Empezando desde cero: diagnóstico del consumo energético municipal
En 2009, el Ayuntamiento de Cádiz suscribió el Pacto de los Alcaldes por el Clima, por el que se comprometía a reducir en un 21 % las emisiones de CO2 antes de 2020. Para ello, presentó un Plan de Acción para la Energía Sostenible (PAES) en 2013 que, sin embargo, no significó un impulso real a la transición energética, pues no incluía objetivos alcanzables, estrategias concretas, ni herramientas de seguimiento. El gobierno conservador no previó ninguna inversión en eficiencia energética o energías renovables y tampoco realizó un diagnóstico energético de la ciudad ni se dotó de estructura para desarrollar el Plan.
Uno de los objetivos principales del nuevo gobierno municipal es aprovechar los recursos locales de energía renovable, incluidas las posibilidades que ofrecen el puerto y los astilleros. De esta forma, se impulsaría una transición energética que actuaría como motor del cambio de modelo de ciudad y favorecería la regeneración de su tejido social y productivo. La primera acción realizada en el Ayuntamiento fue efectuar un diagnóstico energético interno, que evidenció un enorme descontrol sobre el consumo y el gasto de los suministros energéticos municipales, una cultura del derroche generalizada, falta de mantenimiento e inversión en las infraestructuras, ausencia de conocimiento energético por parte de la plantilla y de los representantes públicos, y la inexistencia de medios técnicos y humanos para la gestión eficiente de la energía.
Por este motivo, las primeras medidas de la nueva administración se encaminaron a tomar las riendas de los consumos municipales. El Centro Municipal de Informática, en colaboración con Eléctrica de Cádiz, creó una base de datos de consumos eléctricos online que permite el control exhaustivo del gasto, el consumo y las emisiones de CO2 de cada edificio municipal. También se estableció un comité de supervisión y se designó a un técnico municipal dedicado exclusivamente a la gestión de la energía para cada área. Por otro lado, se han realizado estudios para implementar medidas de eficiencia energética en los edificios de mayor consumo y se han elaborado proyectos para implantar renovables en edificios públicos. Para llevar adelante estos proyectos, el Ayuntamiento ha recurrido a subvenciones públicas de la comunidad autónoma de Andalucía.[1]
Más allá de las puertas del Ayuntamiento, el gobierno municipal asumió el reto de sacar la política energética de los despachos y tratar de llevar adelante su propuesta de cambio de modelo implicando a la gente de la ciudad. Con el ánimo de empezar a trabajar con las organizaciones sociales y ambientales de la ciudad, el municipio creó dos mesas de trabajo relacionadas con la energía antes de contar siquiera con un plan: la Mesa contra la Pobreza Energética (MCPE) y la Mesa de Transición Energética de Cádiz (MTEC).
El bono social gaditano: un primer paso para asegurar el derecho a la energía
En octubre de 2015, se logró aprobar en el pleno del Ayuntamiento, por unanimidad, la que había sido una demanda social de varios colectivos de la ciudad durante años: la creación de un bono social que asegurara el acceso a la energía de las familias en situación de vulnerabilidad. La propuesta difería del bono estatal, que solo contempla un descuento del 25 % en la factura, y preveía que el bono fuera diseñado en una mesa de trabajo abierta a la ciudadanía y, para ello, se creó la MCPE.
¿Por qué Cádiz quería un bono alternativo? Porque, desde 2009 hasta 2017, la única ayuda estatal en materia de pobreza energética dejaba fuera al 80 % de las familias de Cádiz, solo por el hecho de no tener contratado el suministro con ciertas comercializadoras privadas, como Endesa e Iberdrola, y tenerlo con Eléctrica de Cádiz, su empresa “de toda la vida”.
En la MCPE se desarrolló un proceso participativo para diseñar el futuro bono social gaditano. La propuesta se construyó gracias a la colaboración de los colectivos activistas y las organizaciones de derechos humanos que durante años reivindicaron su puesta en marcha. Estos grupos habían estado trabajando para visibilizar el problema de la pobreza energética en la ciudad, junto con organizaciones benéficas que prestaban ayudas en el pago de recibos a las familias (como Cáritas, Cruz Roja, Fundación Virgen de Valvanuz, Fundación Dora Reyes, APDH, 15M y Asociación Cardijn, entre otras), técnicos de Asuntos Sociales del Ayuntamiento, representantes políticos de todos los partidos (salvo el PP), personal de Eléctrica de Cádiz y personas en situación de pobreza energética.
A través de ese proceso participativo, los participantes establecieron los criterios de acceso al bono y consensuaron establecer como requisito la formación del beneficiario. Se decidió que, en lugar de un descuento del 25 % en la factura (como sucedía con el bono estatal), el bono social gaditano fuera la bonificación de una cantidad de energía y potencia suficientes para disfrutar de una vida digna, según las necesidades energéticas de cada familia.
La propuesta se complementó con un estudio realizado por el Colegio Oficial de Graduados e Ingenieros Técnicos de Cádiz sobre las necesidades energéticas de las familias vulnerables. Se incluyeron, además, las sugerencias de varios informes técnicos y jurídicos para asegurar su viabilidad técnica y legal. Una vez refrendada por los colectivos, la propuesta de bono se llevó al consejo de administración de Eléctrica de Cádiz para su votación.
Pese a los obstáculos puestos por el PP y la empresa privada Endesa, en el momento en que se escriben estas líneas, Eléctrica de Cádiz y el Ayuntamiento trabajan mano a mano para poner en marcha el primer bono social alternativo del Estado español, que se prevé que asegure el acceso al suministro eléctrico a más de 2000 familias al año. Dado que Eléctrica de Cádiz, por ley, no puede variar las tarifas, los fondos para costear el bono social gaditano procederán de una donación voluntaria de los beneficios de la distribuidora. En cambio, las grandes compañías eléctricas que participan en el bono social estatal, repercuten el coste de los descuentos en las facturas de todos los consumidores.
Para ilustrar la diferencia entre los dos bonos, en Cádiz, una familia de cuatro personas (dos adultas y dos menores) tendría derecho a un descuento de al menos el doble que el ofrecido por el bono social estatal (28,50 euros, frente a los 12,95 del programa estatal). Además de este bono social, la formación es obligatoria y a los hogares se les explican los detalles de las facturas y se les capacitaba para usar un mínimo de energía y de la forma más eficiente posible. Con el bono social gaditano, la factura eléctrica hasta un 80 %.