También se nos habló a menudo de los problemas de seguridad personal. Hay ya noticias sobre la llegada de personas desconocidas a las comunidades, como Briceño, de donde se han retirado las FARC, y que se sospecha que son compradores de pasta base empleados por otros grupos armados o bandas de delincuentes. La Defensoría del Pueblo ha confirmado que se han producido amenazas y homicidios contra líderes sociales involucrados en los programas de sustitución.
Por último, a la población local le preocupa profundamente el hecho de que, una vez eliminada su principal fuente de ingresos en efectivo, el Gobierno no cumpla con lo prometido. “A nuestros pueblitos llegan muchos visitantes internacionales”, comentó una mujer. “Pero sabemos que se irán, y que el Gobierno se irá, y al final, tendremos que valernos por nosotros mismos.” El plazo de 60 días cada vez está más cerca y algunos agricultores ya han comenzado a arrancar arbustos de coca, pero ante tantas incertidumbres, muchos todavía se muestran reacios a erradicarlo todo.
Sin embargo, las propuestas que abogan por una reducción más gradual del cultivo de coca, en paralelo a la creación de fuentes alternativas de ingresos, han sido descartadas, ya que el Acuerdo de Paz puntualiza: “No es aceptable la coexistencia entre ser beneficiario de un programa de sustitución y la vinculación a economías relacionadas con cultivos de uso ilícito” (4.1.3.2), y que las “medidas de apoyo por parte del PNIS estarán condicionadas al cumplimiento del cronograma de compromisos adquiridos por los cultivadores y las cultivadoras en el marco de los acuerdos de sustitución y no resiembra” (4.1.3.6 a). Por otro lado, el contrato firmado por cada familia —ninguna de ellas había recibido aún una copia, pese a que la habían solicitado en repetidas ocasiones— aclara que el incumplimiento del plazo de 60 días supone la retirada inmediata del programa PNIS y la pérdida del derecho a recibir más ayuda al desarrollo en el futuro. Pero como cualquier contrato exige reciprocidad, se produciría una excepción en caso de “incumplimiento por parte del Gobierno”.
Justo antes de nuestra visita a Briceño, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) publicó sus estadísticas sobre el cultivo de coca correspondientes a 2016, que revelaron un incremento del 52% con respecto al año anterior; de 96.000 hectáreas en 2015 había pasado a 146.000 en 2016. Aunque el incremento no resultó en ninguna sorpresa, la estadística oficial ha puesto más presión sobre el Gobierno para que logre resultados rápidos mediante la erradicación forzosa. De hecho, noticias que hablaban de erradicación forzosa y de choques violentos entre los erradicadores y la población local en áreas donde las comunidades ya han firmado acuerdos de sustitución de cultivos habían empezado a proliferar. Estas actuaciones pretenden eliminar otras 50.000 hectáreas antes del fin del año, pero también persiguen mantener viva una amenaza muy real: el clásico planteamiento del garrote y la zanahoria. Para las comunidades de Briceño, esa amenaza es más que verosímil, ya que en el municipio se encuentra estacionado un batallón del ejército, y en los pueblos vecinos de Roblal y Pueblo Nuevo se encuentran también destacamentos militares. Sin embargo, la confianza en un programa de sustitución supuestamente voluntario y basado en principios de participación comunitaria no puede construirse con amenazas.
El Gobierno colombiano enfrenta un tremendo reto a la hora de generar confianza entre unas comunidades a las que, durante décadas, se las ha ignorado y que han sufrido malas experiencias con pactos incumplidos en el pasado. Además, poner en práctica un proceso de gran complejidad con recursos escasos y capacidad limitada, que sumado a la presión política de mostrar resultados rápidos, no es una tarea fácil. Y resulta especialmente ardua cuando existen programas contradictorios entre los diferentes organismos estatales y una intensa presión de los Estados Unidos. El pasado 2 de agosto, en su testimonio ante el Congreso estadounidense, William Brownfield, secretario adjunto del Departamento de Estado para la Oficina de Asuntos Internacionales de Narcóticos y Aplicación de la Ley, subrayó que es necesario “superar las constantes protestas sociales que interrumpen las operaciones de erradicación forzosa. Sin una solución permanente a la cuestión de la protesta social, es poco probable que las medidas de erradicación forzosa tengan un efecto significativo en los niveles de cultivo de coca en 2017…Los acuerdos de erradicación voluntaria también deben tener una fecha de vencimiento, de manera que las fuerzas de seguridad puedan erradicar por la fuerza en las fincas donde las comunidades que cultivan coca no hayan cumplido con sus obligaciones”.
Salimos de Briceño por la noche, para escapar de las lluvias que se pronosticaban y así, evitar el riesgo de quedarnos atrapados, aunque la idea era algo tentadora, ya que nos habría encantado quedarnos más tiempo entre las muchas personas amables y valientes que habíamos conocido. Nos fuimos impresionados por su compromiso de apoyar el proceso de paz, pero también preocupados por las difíciles decisiones que deben tomar y los tiempos difíciles que se dibujan en el horizonte de sus familias y comunidades. Así que terminemos aquí con algunas sugerencias de lo que consideramos que beneficiaría a la población de Briceño en esta coyuntura crucial:
- El presidente Santos debe garantizar que todas las instituciones gubernamentales colombianas, incluido el Ministerio de Defensa, respeten los acuerdos de sustitución; las operaciones de erradicación forzosa están destruyendo la confianza de las comunidades y amenazando con socavar el proceso de paz en su conjunto (véase también la reciente declaración de la sociedad civil).
- El gran número de organismos creados para desplegar las actividades de desarrollo rural y sustitución de cultivos que forman parte del Acuerdo de Paz —PNIS, PDET, PISDA y PAI— deben empezar a funcionar de forma coordinada y prestar la ayuda técnica —y de desarrollo en general— de forma más rápida.
- Se deben mejorar las infraestructuras básicas, como carreteras y puentes, y el acceso a los títulos de propiedad de la tierra.
- Se debe acabar con la criminalización de los cultivadores y las cultivadoras de subsistencia, aparceros y recolectores. Ni siquiera está aún en vigor la exención temporal que se anunció en el punto 4.1.3.4 del Acuerdo de Paz, ya que el proyecto de Ley de Tratamiento Penal Diferenciado para Pequeños Cultivadores y Cultivadoras está pendiente de aprobación en el Congreso.
- Las expectativas deben ser realistas. La experiencia internacional con el desarrollo alternativo en países como Tailandia ha demostrado que los niveles de cultivo para los mercados ilícitos de drogas pueden reducirse a escala local en determinadas circunstancias, pero poco a poco y con tiempo, asegurando además una participación comunitaria sólida y un apoyo sostenido por parte del Gobierno.
- La participación comunitaria debe tomarse más en serio y debe incluir a todas las partes, incluidas las mujeres y los y las jóvenes. En el capítulo 2 del Acuerdo de Paz, que se dedica a la participación, se especifica “que se asegure que la participación ciudadana, en la discusión de los planes de desarrollo, de las políticas públicas y en general de los asuntos que atañen a la comunidad, incida efectivamente en las decisiones de las autoridades y corporaciones públicas correspondientes”. Los líderes y las lideresas comunitarios de la región de Briceño lamentaron que se les habían ofrecido contratos de sustitución estándar, y se les había dicho que podían aceptarlos o rechazarlos, y afrontar las consecuencias.
- El enfoque debe ser flexible y pragmático. La implementación del Acuerdo de Paz en Colombia será una labor compleja y solo se podrán superar los numerosos obstáculos en el camino que queda por recorrer si todas las partes están dispuestas a introducir los ajustes necesarios para que el proceso siga avanzando.
- Por último, es necesario modificar la narrativa y los indicadores de éxito. Alcanzar el objetivo de 100.000 hectáreas de coca erradicada este año no debería ser un fin en sí mismo, sino que debería servir para facilitar la “construcción de una paz estable y duradera”. Perseguir esa cifras no debería convertirse en un impedimento para lograr el objetivo último y se debería dar prioridad a otros indicadores más significativos, como la generación de confianza con las comunidades rurales y marginadas, la reducción de la pobreza y la violencia, y el mantenimiento del proceso de paz.
Traducido por Beatriz Martínez.
[1] Martin Jelsma es el Director del programa Drogas y Democracia del Transnational Institute (TNI), y Coletta Youngers es Asesora Principal de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA).