Juan Manuel Santos Calderón
Presidente de la República de Colombia
Palacio de Nariño
Bogota, Colombia
18 de agosto de 2017
Estimado Señor Presidente Santos:
El Consorcio Internacional Sobre Política de Drogas es una red mundial de 177 ONG especializadas en cuestiones relacionadas con el uso y la producción de drogas fiscalizadas. El Consorcio trabaja para fomentar el debate objetivo y abierto sobre la eficacia, la dirección y el contenido de las políticas de drogas en los ámbitos nacional e internacional, y apoya las políticas que se fundamentan en evidencias científicas y que reducen eficazmente el daño relacionado con las drogas. Nuestra red global cuenta con una amplia experiencia en el análisis de políticas de drogas y ofrece servicios de asesoría a encargados de políticas y funcionarios de todo el mundo.
Le escribimos hoy para expresar nuestro fuerte apoyo al Acuerdo de Paz firmado entre su Gobierno y las FARC, que representa una esperanza genuina de reducir las violaciones endémicas de los derechos humanos, la violencia y el conflicto en Colombia. Sin embargo, también escribimos para expresar nuestra profunda preocupación por la intensificación, cada vez más militarizada, de la erradicación forzosa de cultivos de coca.
El Punto 4 del acuerdo sobre “el problema de drogas ilícitas” reconoce que la pobreza, la exclusión social y la violencia han impulsado la propagación del cultivo de coca en todo el país. Por lo tanto, se están firmando acuerdos entre comunidades locales, familias particulares y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), a través de los cuales cultivadores y cultivadoras acceden a eliminar la coca a cambio de recibir una compensación en efectivo e inversión gubernamental para asistencia técnica, infraestructura y otros beneficios. Como organizaciones con experiencia en políticas de drogas en varios países (incluyendo lo que hemos visto de pasadas experiencias en Colombia), creemos firmemente que los agricultores pobres que cultivan coca, amapola o cannabis no deben ser criminalizados y que tal cultivo sólo puede ser reducido por medio de un apoyo gubernamental sostenido para el desarrollo rural equitativo.
Queremos resaltar también que el documento final de la UNGASS llama gobiernos a atender el cultivo de plantas prohibidas a través de “estrategias amplias destinadas a aliviar la pobreza y fortalecer el estado de derecho... y la promoción del desarrollo sostenible destinado a mejorar el bienestar de las poblaciones afectadas y vulnerables mediante alternativas lícitas” (párrafo 7(a)).
Por esta razón, estamos profundamente preocupados por los informes sobre erradicación forzosa y los choques violentos entre los erradicadores y población local, especialmente en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos. Estas acciones no solo perpetúan la violencia y generan nuevos conflictos, sino también socavan el espíritu mismo de los acuerdos de sustitución de cultivos y los esfuerzos de fomentar la confianza de las comunidades locales que han sido olvidados por mucho tiempo – lo que amenaza potencialmente la aplicación efectiva del acuerdo de paz.
Según un
informe publicado el 15 de agosto de 2017 por el
Observatorio de cultivos y cultivadores declarados ilícitos OCCDI Global-INDEPAZ, entre junio y julio se registraron choques entre fuerzas de erradicación y poblaciones rurales en: El Retorno (sector de la Inspección La Paz y sus veredas aledañas); San José del Fragua (Caquetá), Tibú (Norte de Santander), Piamonte (Cauca), Puerto Rico (Meta), y Policarpa (Nariño), entre otros (véase también la reciente
declaración de la sociedad civil).
La
Defensoría del Pueblo expresó su preocupación sobre esta situación en una carta del 5 de junio de 2017, señalando que la erradicación forzosa “ha derivado en el resquebrajamiento de la confianza institucional, ruptura de los espacios de concertación y protestas sociales”.
Entendemos que oficiales del gobierno estadounidense están presionando fuertemente al Gobierno de Colombia para que cumpla con metas de erradicación de cultivos de coca. Sin embargo, la historia de erradicación de coca en Colombia muestra claramente que mientras las reducciones de cultivos a corto plazo pueden ser obtenidas por medio del uso de la violencia y la fuerza, no son sostenibles si no se abordan las condiciones subyacentes que conducen a su cultivo. Se debería dar prioridad a la generación de confianza con las comunidades rurales y marginadas, la reducción de la pobreza y la violencia, y la construcción de una paz estable y duradera. Esto requiere de un margen de maniobra con respecto a los objetivos y plazos establecidos por el PNIS, y de promover una participación significativa de la comunidad para influir en las decisiones políticas que les conciernen.
Por lo tanto, le pedimos respetuosamente que se asegure de que todas las instituciones gubernamentales colombianas, incluyendo el Ministerio de Defensa, respeten los acuerdos de sustitución de cultivos, apoyen el diálogo genuino con las comunidades locales para superar las dificultades en su implementación, y cesen la erradicación forzada en áreas donde se firmaron tales acuerdos o donde están siendo negociados.
