Descarbonizar la electricidad Los costos de las energías renovables impulsadas por el sector privado y las oportunidades de alternativas en Australia, Alemania y la Indias

La lucha  por detener la quema de combustibles fósiles para producir electricidad es fundamental para la política climática mundial. En todo el mundo, la mayoría de los países están planeando pasar a las energías renovables, como una “victoria” tanto para la economía como para el clima. Las energías  renovables baratas, el último “regalo” de la naturaleza a la sociedad  industrial, sientan las bases de una  nueva ola de crecimiento “verde”. La Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) prevé que en 2050 el 75 % de la electricidad mundial procederá de fuentes  renovables, frente  al 16 % actual, y calcula que el 95 % será de propiedad privada.

El nuevo  modelo de desarrollo está dominado por empresas energéticas mundiales y fondos de inversión que construyen plantas eólicas y solares a gran escala, y captan  así el flujo de ingresos de las energías  renovables. A pesar de los cuellos  de botella  en la cadena de suministro, los inversores están  eufóricos  con las energías  renvables, tanto para los minerales “críticos”, aguas arriba, como para el hidrógeno y el amoníaco “verdes”, aguas abajo. Los gobiernos nacionales y regionales compiten por atraer  la financiación “verde”, que busca una participación en las nuevas industrias emergentes.

Cortejar al gran  capital  conlleva  grandes  anuncios, pero oculta el alcance  total  del apoyo  público y el desembolso financiero. Las empresas de energías  renovables dependen de la regulación gubernamental para facilitar nuevas conexiones a la red, imponer la compra de electricidad de fuentes  renovables y garantizar los flujos de ingresos que sustentan los beneficios. Los inversores privados  construyen y explotan los parques  eólicos y solares a gran escala, y generan  electricidad a un  precio  acordado. Los acuerdos  de suministro, denominados “Contratos de Compra de Energía” (CCE), pueden durar décadas, y constituyen un puerto seguro para los inversores que buscan rentas. A menudo, las autoridades públicas invitan al sector privado a suministrar bloques  de energía  renovable y adjudican los CCE al proveedor más barato. Así, fuerzan los precios a la baja. Estas “subastas  inversas” requieren enormes economías de escala y empresas de servicios públicos  más grandes que nunca, expulsan a los operadores más pequeños, incluidos los generadores comunitarios y sin ánimo de lucro, y desincentivan el reparto de beneficios.

Todo  esto tiene  un  costo. Las energías renovables a gran  escala provocan nuevos desplazamientos y la concentración empresarial genera nuevas desigualdades. Los terratenientes situados en  lugares favorables son los que más se benefician y afianzan su poder, los  medios  de  vida  agrícolas  se ven  desplazados, las ecologías  se transforman. Confiar en la inversión privada  en energías renovables alimenta la concentración empresarial y la masificación energética. En Alemania se ha pasado  rápidamente de la energía  eólica cooperativa  y municipal a la energía eólica empresarial a gran escala. En la India se ha producido un cambio similar,  de pequeñas empresas de energía eólica a entidades corporativas cada vez mayores, de modo que en 2022 muy  pocas empresas indias  presentaban ofertas de licitación por los CCE nacionales. En Australia Meridional encontramos una marcada bifurcación entre  la energía  solar  de los hogares y el creciente apalancamiento de los grandes proyectos liderados por empresas.

Con estas limitaciones, las energías renovables neoliberales ocultan  el verdadero potencial de las energías  renovables. A menudo se ha señalado que la energía  renovable es ampliable, desde un dispositivo portátil hasta la instalación a escala de servicios públicos. Las infraestructuras y la financiación públicas  podrían destinarse a un beneficio más amplio. Hay capacidad y agencia  para  las energías renovables distribuidas, para las transformaciones energéticas y para nuevas formas  de participación y democratización de la energía. Sin embargo, la opinión generalizada, de IRENA hacia abajo, es que solo las energías renovables privadas a gran escala pueden hacer frente  a la crisis climática. Que garanticen la “legitimidad social” es otra  cuestión y un  componente crucial  para  alcanzar  los objetivos de las energías renovables.

With these limitations, neoliberal renewables obscure the real potential of renewable energy. It has often been pointed out that renewable energy is scaleable, from the hand-held device to the utility-scale installation. Public infrastructure and finance could be directed for wider benefit. There is capacity and agency for distributed renewables, for energy transformations, and for new forms of energy participation and democratisation. Yet the received wisdom, from IRENA down, is that only large-scale private renewables can address the climate crisis. But whether they secure ‘social legitimacy’ is another matter, and a crucial component to achieving renewable energy targets. 

La transición energética neoliberal −basada en la búsqueda de rentas y la monopolización de los rendimientos del capital− puede socavar la descarbonización. La financiación de las energías renovables es una clase de activo intercambiable con otros  activos no renovables. No se caracteriza por la necesidad de reducir las emisiones. Al contrario, los intereses  de esta inversión privada  a menudo pueden entrar en conflicto directo  con la abundancia de energía renovable necesaria para la estabilidad climática. Las empresas confían en la escasez, pero con el descenso a largo plazo de los costos de las energías renovables y la electricidad diurna prácticamente ilimitada, se enfrentan a un problema para mantener los flujos de beneficios.

La energía eólica y solar intermitente produce energía  excedentaria. En épocas de exceso, los precios caen a cero  (y por  debajo). Para proteger a los inversores y mantener los precios, a menudo se desconectan las energías  renovables. Este “recorte” o “derrame” es habitual: algunos  días en Australia se derrama hasta  el 20 % de la energía  renovable. La contradicción es desconcertante: la abundancia de energía  renovable se convierte en un  problema que hay que limitar, no en una virtud  que hay que potenciar.

Con ello, las formas  más distribuidas de energía  renovable se convierten en una  amenaza para la cuota de mercado de las empresas. La creciente prevalencia de las energías  renovables domésticas en Australia −proporcionalmente la mayor  del mundo−, por ejemplo, socava los beneficios de los generadores a escala de servicios públicos.  En lugar  de apoyar  la energía  distribuida, la política  se orienta hacia  las grandes  empresas de servicios públicos.  En 2023

Australia anunció un precio mínimo subvencionado para los generadores, explícitamente para reducir aún más el riesgo de inversión.

Por  último, está  el reto  de que  más  industria, alimentada con electricidad renovable barata, acelera  el crecimiento económico. A mayor producción, mayores emisiones. Para IRENA,  las energías renovables garantizarán  las  reducciones de  emisiones necesarias, pero solo si también disminuye la demanda energética. El aumento anual del 1,1 % en el consumo de energía,  paralelo al crecimiento económico, tiene  que  convertirse en un  descenso anual del 0,2 %. Para IRENA, el crecimiento debe desvincularse del consumo de energía: una  tarea  difícil cuando la energía  es tan  barata. La experiencia  sugiere la trayectoria contraria: que  la energía  barata alimenta la demanda energética.

Nuestra investigación se ha  centrado en  los estados  de Karnataka (India),  Brandemburgo (Alemania) y Australia Meridional: todos ellos  son  regiones  pioneras en  energías  renovables, aunque  muy diferentes en  cuanto a su historia y su ubicación en  la economía mundial.

En los tres contextos, las promesas iniciales han  dado  paso a un compromiso activo con el modelo empresarial imperante de desarrollo  de energías  renovables a gran  escala. Los activistas, las organizaciones comunitarias  y los grupos  de interés han  desarrollado una  serie de tácticas, estrategias  y objetivos  políticos  para rebatir el modelo privado y las políticas estatales de reducción de riesgos que lo sustentan. En respuesta, gobiernos y empresas han  ajustado la normativa y ofrecido  concesiones en un  panorama dinámico, con- testado  y en constante evolución.

Karnataka es ahora  uno de los estados líderes en energías renovables de la India, a tal punto que, en mayo de 2023 el 54 % de la capacidad instalada procedía de la energía  eólica  y solar;  frente  al 31 %, de carbón;  el 12 %, de energía  hidroeléctrica, y el 3 %, de energía  nuclear. La energía eólica a pequeña escala predominó hasta mediados de los años 2000, cuando Karnataka se convirtió en un estado  líder en energía  solar a escala comercial. Prácticamente toda  su energía renovable es de propiedad privada,  lo que  contrasta con el carbón y la energía  hidroeléctrica “heredados”, que son principalmente de propiedad estatal.  Predominan las grandes  empresas:  diez de ellas poseen  el 58 % de la capacidad  solar y el 30 % de la eólica.

Karnataka ha aplicado una política proactiva en materia de energías renovables desde finales de los años noventa. El Estado pretendía atraer  la inversión privada  y reducir los costos energéticos de las deficitarias  empresas estatales  de distribución de electricidad (que subvencionan los precios, sobre  todo  en las zonas rurales). El Estado tiene  condiciones favorables  para  la energía  solar y eólica, y era importador neto  de energía  de carbón, que ahora  ha cambiado por energías  renovables. Los promotores de energías  renovables licitan contratos de suministro a largo plazo con las empresas distribuidoras mediante subastas inversas supervisadas por la agencia estatal de energías  renovables, la Karnataka Renewable Energy Development Limited  (KREDL).

La KREDL desempeña un  papel  clave de mediación entre  promotores privados,  propietarios de tierras, empresas de distribución y redes de transmisión. Sus ingresos proceden de una  tasa a los promotores de proyectos  y promete conseguir todas las autorizaciones en un plazo de sesenta días. También ha creado  agencias conjuntas de “fines especiales” con el Gobierno federal, como la Karnataka Solar Power Development Corporation Limited  (KSPDCL), que estableció  el proyecto solar Pavagada,  de 2 GW, el mayor  del  mundo cuando fue terminado en 2019. KREDL planea  ahora  duplicar con creces el tamaño de la planta de Pavagada, hasta 5 GW, y está construyendo otra  central híbrida eólica-solar-batería de 5 GW en Shimoga, al norte de Karnataka.

El ejemplo de Pavagada  resume las tensiones y posibilidades  del desarrollo de las energías renovables en la India. El parque se extiende a lo largo de 4856 hectáreas y abarca  cinco localidades con una población de diez mil habitantes. La zona es árida y propensa a la sequía, con niveles elevados de pobreza, sobre todo  entre  las mujeres y las comunidades tribales  y de castas desfavorecidas,  y ha sido escenario  de luchas por los derechos  sobre la tierra  y su redistribución. La tenencia de la tierra sigue estando muy estratificada, con algunos grandes terratenientes y muchos minifundios, mientras que aproximadamente la mitad  de la población carece de tierras.

El KSPDCL reunió tierras de 1422 propietarios diferentes mediante la firma de contratos de arrendamiento de veintiocho años a un  precio  fijo con incrementos establecidos para  todo  ese período. Las autoridades estatales subastaron varios PPA de veinticinco años para  los promotores y el precio  disminuyó constantemente hasta menos de la mitad del precio medio  de la electricidad generada a partir del carbón. Hubo cierto  apoyo  del Banco Mundial y el Banco Asiático de Desarrollo, y el parque atrajo  grandes  empresas privadas de energías  renovables como  Tata, Fortum, Adani,  ReNew  y Softbank.

El modelo de arrendamiento de tierras  de Pavagada  contrasta con otros enfoques de adquisición de tierras  que  esencialmente expulsan a la gente de la tierra y crean un espacio aparentemente vacío para  las energías  renovables. La coexistencia  con los terratenientes ofrece un mejor  enfoque, pero plantea nuevas  cuestiones. El arrendamiento beneficia a los terratenientes pero agudiza la desigualdad. Como  nos dijo un sin tierra: “La gente que tiene  más tierras  se hace más rica. Nosotros estamos  donde  estamos, sin tierra”.

Los arrendamientos se negociaron durante una  sequía  y los terratenientes se sintieron presionados a aceptar:  “Vinieron, nos  lo pidieron, teníamos hambre, se lo dimos”. Los ingresos por arrendamiento de los pequeños agricultores no son suficientes  para vivir y la seguridad alimentaria se ha resentido. Como  dijo un  agricultor: “Si cultiváramos lentejas  durante un  año, las utilizaríamos para  el consumo familiar  durante dos años… Ahora, para cualquier pequeña cosa, dependemos del mercado”.

Pero los sin tierra son los principales perdedores. Históricamente han  dependido del trabajo agrícola estacional y de la cría de animales a pequeña escala, que se han  visto desplazados por el parque solar. Uno  de los sin tierra  entrevistados dijo: “Antes  de la energía solar, nuestras ovejas vivían muy  bien. Después  de la energía  solar hay dificultades… No hay espacio para pastar”.

La pérdida de medios de subsistencia no se compensa con el empleo  en la planta. Hay algunos empleos locales en seguridad, limpieza y corte de césped, pero no son suficientes. Esto ha afectado especialmente a las mujeres de las comunidades tribales y de casta baja, que han perdido fuentes  de autonomía financiera. Como dijo una mujer: “Tenemos que depender de los ingresos de nuestros esposos y ellos nos controlan aún  más”. Se les prometió mejor  educación,  formación  y  empleo: “No  queremos que  nuestros hijos lleven  una  vida como  la nuestra. Queremos darles  una  educación mejor  para que puedan salir adelante”.

Las autoridades afirman que han aprendido la lección y que  la ampliación de Pavagada  y la propuesta de una  central híbrida de 5 GW suponen una  nueva  fase en  la planificación de las energías renovables. En Pavagada  se observa  un  mayor compromiso con la financiación de las escuelas locales y las infraestructuras sociales (Subramanian, 26 de abril de 2023). Sin embargo, los programas de formación y los puestos  de trabajo prometidos aún no se han materializado, aunque existen propuestas de uso mixto y de energía agrosolar para  permitir la coexistencia  de la agricultura con las plantas solares. La colaboración prevista  con la población local sigue sin desarrollarse.

La central híbrida propuesta tendrá que coexistir con la agricultura  local, ya que el norte de Karnataka es más fértil y la tierra  está más repartida: el movimiento de reforma agraria  tuvo éxito en esta parte  del Estado  y hay menos  gente  sin tierra.  La propuesta de un modelo “híbrido” más  variado,  que  combine energía  eólica, agrosolar y capacidad  de baterías,  en lugar  de una  extensión uniforme de paneles  solares, ofrece potencialmente más espacio para  la agricultura. También existen  posibilidades de cogestión, que podrían basarse en los consejos de los pueblos  (panchayats), que tienen una gran capacidad  de gobernanza local.

Al igual  que  Karnataka, Brandeburgo apuesta  decididamente por las energías  renovables. En 2023 obtendrá el 70 % de su electricidad a partir de estas energías, principalmente energía  eólica. Su Estrategia  Energética 2022 preveía un 100 % de energías renovables para 2030. Para ello ha propuesto un cambio hacia la energía  solar: la generación de energía  eólica se duplicará, de 8 GW a 15 GW, mientras que la energía  solar se cuadruplicará, de 4 GW a 18 GW.

La fiebre por la energía  solar ya está en marcha. A principios de 2023, un estudio  del Gobierno descubrió un gran potencial para la energía solar en tejados (29 GW), en terrenos degradados o de escaso valor (33 GW) y también para estacionamientos, energía  hidráulica y agrosolar  (hasta  270 GW). En agosto  de 2023, el Estado  anunció una “ofensiva de expansión de la energía  solar” (Bhambhani, 15 de septiembre de 2023) centrada en iniciativas  locales de planificación del uso del suelo y en la energía  solar distribuida dirigida  por mu- nicipios,  incluido un  impuesto local a la energía  solar destinado a las comunidades afectadas, así como subvenciones y formación para ampliar la mano de obra local.

La ofensiva solar marca  la última fase de la trayectoria de las energías  renovables en Brandeburgo. A partir de los años noventa, las energías renovables en Alemania se centraron sobre todo en iniciativas cooperativas y municipales de energía eólica, especialmente en el oeste del país. En Brandeburgo, sin embargo, los parques  eólicos privados a mayor  escala eran más comunes y esto se convirtió en la norma en todo  el país después  de que la Ley Federal  de Energías Renovables de 2017 exigiera licitaciones competitivas para todos los contratos de suministro de energía  y favoreciera, de esta manera, a los operadores privados  más grandes.

A esto le siguió una caída en las aprobaciones de proyectos  de energía  eólica, ya que las instalaciones propuestas enfrentaron cada vez más oposición local. Como  constató el grupo  federal  Energía del futuro en 2021, los problemas en las zonas rurales  eran “considerables”.  La movilización de la población local contra los grandes parques  eólicos de propiedad corporativa retrasó  y anuló proyectos. Hay  escasez de emplazamientos  disponibles, ya que  la normativa sobre  el uso del suelo define  la proximidad permitida a las zonas residenciales, y la disponibilidad de terrenos forestales, por ejemplo, es limitada.

La energía eólica puede  coexistir con otras formas de uso del suelo rural, pero el desencanto es cada vez mayor, sobre todo a medida que las turbinas son más grandes. Si nos centramos en la región  meridional de Teltow-Fläming, comprobamos que la aceptación local estaba  disminuyendo, ya que “poco a poco, uno  empieza a sentirse rodeado”. La población era poco consciente de lo que se avecinaba. En palabras  de un residente: “Nos dimos  cuenta de que estaba ocu- rriendo cuando las torres aparecieron de repente”.

En 1997 el Estado dio prioridad a la energía  eólica en la ordenación  del territorio y, en 2003, la legislación  federal  exigió la designación de “zonas de aptitud eólica”. Con ello, los cinco organismos regionales de planificación de Brandeburgo elaboraron mapas de uso del suelo para  la energía  eólica. Los críticos locales de la energía eólica habían sido elegidos para  los consejos  locales y con una serie de partes  interesadas de sindicatos,  grupos  ambientalistas y la comunidad habían vuelto a regular efectivamente las asignaciones de energía eólica. Como resultado, la energía eólica se limita  ahora  a un 2 % de la superficie, concentrándose en zonas concretas.

El proceso de planificación dio lugar a un compromiso local más activo y a una  mayor oposición de la planificación regional. Esto puede  interpretarse como  un  proceso  democratizador, en el que la toma  de decisiones a nivel regional y estatal sobre la energía  y la industrialización “verde” se politizó y sometió a un mayor  escrutinio. Irónicamente, la llegada de la energía eólica corporativa a gran escala instigaba la participación local, articulada a través de estructuras de gobernanza local. Es importante destacar  que el proceso se basó en el diálogo  y no  en la oposición frontal: el grupo  Country Life, por ejemplo, favoreció la “armonía” con la energía  eólica, buscando obtener beneficios de esta.

La distribución de los beneficios  es una  cuestión clave. Prácticamente los 350 parques  eólicos  que  funcionan en el Estado  son de propiedad privada;  solo diez son de propiedad local. La desigualdad en la propiedad genera desigualdad financiera. Los terratenientes se benefician. Como  declaró  un residente: “Puedo  obtener treinta mil euros  al año por arrendar una  hectárea de tierra,  para  algunas  personas eso significa que ya no tendrían que trabajar”. Los municipios asumen el costo. Para  compensarlo, a partir de 2019 el Gobierno estatal  exigió a las empresas eólicas el pago de una  tasa de diez mil euros  anuales  a los ayuntamientos; esta medida se reforzó  en 2021 con una subvención federal comunitaria de 0,2 euros por kWh.

Nuestra investigación concluyó que  las empresas también estaban respondiendo a las presiones, con esfuerzos más  sofisticados para  anticipar y prevenir la oposición. Las empresas iniciaban las consultas en la fase de concepción, en lugar de esperar hasta el final del proceso de planificación, como  permite la legislación  urbanística, y ofrecían mayores  beneficios  a la comunidad. Una  empresa había  estado  consultando sobre  el uso de terrenos forestales para un parque eólico, ofreciendo un modelo de “20:80”, con una  financiación  comunitaria fijada en cuatro veces el costo de alquiler del terreno.

La energía eólica ha precipitado nuevas formas de gobernanza energética y en  estas se basa la actual introducción de la energía solar. Los paneles solares suponen una amenaza para el uso preexistente del suelo, lo que explica que el Estado se centre actualmente en los tejados, los estacionamientos y las superficies de agua sin utilizar, así como en los terrenos infrautilizados. El Gobierno estatal se esfuerza por paliar las repercusiones en la agricultura mediante la ordenación del territorio y cada vez hay más interés  por la energía agrosolar,  que puede coexistir con la agricultura. Es probable que haya  alguna pérdida de tierras agrícolas, aunque se calcula que alrededor del 15 % de la agricultura se destina  a biocombustibles y la sustitución por energía  solar sería más eficiente.

Los ingresos de la energía solar son hasta diez veces superiores a los de los cultivos: encontramos arrendadores a los que se les ofrecen contratos de treinta años  a 2500 euros por hectárea, frente a cuatrocientos euros por hectárea de la agricultura. Los peligros son evidentes para los agricultores arrendatarios, que  pueden ser desalojados  cuando sus arrendadores opten por  la energía  solar. Esto supone una gran amenaza, ya que el 73 % de las tierras agrícolas del estado son arrendadas.

La energía solar, al igual que la eólica, presenta economías de escala: se calcula que el tamaño mínimo viable de un parque solar es de cincuenta hectáreas. Ya se está produciendo una  ampliación. En 2021, el mayor  parque solar  del  estado  y de Alemania era  de 164 hectáreas en Werneuchen, cerca de Berlín. Un año más tarde  se aprobaron cincuenta y cinco proyectos solares en el estado federado, con una superficie de 2800 hectáreas. Las autoridades de Teltow-Fläming  habían recibido  la propuesta de un  promotor de un  parque solar de mil hectáreas. En palabras de un promotor: “No hay límites de tamaño, al menos legales”. Esta salvedad es importante, ya que las respuestas normativas serán decisivas para determinar el resultado.

Sin duda, los recientes compromisos del Gobierno estatal en materia de energía solar sugieren que las posibilidades de reparto de beneficios están ganando terreno. Se está pasando de considerar que la “aceptación social” de las energías  renovables impone una  limitación a su instalación, a verla como un medio para permitir una mayor aceptación. Las propuestas estatales de energía solar hacen hincapié en las iniciativas distribuidas y municipales para el espacio no  utilizado destinado a paneles  solares. También hay una  mayor aceptación de la ejecución y planificación a nivel local, incluidos los ingresos locales y la recualificación.

La energía  solar  entraña nuevos  peligros,  pero  podría  decirse que ofrece un  nuevo  potencial de suministro distribuido y de propiedad  social. La actual respuesta estatal refleja las varias décadas de movilización, compromiso e innovación institucional en torno a la energía  eólica. La oposición ha permitido una  mayor  participación en la gobernanza energética: el proceso  de “guerra estratégica” en torno a las energías renovables, como lo describió  un residente, va a continuar en un nuevo  terreno.

Al igual que Brandeburgo, Australia Meridional también aspira  a alcanzar el 100 % de electricidad renovable en  2033. En 2023, las energías  renovables no hidráulicas suministrarán cerca del 66 % de la electricidad del estado, el 24 % procedente de la energía  solar y el 44 % de la eólica (Energy  & Mining, 2022). El crecimiento ha sido rápido:  en 2000 las energías  renovables solo cubrían el 1 % de las necesidades  eléctricas del estado.

En 2002 el Gobierno estatal  había  previsto  un  26 % de energía eólica y solar combinadas (McGreevy y Baum, 12 de marzo  de 2021), para lo cual puso en marcha un esfuerzo  coordinado de inversores, emplazamientos y contratos de suministro. Desde  el principio la atención se centró en el golfo de Spencer y en el llamado “Triángulo de Hierro”, formado por  Port Pirie (con una  fundición de plomo), Whyalla  (con una  planta siderúrgica) y Port Augusta (con una central eléctrica de carbón, cerrada  en  2016). El golfo  tiene  un  gran potencial para  la energía  eólica y solar y está bien conectado a las líneas de transmisión. También cuenta con  una  mano de obra  industrial (aunque con marcadas desventajas socioeconómicas), factores todos ellos que lo hacen atractivo para los inversores en energías renovables.

Como  en Karnataka y Brandeburgo, las energías renovables en Australia Meridional han pasado por varias etapas. Hubo entusiasmo  inicial,  sobre  todo  en Port  Augusta,  donde  se consideraba que ofrecía una “transición justa” para dejar de depender del carbón. La central eléctrica  local había  sido un importante empleador y, cuando su propietario privado, Alinta,  anunció el cierre  en 2015 (ABC News, 10 de junio  de 2015), una  campaña local  exigió una  nueva central termosolar a gran escala para sustituirla.

Alinta cerró la central antes de tiempo, en 2016, sin transición directa a las energías renovables. Sin embargo, la campaña tuvo efectos más amplios, ya que la región  se convirtió en foco de atención para los inversores en energías  renovables. Esto llevó a la construcción de varios grandes parques  eólicos privados, como el de Lincoln Gap, con 101 turbinas en veinte  mil hectáreas, y el Parque Renovable de Port  Augusta,  con  cincuenta turbinas en  cinco  mil  hectáreas. La energía  solar de gran tamaño es menos  común, aunque hay un parque solar de ochocientas hectáreas cerca de Port Augusta, propiedad de la Bungala  Aboriginal Corporation, y una  planta termosolar de veinte  hectáreas, Sundrop, dedicada  a la desalinización y calefacción para tomates de invernadero.

Tras una oleada inicial de inversiones, la normativa estatal se volvió más estricta  en 2019, con  reglas sobre  impactos acumulativos, proximidad a municipios y sobre  el acceso a “zonas  de alto  valor medioambiental, paisajístico  o cultural” (State  Planning Commission, 2019). También hubo medidas  sobre notificación pública,  desmantelamiento, estabilidad de la red, niveles de ruido  y corredores de fauna  y, con  ello, un  aumento de la altura permitida para  las turbinas de 150 a 240 metros. Estas medidas coincidieron con un descenso de las solicitudes, en parte por el anuncio de un  interconector de 900 km con  Nueva Gales del Sur, cuya finalización está prevista  para 2025, lo que pareció  atraer  las propuestas hacia el oes- te del estado.

Una tercera  fase del desarrollo de las energías  renovables ha llegado a la región,  cada vez más centrada en los usos “derivados”, sobre todo  del hidrógeno “verde” procedente de energías  renovables, tanto para  la exportación como  para  su uso “en tierra”,  como  en la planta siderúrgica de Whyalla.  El Plan  de Empleos  del Hidrógeno del Gobierno estatal,  anunciado en 2023, se considera ahora  generador de una  nueva  ola de interés  por las energías  renovables en la región.

La planificación de las energías renovables en Australia Meridio- nal se ha centralizado en el Panel  de Evaluación de la Comisión Estatal, que organiza consultas y audiencias públicas.  Las empresas intentan definir sus proyectos  como “proyectos  de la Corona” de importancia estatal (PlanSA, 2024), lo que impide apelar  toda decisión final del ministro; de ese modo, tienen acceso a un “servicio previo a la autorización” acelerado con un departamento patrocinador, que identifica las “infraestructuras estatales esenciales”.

El proceso de planificación estatal soslaya a las autoridades locales, aunque estas podrían permitir una mayor participación e implicación de la comunidad. Los ayuntamientos colaboran en el grupo Spencer  Gulf Cities, que  recientemente ha promocionado la zona como  “centro neurálgico” de las energías  renovables (Spencer Gulf Cities, 13 de septiembre de 2022). Su papel  formal  es limitado y ni siquiera reciben  ingresos  fiscales de las energías  renovables, ya que la electricidad está exenta  de las tasas locales. Los ayuntamientos elaboraron un informe en 2018 para cuestionar esta exención (AEC, 2018), pero el Gobierno estatal se ha negado  a abordarlo.

La cuestión fiscal, que  hace  que  los contribuyentes locales subvencionen a las grandes  empresas mundiales de energías  renovables, ha suscitado  el descontento. La preocupación se centra  en la falta de beneficios locales, sobre todo en términos de empleo. Los contratistas traen  su propia mano de obra  y solo recurren al mercado laboral local para trabajadores poco cualificados, contratados de forma  eventual. No  existe un  plan local de mano de obra  y el trabajo es intermitente, aunque algunas  agencias de empleo locales establecen contratos recurrentes.

Como  reflejo de décadas de desventaja regional, la región  cuenta con muy pocas empresas capaces de aceptar  trabajo en la industria. La política estatal hace poco porcolmar las lagunas de cualificación. Los planificadores se basan en la afirmación de que las industrias consumidoras de materias primas generarán puestos de trabajo, en lugar del sector de las energías  renovables. Mientras tanto, la mayoría de los nuevos puestos  de trabajo llegan de forma indirecta, en los sectores de la salud, el transporte, el comercio minorista y la hostelería.

Como en Karnataka y Brandeburgo, los principales beneficiarios son los terratenientes anfitriones. Las tierras son áridas y la energía eólica tiene un impacto mínimo en los ingresos  de las explotaciones. Cada turbina puede  reportar unos ingresos anuales  de alquiler de hasta  veinticinco mil  dólares  australianos durante unos treinta años; el 40% del estado pertenece a arrendamientos de pastoreo, tierras apropiadas a los pueblos indígenas locales y concedidas a los colonos por las autoridades coloniales. Estos terratenientes son ahora los que más se benefician de las energías renovables, lo que reafirma la desposesión colonial  y agrava la desigualdad.

Sin embargo, la situación está cambiando, dado que se han recnocido los derechos sobre la tierra.  El Gobierno federal  se vio obligado a reconocer el título de propiedad aborigen con el caso Mabo de 1992 y la legislación  federal de 1994 permitió a los pueblos  aborígenes reclamar la titularidad de las tierras. Tras veintiocho años de lucha, los pueblos nukunu y barngarla obtuvieron el Título Nativo en la región  a partir de 2016. Se han devuelto algunas “tierras  de la Corona” de propiedad estatal y los propietarios tradicionales han obtenido algunos  derechos  de negociación sobre las tierras estatales arrendadas cada vez que se produce algún  cambio  en los acuerdos de tenencia, como en el caso de las energías renovables.

Hasta la fecha, las empresas de energías renovables han sido responsables de una serie de acuerdos de “consentimiento” ad hoc y muy divisivos. Como afirmó un titular de un título aborigen: “Todavía no he tenido ninguna buena experiencia con las energías  renovables, solo mucha indignidad y dolor”. Una excepción  es el parque solar de Bungala,  que  obtuvo un  contrato de arrendamiento para emplear a trabajadores y contratistas aborígenes.

Con el resultado del Título Nativo, los Propietarios Tradicionales de Barngarla (BDAC, por sus siglas en inglés) firmaron en 2022 un acuerdo pionero sobre el uso de la tierra,  y se aseguraron de este modo  la copropiedad y los ingresos por arrendamiento de un gran parque solar en tierras  de la Corona. Las empresas mineras suelen pagar cánones  a los propietarios tradicionales, pero la copropiedad es prácticamente desconocida, salvo en una gama cada vez mayor de proyectos  de energías renovables.

El resultado de Barngarla se considera un gran avance. La participación  en el capital significa que el BDAC no solo es el terrateniente y propietario de la totalidad del proyecto, sino que también tendrá una participación en el mismo,  lo que nos convierte −a los pueblos de las Primeras Naciones de la zona− en copropietarios de una de las mayores centrales de energía  renovable del Estado .

Con ello, podría decirse que se abre una nueva fase de copropiedad en el desarrollo de las energías renovables.

Dado  que  el 40 % de la energía  renovable a nivel  nacional se ubicará en tierras  indígenas, la copropiedad ha crecido. En 2023 había una docena de proyectos de energías renovables de propiedad conjunta con  grupos  indígenas locales (Baker,  3 de noviembre de 2023); el National Native Title Council  (21 de abril de 2023) declaró que esto requería una “reconceptualización del papel de las Primeras Naciones en el desarrollo”. No hay razón  para  que este modelo de propiedad social no se extienda a otras  poblaciones u organizaciones locales y se redefina  la energía  renovable para  el desarrollo regional.

La propiedad de la tierra es la cuestión clave para el desarrollo de las energías renovables a gran escala. Los inversores en energías renovables buscan un espacio vacío para acumular, ejemplificado en el mar de paneles  solares, de horizonte a horizonte, en el parque solar de Pavagada.  El comisario australiano de Infraestructuras Energéticas nos dijo que  los inversores en energías  renovables prefieren “grandes extensiones de terreno y un  número reducido de propietarios, sin  vecinos, sin  ciudades ni otros asentamientos”. De este  modo, hacen  operativas las desigualdades existentes en materia de tierras, desde el mito  australiano de la terra nullius hasta  los fracasos de la reforma agraria  en la India.

Frente a la creación de una nueva élite terrateniente basada en las energías  renovables, y la desigualdad que  esto conlleva,  hemos encontrado a la población local que presiona para  lograr  una  asociación  más democrática. Las narrativas de las energías  renovables regionales revelan  un  claro imperativo de democratizar el proceso de transición para aprovechar todo  su potencial de transformación social. Los componentes clave serían el reparto de los ingresos, la copropiedad de las instalaciones energéticas y la cogestión  de la tierra, la mejora del empleo y un diseño de la energía solar que coexista con la agricultura. En palabras  de un  agricultor indio: “La producción de energía  continuará; las estructuras no pueden desmantelar- se. Por lo tanto, deberían darnos  una asociación”.

La población local sostiene que la energía  renovable debe tratarse como un proyecto de desarrollo regional, no simplemente como un proyecto energético. No debe desplazar los medios de subsistencia  existentes y debe ofrecer beneficios  locales considerables. El enorme superávit financiero obtenido de las energías renovables beneficia principalmente a las empresas de electricidad: la población local reconoce que esto es una gran injusticia y exige un cambio de modelo. Cuando visitamos parques eólicos y solares, a menudo nos dijeron que  se trataba de un trabajo en curso. El director de Pavagada dijo que la planta era una “universidad” en la que se ponían a prueba nuevas ideas.

Este “trabajo en curso” está siendo  forzado  en nuevas  direcciones. La oposición ha creado nuevas demandas de regulación, un mayor compromiso con el desarrollo regional y nuevas  iniciativas  de descarbonización. Al mismo  tiempo, la energía  distribuida persiste. Las energías  renovables ya han  establecido un nuevo  sector energético doméstico y comunitario, un “procomún” energético basado en la autonomía energética.

Siempre  existe la posibilidad de que haya retrasos. La transición energética es inevitable, pero su calendario es controvertido. La dependencia de los combustibles fósiles sigue siendo considerable, sobre todo en el caso de la electricidad. Se necesita  un fuerte  respaldo público para  superar estas presiones:  el desplazamiento, la privación  de derechos  y el desencanto solo pueden ralentizar la transición. La propiedad social y la regulación participativa siguen siendo débiles, pero pueden ser la base del apoyo público.

La llegada de las energías renovables “socializa” el cambio  climático y climatiza la energía.  Desempeña un papel clave en el avance de los imaginarios sociales emergentes en la búsqueda de la agencia climática y la ética  necesaria  de la vida  afectada  por  el clima.  Al igual que ocurrió con las transiciones energéticas en el pasado, la coyuntura actual ofrece múltiples posibilidades (aún  inimaginables).

La oposición obliga a una participación democrática más fuerte y apunta a una transición basada en la propiedad común, más allá del poder  empresarial. El imperativo es claro: el control social de las energías renovables es ahora una base para  la estabilidad climática,  al mismo  nivel  que  cualquier “patrimonio común” de  la humanidad.

ABC News (10 de junio de 2015). Alinta  Energy  to  close power stations at Port Augusta and coal mine at Leigh Creek. https:// www.abc.net.au/news/2015-06-11/power-stations-port-augusta- alinta-energy/6537814

AEC (2018). Rating equity for commercial and/or industrial land uses outside towns in South Australia. https://nylga.sa.gov.au/wp-content/ uploads/2018/11/Final-Report-Rating-Equity-for-Commercial-In- dustrial-Land-Uses-Outside-Towns-in-SA-1.pdf

Baker, Russell (3 de noviembre de 2023). First Nations co-investment is a win-win for asset owners.Investment Magazine.https://www. investmentmagazine.com.au/2023/11/first-nations-co-investment- is-a-win-win-for-asset-owners/

Bhambhani, Anu (15 de septiembre de 2023). German State Launches Solar Expansion Offensive. Taiyang News. https://taiyangnews. info/markets/german-state-launches-solar-expansion-offensive

Energy & Mining  (2022). Leading the green economy. Government of South Australia. https://www.energymining.sa.gov.au/industry/ hydrogen-and-renewable-energy/leading-the-green-economy

McGreevy,  Michael  y Baum,  Fran  (12 de marzo  de 2021). South  Australia has become a renewable energy  powerhouse. How did they do it? Race to resilience. https://climatechampions.unfccc. int/south-australia-has-become-a-renewable-energy-powerhouse- how-did-they-do-it/

National Native Title Council (21 de abril de 2023). There is no net zero  economy without first nations policy  change.  https://nntc. com.au/media_releases/there-is-no-net-zero-economy-without- first-nations-policy-change/

PlanSA (2024). Crown  development and  essential  infrastructure. https://plan.sa.gov.au/development_applications/state_develop ment/crown-development

Spencer Gulf Cities (13 de septiembre de 2022). Regional Partnership Priorities Launch.  https://upperspencergulf.com.au/2022/09/ regional-partnership-priorities-launch/

State  Planning Commission (2019). Discussion paper on proposed changes to renewable energy policy in the planning and design code. Adelaida:  Government of South  Australia.

Subramanian, Meera (26 de abril de 2023).  India’s  quest to build   the  world’s  largest  solar  farms.  The New  Yorker. https:// www.newyorker.com/news/dept- of- energ y/indias – quest-to – build-the-worlds-largest-solar-farms