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Las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. Mientras que a los especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos.
Resumen ejecutivo
El informe Cuando la crisis es negocio explica la historia de cómo las corporaciones, con el apoyo de firmas de abogados, están usando los acuerdos internacionales de inversión para conseguir ganancias demandando a los Gobiernos de los países europeos en crisis. También explica por qué el régimen global de inversiones florece con las crisis económicas, y cómo sus beneficios son muy desiguales. Mientras que a los especuladores que se dedican a la inversión de riesgo se los protege, las personas de a pie no gozan de esa misma protección y por el contrario se ven sometidas a duras políticas de austeridad con las que se les está despojando de derechos sociales básicos.
Durante mucho tiempo, los países europeos no estuvieron afectados por la creciente oleada de controversias entre inversores y Estados, que habían tendido a dirigirse contra países en desarrollo. Sin embargo, tras la crisis financiera global, las corporaciones y los abogados de inversión han vuelto la mirada hacia posibles ganancias en Europa. Es así como un régimen de inversiones, urdido en secreto en salas de juntas europeas y que garantiza a las corporaciones importantes derechos para demandar a los Gobiernos, vuelve a casa como un boomerang.
El informe empieza repasando la historia de las controversias entre inversores y Estados como resultado de las crisis económicas en todo el mundo, desde México en 1994 a Argentina en 2001. Al verse azotados por la crisis, estos países hicieron todo lo posible por proteger a sus economías de un rápido hundimiento; desde entonces, las medidas que adoptaron se convirtieron en blanco sistemático de las corporaciones. Los países han sido demandados por tomar medidas para reanimar su sistema financiero nacional o por congelar las tarifas de los servicios públicos para que fueran asequibles a la población. Algunas medidas, como la reestructuración de la deuda soberana (es decir, renegociar las condiciones con los acreedores) son incluso un requisito exigido por los acuerdos sobre deuda y, a pesar de ello, también han sido objeto de demandas de inversión.
La base jurídica de estas demandas se halla en los más de 3.000 tratados internacionales de inversión vigentes hoy en día. Estos tratados garantizan una amplia protección de la propiedad privada, consagrada en cláusulas tan genéricas como el “trato justo y equitativo” y la “protección ante la expropiación indirecta”. El problema está en que estas cláusulas se interpretan de forma tan amplia que otorgan a las corporaciones carta blanca para demandar a los Estados por cualquier norma que se pueda considerar que afecta a sus ganancias presentes o futuras. Además, los tratados de inversión garantizan a las corporaciones una amplia protección, pero no conceden a los Estados derechos equivalentes para proteger a su propia ciudadanía.
Cuando la crisis es negocio analiza en detalle cómo han respondido los inversores corporativos a las medidas tomadas por España, Grecia y Chipre para proteger sus economías tras la crisis de la deuda europea. En Grecia, la compañía eslovaca Poštová Bank adquirió deuda griega después de que el valor de los bonos bajara de categoría; más tarde, se le ofreció un paquete de reestructuración de la deuda muy generoso, pero la compañía intentó hacer mejor negocio demandando a Grecia a través del tratado bilateral de inversión (TBI) entre Eslovaquia y Grecia. En Chipre, Marfin Investment Group, un fondo privado de inversión que cotiza en la bolsa de Atenas y que está involucrado en una serie de prácticas de crédito cuestionables, está exigiendo una compensación de 823 millones de euros por las inversiones perdidas después de que Chipre tuviera que nacionalizar el Laiki Bank por las condiciones del acuerdo de reestructuración de la deuda con la UE. En España, 22 compañías (en el momento de escribir estas líneas), sobre todo fondos de capital privado, han presentado demandas ante tribunales internacionales por los recortes en los subsidios a las energías renovables. Aunque el recorte de estos subsidios ha sido justamente criticado por grupos ambientalistas, solo los grandes inversores privados tienen derecho a presentar una demanda y resulta especialmente ofensivo que, en caso de ganarla, será la ciudadanía española –que ya está sufriendo por la austeridad que se le ha impuesto– la que deberá pagar de sus bolsillos para enriquecer aún más a fondos de capital privados.
Cuando la crisis es negocio desvela cómo:
La creciente recesión en los países europeos en crisis ha ido atrayendo cada vez más buitres, que están dando vueltas para saquear ganancias. En 2012, la firma Greylock Capital, con sede en Nueva York, señaló que comprar bonos griegos era “el negocio del año”. En aquel momento, los inversores estaban pagando entre 15 y 25 céntimos por bono, por cada bono equivalente a un dólar.
En abril de 2013, el bufete de abogados estadounidense Skadden, que representa a Cyprus Popular Bank (Laiki) en una incipiente disputa contra Grecia que entraña miles de millones de euros y que se basa en un tratado de inversión, alabó el “creciente atractivo y uso novedoso de los tratados bilaterales de inversión”. El bufete añadía que “el atractivo de los tribunales de los TBI, sumado a la incertidumbre económica de los últimos tiempos, ha desencadenado un creciente uso de los TBI para resolver disputas mediante vías con las que no se habían topado anteriormente los tribunales arbitrales, y esperamos que esta tendencia se mantenga”. La experiencia de Argentina, que se enfrentó a 55 demandas de inversores tras la crisis de 2001, demuestra que las demandas siguen llegando durante un tiempo después de la crisis propiamente dicha. En efecto, los casos que aparecen en este informe son probablemente solo el principio de una nueva oleada de demandas inversor-Estado contra países europeos.
Estas disputas entre inversores y Estados forman parte de un patrón más general que se ha hecho especialmente evidente desde que estalló la crisis económica. Se trata de un patrón en que a las corporaciones se las protege de las inversiones de riesgo mientras que a la ciudadanía se le dice que los recortes son inevitables; en que las pérdidas corporativas se socializan y los contribuyentes pagan la factura; en que las corporaciones pueden recurrir al sistema de justicia mientras que los derechos de ciudadanos y ciudadanas son marginados.
Los ciudadanos europeos y americanos, comprensiblemente, demostraron su enfado por el rescate de los bancos. Ha llegado la hora de poner la atención sobre el rescate de los inversores y reclamar un cambio radical del actual régimen global de inversiones.
Como primer paso, los Gobiernos de la UE deben rescindir los acuerdos de inversión vigentes. En concreto, los ciudadanos y los políticos europeos preocupados por la cuestión deben exigir que se excluyan los mecanismos de disputa inversor-Estado de los acuerdos comerciales que se están negociando en estos momentos, como el tratado comercial propuesto entre los Estados Unidos y la UE. Con la actual propuesta de acuerdo transatlántico, un total de 75.000 compañías registradas en ambas regiones, con sedes en la UE y los Estados Unidos, podrían lanzar disputas inversor-Estado con base en este acuerdo transatlántico. La experiencia europea con los especuladores corporativos que se están beneficiando con la crisis debería funcionar como una sana advertencia de que es necesario limitar los derechos de las corporaciones y priorizar los derechos de las personas.