Industrialización verde y acuerdos comerciales extractivistas
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El proceso de transición energética ha puesto en el centro de atención a los minerales necesarios para la generación y almacenamiento de energías renovables. Muchos de estos minerales, como el litio, el cobre y el níquel, se encuentran en países del Sur global, en donde empresas extranjeras, en complicidad con los gobiernos locales, han intensificado su extracción. Esto ha incrementado la dependencia de estos países del extractivismo, generando impactos sociales y ambientales. Algunos países están tratando de evitar la exportación de los minerales en bruto, e intentan avanzar en la industrialización de sus recursos, aunque no han tenido aún mucho éxito.
Salir del extractivismo no es una tarea sencilla. Existen muchos desafíos en el camino para agregar valor a las materias primas en los países del sur global. Algunos de los desafíos son la necesidad de inversiones, acceso a tecnología, pero también la superación de barreras legales impuestas por acuerdos comerciales y de inversión que impiden a los países que extraen minerales, implementar políticas para agregar valor a sus recursos antes de exportarlos. Pese a ello, algunos países del sur están dando pasos importantes.
Un ejemplo de esto es Indonesia, que en el año 2014 implementó una política de restricción a la exportación de minerales sin procesar, como el níquel, con el objetivo de incentivar la construcción de plantas de procesamiento dentro del país. Esta iniciativa generó una disputa internacional sobre la soberanía económica del país y los derechos de los inversionistas extranjeros. Empresas como la minera estadounidense Freeport y otras compañías, dijeron que esta restricción violaba los acuerdos comerciales internacionales que Indonesia había firmado, incluyendo los acuerdos bilaterales de protección de la inversión extranjera. Después de la implementación de estas políticas, las empresas comenzaron a amenazar al país con presentar demandas internacionales de arbitraje, por considerar que esta medida representa una expropiación indirecta de sus inversiones.
Después de las amenazas de demandas y el impacto económico, el gobierno de Indonesia ajustó parcialmente la política en 2017, permitiendo ciertas excepciones para algunas industrias. Las empresas extranjeras que cumplían con los requisitos de procesamiento dentro de Indonesia podrían seguir operando, aunque la prohibición seguía siendo un punto de tensión. Pese a estas controversias, Indonesia ha mantenido su política soberana.
Otro caso importante es protagonizado por la empresa china Ganfeng Lithium, dedicada a la minería de litio. Esta empresa presentó una demanda de arbitraje internacional en contra de México debido a la nacionalización del litio en el país. El gobierno mexicano, a través de una reforma constitucional y una ley de nacionalización del año 2022, determinó que el litio, considerado un recurso estratégico, debería ser controlado exclusivamente por el Estado nacional, prohibiendo su explotación a empresas privadas extranjeras.
Ganfeng, que había adquirido derechos de exploración y explotación de litio en el estado mexicano de Sonora, a través de su participación en una empresa conjunta con Bacanora Lithium, una minera británica, argumentó que las reformas del gobierno mexicano en relación al litio violaban varios acuerdos comerciales y tratados bilaterales, en particular los acuerdos de protección de inversiones que México firmó con China y con el Reino Unido. En junio de 2024, Ganfeng Bacanora Lithium y Sonora Lithium, de origen británico, demandaron a México en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias relativas a las Inversiones, el CIADI, argumentando que las acciones del gobierno vulneran el trato justo y equitativo establecidos en los tratados que el país firmó.
El gobierno de México ha defendido su derecho soberano de nacionalizar sus recursos estratégicos para desarrollar una industria del litio controlada por el Estado, argumentando que sus acciones fueron legítimas dentro del marco de su política económica y ambiental.
La disputa aún está en proceso, y el fallo arbitral podría tener un impacto significativo en la relación bilateral entre México y China, pero también en las futuras políticas de nacionalización y de atracción de inversiones extranjeras en sectores estratégicos del país.
Esta disputa, sumada a las muchas que se han interpuesto en contra de México, han convertido al país en uno de los más demandados de América Latina. Una de las últimas demandas que el país perdió fue frente a Odyssey Marine Exploration, en un caso relacionado a la extracción de arenas fosfáticas. Odyssey obtuvo concesiones para explorar recursos mineros en aguas de la zona económica exclusiva de México, frente a Baja California Sur, pero el gobierno mexicano reclamó que la operación violaba su soberanía sobre sus recursos marinos. El conflicto escaló a un arbitraje internacional, y un tribunal falló a favor de Odyssey, reconociendo que la empresa tenía derecho a extraer los fosfatos debido a que México no había cumplido con sus obligaciones internacionales con los inversionistas extranjeros.
Estos casos podrían sentar serios precedentes para otros países que poseen minerales estratégicos y que pretenden salir del extractivismo. En nuestra región, Chile, Perú y Argentina, son los países que más acuerdos comerciales y de inversión han firmado. Muchos de estos acuerdos brindan el derecho a las empresas extranjeras a demandar a nuestros países si consideran que las políticas nacionales afectan sus inversiones. Por ejemplo, en el caso de Chile, ya existe una controversia entre la empresa china Tianqi Lithium, SQM y Codelco, que se centra en las negociaciones sobre el litio en el país. Tianqi, que tiene una participación en SQM, afirma que las conversaciones entre SQM y Codelco sobre una posible alianza, está afectando sus derechos como accionista. Tianqi considera que estas negociaciones no se han llevado a cabo de manera transparente y podrían perjudicar su inversión. En ese sentido, Tianqi podría llevar a Chile a un arbitraje internacional si considera que sus derechos como inversionista han sido afectados.
Lo que está sucediendo en Indonesia, México y Chile, es solo una muestra de un intento global de las grandes potencias y empresas extranjeras por controlar los recursos críticos para la transición energética, paralizando las iniciativas gubernamentales a través de acuerdos comerciales y de protección de inversiones. Esto profundiza y perpetúa el extractivismo en los países de la periferia del sur global, y mantiene las relaciones de dominación y dependencia que existen con el centro industrializado.
Ante este panorama, muchos países se han planteado reformar los acuerdos comerciales y de inversiones que les impiden un desarrollo soberano. En la siguiente entrega de este podcast, abordaremos estas alternativas con más detalles.
Te invitamos a escuchar la serie completa "Transición energética, poder corporativo y resistencias territoriales", una producción del Instituto Transnacional y de Radio Universidad de Chile 102.5 FM.
Fuentes:
La carrera por las materias primas: cómo la Unión Europea utiliza los acuerdos comerciales para garantizar el acceso a materias primas críticas en su transición verde. Transnational Institute (enero, 2024) https://www.tni.org/en/publication/the-raw-materials-rush
Las políticas de la UE en la Transición Energética: Entre la neutralidad climática y el nuevo colonialismo. Bilaterals. https://www.bilaterals.org/?las-politicas-de-la-ue-en-la&lang=en
Radiografía del poder transnacional en México: el régimen de protección de inversiones y sus consecuencias. Transnational Institute (septiembre, 2024). https://isds-americalatina.org/mexico/