Tomemos el ejemplo de Marruecos, dado que ha avanzado más que sus vecinos en la transición energética. Marruecos se ha fijado la meta de aumentar su proporción de energía renovable a más del 50 por ciento de aquí a 2030. La central solar de Ouarzazate, que comenzó a funcionar en 2016, es parte del plan del país para lograr este objetivo. La central no ha beneficiado a las comunidades empobrecidas que la rodean, entre ellas, los agropastoralistas de Amazigh, cuyas tierras fueron utilizadas sin su consentimiento para instalar la planta de 3 000 hectáreas. Además, la deuda de 9 000 millones de dólares con el Banco Mundial, el Banco Europeo de Desarrollo y otros, por préstamos para la construcción de la planta, está respaldada por garantías del Gobierno marroquí, lo que posiblemente signifique más deuda pública en un país ya sobrecargado por la deuda. El proyecto, que es una asociación público-privada, –un eufemismo para la privatización de las ganancias y la socialización de las pérdidas a través de estrategias de eliminación del riesgo– ha registrado, desde su creación en 2016, un déficit anual de alrededor de 80 millones de euros, que es cubierto con dinero público. Por último, la central de Ouarzazate utiliza energía solar concentrada, que necesita un gran volumen de agua para el enfriamiento del sistema y la limpieza de los paneles solares. En una región semiárida como Ouarzazate, resulta atroz destinar a otros usos el agua para beber y para la agricultura.
Otro ejemplo de una transición energética injusta es el proyecto Noor Midelt, que constituye la fase II del plan de energía solar de Marruecos. Está previsto que proporcione más capacidad energética que la planta de Ouarzazate y que sea uno de los mayores proyectos de energía solar del mundo que combine tecnologías de energía solar concentrada y energía fotovoltaica. Las instalaciones de Noor Midelt serán operadas por la empresa francesa EDF Renewables, la entidad emiratí Masdar y el conglomerado marroquí Green of Africa, en alianza con la Agencia Marroquí para la Energía Sostenible (Masen), por un periodo de 25 años. El proyecto ha acumulado una deuda de alrededor de 4 000 millones de dólares hasta el momento, incluidos más de 2 000 millones de dólares de deuda con el Banco Mundial, el Banco Africano de Desarrollo, el Banco Europeo de Inversiones, la Agencia Francesa de Desarrollo y Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW).6,7
La construcción de Noor Midelt comenzó en 2019 y su inauguración estaba inicialmente prevista para 2022. Sin embargo, se retrasó por diversos motivos, incluidos la lentitud del progreso del plan solar y problemas políticos en los que se vio involucrado el director de Masen en 2021, así como tensiones geopolíticas entre Marruecos y Alemania. El complejo solar Noor Midelt se desarrollará en un lugar que abarca 4 141 hectáreas en la meseta del Alto Moulouya en el centro de Marruecos, alrededor de 20 km al noreste de la localidad de Midelt. Un total de 2 714 hectáreas de ese sitio son gestionadas como tierras comunales o colectivas por tres comunidades étnicas agrarias: Ait Oufella, Ait Rahou Ouali y Ait Massoud Ouali, mientras que alrededor de 1 427 hectáreas han sido declaradas tierra de bosque y actualmente son gestionadas por estas comunidades. La tierra ha sido confiscada a sus propietarios a través de leyes y reglamentos nacionales que permiten la expropiación en el interés público. Un tribunal de administración falló a favor de otorgar la expropiación a Masen en enero de 2017, y el fallo judicial se hizo público en marzo de 2017.
Como parte de la narrativa ambiental colonial que etiqueta a las tierras que se expropiarán como marginales y subutilizadas y, por ende, disponibles para invertir en energía verde, en un estudio realizado en 2018,8 el Banco Mundial destacó que «el terreno arenoso y árido solo permite que crezcan matorrales y la tierra no es adecuada para el desarrollo de la agricultura debido a la escasez de agua». Este argumento o narrativa también fue utilizado cuando se promovió la planta de Ouarzazate a comienzos de la década de 2010. En ese entonces, una persona afirmó: «Quienes están a cargo del proyecto hablan de esta zona como un desierto inutilizado, pero para las personas de aquí esto no es un desierto, es una pradera. Es su territorio, y su futuro está en la tierra. Cuando tomas mi tierra, tomas mi oxígeno».9
El informe del Banco Mundial no se detiene allí, sino que afirma además que «la adquisición de tierra para el proyecto no tendrá impactos en los medios de subsistencia de las comunidades locales». Sin embargo, la tribu pastoralista trashumante de Sidi Ayad, que ha estado utilizando esa tierra para el pastoreo de sus animales durante siglos, no opina lo mismo. En 2019, Hassan El Ghazi, un pastor joven, declaró a un activista de la asociación ATTAC Marruecos:
«Nuestra profesión es el pastoralismo, y ahora este proyecto ha ocupado la tierra donde pastan nuestras ovejas. No nos emplean en el proyecto, sino que contratan a extranjeros. La tierra en la que vivimos ha sido ocupada. Están destruyendo las casas que construimos. Nos oprimen a nosotros y a la región de Sidi Ayad. Oprimen a los niños, y sus derechos y los derechos de nuestros ancestros se han perdido. Somos “analfabetos, no sabemos leer ni escribir [...] los niños que ves no fueron a la escuela y ellos no son los únicos. Las carreteras y caminos están cortados [...] Al final, somos invisibles, no existimos para ellos. Exigimos que los funcionarios presten atención a nuestra situación y nuestras regiones. Estas políticas no nos permiten existir y es preferible morir, es preferible morir».10
En este contexto de despojo, miseria, subdesarrollo e injusticia social, la población de Sidi Ayad ha expresado descontento desde 2017 mediante una serie de protestas. En febrero de 2019, llevaron a cabo una sentada, en la que Said Oba Mimoun,11 un miembro del Sindicato de Pequeños Productores y Silvicultores, fue arrestado y condenado a 12 meses de prisión.
Mostepha Abou Kbir, otro sindicalista que ha apoyado la lucha de la tribu de Sidi Ayad, ha descrito el modo en que se ha cercado la tierra sin la aprobación de las comunidades locales, que han soportado decenios de exclusión socioeconómica. La tierra ahora está cercada y nadie puede ingresar. Abou Kbir denuncia el contraste entre los proyectos de megadesarrollo del Estado marroquí y el hecho de que no hay infraestructura básica en Sidi Ayad. Además, señala otra dimensión del cercado y el acaparamiento de recursos, que es el agotamiento de los recursos hídricos en la región de Drâa-Tafilalet para beneficio de estos proyectos gigantescos (la planta solar de Midelt se abastecerá con la represa cercana Hassan II), que no benefician a las comunidades.12 En un contexto difícil en el cual los propietarios de pequeños rebaños están siendo expulsados del sector, y donde la riqueza está concentrada en cada vez menos personas, a lo que se suman la mercantilización del mercado ganadero y las sequías crónicas, el proyecto solar Midelt amenazará aún más los medios de subsistencia de estas comunidades pastoralistas y empeorará su ya difícil situación.
Las comunidades de Sidi Ayad no fueron las únicas en expresar preocupación acerca del proyecto Midelt. Las mujeres del movimiento soulaliyate también reclamaron el derecho de acceder a la tierra en la región de Drâa-Tafilalet y han exigido una indemnización adecuada por la pérdida de su tierra ancestral, donde se ha construido la planta de energía solar. El término «mujeres soulaliyates» se refiere a las mujeres tribales de Marruecos que viven en tierras colectivas. El movimiento de mujeres soulaliyates surgió en la década de 2000 en el contexto de la intensa mercantilización y privatización de tierras colectivas.13 En aquel momento, las mujeres tribales comenzaron a exigir igualdad de derechos y un reparto equitativo en los planes para privatizar o dividir sus tierras. A pesar de la intimidación, las detenciones e incluso los sitios de las autoridades, el movimiento se ha expandido en todo el país y mujeres de diferentes regiones ahora luchan bajo la bandera de igualdad y justicia del movimiento soulaliyate.
A pesar de estas preocupaciones e injusticias, el proyecto Midelt está avanzando, con la protección de la monarquía y sus herramientas de represión y propaganda. La lógica de externalizar los costos socioecológicos y desplazarlos en el espacio y tiempo, que es característica del impulso extractivista del capitalismo, parece no tener fin.