífico de América Central. Desde entonces, la región se enfrenta a una escalada de violencia relacionada con las drogas. Como señala el Informe Mundial sobre las Drogas 2013, existe una fuerte correlación entre las zonas de tráfico en disputa y las altas tasas de homicidios. La incidencia más elevada de violencia se da en la región fronteriza.

        La dinámica interna de los grupos delictivos que actúan en Guatemala puede explicar este alto índice de violencia. En el país se despliegan grupos territoriales, centrados en mantener el control de un territorio (mediante la violencia, si es necesario), y grupos de tráfico (transportistas). Existen por lo menos cuatro grandes OTD de carácter territorial en las zonas fronterizas, algunas de las cuales han formado alianzas con sus contrapartes mexicanas. En los últimos seis años, se ha producido una violenta batalla territorial por parte de nuevos actores en el tráfico de drogas, desplazando a los actores tradicionales.


        La ruptura de la alianza entre dos grandes OTD (el Cártel del Golfo de México y Los Zetas) marcó un momento decisivo para Guatemala. A raíz de ello, Los Zetas se vieron obligados a establecer sus propias redes de tráfico desde los Andes hasta los Estados Unidos, pasando por Centroamérica, y empezaron a desarrollar lazos con grupos delictivos ya existentes en Guatemala. Así, desde 2008, Los Zetas han ido ganando cada vez más prominencia en el país y, más en concreto, en el departamento de Petén.

        Antes de 2006, existía una clara división de rutas de suministro en Guatemala. En el oeste, cerca de la costa del Pacífico (y cruzando la frontera en San Marcos), dominaba el cartel del Pacífico, mientras que en el noreste actuaban otros grupos. Según ciertas informaciones, Los Zetas han extendido su poder hacia el oeste de Guatemala, en un intento por asegurarse la ruta de la Franja Transversal del Norte (el paso entre Honduras y Guatemala).

        La violenta batalla desplegada por Los Zetas en los últimos seis años ha dividido a los aliados del Cártel de Sinaloa (el grupo Lorenzana) y debilitado la rama guatemalteca del Cártel del Golfo Mexicano. En 2013, un destacado líder de Los Zetas en Guatemala, Walter Overdick, y el máximo comandante de la rama mexicana, Miguel Treviño Morales (alias Z40), fueron capturados por las autoridades. La cuestión ahora es cómo influirán estos acontecimientos en el funcionamiento interno de Los Zetas.

         

        Los mercados de drogas
        Según la Secretaría Ejecutiva de la Comisión Contra las Adiciones y el Tráfico Ilícito (SECCATID), el 3,16 por ciento de la población guatemalteca consume drogas ilegales y el promedio de edad de iniciación en dicho consumo se sitúa en los 12 años y medio.
        Autoridades del Gobierno indican que el incremento del uso de drogas en el país puede ser resultado de la forma en que los cárteles de drogas están pagando a sus ‘subcontratistas’; en los últimos años, casi el 100 por ciento de esos pagos se realizan en especie.

        Cannabis
        El cultivo de cannabis se suele dar cerca de su mercado de consumo, por lo que el tráfico de cannabis es una actividad fundamentalmente intrarregional. En Guatemala, el cannabis se cultiva sobre todo en Petén, San Marcos, Izabal y la capital.
        En 2009, se erradicaron 429.610 plantas (en kg). En 2008, las autoridades guatemaltecas confiscaron 10,8 millones de plantas de cannabis y, en 2009, 4,3 millones. En 2012, se erradicaron 1,25 millones de plantas de cannabis y, en 2011, se confiscaron 14 millones de plantas. En 2010, se destruyeron 8,7 millones de plantas y, en 2009, 
4,29 millones de plantas.


        Coincidiendo con las tendencias en el resto del mundo, el cannabis es la droga ilegal más usada en Guatemala, aunque los datos sobre consumo de estupefacientes en el país no están actualizados. Según estadísticas del Gobierno, la prevalencia anual del consumo de cannabis de la población general (12 a 64 años) era del 0,13 por ciento en 2005 (CICAD). En Guatemala, a diferencia de otros países en Centroamérica y Sudamérica, se calcula que la prevalencia anual del uso de cannabis (en 2005) es superior entre la población adulta (4,8 por ciento) que en el grupo de edad de los 12 a los 19 años (1 por ciento).

        Datos de 2003 sobre la prevalencia de uso del cannabis entre estudiantes varones y mujeres estudiantes (de secundaria) muestran que el consumo de los estudiantes varones es cinco veces mayor. La diferencia en los patrones de consumo entre hombres y mujeres en el caso de la población general (de 12 a 64 años) es aún más grande. En 2005, la prevalencia anual entre la población general era del 0,29 por ciento para los hombres y del 0,03 por ciento para las mujeres (casi 10 veces más entre los hombres). La CICAD apunta que la menor diferencia de consumo entre chicos y chicas en la escuela secundaria en comparación con la población general podría indicar que la brecha entre hombres y mujeres se está reduciendo.

        Según un estudio más reciente (ENJU, 2011) realizado entre 5.875 personas de 15 a 29 años de edad, el cannabis es la droga ilícita más consumida, con un uso promedio del 3 por ciento. Otro estudio reciente, efectuado por la SECCATID (EFE 2012) entre 5.600 estudiantes, revela que casi la mitad (49 por ciento) de los y las estudiantes de Guatemala han consumido cannabis al menos una vez en la vida, y que 4 de cada 10 estudiantes ha recibido propuestas para vender cannabis dentro de sus escuelas. Estos datos se basan en una encuesta desarrollada en 2011 por el Instituto Nacional de Estadística. En un estudio realizado por la SECCATID en julio de 2012 entre 3.351 estudiantes de 12 a 24 años de edad, el 45 por ciento de los encuestados afirmó que el cannabis es la droga ilícita más consumida.


        Cocaína
        Desde 2006, México ha intensificado sus iniciativas de lucha contra las drogas y, en consecuencia, Centroamérica ha ido ganando cada vez más importancia en el tráfico de cocaína. Los narcotraficantes han buscado rutas alternativas, especialmente a lo largo de la frontera de Guatemala y Honduras. El notable crecimiento de las incautaciones de cocaína en la región así lo atestigua. Entre 2000 y 2005, la cantidad de cocaína incautada en Centroamérica era casi igual a la incautada en México; en 2011, la cantidad de cocaína incautada en Centroamérica era 13 veces mayor que en México. Las autoridades confiscaron 4,7 toneladas métricas de cocaína en 2012 y 3,96 millones de toneladas en 2011.

        Los estudios revelan que la cocaína es, aparte del cannabis, la droga más consumida en Guatemala. La prevalencia anual estimada de la cocaína en América Central entre la población adulta es del 0,6 por ciento, superior al promedio mundial (Informe Mundial sobre las Drogas). Guatemala tendría la tasa más baja (prevalencia anual) de consumo de cocaína (0,2 por ciento de la población entre 15 y 64 años) de toda la región.
        Las autoridades guatemaltecas han notificado un incremento en el uso de cocaína, mientras que en la mayoría de demás países sudamericanos y centroamericanos los expertos han observado tendencias estables (Informe Mundial sobre las Drogas). Según un estudio reciente (ENJU, 2011) realizado entre 5.875 personas de 15 a 29 años, la cocaína es (después del cannabis y del crack) la tercera droga más consumida, con un uso promedio del 2 por ciento. En otro estudio, efectuado por la SECCATID en julio de 2012 entre 3.351 estudiantes de 12 a 24 años, el 12 por ciento de los encuestados afirmó haber consumido cocaína.


        Según la CICAD, el consumo de crack en América Central es en estos momentos más bajo que en América del Sur, aunque existen indicios de que este está aumentando en Guatemala. La prevalencia a lo largo de la vida entre la población general (12 a 64 años) es inferior al 1 por ciento. En 2005, la prevalencia a lo largo de la vida del crack era del 0,26 por ciento.

        En 2003, la prevalencia a lo largo de la vida entre los y las estudiantes de secundaria en Guatemala era del 0,37 por ciento. El estudio mencionado (ENJU, 2011) indica que el crack es (después del cannabis) la segunda droga ilícita más consumida entre los y las jóvenes del país, con un promedio de uso del 2 por ciento.

        Anfetaminas
        En los últimos años, el mercado de la metanfetamina ha crecido; tanto la producción como el tráfico van al alza. La influencia de las OTD mexicanas en el mercado de drogas sintéticas está aumentando en toda la región. El Cártel de Sinaloa y sus sucesores han sido durante mucho tiempo los principales proveedores de metanfetamina de los Estados Unidos. Esta posición de dominio quedó interrumpida cuando el cártel perdió el puerto de Lázaro Cárdenas, en México, que pasó a manos de grupos rivales, lo cual se tradujo en un mayor tránsito de precursores químicos y metanfetaminas de Guatemala a México.

        Últimamente, sin embargo, se está produciendo una tendencia opuesta en el tráfico de metanfetamina. Las autoridades guatemaltecas han informado de que en Guatemala están entrando grandes volúmenes de precursores químicos, lo cual sugiere que se está fabricando metanfetamina en el país. El endurecimiento de las restricciones mexicanas sobre los precursores se han traducido en este traspaso de la producción a Guatemala. De hecho, se han descubierto algunos laboratorios en San Marcos y cerca de la frontera con México. La cantidad de laboratorios de estimulantes anfetamínicos descubiertos y desmantelados se ha incrementado de apenas uno en 2008 a ocho en 2012.

        Las incautaciones de precursores químicos en Guatemala han aumentado considerablemente en los últimos años. Las autoridades guatemaltecas han decomisado miles de litros de precursores químicos (entre otros acetona, dimetil-maleato, monometilamina y metilamina), especialmente en Puerto Barrios, en el territorio de la familia Mendoza, que es una aliada del Cártel del Pacífico.

        En 2005, el uso anual de anfetaminas como porcentaje de la población entre 15 y 64 años de edad era del 0,9 por ciento (Informe Mundial Sobre las Drogas). Según un estudio más reciente, llevado a cabo por la SECCATID en julio de 2012 entre 3.351 estudiantes de 12 a 24 años, el 1 por ciento de los encuestados afirma haber consumido anfetaminas.

        Opio
        Según los datos disponibles, Guatemala es el segundo mayor productor de opio de la región, solo después de México, con una superficie estimada de cultivo de 1.000 hectáreas de adormidera en 2011. Esta parece una cantidad pequeña en comparación con México, que cuenta con cerca de 15.000 hectáreas de adormidera cultivada, aunque algunos expertos consideran que Guatemala cultiva mucho más plantas de adormidera por hectárea que otros países.

        El Cártel del Pacífico es el cartel que más se asocia con el tráfico de heroína. La mayoría de la producción de adormidera en Guatemala se concentra en la provincia fronteriza de San Marco, controlada por Los Chamales, aliados del Cártel del Pacífico.

        La erradicación forzosa de la adormidera en Guatemala se triplicó entre 2007 y 2011, de menos de 500 hectáreas erradicadas en 2007 a más de 1.500 hectáreas en 2011.

         

          2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
        Erradicación de adormidera (ha) 489 720 449 536 1,345 918 1.490

        Fuente: Informe Mundial sobre las Drogas 2013

        En 2005, la prevalencia anual de uso del opio como porcentaje de la población general entre 15 y 64 años era del 0,04 por ciento. En un estudio más reciente, realizado por la SECCATID en julio de 2012 entre 3.351 estudiantes de 12 a 24 años, el 3 por ciento de los encuestados dijo haber consumido heroína. Existen también estudios recientes sobre el uso de drogas en Ciudad de Guatemala. Las autoridades locales que trabajan con la SECCATID indican que la mayor parte del consumo de drogas en Ciudad de Guatemala entraña sustancias no inyectables (JT Bertrand, J. Hembling, P. Ceballos y L. Johnston, 2012). Este estudio también menciona que la heroína es la cuarta droga más consumida entre los usuarios de drogas en los centros de rehabilitación del país.

        Fuente: USAID/Project Search, J.T. Bertrand, J. Hembling, P. Ceballos y L. Johnston (2012)

         

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        6. ¿Cómo se posiciona Guatemala en el debate internacional sobre políticas de drogas?

        Guatemala se ha convertido en uno de los principales voceros en favor de cambios al régimen global en materia de drogas vigente. La propuesta del presidente Pérez Molina de considerar vías alternativas a la guerra contra las drogas, puesto que el modelo actual de fiscalización de sustancias y las políticas de control de drogas no han podido contener el problema, han sido bienvenidas en todo el mundo. Las actuales políticas han sido un factor determinante en el incremento de la violencia y la inseguridad ciudadana que se ciernen sobre todo el país. Para que esta propuesta tenga efecto sobre el tráfico transfronterizo, Pérez Molina subraya la importancia fundamental de la cooperación internacional.

        Reunión del SICA – Luego de una reunión con el presidente Felipe Calderón en enero de 2012, y poco después de su inauguración como nuevo jefe del Gobierno guatemalteco, Otto Pérez Molina lanzó su propuesta a favor de alternativas a las políticas actuales, incluyendo la despenalización de las drogas. En el marco de una reunión del Sistema de Integración Centroamericana (SICA) en marzo, en la ciudad de Antigua (Guatemala), Pérez Molina propuso a sus contrapartes centroamericanas abrir un foro de debate sobre alternativas a las políticas de drogas vigentes. Pérez Molina propuso cuatro medidas muy claras: la despenalización del consumo y el transporte; la compensación por parte de los Estados Unidos por cada incautación; el uso de estos fondos como inversión en programas locales de prevención y rehabilitación; y por último, sugirió la creación de una corte penal para juzgar los crímenes relacionados con el narcotráfico, y el bloqueo de dinero para liberar a los juzgados locales de la sobrecarga de trabajo. El encuentro no produjo los efectos esperados, puesto que varios de los líderes centroamericanos –los presidentes de El Salvador, Nicaragua y Panamá– declararon que no apoyaban la despenalización de las drogas, aunque sí se manifestaron a favor de abrir el debate.

        La Cumbre de Cartagena – A finales de abril de 2012 se celebró la Cumbre de las Américas, evento bianual auspiciado por la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde el mandatario de Guatemala, apoyado por el presidente Santos de Colombia, insistió en hablar de alternativas a las políticas de drogas actuales.

        Pérez Molina propuso que “se sumen a una iniciativa global por un diálogo político de alto nivel, en donde escuchemos a organizaciones de la sociedad civil, a académicos y a empresarios preocupados por estos temas. En el marco de ese diálogo será necesario evaluar la efectividad de la política internacional con respecto a las drogas de las últimas cinco décadas, considerando el daño que dichas sustancias causan a la salud humana, pero igualmente buscando reducir los niveles intolerables de violencia que soportamos muchos países de Latinoamérica en la actualidad”.

        Sin embargo, en la cumbre de la OEA solo unos pocos jefes de Estado dejaron en claro su posición a favor de una despenalización, aunque la mayoría se mostró favorable a abrir un debate. De todos modos, la cumbre sirvió para que se reconociera en un alto nivel político el fracaso de las políticas de drogas actuales, y concluyó la necesidad de emprender un estudio que evalúe la efectividad de las políticas vigentes, y considere alternativas plausibles. La iniciativa se tradujo en dos documentos normativos sobre ‘El problema de las drogas en las Américas’, publicados en mayo de 2013.

        Asamblea General de las Naciones Unidas y Cumbre de Cádiz – La intervención de Otto Pérez Molina en la Asamblea General de la ONU en septiembre de 2012 buscaba explicar los efectos del narcotráfico y la necesidad de una modificación de las convenciones internacionales: “Cincuenta años es suficiente tiempo para poder evaluar con claridad lo que hemos hecho y para comprender por qué no obtenemos los resultados que esperamos". El presidente afirmó que el narcotráfico se ha convertido en un mal que impide disminuir la violencia y la inseguridad ciudadana al igual que los altos índices de pobreza y el desempleo. Junto con los presidentes Calderón (México, 2006-2012) y Santos (Colombia), Pérez Molina exigió durante la Asamblea que la ONU tome cartas en el asunto, y que encabece una discusión "sin falsos prejuicios" sobre la cuestión.

        En una declaración conjunta, los tres Gobiernos afirman "que la Organización de las Naciones Unidas debe ejercer el liderazgo que le corresponde en este esfuerzo y conducir una profunda reflexión que analice todas las opciones disponibles, incluyendo medidas regulatorias o de mercado, a fin de establecer un nuevo paradigma que impida el flujo de recursos hacia las organizaciones del crimen organizado”. En noviembre de 2012, Pérez Molina y Santos estuvieron entre los muchos firmantes de una carta pública que instaba a romper el tabú sobre las drogas.

        También en la Cumbre Iberoamericana celebrada en Cádiz, España, en noviembre de 2012, los países respaldaron un papel destacado de la ONU en la temática. La Declaración final insta a: “la celebración de una sesión especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas sobre el problema mundial de las drogas, a más tardar en 2015, con el objetivo de evaluar los logros y las limitaciones de las políticas actuales para enfrentar dicho problema, en particular la violencia que generan la producción, el tráfico y el consumo de drogas en todo el mundo, así como para identificar las acciones que permitan incrementar la eficacia de esas estrategias e instrumentos con que la comunidad internacional se enfrenta al desafío que supone el problema mundial de las drogas”.

        La Asamblea General adoptó a fines de noviembre la resolución ómnibus, presentada anualmente por México, sobre la cooperación internacional sobre el problema mundial de las drogas, con el apoyo de 95 países, que propuso la organización de una Sesión Especial sobre drogas de la Asamblea General (UNGASS) para el año 2016.

        Enero de 2013; Foro Económico Mundial – En el Foro Económico Mundial de 2013, Pérez Molina manifestó que creía necesario reformar las actuales políticas de drogas y anunció sus propuestas para ello. Entre ellas, estaba la legalización del cultivo de adormidera en el norte de Guatemala con fines medicinales.

        El presidente guatemalteco también señaló que reformar las leyes de drogas basadas en el prohibicionismo reducirían la violencia en su país en un 50 por ciento. "La prohibición, esta guerra contra las drogas, ha provocado el crecimiento de los cárteles y los resultados no son los que esperábamos”, dijo Pérez Molina. "Actualmente existe un nuevo enfoque frente a las drogas; no el de la guerra, sino una nueva perspectiva y otra forma de abordar la problemática.”

        Mayo de 2013 – La CICAD de la OEA presentó un informe sobre el problema de las drogas en las Américas. El informe fue encargado durante la Cumbre de las Américas en Cartagena, en 2012, y respondía a las quejas de algunos de los líderes de la región sobre la ineficacia de las políticas prohibicionistas. El informe recomienda que los países despenalicen el uso de drogas, reduzcan las penas, se concentren en los programas de rehabilitación y establezcan cortes de drogas.

        Junio de 2013; Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos en Antigua – Durante el 43º período de sesiones de la Asamblea General de la OEA, las políticas de drogas se convirtieron en el tema central de este encuentro continental por primera vez en su trayectoria. Este hecho apunta a un giro radical en las perspectivas de los Estados americanos frente a las políticas de drogas, reconociendo que las actuales normas de fiscalización son un fracaso. La reunión de Antigua fue auspiciada por el Gobierno guatemalteco, que desempeñó un papel fundamental a la hora de asegurar sus resultados. La declaración adoptada, Por una política integral frente al problema de las drogas en las Américas, insta a que se estudien nuevos enfoques al problema mundial de las drogas en las Américas, basado en la evidencia y experiencia científica, e insta a que la Asamblea General de la OEA convoque un periodo extraordinario de sesiones sobre las políticas de drogas para el año 2014.

        Septiembre de 2013; Asamblea General de la ONU – Durante la Asamblea General de la ONU de 2013, cuatro países latinoamericanos –Colombia, Costa Rica, Guatemala y México– instaron a que se celebrara un debate global sobre enfoques alternativos a las políticas de drogas, utilizando los resultados del debate regional de la OEA como punto de partida para fomentar la discusión en la ONU, de cara a la UNGASS de 2016. De los presidentes de estos cuatro países, Pérez Molina fue quien se pronunció con mayor rotundidad. Felicitó a los votantes de los estados de Colorado y Washington por apoyar la regulación del cannabis y al presidente Obama por respetar el proceso. También manifestó que la ONU debería permitir a los países “ir experimentando con nuevos modelos”.

        “Desde inicios de mi gobierno el año pasado hemos afirmado con claridad que la guerra contra las drogas no ha dado los frutos esperados”, explicó Otto Pérez Molina a la Asamblea General. “Y que no podemos seguir haciendo lo mismo esperando resultados diferentes.”

        Enero de 2014; Foro Económico Mundial – Durante el Foro Económico Mundial de 2014, en un panel titulado “El dilema de las drogas: consecuencias para la sociedad, la política y los negocios”, se discutieron alternativas a la fallida guerra contra las drogas. Pérez Molina fue invitado a participar en el debate, pero se vio obligado a anular su participación por una cuestión de asuntos internos en Guatemala.

        En el examen de alto nivel celebrado en los dos días que precedieron al 57º período de sesiones de la Comisión de Estupefacientes, la declaración de Guatemala, pronunciada por el viceministro de Asuntos Exteriores, exhortó a la comunidad internacional a reformar las actuales políticas de drogas y a adoptar políticas alternativas que se basen en la salud pública y los derechos humanos. Guatemala anunció que en septiembre de 2014 acogerá la Asamblea General Extraordinaria de la OEA para dar seguimiento al cumplimiento de la declaración de Antigua ‘Por una política integral frente al problema mundial de las drogas en las Américas’. En mayo de 2014, Guatemala también organizará una reunión de Ministros de Seguridad Pública de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (CELAC) para debatir la situación de las drogas en la región.

        Durante la apertura del Foro Económico Mundial sobre América Latina, el 2 de abril de 2014, el presidente Pérez Molina manifestó que Guatemala está estudiando la legalización del cultivo del cannabis y la adormidera. Según el presidente, se espera que la recién creada Comisión Nacional para la Reforma de la Política de Drogas publique sus recomendaciones en octubre de 2014. Si el informe de la Comisión es favorable, el Gobierno enviará una iniciativa al Parlamento para proponer la legalización de algunas sustancias, en particular el cannabis.

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        7. ¿Qué rol ha jugado la sociedad civil en el debate sobre las drogas?

        Organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos se sienten alarmadas por la creciente militarización de la sociedad guatemalteca, que está dando lugar a nuevas tensiones y violencias en Guatemala. La retórica de Pérez Molina sobre las alternativas no prohibicionistas a la guerra contra las dogas choca frontalmente con la remilitarización de la sociedad bajo su gobierno. Desde que Pérez Molina asumió la presidencia en enero de 2012, el ejército ha ampliado su papel en iniciativas de seguridad ciudadanas y personal militar, tanto en activo como retirado, se ha implantado con mayor fuerza en la dirección de instituciones civiles.

        Pérez Molina, por ejemplo, ha sido partidario de una mayor intervención de los kaibiles, una controvertida unidad especial militar-policial con una turbulenta historia de violaciones de derechos humanos para luchar contra la delincuencia organizada. Casi inmediatamente después de tomar posesión del cargo, Otto Pérez Molina desplegó a los kaibiles en la frontera del norte con México. Organizaciones de derechos humanos en Guatemala critican la militarización de la sociedad y la estrategia de mano férrea del Gobierno. Entre otras, se muestran rotundamente en contra a la operación Martillo, una iniciativa conjunta entre los Estados Unidos y Guatemala que comenzó en 2012. ““El tráfico de drogas en Guatemala no debe ser combatido por el ejército guatemalteco, ni mucho menos por los militares de EE.UU.”, comentó en una entrevista con el grupo GHRC el analista Sandino Asturias.

        En junio de 2013, más de 160 organizaciones de la sociedad civil de las Américas y Europa enviaron una carta abierta a la Asamblea General de la OEA para solicitar alternativas a la guerra contra las drogas que garanticen el respeto de los derechos humanos.

        En la misiva, se propone “un nuevo modelo para la cooperación en materia de seguridad que ofrezca alternativas a la actual guerra contra las drogas, como la regulación en vez de la prohibición, mayores esfuerzos regionales para combatir el lavado de dinero y el retiro de las fuerzas armadas de tareas de seguridad civil. Le pedimos al gobierno de Estados Unidos que cese la ayuda militar y que, en vez de eso, dirija unos escasos recursos públicos hacia medidas internas para prevenir la delincuencia transnacional”.

        En noviembre de 2013, varias organizaciones de derechos humanos, entre las cuales también guatemaltecas, enviaron otra carta abierta a los ministros y ministras responsables de la seguridad pública de las Américas, en el marco de la Cuarta Reunión de Ministros en Materia de Seguridad Pública de las Américas (MISPA IV), instándoles a revisar la orientación de las políticas de drogas que se están aplicando en el continente.

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        8. Importantes documentos legislativos y de políticas de drogas de Guatemala

        Legislative and government documents
         

        Estudios, entrevistas y otros documentos de interés
         

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