Demandas de arbitraje inversor-Estado Amenazas a las comunidades y el medio ambiente en Colombia

Dos demandas de arbitraje que está enfrentando el estado colombiano están relacionadas con decisiones de la Corte Constitucional y las acciones tomadas por el Estado para proteger las fuentes de agua y las comunidades afectadas por proyectos mineros. La multinacional Glencore, propietaria de la mina de carbón Cerrejón (la mina a cielo abierto más grande de América Latina), busca que el Estado asuma una indemnización millonaria debido a una sentencia que protege el arroyo Bruno. Asimismo, la empresa minera canadiense EcoOro ha presentado una demanda por 736 millones de dólares contra el Estado colombiano por la detención del megaproyecto de extracción de oro en los Páramos de Santurbán, un enclave para el ecosistema mundial que gracias a la movilización popular se mantiene vivo. Sin embargo, haciendo caso omiso de los perjuicios ambientales, el tribunal de arbitraje ha fallado a favor del inversor, el monto definitivo que EcoOro recibirá aún no se ha revelado.

Hacia finales del mes de marzo de este año, se habían resuelto ocho de las veintiún demandas contra Colombia, mientras que trece continúan pendientes. De las demandas resueltas, cinco no fueron favorables al inversor. Sorprende que Glencore haya iniciado tres demandas arbitrales y otras tres están en fase pre arbitral, ejerciendo una presión significativa sobre el gobierno. En la demanda iniciada por Glencore en 2016, el tribunal resolvió a favor del inversor y ordenó a Colombia a pagar 19 millones de dólares. Las cifras millonarias que exige cada una de las empresas transnacionales al Estado colombiano afectan el presupuesto público y atacan directamente la capacidad del país para regular la actividad de los inversores extranjeros.

La llegada de la delegación internacional a los diferentes territorios afectados por las demandas de empresas transnacionales posibilitó visibilizar y demostrar los impactos negativos que tienen los tratados de libre comercio y los acuerdos de inversión. En el marco de la visita (misión?), se realizaron diferentes encuentros con representantes de la sociedad civil para compartir herramientas y experiencias positivas de denuncia o revisión de los acuerdos de inversión. A su vez, se mantuvieron reuniones con las autoridades gubernamentales para puntualizar en acuerdos y acciones que deberían adoptar. Lucía Bárcena, investigadora del TNI sostuvo que “durante la visita a la Guajira pudimos comprobar que la minera Glencore no solo no está cumpliendo con la sentencia de la Corte Constitucional al continuar expandiendo su actividad extractiva, sino que además está utilizando el arbitraje de inversión para presionar al gobierno colombiano. El arbitraje de inversión está protegiendo a la industria de los combustibles fósiles, en lugar de exigirles responsabilidad por los daños ambientales que han causado”.

El 31 de mayo se llevó a cabo una reunión en la Comisión Segunda del Senado colombiano. En esta oportunidad los expertos internacionales y las organizaciones locales de comunidades afectadas tuvieron la oportunidad de expresar sus demandas.

Luis Jesús Gamboa, representante del Comité para la Defensa del Agua y del Páramo de Santurbán sostuvo que revisar los acuerdos de inversión es un asunto de suma importancia para “el destino del páramo de Santurbán, para los páramos de Colombia, y para el agua, que es la vida”. “Las empresas multinacionales que han llegado al país a raíz de los tratados de libre comercio y de los tratados de inversión se han asentado en el páramo de Santurbán y han provocado demandas como la que tenemos hoy de EcoOro. Esta multinacional se ha ido, pero en el marco del tratado ha demandado al estado 700 millones de dólares, porque las comunidades asentadas en el territorio no permitimos que se lleve adelante este proyecto de extracción minera, con consecuencias para el fisco nacional”. Gamboa planteó la necesidad de que se revisen los tratados de libre comercio e inversión y solicitó el apoyo de la Comisión para “aunar fuerzas para defender al Estado colombiano frente a este mecanismo tan perverso y que afecta las finanzas de salud y educación”.

Cindy Forero, abogada del Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR) planteó su preocupación ante el incumplimiento de la sentencia que suspendía el proyecto Cerrejón, por la vulneración a los derechos a la salud, la soberanía alimentaria y a la vida de las comunidades afectadas por ese proyecto. La abogada sostuvo que la empresa suiza Glencore aprovechó la sentencia de la Corte Constitucional que ordenó el freno de la explotación en el Tajo la Puente, zona que afecta directamente al arroyo Bruno en el corazón de las comunidades wayúu de La Guajira, para demandar a Colombia por una suma que aún se desconoce. Forero explicó que estas acciones ponen en riesgo la independencia judicial y la soberanía del Estado colombiano. Además, agregó que “no es posible que una empresa multinacional desconozca los derechos fundamentales y la soberanía y autonomía de las altas cortes y pretenda demandar al Estado colombiano por tomar decisiones en materia de protección a derechos humanos”. La abogada sostuvo que la empresa está contaminando y desplazando comunidades indígenas: “La comunidad wayúu exige que se respete el sistema normativo wayúu” aseguró. En síntesis, para la abogada y defensora de los derechos humanos “el Estado colombiano está renunciando a defender los derechos humanos fundamentales porque las empresas tienen el poder de demandar y dejarnos sin los recursos”.

La investigadora del TNI, Luciana Ghiotto, explicó que el sistema de ISDS será un problema para cualquier gobierno que quiera pelear por la defensa de los derechos humanos, ambientales y laborales. Si bien se trata de una situación compleja, para la investigadora hay muchas acciones y respuestas que pueden implementarse desde los gobiernos y, en esa línea, mencionó algunas de las capacidades que tiene el Senado colombiano en relación con este asunto. Ghiotto sostuvo que durante las reuniones realizadas en el marco de la delegación internacional se mencionó la intención del gobierno de revisar los TLC y TBI, pero llamó la atención sobre el riesgo de hacer una mirada superficial sobre las modificaciones que requieren estos acuerdos. La investigadora planteó que los senadores tienen voz en relación con la negociación, renegociación y aprobación de nuevos tratados y en ese sentido llamó al Senado de Colombia a “no aprobar nuevos tratados de libre comercio o de inversión y que se promuevan proyectos de ley para la salida de Colombia del CIADI (el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias sobre Inversiones)”. Para finalizar, propuso que Colombia “se blinde a futuro para no volver a caer en este tipo de tratados, por eso planteamos no más tratados de inversión, no aprobar el tratado con Emiratos Árabes Unidos” y pidió al Senado que promueva la salida de Colombia del Tratado de la Carta de Energía. “Creemos fervientemente que esta casa tiene la potestad y la responsabilidad de pedir la revisión de estos tratados y de pedir una auditoría integral de estos tratados” afirmó Ghiotto al finalizar su intervención. Asumir esta responsabilidad, para la investigadora, permitirá informarle al pueblo colombiano “cuáles han sido los impactos integrales de estos tratados, tanto en sectores económicos como el agrícola, el sector de las pequeñas y medianas empresas, pero también los impactos sobre el acceso a la salud, a los medicamentos, al agua potable, el acceso a la educación, y por supuesto también los impactos ambientales y sobre las mujeres”, manifestó.

Entre los puntos solicitados al gobierno colombiano por más de 300 organizaciones nacionales e internacionales, se encuentra el pedido de una revisión integral de los Acuerdos de Inversión y Tratados de Libre Comercio que contengan el mecanismo de solución de controversias inversionista - Estado (ISDS), con el fin de denunciar, renegociar o rescindir urgentemente todos los acuerdos internacionales de inversión existentes. Con este accionar, sostienen desde la misión internacional, “es posible rescatar la soberanía del Estado para regular en interés del ambiente y del pueblo colombiano, defender la independencia y rol del sistema judicial, así como respetar la autodeterminación de los pueblos indígenas y demás comunidades que buscan justicia y rendición de cuentas antes los daños ambientales y violaciones de sus derechos”1.

A su vez, se requirió que el Estado colombiano denuncie el Convenio del CIADI, un tratado multilateral formulado por el Banco Mundial para promover la inversión internacional. En ese contexto, se puntualizó en el uso de la justicia nacional como herramienta para la resolución de disputas entre inversor y Estado. Del mismo modo, se exigió que no se firmen nuevos tratados con cláusula de protección de inversiones y mecanismo ISDS. Para la delegación internacional “los esfuerzos del Gobierno deben centrarse en crear mecanismos vinculantes de rendición de cuentas y responsabilidad de las empresas, fortalecer obligaciones de planes de cierre, restauración ambiental y reparación integral a las víctimas de abusos empresariales de transnacionales”2

En ese sentido, si el actual gobierno de Colombia es presentado como una “Potencia Mundial para la Vida” se remarcó que sea capaz de liderar la negociación del Tratado Vinculante sobre Empresas y Derechos Humanos en la ONU. En ese contexto, se solicitó que el gobierno “obligue a las empresas transnacionales a rendir cuentas por sus impactos en los territorios y a reparar los daños que provocan, en concordancia con las propuestas de los pueblos indígenas, afrodescendientes y comunidades campesinas a decidir sobre sus territorios”.