Eximir a las personas que usan drogas de ser sometidas a arrestos y procesos judiciales por el consumo y por actos preparatorios como la adquisición, la simple posesión o el cultivo para uso personal no conduce a un mayor consumo de drogas y sí alivia notablemente la presión a la que están sometidos los organismos de aplicación de la ley y los sistemas judicial y penitenciario, además de acabar con las barreras que impiden que los consumidores que muestran patrones problemáticos de consumo se aproximen a servicios de tratamiento y reducción de los daños
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