La regulación del cannabis en Europa: informe sobre Bélgica

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La política oficial por la que las autoridades policiales otorgan una baja prioridad a la posesión o producción de cannabis en pequeña escala para uso personal llevó al surgimiento de clubes sociales de cannabis en toda Bélgica. Sin embargo, la actitud con respecto al cannabis varía mucho según los municipios del país, y el futuro de estos grupos organizados de usuarios no está claro. En este informe de país, elaborado en el marco del proyecto Nuevos Enfoques en Políticas y Prácticas de Reducción de Daños, se examina el pasado, el presente y el futuro de la política de cannabis en Bélgica.

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Tom Decorte

Debido a la globalización, la política de drogas se suele considerar, en gran medida, como un asunto internacional. Los tratados internacionales formulados en la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE) y el Consejo Europeo (CE) no permiten la producción, la distribución ni el comercio a gran escala de cannabis con fines recreativos o terapéuticos (Fijnaut y de Ruyver 2014). En el proceso de elaboración de su política de drogas, Bélgica siempre ha actuado dentro de los marcos de la política internacional y europea. Sin embargo, el país tiene matices propios en este ámbito, por lo que el tráfico y la distribución ilícitos de sustancias psicotrópicas de todo tipo (incluido el cannabis) son ilegales. Además, Bélgica está sujeta al Acuerdo de Schengen y, por ese motivo, debe actuar como un ‘buen vecino’ con respecto al resto de los países Schengen.   En el seno de estas entidades se han producido intentos de debatir la cuestión de legalizar el cannabis, aunque la mayoría de los Estados miembros aún se oponen, a título individual, a una reforma de este tipo —lo cual impide el debate en sí—, y los organismos internacionales y europeos disponen de pocas herramientas para imponer una nueva política general sobre drogas. El apoyo de estos Estados miembros individuales es esencial para que se pongan en marcha cambios en estos niveles. La posición del actual Gobierno federal belga con respecto a este asunto es inequívoca y no existe un apoyo interno a una iniciativa internacional o europea de este tipo. Esto no significa necesariamente que sea imposible que Bélgica organice un modelo de regulación diferente por derecho propio. No obstante, en lo que se refiere a las políticas, esta no es una posibilidad que se esté estudiando en estos momentos. Las elecciones locales se celebraron en 2018 y las nacionales se celebrarán en 2019. Los cambios (o la falta de ellos) en la política nacional de drogas belga dependerán del resultado de estas elecciones.

 

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