Ley de Seguridad Ciudadana, drogas y teoría de la recaudación

La idea de que las sanciones administrativas tendrán un efecto disuasorio tiene una larga historia. Sin embargo, su efectividad ha sido muy cuestionada
28 Marzo 2015

A pesar de contar con el voto contrario de toda la oposición y de la oposición de un amplio sector de la sociedad, la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana ha sido aprobada en el Congreso de los Diputados gracias a la mayoría absoluta del Partido Popular. Esta Ley, junto a otras como la Ley de Tráfico, suponen un endurecimiento de las sanciones dirigidas a personas usuarias de drogas y, en ocasiones, también han sido vistas como producto del "afán recaudatorio" a costa de sancionar a ciertos sectores de la ciudadanía.

A pesar de contar con el rechazo de toda la oposición, la Ley de Seguridad Ciudadana ha visto la luz esta semana aunque no será de aplicación hasta el 1 de Julio de 2015. Para aquellas personas usuarias de drogas, la Ley introduce un aumento en las sanciones administrativas por consumo y/o tenencia de drogas en la vía pública y elimina la posibilidad de suspender la sanción mediante un tratamiento de deshabituación, dejando esta última posibilidad sólo a los menores de edad. En concreto, las sanciones mínimas por consumo/tenencia serán de 600 euros en lugar de los 300 como hasta ahora. Aquí publiqué hace poco un resumen de las "novedades" de la nueva Ley.

Pero la L.O. de Seguridad Ciudadana no es la única norma aprobada recientemente que aumenta las sanciones dirigidas a personas usuarias de drogas. La Ley de Tráfico establece sanciones de 1.000 euros y la retirada de 6 puntos para aquellas personas que sean sorprendidas conduciendo "con la mera presencia de droga en su organismo". Esta medida y otras que contiene la Ley de Tráfico han sido criticadas por un supuesto afán recaudatorio por parte de asociaciones de automovilistas y, recientemente, por la Unión de Guardias Civiles y la Asociación Unificada de Guardias Civiles. En cuanto a la nueva Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, el secretario federal de la Unión Nacional por la Intervención Policial y Especialidades (Unipe) ha denunciado coacciones sufridas por los policías para imponer sanciones sólo por el "afán recaudatorio" del Gobierno.

Pero, ¿qué pasa con las sanciones por tenencia/consumo en vía pública con la nueva Ley? Una manera de acercarnos a lo que me he atrevido a llamar "la teoría de la recaudación" es a través de las sanciones por consumo/tenencia de drogas en la vía pública impuestas en los últimos años. A partir de los datos que se pueden extraer de los Anuarios Estadísticos del Ministerio del Interior de los años 2009, 2010, 2011, 2012 y 2013, el último disponible a la hora de redactar este texto, he elaborado esta tabla:

sanciones

Como puede verse, desde el año 2009 hasta el año 2013 las sanciones que fueron suspendidas por un tratamiento de deshabituación han aumentado, alcanzando un máximo de 5.911 en 2012. Por otra parte, el número de sanciones impuestas ha ido también aumentando en esos años, desde las 75.597 en 2009 hasta las 115.340 en 2013, con un máximo de 128.151 de nuevo en 2012.

Para el cálculo de los importes recaudados mediante las sanciones impuestas, he asumido que todas las sanciones supusieron una multa de 300 euros lo que, evidentemente, lleva a una subestimación del importe real recaudado. Así que estos datos no deben considerarse como completamente reales aunque nos permiten hacernos una idea. Así, se ha pasado de una recaudación estimada de 22,6 millones de euros en 2009 a los 34,6 millones en 2013, con un máximo de 38,4 millones en 2012.

En la última columna he planteado un escenario hipotético, el de 2015, en el que se han eliminado las sanciones suspendidas por un tratamiento de deshabituación y se han considerado como sanciones impuestas las mismas que en 2013 añadiendo las que fueron suspendidas aquel año. Además, para el cálculo del importe recaudado, he asumido que el importe de la multa será de 600 euros. Aquí puede darse tanto una subestimación como una sobreestimación del importe real recaudado, puesto que la nueva Ley contempla un procedimiento abreviado que resulta con una reducción del 50% del importe de la sanción. Con todo, la estimación que hago con estos supuestos arroja un importe de casi 72 millones de euros, un aumento considerable.

Evidentemente, esta "teoría de la recaudación" sólo se mueve en el territorio de las conjeturas y es difícil comprobar su real existencia. Pero los datos están ahí y, como dice Ana Pastor, "suyas son las conclusiones". El "afán recaudatorio" podría ser cierto, de hecho ya Alberto Gayo (Interviú) avisó de ello hace tiempo, pero también lo es que estas políticas contribuyen a causar más daños entre la población consumidora ya que el efecto disuasor de estas medidas no termina de estar claro. Son cada vez más las voces que alertan de que las políticas son una fuente de daños para las personas consumidoras. Organizaciones como Transform en Europa o Drug Policy Alliance en Estados Unidos, por citar sólo dos, llevan años luchando por un cambio en las políticas que disminuya daños y permita afrontar de una manera más eficaz los retos que plantea el consumo de drogas en el mundo. Evidentemente, aumentar las sanciones a las personas que usan drogas, lejos de evitar o disminuir el consumo (no se ha conseguido en ninguna parte del mundo), tan sólo contribuirán a generar más problemas a pesar de que ciertos sectores de la opinión pública puedan ver estas medidas con agrado, especialmente para aquellas quienes el consumo debe ser castigado y no abordado de una manera pragmática y eficaz.

La idea de que las sanciones administrativas tendrán un efecto disuasorio tiene una larga historia. Sin embargo, su efectividad ha sido muy cuestionada. De hecho, suelen darse dos efectos consecuentes a estas medidas: un efecto disuasorio completo por el que la persona deja de emitir el comportamiento que se sanciona, o un efecto modificador por el que la persona altera sus comportamientos para evitar ser descubierta cometiendo la infracción. Recientemente, Nguyen, Malm y Bouchard (2015) han advertido que las sanciones pueden producir un efecto reestructurador de los hábitos de cultivo doméstico de cannabis. Si frenar este fenómeno es una prioridad para nuestro Gobierno, no parece que endurecer las sanciones vaya a provocar un efecto significativo aunque, quizás, sí logre generar copiosos ingresos a las arcas del Estado.

Claudio Vidal, trabaja en ABD - Energy Control. Mis opiniones, mías son.

Sábado, 28 de marzo, 2015