La frontera de Biden

Política de inmigración, los demócratas y las elecciones de 2020
17 February 2021
Policy briefing

El presente informe examina las principales contratistas de seguridad de fronteras de Estados Unidos, sus contribuciones financieras durante las elecciones en 2020, y el modo en que han configurado un enfoque bipartidista a favor de la militarización de las fronteras durante más de 30 años. El informe sugiere que para lograr un verdadero cambio en las políticas de fronteras e inmigración los demócratas deberán romper con la industria que ayuda a financiarlas.


Conclusiones principales:

  • Al comienzo de su presidencia, Joe Biden ha dejado en claro mediante la firma de diez decretos que quiere poner fin a la brutalidad asociada con las políticas de control de fronteras e inmigración de Trump. No obstante, para deshacer todos los aspectos
    perjudiciales del sistema de control de fronteras de Estados Unidos será necesario realizar un cambio estructural considerable y poner fin a los vínculos estrechos entre los demócratas y la industria de fronteras.
  • La industria de seguridad de fronteras y detención de inmigrantes ha experimentado un auge en los últimos decenios como consecuencia del aumento constante del gasto gubernamental tanto por demócratas como republicanos. Entre 2008 y 2020, la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) otorgaron 105.997 contratos a empresas privadas por un total de 55.100 millones de dólares. El sector ahora está profundamente arraigado en los órganos gubernamentales y de adopción de decisiones de Estados Unidos y mantiene vínculos financieros estrechos con
    políticos estratégicos.
  • Trece empresas desempeñan un papel determinante en la industria de fronteras de Estados Unidos. Ellas son: CoreCivic, Deloitte, Elbit Systems, GEO Group, General Atomics, General Dynamics, G4S, IBM, Leidos, Lockheed Martin, L3Harris, Northrop Grumman y Palantir. Algunas de estas empresas también brindan otros servicios y productos al Gobierno de Estados Unidos, pero los contratos de control de fronteras y detención de inmigrantes constituyen cada vez más el aspecto predominante de sus carteras.
  • A través de donaciones individuales y de sus comités de acción política (PAC), estas principales contratistas del sector de fronteras han contribuido más de 40 millones de dólares a los dos principales partidos en el ciclo electoral 2020 (US$40.333.427). En general,
    los demócratas recibieron más contribuciones de las grandes empresas contratistas del sector de fronteras que los republicanos (55% frente a 45%), lo que señala un cambio a favor de los demócratas, luego de que en los últimos 10 años las contribuciones de 11 de las 13 empresas favorecieran a los republicanos. Esto deja en claro la intención de la industria de fronteras de proteger sus apuestas políticas y asegurar que no se disminuyan las políticas de seguridad de fronteras en detrimento de sus ganancias futuras.
  •  Los ejecutivos y empleados de jerarquía de las 13 empresas de seguridad de fronteras contribuyeron tres veces más a la campaña de Biden (US$5.364.994) que a la de Donald Trump (US$1.730.435).
  • Algunas empresas de seguridad de fronteras tienen preferencia por uno de los dos partidos políticos. Las empresas relacionadas con la detención, en particular CoreCivic, G4S y GEO Group, y las contratistas militares como Elbit Systems y General Atomics tienen una fuerte preferencia por políticos republicanos, mientras que las empresas de auditoría e informática como Deloitte, IBM y Palantir favorecen en forma abrumadora a los demócratas.
  • Las 13 empresas contribuyeron 10 millones de dólares (US$9.674.911) en el ciclo electoral 2020 a miembros de comités legislativos estratégicos que elaboran y financian las políticas de seguridad de las fronteras: los comités de asignaciones de la Cámara de Representantes y del Senado y el Comité de Seguridad Nacional de la Cámara de Representantes. Las principales contribuyentes son Deloitte, General Dynamics, L3Harris, Leidos, Lockheed Martin y Northrop Grumman, y casi todas realizan contribuciones a ambos partidos, aunque tienen preferencia por candidatos republicanos. El senador demócrata Jack Reed (US$426.413), la congresista republicana Kay Granger (US$442.406) y el senador republicano Richard Shelby (US$430.150) recibieron alrededor de US$400.000 cada uno en 2020. 
  • Biden se opone a la construcción del muro de Trump, pero al igual que muchos demócratas ha expresado apoyo público a un “muro virtual” más oculto y “fronteras inteligentes” que implican la utilización de tecnología de vigilancia que será más lucrativa para la industria y más oculta en cuanto a los abusos que se cometen.
  • El Secretario de Seguridad Nacional Alejandro Mayorkas desarrolló e implementó el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) durante el Gobierno de Obama, pero entre 2018 y 2020 trabajó para el bufete de abogados WilmerHale, donde ganó 3,3 millones de dólares por representar a empresas que incluían a contratistas de la industria de frontera como Northrop Grumman y Leidos.
  • En los últimos 40 años, Biden ha tenido un historial de votación contradictorio en cuanto a la política de frontera: expresó apoyo a los derechos de los inmigrantes en varias ocasiones, pero también aprobó legislación, como la Ley de reforma de inmigración ilegal de 1996, que permitió realizar deportaciones masivas durante el Gobierno de Obama, y la Ley del Cerco Seguro de 2006, que amplió la construcción del muro mucho antes de la elección de Trump.
  • El Partido Demócrata en general tiene antecedentes problemáticos. En 1994, durante el Gobierno de Bill Clinton, los demócratas aprobaron la estrategia de control de las fronteras nacionales denominada Prevención mediante disuasión e implementaron la Ley de reforma de la inmigración ilegal y responsabilidad del inmigrante de 1996 que aceleró drásticamente la militarización de la frontera y las deportaciones. Posteriormente Obama se convirtió en el primer presidente en deportar a casi 3 millones de personas en sus ocho años de mandato.
  • Entre 1998 y 2019 se hallaron casi 8.000 muertos en tierras fronterizas de Estados Unidos y México como resultado de las políticas de ambos partidos. La organización No Más Muertes ha calculado que de tres a diez veces más personas han muerto o desaparecido desde que se implementó la estrategia actual de control de fronteras. Las ganancias del complejo industrial de fronteras se basan en políticas de control de fronteras e inmigración que tienen consecuencias mortales.
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