Una transición justa en Argelia debe desarrollarse con el objetivo de reducir las emisiones, proteger el medio ambiente, respetar los derechos de las personas a los recursos y a un entorno habitable, y preservar los recursos naturales (incluidos el agua y la tierra) para las generaciones futuras, mejorando al mismo tiempo la calidad de vida de los argelinos mediante la promoción de la justicia social y económica, una distribución equitativa de la riqueza y la democracia energética, en lugar de limitarse a generar ingresos a partir de las exportaciones de energías renovables. Para ello, las propuestas de transición energética deben explorar las cuestiones de para qué se utiliza la energía y quién la utiliza, y no sólo la cuestión de su fuente.
Illustration by Othman Selmi
La extracción de combustibles fósiles en países ricos en petróleo es uno de los factores que más contribuyen a las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Argelia es el tercer mayor emisor de GEI en África, después de Sudáfrica y Egipto.1 Sin embargo, en 2020 el continente contribuyó con tan solo un 3,8 por ciento de las emisiones de dióxido de carbono (CO2) del mundo, el porcentaje más bajo de cualquier región del mundo.2 La mayoría del combustible producido en Argelia se exporta y se quema en otras partes, produciendo CO2 adicional. Según el Informe Especial del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) relativo al calentamiento global, reducir las emisiones para limitar el calentamiento global a 1,5 °C implicará transiciones de los sistemas energéticos rápidas y profundas.3
Argelia tiene una población de más de 44 millones de personas y es el país más grande de África; se extiende desde la costa del mar Mediterráneo, donde vive la mayoría de sus habitantes, hasta el desierto del Sáhara, que abarca más del 80% de su superficie terrestre y posee las temperaturas de la superficie más elevadas del mundo.4 Cuando el país logró su independencia en 1962, la economía era fundamentalmente rural y se basaba en la agricultura. La producción del país se enviaba a Francia, el ex poder colonial, para complementar la producción en ese país. Sin embargo, a finales de la década de 1950 se descubrieron importantes reservas de petróleo y gas en el Sáhara de Argelia. A partir de entonces, los Acuerdos de Evian (1962) y el Acuerdo franco-argelino (1965) establecieron un marco para la cooperación y gestión conjunta de la energía entre Argelia y Francia, hasta que en 1971 se nacionalizaron los recursos de hidrocarburos y Argelia obtuvo el control de esa industria.5
Según la «La Carta Nacional argelina» de 1986, la nacionalización era considerada un «importante acto de independencia política» y los recursos de petróleo y gas de Argelia son ahora parte de su patrimonio nacional y deberían compartirse con su población mediante la financiación de servicios sociales, como atención de salud y educación gratuitas.6
Las exportaciones de hidrocarburos han desempeñado un papel importante en la política y la economía argelinas desde hace mucho tiempo. El aumento de esas exportaciones financió la agenda de industrialización del presidente Houari Boumediene (1965-1978). Posteriormente, tras la liberalización económica y el giro hacia una economía de mercado –a partir de la década de 1980–, se socavaron los conocimientos especializados del país en materia de fabricación y se terminó de destruir su potencial industrial, por lo que el país se convirtió en un exportador relativamente básico de petróleo y gas. El petróleo y el gas ahora representan el 93,6 por ciento de los ingresos nacionales provenientes de las exportaciones y alrededor de un 50 por ciento del presupuesto nacional.7 Mientras tanto, desde comienzos de la década de 1980, la producción de alimentos en Argelia no ha alcanzado la autosuficiencia,8 como consecuencia de la liberalización y privatización.9 No obstante, el nivel de vida ha aumentado a un nivel acorde con el estatus de un país de medianos ingresos; el PIB per cápita de Argelia alcanzó los 3 815,25 dólares en 2020,10 por lo que es uno de los cinco países más ricos de África.
Con respecto al uso de energía, Argelia ha realizado enormes esfuerzos para suministrar electricidad barata y fiable a la población, alcanzando una tasa de acceso a la electricidad del 99,8 por ciento en 2020.11 Sin embargo, el país actualmente afronta un triple desafío en el sector de la energía: su dependencia económica de los ingresos provenientes de los hidrocarburos, la creciente demanda de electricidad y los acuerdos de exportación de combustibles fósiles de largo plazo que el país debe cumplir para evitar sanciones, juicios y multas. Al mismo tiempo, dado que la población de Argelia está creciendo rápidamente, a un promedio de 2 por ciento anual, y se prevé que alcance los 53 millones de aquí a 2030,12 las exportaciones de gas natural se han disminuido considerablemente para satisfacer la creciente demanda de electricidad a nivel nacional.13
Habida cuenta de esta situación urgente, Argelia debe transformar rápidamente su sector energético, centrándose en la justicia social. Sin embargo, los ingresos provenientes de la exportación de petróleo son un gran obstáculo para una transición energética, ya que siguen desempeñando un papel fundamental en satisfacer las necesidades básicas de la población del país, de la alimentación a la salud y la educación, y en brindarles un mejor nivel de vida que el de muchos países de la región. Una transición que no tenga en cuenta los derechos de las personas a la alimentación, la salud, la educación, los medios de subsistencia y el desarrollo no puede considerarse «justa». Por su parte, poderosos actores políticos obtienen un gran porcentaje de la renta proveniente del petróleo y el gas y se benefician en forma desproporcionada de la economía extractivista.14 Por consiguiente, hay grandes obstáculos socioeconómicos, institucionales, políticos y en materia de políticas para lograr una transición energética en Argelia. Para alejarse de una economía centrada en las exportaciones de combustibles fósiles será necesaria una transformación social y económica drástica. El presente artículo destaca las oportunidades, los desafíos y las posibles injusticias de una transición energética verde en Argelia.
Los países dependientes de combustibles fósiles en el Sur global, incluido Argelia, aún no han priorizado la reducción de emisiones de GEI respecto del desarrollo económico. Desde una perspectiva de justicia, estos países han sido perjudicados históricamente por el colonialismo, no se han beneficiado en forma significativa del desarrollo industrial y no son históricamente responsables de provocar la crisis climática. Sin embargo, son los más afectados por el cambio climático y los efectos de las diferentes formas de extractivismo depredador en el que están atrapados. Los países como Argelia, cuyas economías se basan en la exportación de productos básicos, como los combustibles fósiles, afrontan una doble carga: los impactos directos del cambio climático y la necesidad de reducir y, en última instancia, abandonar la extracción de combustibles fósiles.
Actores clave del Gobierno argelino y del sector de la energía promueven la diversificación del sistema energético, pero su motivación es económica, no se basa en preocupaciones ambientales. Específicamente, la transición promovida por estas élites argelinas está motivada fundamentalmente por un deseo de diversificación económica para liberar al país de la dependencia de las rentas de los combustibles fósiles y proteger a la economía nacional de ese mercado volátil. Al mismo tiempo, el desarrollo de energía verde hasta el momento ha estado impulsado por un deseo de mantener el sistema rentista al reemplazar a los combustibles fósiles mediante ingresos de las exportaciones de energía renovable.
A pesar de que el país afrontó varias crisis en los últimos decenios, y a pesar de que el país afrontó diversas crisis en este período, Argelia se ha ganado la reputación de exportador fiable y responsable de gas a Europa, ocupando el tercer lugar después de Rusia y Noruega. En respuesta a la crisis en Ucrania, Argelia se ofreció a aumentar sus exportaciones de gas a Europa, como forma de apoyar al continente. Por ejemplo, la empresa estatal de gas y petróleo Sonatrach firmó un contrato con la empresa italiana Eni para extraer 9 000 millones de metros cúbicos de gas adicionales entre 2023 y 2024.15 En un momento en que las reservas de gas de Argelia no logran satisfacer la demanda europea en medio del conflicto en Ucrania, puede haber presión sobre el Gobierno para que desarrolle y exporte recursos de gas no convencionales o, como mínimo, que perfore más yacimientos de gas. Sin embargo, debido a que la UE intenta alcanzar la neutralidad en carbono para 2050, este aumento en la demanda de gas no durará mucho tiempo y, por lo tanto, si el país invierte en nuevos yacimientos de gas y petróleo para satisfacer la mayor demanda de gas de Europa, existe un gran riesgo de estancamiento y de activos varados.16
Al mismo tiempo, la situación del consumo de gas en Argelia se enfrenta al rápido crecimiento de la demanda interna y al estancamiento –o posible declive– de la producción.17 En consecuencia, para proteger su capacidad de exportación de gas, las clases dominantes de Argelia están desarrollando energía renovable como alternativa al consumo de gas en el país.
Aunque aumentar la cuota de energías renovables en la combinación energética reservaría gas para la exportación, también sería atractivo para quienes lucran con el sistema rentista. Ello aseguraría una fuente de rentas continua en el corto y mediano plazo y, por ende, estabilidad socioeconómica y política. Sin embargo, no es una opción realista en el largo plazo: cada vez más académicos y especialistas reconocen que para abordar la crisis climática se deberá evitar la explotación de una proporción significativa de reservas de carbón, petróleo y gas, y habida cuenta de que Europa apunta a alcanzar la neutralidad en carbono en los próximos decenios y aplicar un impuesto al carbono, los hidrocarburos de Argelia no obtendrán ingresos lucrativos. Además, establecer una transición energética con el objetivo de ahorrar gas para la exportación simplemente perpetuará el modelo económico rentista y extractivista del país, que no ha logrado el progreso que el país desea. Al mismo tiempo, contribuiría a profundizar aún más la crisis climática, que ya es probable que amenace la existencia misma de la región.
En lugar de esta visión elitista de una transición energética, la transición a un sistema energético sostenible debe estar acompañada de cambios económicos, sociales y ambientales de largo plazo, y debe fundarse en los principios de justicia social y económica. Por ejemplo, se debería mejorar la calidad de vida de los trabajadores y sus familias mediante una remuneración justa, un equilibrio respetuoso entre la vida laboral y la privada, y la creación de un entorno de trabajo saludable. Una redistribución justa de los recursos nacionales de Argelia será un elemento fundamental de esa transición. En la actualidad, muchos argelinos simplemente no se benefician de la riqueza de su país. Además, la democratización y el empoderamiento de los ciudadanos para decidir sobre su futuro energético es una forma muy necesaria de democracia energética y debería ser parte de una transición justa.
En resumen, una transición justa en Argelia debería apuntar a reducir las emisiones, proteger el medio ambiente, respetar los derechos de las personas a recursos y a un medio ambiente habitable, y preservar los recursos naturales, como el agua y la tierra, para las generaciones futuras. Debe mejorar la calidad de vida de los argelinos mediante la promoción de la justicia social y económica, la distribución justa de la riqueza y democracia energética, en lugar de simplemente obtener ganancias de la exportación de energía renovable. Para ello, las propuestas de una transición energética deberían tener en cuenta no solamente de dónde proviene la energía, sino también quién la utiliza y para qué.
En 1993 Argelia ratificó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) y en 2005 firmó el Protocolo de Kioto. Desde entonces, todos los planes socioeconómicos de Argelia han incluido medidas de mitigación del cambio climático y adaptación a sus efectos.18 El Gobierno argelino tiene planificado reducir sus emisiones para 2030 en un 7 por ciento en forma incondicional o en un 22 por ciento con apoyo de la comunidad internacional.19
Elaborar medidas estratégicas para combatir el cambio climático y promover el desarrollo sostenible del país puede atraer apoyo financiero internacional para Argelia que, hasta ahora, ha sido insuficiente en comparación con el otorgado a los países vecinos.20 Sin embargo, los fondos para la acción climática en Argelia van más allá de los aspectos técnicos de elaborar un plan para acceder a financiación. Se desconoce si Argelia abandonará su industria del gas y el petróleo ante la falta de compromisos firmes a nivel nacional e internacional para financiar una transición energética. Pero si la acción climática mundial requiere que Argelia no extraiga ni exporte petróleo, y si coincidimos en que la población argelina no debería tener que pagar por la acción climática mundial, ¿cómo se reemplazarán las ganancias del petróleo y el gas, y quién pagará el precio?
Además, a excepción de los compromisos internacionales existentes con respecto a la exportación de combustibles fósiles, las políticas climáticas hasta el momento han recibido poco apoyo o atención institucional en Argelia. A pesar de que la Agencia Nacional para el Cambio Climático (ANCC) se creó en 2009, aún no cuenta con personal suficiente y carece de solidez institucional. Al mismo tiempo, los cambios institucionales y la frecuente reestructuración de departamentos y ministerios han provocado confusión e interrumpido programas de trabajo de más largo plazo. Por ejemplo, en mayo de 2015, como consecuencia de un cambio parcial del Gobierno, se eliminaron las tareas relacionadas con la planificación sostenible y la protección del medio ambiente, que fueron asumidas por el Ministerio de Planificación Territorial, Medio Ambiente y Turismo. Posteriormente, los temas ambientales pasaron a estar a cargo del Ministerio de Recursos Hídricos. Dos años más tarde se creó el Ministerio de Medio Ambiente y Energías Renovables, que estaba a cargo de las cuestiones de medio ambiente y energía renovable.21 En 2019, se dividió la responsabilidad en materia de energía renovable y medio ambiente con la creación del nuevo Ministerio de Transición Energética y Energías Renovables, dedicado exclusivamente a la transición energética. En el mismo año, el ministerio a cargo del medio ambiente inició su primer proyecto relacionado con una ley sobre el clima, con apoyo de la Agencia Alemana para la Cooperación internacional (GIZ).
Tras años de aplicación ineficaz de políticas de energía renovable en el contexto del desarrollo sostenible, el Gobierno argelino se ha dado cuenta de la importancia de incluir a las empresas públicas de petróleo, gas y electricidad en este proceso. Sin los recursos financieros de la empresa pública de petróleo (la Empresa Nacional de Investigación, Producción, Transporte, Procesamiento y Comercialización de Hidrocarburos, Sonatrach) y la empresa pública de servicios (la Empresa Nacional de Electricidad y Gas, Sonelgaz), y de los conocimientos técnicos y de gestión en el ámbito de la energía, el Programa de Energía Renovable y Eficiencia Energética (2015-2030) corre el riesgo de fracasar. En respuesta a esta situación, el Ministerio de Energía y Minas creó en 2020 un nuevo Programa de Energía Renovable (2020-2030).
Argelia utiliza principalmente petróleo, productos derivados del petróleo y gas natural para satisfacer alrededor del 98 por ciento de su demanda energética nacional. El país carece de suficiente capacidad nuclear, hidroeléctrica, de carbón o capacidad instalada de energía renovable. Sin embargo, en un intento por satisfacer su creciente demanda interna y diversificar su combinación energética, el país ha comenzado lentamente a generar más energía solar y eólica.22
Debido a su geografía y clima, Argelia está bien posicionada para aprovechar las oportunidades de generación de energía renovable. El país tiene entre 2 000 y 3 000 horas de luz solar al año en el desierto, que representa el 80 por ciento de la superficie total del país. Por consiguiente, este territorio tiene el potencial de generar más de 169 400 terawatts por hora, que es 5 000 veces el consumo nacional de electricidad al año.23 Debido a la proximidad de Argelia a los centros europeos de importación de energía, su gran extensión geográfica y su reputación como exportador fiable de energía, los escenarios de exportación de energía renovable son bastante viables. La energía solar y la eólica dominan el Programa Nacional para el Desarrollo de Energía Renovable y Eficiencia Energética, ya que representan el 85 por ciento de la capacidad total prevista para 2028.24 El Atlas Argelino de Recursos de Energía Renovable, creado por el Centro para el Desarrollo de la Energía Renovable (CDER), se publicó por primera vez en 2019. En él figura un conjunto de representaciones geográficas que exhiben el potencial energético de Argelia, incluidas la energía eólica, la geotérmica y la bioenergía.25
Argelia ha iniciado una serie de programas de energía renovable desde 2011, pero las energías renovables aún contribuyen muy poco a satisfacer las necesidades energéticas del país. El 3 de febrero de 2011, el Gobierno aprobó el primer Programa nacional para el desarrollo y la promoción de energía renovable y eficiencia energética (PNEREE), que procura alcanzar una capacidad de 22 000 megawatts (MW) de producción de electricidad renovable para 2030, de los cuales 10 000 MW serían destinados a la exportación, para que la energía renovable representara el 40 por ciento del total de la combinación de electricidad.26
La actualización del PNEREE en 2015 estuvo impulsada fundamentalmente por la reducción considerable de los costos de inversión para la producción de electricidad a partir de diversas fuentes renovables, especialmente energía solar fotovoltaica. Como consecuencia de ello, la porción de la energía solar concentrada se redujo a menos de un tercio de lo que se había planificado en la versión inicial del programa (de 7 200 MW a 2 000 MW). Por su parte, la proporción de la energía solar fotovoltaica se quintuplicó (de 2 800 MW a 13 575 MW).27
Sin embargo, ni el programa de 2011 ni su actualización de 2015 se han aplicado de manera significativa. A 2020, Argelia había instalado tan solo 425 MW de energía renovable, muy por debajo de la capacidad de 4 375 MW que se había propuesto.28
| Fuente | Objetivo en 2020 (MW) | Energía instalada en 2020 (MW) | Logros (en %) |
|---|---|---|---|
| Energía solar fotovoltáica | 3000 | 400 | 13,33 |
| Energía eólica | 1010 | 50 | 5 |
| Bioenergía | 360 | 0 | 0 |
| Energía geotérmica | 5 | 0 | 0 |
| Energía termoeléctrica solar | – | 25 | – |
| TOTAL | 4375 | 475 | 10,7 |
Tabla 1 Estado de realización del programa de energías renovables en Argelia en 2020.
No se alcanzó la capacidad prevista debido a la falta de coordinación en la ejecución del PNEREE, incluida su actualización de 2015, la falta de supervisión y evaluación y, lo que es más importante, la falta de un verdadero compromiso político con la transición energética.
Tras no haber logrado los objetivos establecidos en el programa 2015-2030, en 2019 el Gobierno destacó su determinación de actualizar el sector de la energía renovable. A continuación, se formuló el Programa Nacional de Transición Energética 2020, cuyo objetivo es alcanzar una capacidad de 16 000 MW para 2035, basado en la producción de energía solar fotovoltaica. Según el Ministerio de Energía, este objetivo es un elemento fundamental de la transición energética de Argelia. Está previsto que las plantas de energía solar conectadas con la red nacional generarán 15 000 MW para 2035 y que el primer tramo de 4000 MW se finalizará en 2024 y los 11 000 MW restantes en 2030. Para poner estos planes en marcha, se anunció el proyecto Tafouk I en mayo de 2020, destinado a generar 4000 MW de capacidad de energía solar fotovoltaica.29
En 2021, Argelia anunció un plan para alcanzar 15 000 MW de capacidad de energía renovable para 2035. El Ministerio de Transición Energética y Energías Renovables encargó a la nueva Sociedad Argelina de Energías Renovables (SHAEMS), una sociedad conjunta entre las dos empresas públicas Sonatrach y Sonelgaz, que llevara a cabo el llamado a licitación. SHAEMS también invertirá en cada empresa que participa en el proyecto, ya sea por su cuenta o en asociación con otras entidades públicas o privadas. Si la licitación es exitosa, dará lugar a un acuerdo de adquisición de energía de 25 años.30 El llamado a licitación no exige un componente industrial de contenido local, pero se incentiva el uso de equipamiento producido localmente. Además, también se eliminó la regla de 51/49, que limita al 49 por ciento la inversión extranjera en los proyectos para el sector de energía renovable, lo que confirma la orientación neoliberal del actual Gobierno de Argelia (véase más información a continuación).
El primer obstáculo de explotar la gran capacidad de energía solar de Argelia es la distancia entre los centros de demanda y los centros de suministro. Los centros de demanda se encuentran en el norte del país, donde la densidad urbana impide crear grandes proyectos. Sin embargo, el suministro se encuentra en el Sáhara, en el sur del país, donde la luz solar y el espacio geográfico abundan. Además de la lejanía geográfica, las condiciones climáticas, entre otras consideraciones, implican que el costo promedio de construir paneles solares fotovoltaicos en Argelia sea 30 por ciento más elevado que en el resto del mundo.31
La falta de una estrategia energética de largo plazo es el obstáculo principal para la transición energética: las iniciativas de energía renovable son ineficientes, fragmentadas y carecen de coordinación. El sector energético de Argelia ha demorado en adaptarse a la necesidad de energía renovable, fundamental en el mundo como consecuencia del cambio climático. Como se resumió anteriormente, Argelia ha anunciado planes ambiciosos, pero no se ha logrado mucho debido a la mala gestión, la ausencia de una estrategia energética unificada y la falta de voluntad política. Si bien las políticas y regulaciones del sector de la energía se basan en las de jurisdicciones extranjeras o se generan a nivel nacional, en ambos casos su aplicación se ve obstaculizada por la burocracia y la corrupción.
El sector de la energía está centralizado en Argel y es administrado por los ministerios de Energía y Minería y los monopolios de petróleo, gas y electricidad Sonatrach y Sonelgaz. En este sistema de gobernanza jerárquico, centralizado y extremadamente autoritario, no se suelen tener en cuenta las ideas de la comunidad. Además, Argelia aplica un modelo de gobernanza republicano, lo que significa que el órgano elegido es la única autoridad encargada de adoptar decisiones. El presidente nombra a gobernadores provinciales, lo que demuestra una organización jerárquica, en la cual las innovaciones en materia de políticas a nivel local siguen siendo poco frecuentes. Debido a que la sociedad civil es débil, está fragmentada y no tiene demasiado interés en el clima o la energía, la acción popular prácticamente no ejerce ninguna influencia en la agenda de la industria de los combustibles fósiles. Por lo tanto, es necesario adoptar un enfoque de políticas más flexible, participativo y transparente para que los argelinos puedan participar en discusiones y ofrecer soluciones a los problemas energéticos del país. Además, incluir a las personas en la adopción de decisiones sobre la energía aumentaría el sentimiento de propiedad de los bienes energéticos públicos, lo que daría lugar a un cambio en el comportamiento de la población hacia actitudes más responsables y orientadas a soluciones. Restablecer la confianza de la población en el Gobierno mediante una mayor apertura, rendición de cuentas y, lo que es más importante, el respeto de las decisiones de los ciudadanos sería el primer paso para lograr democracia energética en Argelia. Alternativas más descentralizadas podrían ofrecer a la población la capacidad de elegir cómo generar, consumir e intercambiar energía, mientras que el Estado mantiene su función fundamental de administrador, controlador y legislador.
Argelia padece una gran escasez de agua que, entre otras cosas, amenaza la seguridad alimentaria del país y podría provocar el colapso de la agricultura y el desplazamiento de comunidades locales. Por ejemplo, en agosto de 2021 se quemaron cientos de miles de hectáreas de bosques como consecuencia de grandes incendios forestales en el norte del país, lo que provocó la muerte de al menos 90 personas. Sin embargo, a pesar de los evidentes impactos catastróficos del cambio climático en el país en los últimos años, este tema no suele abordarse en sus planes de energía, en parte debido a la falta de solidez institucional del Ministerio de Medio Ambiente. Por lo tanto, resulta urgente incluir la variable del clima en futuras políticas y situaciones energéticas.32
A pesar de que el costo de las tecnologías solar y eólica ha disminuido, los proyectos de energía renovable siguen siendo intensivos en capital. Es por eso que a Argelia le resulta difícil financiar la transición. Al parecer, habría tres opciones de financiación disponibles: fondos públicos, fondos nacionales privados e inversión extranjera directa.
En el contexto actual de crisis económica, hay cada vez mayor demanda de fondos públicos para abordar los que se perciben como los problemas socioeconómicos más acuciantes y, por lo tanto, estos solo pueden brindar un apoyo limitado para la transición en el corto plazo. Sin embargo, tras un examen detallado de la posición económica del país en los últimos 20 años, se puede constatar la dilapidación y mala gestión de fondos públicos, además de la corrupción arraigada. Para lograr una transición energética justa y significativa en Argelia, se debe democratizar el Estado y erradicar la corrupción endémica. El Estado también debe desempeñar un papel más importante en la transición, debe comprometer más fondos públicos y fomentar un financiamiento para el clima significativo a nivel internacional. Además, cabe recordar que el actual aumento de los precios del petróleo brinda la posibilidad de crear fondos soberanos que pueden habilitar financiación nacional para modernizar los sistemas energéticos.
Otras vías de financiación importantes, como los fondos para la reparación climática y el pago de la deuda económica por el Norte global, podrían contribuir a lograr una transición energética justa para Argelia, que es una de las economías del Sur global que depende del petróleo. No obstante, aún quedan dudas respecto a si se adoptarán esas medidas. Por ejemplo, el compromiso –asumido en la Conferencia sobre el cambio climático de las Naciones Unidas celebrada en 2021 (COP26)– de contribuir 8 500 millones de dólares para apoyar la eliminación progresiva del carbón en Sudáfrica,33 lamentablemente, no se ha cumplido. Sin embargo, no podemos hablar de una transición energética justa sin plantear la cuestión del pago de las deudas y reparaciones climáticas de los países ricos del Norte a los países del Sur, no en la forma de nuevos préstamos, sino como transferencia de riqueza. No se trata solamente de un imperativo ético o moral, sino que es además una responsabilidad histórica. Los países industrializados de Occidente deben pagar la parte que les corresponde para ayudar a los países más pobres que son menos responsables del cambio climático, y que a menudo son los más vulnerables a él, en sus planes de adaptación y transición verde. Lamentablemente, los procesos actuales no permiten esa asistencia a países productores de petróleo de ingresos medianos, como Argelia, dado que se prioriza a países con problemas energéticos más complejos, como problemas de acceso a energía limpia. Ello refleja el modo en que las políticas internacionales sobre el clima aún se limitan a un marco de «ayuda y desarrollo» que no reconoce la necesidad real de dejar las reservas de gas y petróleo en el suelo –y lo que ello implica en cuanto a la pérdida significativa de ingresos–. Detener la extracción requerirá políticas redistributivas a nivel mundial que aborden directamente las necesidades de los países exportadores de petróleo, incluidos los países de medianos ingresos, como Argelia.
Con respecto a la situación en el país, Argelia actualmente carece de voluntad política para financiar la transición energética. Por ejemplo, en 2015 se creó un fondo especial para financiar programas de energía renovable, pero no se ha utilizado de manera eficaz debido a que no hay un decreto ejecutivo que establezca un marco legal sobre utilizarlo. Las políticas soberanas del país prohíben la deuda extranjera y limitan la financiación internacional en sectores vitales y estratégicos, como la energía, a un 49 por ciento, en comparación con un 51 por ciento para socios argelinos. No obstante, debido a la presión de empresas de energía capitalistas locales e internacionales, que insisten en que el marco regulatorio «inseguro» y «rígido» de Argelia desestimula la inversión extranjera, se ha disminuido el criterio soberano mínimo del 49/51 por ciento para los proyectos de energía renovable. La clase inversionista privada en Argelia, que abarca fundamentalmente fondos familiares, prefiere participar en proyectos que generan ganancias rápidas, en los cuales los inversores pueden recuperar el capital en el corto plazo, a diferencia de proyectos de energía renovable que demoran mucho tiempo en devolver las inversiones. Además, tras 10 años de promesas vacías y compromisos incumplidos, los inversores en Argelia han perdido la confianza en los programas de energía renovable del país. No obstante, desde que se anunció el PNEREE en 2011, algunos inversores privados han estado trabajando en establecer una cadena de valor de energía solar fotovoltaica para asistir al programa.34
A pesar de los grandes anuncios de las élites políticas en Argelia sobre el despliegue de energía renovable, se ha logrado muy poco para recaudar fondos para la transición energética de las tres fuentes mencionadas. Al mismo tiempo, Argelia ha perdido la oportunidad crucial ofrecida por la bonanza petrolera de 2004 a 2014, cuando los precios del petróleo y el gas eran muy elevados, de utilizar los ingresos generados en industrializar y diversificar su economía, y embarcarse en una transición energética sólida y crear empleos verdes. En lugar de ello, las enormes ganancias obtenidas durante este período fueron desviadas por una élite corrupta y depredadora.35
Por último, Argelia podría adoptar estrategias que alienten a los ciudadanos a invertir en proyectos energéticos comunitarios e integrales a pequeña escala. Esta forma de democracia energética directa puede ser una oportunidad para generar empleos y empoderar a la comunidad.
Argelia carece de conocimientos en materia de tecnologías verdes. Su experiencia histórica se basa en tecnologías del petróleo y el gas. Ello se debe en gran medida a la falta de interés político en las energías verdes demostrada en los últimos años, así como a la desindustrialización de la economía argelina desde que comenzaron las reformas neoliberales en la década de 1980. El proceso de liberalización y la transición a la economía de mercado estuvieron acompañados por la eliminación de conocimientos teóricos y prácticos en la industria, que culminó con la eliminación de institutos especializados en ámbitos fundamentales, como la industria textil, del acero y de la energía.
Tras una campaña contra la educación técnica secundaria, se eliminaron las ramas industriales técnicas que habían contribuido a la formación de ingenieros y técnicos superiores durante decenios.36 El número de expertos para apoyar el programa de transición energética, especialmente en términos de energía renovable, eficiencia energética y todas las actividades económicas e industriales relacionadas con él, es muy inferior a la masa crítica necesaria.37 Por lo tanto, se debe utilizar más investigación aplicada y formación práctica. Argelia necesita recibir transferencias de tecnología y conocimientos especializados en gestión de países que han llevado a cabo la transición de manera eficaz. Tal cooperación debería apuntar al fomento de capacidades humanas y materiales en el país. Para ello será necesario superar las fronteras tecnológicas monopolizadas y el sistema de propiedad intelectual aplicado por los acuerdos de libre comercio y las instituciones financieras internacionales.
Uno de los aspectos más difíciles de una transición energética en el Sur global es establecer el control sobre la tecnología (transferencia tecnológica) y la industrialización, que resulta fundamental para alcanzar el nivel de integración económica necesario a fin de desarrollar una economía verde pujante con empleos verdes. Para lograrlo es necesario abandonar el paradigma del neoliberalismo y fomentar una mayor participación e inversión del Estado, así como financiamiento climático de los países más desarrollados.
Poner en práctica una política de contenido local es fundamental para el desarrollo de un sector de energía renovable sólido y autónomo en Argelia. Ello implica obligar a las empresas que operan en el país a utilizar bienes y servicios producidos o abastecidos a nivel nacional. Los oferentes elegidos para desarrollar proyectos de energía renovable deben ser parte de una estrategia industrial, mediante la cual se desarrollan componentes de energía solar a nivel local. Una estrategia de este tipo debería apuntar a crear una economía local de energía solar mientras disminuye los costos de los proyectos al evitar el uso de materiales importados.38 Si bien esta estrategia beneficiaría a la economía local, y especialmente al mercado laboral, sería extremadamente difícil de aplicar en Argelia debido a que la cadena de valor industrial local aún no está del todo formada: actualmente está en una etapa incipiente y gran parte de la producción local no cumple las normas internacionales. En este contexto, los inversores extranjeros están realizando cabildeo para que se elimine el requisito del contenido local porque lo consideran un obstáculo a la inversión que les impide obtener ganancias. Sin embargo, aunque abandonar esas medidas quizá atraería más fondos y promovería el sector de la energía, no beneficiaría a la economía, a la industria o al mercado laboral de Argelia. Es fundamental buscar soluciones eficaces para crear y mejorar la tecnología y los conocimientos especializados al ir más allá del sistema de propiedad intelectual y de monopolios tecnológicos de Occidente, al forjar alianzas con países del Sur global, como China, en las que todos salgan beneficiados.
El mercado energético de Argelia aún está dominado por el Gobierno. Sin embargo, el modelo económico no sostenible de los servicios estatales y su mala gestión han dado lugar a llamamientos a la privatización y a la eliminación de los subsidios. A fin de adaptarse a los cambios drásticos en el paisaje energético, la empresa de servicios argelina Sonelgaz debe adoptar reformas técnicas, administrativas y financieras para ser económicamente viable y más responsable y transparente. Además, una reforma gradual de los subsidios también resulta imperativa.
La electricidad está muy subsidiada en Argelia: los hogares pagan el equivalente a 0,038 dólares por KWh por la electricidad, es decir, una séptima parte del precio que se paga en Reino Unido); y las empresas pagan 0,033 dólares.39 Estos precios bajos, que representan alrededor de un tercio del costo de producción, son posibles gracias a los subsidios.
También hay subsidios indirectos, a través de los subsidios a los combustibles fósiles, que resultan pertinentes debido a que la electricidad del país se genera principalmente a partir de ellos. Lamentablemente, estos subsidios, junto con el regresivo sistema impositivo de Argelia, no benefician a las clases más necesitadas en la misma medida en que enriquecen a empresarios y propietarios del capital en el país. Por lo tanto, una reforma justa de los subsidios es un imperativo político y económico. Esta debe ser progresista en cuanto a los sectores de la sociedad que beneficia: no debería incluir a las clases más ricas ni a los grupos capitalistas (que de ese modo aumentan sus ganancias), sino que debería intentar aliviar el sufrimiento de los sectores más vulnerables de la sociedad.40
Argelia afronta una doble crisis socioeconómica y política. El movimiento masivo de protesta (hirak) que comenzó en febrero de 2019 y duró más de un año cuestionó fuertemente al régimen argelino. A ello se sumaron las repercusiones económicas negativas de la COVID-19, por lo que eliminar por completo los subsidios a la energía en el futuro cercano sería políticamente insostenible e injusto para los millones de argelinos que se han empobrecido en los últimos años. En respuesta a la caída en los precios del petróleo a nivel mundial en 2020 que, según el FMI provocará una contracción de la economía en un 6 por ciento y la disminución de las reservas extranjeras del país de 62 000 millones a 47 000 millones de dólares a finales de 2020,41 el Gobierno recortó el gasto social en un 30 por ciento. No obstante, el país experimentó un gran déficit presupuestario que alcanzó un 18,4 por ciento del PIB en 2021.42 Además del aumento del índice de pobreza, se perdieron cientos de miles de empleos, incluso en el sector informal precario. Según cifras del Gobierno, tan solo en 2020 se perdieron 500 000 empleos., En el momento de redactar este informe, la economía argelina seguía contraída, aunque la guerra en Ucrania podría ser una bendición para las autoridades del país, dado que los precios del gas y el petróleo siguen aumentando.
Integrar la electricidad renovable en los programas de subsidios gubernamentales podría ser una opción para promover el desarrollo de la energía renovable. Sin embargo, el paradigma neoliberal mundial de la política climática ha demostrado ser ineficaz en desincentivar el uso de combustibles fósiles mediante un modelo de precios al carbono y al alentar la inversión baja en carbono mediante subsidios y estructuras contractuales favorecidas. Este paradigma de políticas considera a los Gobiernos como protectores del capital de actores privados, lo que les impide abordar los desafíos sociales y ambientales. Como consecuencia de este gran déficit en la inversión y de la ineficiencia tecnológica, los enfoques de mercado que apuntan a la privatización hasta ahora no han logrado la transición energética que es tan esencial para Argelia.45 Se necesita un fuerte compromiso político para lograr una transición energética en el sector público de energía del país, con la inclusión controlada de actores del sector privado, junto con una gobernanza más participativa, transparente y democrática de las empresas estatales.
El auge del petróleo en la década de 2000 mejoró el equilibrio fiscal del país y permitió grandes inversiones. Sin embargo, la precipitada caída de los precios del petróleo a partir de junio de 2014, incluido durante la pandemia de COVID-19 (que ahora se ha revertido como consecuencia de la invasión de Rusia en Ucrania), ha puesto en duda la estrategia económica y energética de Argelia. Los ingresos provenientes de las exportaciones cubrían tan solo el 67 por ciento del total de las importaciones en 2015, mientras que el fondo de regulación de ingresos y las reservas de divisas han estado disminuyendo en forma constante, de 121 900 millones de dólares en octubre de 2016 a 42 000 millones en marzo de 2021.46
La economía argelina es vulnerable a las fluctuaciones en los mercados internacionales, debido a su dependencia excesiva de los ingresos provenientes de los hidrocarburos, que no constituyen una base sólida sobre la cual elaborar planes económicos de largo plazo. Esta inestabilidad queda de manifiesto en el reciente desempeño económico, que ha sufrido contracciones y repuntes. La pandemia de COVID-19 exacerbó la crisis económica en el país y ha representado una amenaza adicional para los responsables de la elaboración de políticas en Argelia en cuanto a la construcción de una economía diversificada y la implementación de una transición energética. Todo ello ha dado lugar a dificultades para hallar financiación para la transición energética. Sin embargo, los precios del petróleo aumentaron en el último trimestre de 2021, tras el repunte económico mundial posterior a la pandemia: los precios del petróleo Brent alcanzaron un promedio de 71 dólares el barril en 2021 (y un precio máximo de 86 dólares por barril), luego de haber iniciado el año a 50 dólares el barril. Los ingresos provenientes de la exportación de hidrocarburos aumentaron de 20 000 millones de dólares a 34 500 millones en este período. Posteriormente, la invasión de Ucrania disparó aún más los precios del petróleo: al comienzo de la guerra, el precio del barril de petróleo Brent sobrepasaba los 123 dólares.47
Aunque parecen ser buenas noticias (al menos para las autoridades de Argelia), los precios tan elevados pueden constituir un obstáculo para una transición energética verde, dado que podrían arraigar la mentalidad extractivista y rentista e incentivar la extracción de más combustibles fósiles, especialmente en el contexto actual, en el que la UE está intentando abandonar su dependencia del gas de Rusia y diversificar sus fuentes de combustible.48 Hay señales preocupantes de que este es el camino que han emprendido las clases dominantes de Argelia: han accedido a exportar más gas a Italia y ahora están considerando explorar y explotar nuevos yacimientos, con la ayuda de empresas y países europeos.49
Es preciso transformar rápidamente las necesidades de largo plazo del país y llevar a cabo una doble transición: económica y energética. La transición económica implica alejarse de una economía basada fundamentalmente en los combustibles fósiles y adoptar una economía más diversificada que se base en actividades industriales y agrícolas sostenibles, así como una transición para pasar de ser un importador neto de productos a un productor industrializado. Asimismo, la transición energética implica dejar de quemar combustibles fósiles y utilizar vectores energéticos más sostenibles mediante el desarrollo de tecnologías verdes y examinar cómo y quiénes deberían utilizar esta energía para maximizar la justicia social y el bienestar humano.
Según la hoja de ruta cero neto de la Agencia Internacional de Energía, una descarbonización que se ajuste al Acuerdo de París no permite invertir en nuevos yacimientos de petróleo y gas. En la situación actual, se prevé que para 2030 los países habrán sobrepasado en más de un 20 por ciento el máximo de emisiones posible si se mantiene la meta de 1,5 °C establecida en el Acuerdo de París. Además, las empresas de petróleo controlan billones de dólares en activos que, según la el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, nunca podrán utilizar si los seres humanos han de sobrevivir en el planeta. Hay muchos riesgos ocultos en el negocio del petróleo que ahora se están volviendo evidentes para los inversores privados y las instituciones financieras públicas. Estabilizar precios, eliminar progresivamente la producción y buscar más productos alternativos (como el hidrógeno azul o verde) son, por lo tanto, imperativos fundamentales para los productores de hidrocarburos.
Para combatir la crisis climática urgente se necesita la participación de la industria del gas y el petróleo, los Gobiernos, las instituciones, los trabajadores y los sindicatos en la adopción de decisiones firmes, así como un fuerte compromiso para ponerlas en práctica. Se debe dejar de desarrollar y apoyar al sector de los hidrocarburos mediante una estrategia rápida y equitativa para eliminar progresivamente la producción actual y futura del petróleo, mientras se asiste a los países, las comunidades y los trabajadores que dependen del petróleo para facilitar la transición.50
Lamentablemente, no hay indicios de que Argelia esté planificando eliminar progresivamente la producción de petróleo en el futuro cercano. Como se indicó anteriormente, debido a la creciente demanda de Europa, Argelia tiene previsto seguir desarrollando su industria de petróleo y gas al atraer inversores extranjeros para explorar nuevos yacimientos. Esta estrategia aumenta el riesgo de que haya activos varados en el país y de que una caída súbita en la demanda de petróleo pueda sumir a Argelia en una crisis económica, debido a su total dependencia de las exportaciones de combustibles fósiles. Como consecuencia de dicho colapso, el Gobierno dejaría de apoyar a los servicios públicos, se disminuirían los subsidios a los productos esenciales y se produciría un debilitamiento de las empresas nacionales, favoreciendo así la privatización, lo que daría lugar al capitalismo neoliberal y el neocolonialismo. Pocos argelinos podrían vivir decentemente ante estos efectos tan extremos.
Debido a la guerra de Rusia en Ucrania, el aumento del precio del petróleo constituye una buena oportunidad para comprometer financiación significativa para el desarrollo de energía renovable y para una transición energética en Argelia. El Gobierno debería priorizar de inmediato la transición energética y la diversificación económica a fin de proteger la soberanía nacional y ofrecer un futuro seguro para los argelinos en el largo plazo. Ello debe estar acompañado de fondos para el clima del Norte global, como parte de los esfuerzos de reparación climática para ayudar a que Argelia se adapte a los impactos del cambio climático y para que haga la transición hacia la energía renovable. En el futuro, la exportación de hidrógeno verde (y otras fuentes de energía renovable) podría permitir al país mantener su posición como exportador fiable de energía en la era posterior a los hidrocarburos. No obstante, este escenario solo será viable si las energías renovables representan una proporción mucho mayor de la matriz energética del país. De lo contrario, el crecimiento de la infraestructura dedicada exclusivamente a producir hidrógeno destinado a la exportación, por ejemplo, impedirá la transformación del país, exacerbará sus problemas energéticos y perpetuará su posición subordinada en la economía mundial.
Se puede adoptar diversos instrumentos de políticas para gestionar una eliminación progresiva justa del petróleo y el gas en Argelia.51 El Gobierno argelino debería elaborar herramientas de políticas ascendentes para proteger a los trabajadores, a sus familias y a las comunidades que se verán afectadas por el cierre de las industrias del petróleo y el gas. Se deberá crear una entidad pública para identificar a los trabajadores y las comunidades del petróleo y el gas que se verán directamente perjudicados por la transición. Se necesitará asistencia financiera, recalificación y reingreso en el mercado de la energía verde. En este sentido, se deberá crear programas de competencias verdes para que los trabajadores afectados puedan acceder a nuevas oportunidades en el mercado laboral.
Para proteger a las comunidades de los efectos negativos de la transición energética se necesita gobernanza democrática y más mecanismos ascendentes y participativos. Educar al público sobre los peligros del cambio climático y la necesidad de una transición energética en las escuelas, las mezquitas y diversos canales educativos y religiosos contribuiría a inculcar una actitud más responsable hacia el mundo. Los jóvenes deberían movilizarse y se debería construir solidaridad con las comunidades argelinas que resisten y se adaptan al cambio climático a través del movimiento internacional por la justicia climática. Una estrategia eficaz podría consistir en crear comisiones de base y un ministerio específico (o al menos una división dentro de un ministerio) para gestionar la transición justa. Será fundamental aprender de otras experiencias en el mundo: la eliminación progresiva del carbón en muchos países brinda lecciones valiosas sobre una eliminación justa del gas y el petróleo.52 Estas experiencias demuestran la importancia de:
Por último, para asegurar la viabilidad a largo plazo de su actividad, la empresa estatal de petróleo Sonatrach debería llevar a cabo un análisis de riesgo pormenorizado de toda inversión futura en la producción de petróleo y debería considerar seriamente oportunidades de negocios en la energía renovable.
La situación y las preocupaciones en Argelia son similares a las de otros países productores de petróleo y gas que se enfrentan a la necesidad de una transición energética mundial. Argelia ha desaprovechado muchas oportunidades de embarcarse en una transición energética, debido a que, hasta hace muy poco, la élite dominante no estaba dispuesta a priorizar esta necesidad. En medio de la crisis económica mundial, el país tendrá dificultades para financiar una transición energética mientras evita, al mismo tiempo, una degradación de las condiciones socioeconómicas (incluido el mantenimiento del suministro de electricidad subvencionada para la población). La paz social depende de la energía a bajo costo.
Además de estos problemas a nivel nacional, una transición energética a nivel mundial podría ejercer presión adicional en el país. Aparte del impacto directo en la empresa nacional de petróleo y gas, sus empleados y familiares, una transformación energética a nivel mundial podría generar la caída de los ingresos provenientes de las exportaciones petroleras, causar una crisis económica y sumir a muchos argelinos en la indigencia.
Las tendencias neocoloniales de transición energética a nivel mundial, especialmente las políticas eurocéntricas de exportación verde, se basan fundamentalmente en apoyar una transición verde a escala europea en detrimento de los recursos de bajo costo y la mano de obra infravalorada en el Sur global. Priorizar la exportación de energías renovables y de hidrógeno verde, por ejemplo, impediría una transición en Argelia debido a que se daría más importancia a elaborar una estrategia orientada a la exportación que a abordar los desafíos energéticos y económicos locales. Utilizar los fondos limitados asignados a la transición energética de Argelia para construir o renovar infraestructura para las exportaciones perjudicará la capacidad del país para satisfacer las demandas locales de transformación energética. Sería más lógico y justo priorizar las necesidades locales de transición energética, en lugar de, por ejemplo, exportar hidrógeno verde y consumir combustibles fósiles en el país.
Una transición justa implica ir más allá de un cambio a tecnologías de energía verde, para velar además por la protección de los empleados del petróleo y el gas y sus familias, así como impartir las competencias necesarias para que se integren al mercado de trabajo verde. También implica asegurar el acceso a energía asequible y fiable para todas las personas y una recuperación de todas las consecuencias negativas del extractivismo en la economía, la sociedad, la política y el medio ambiente. Lo que es más importante, para evitar que la transición sea simplemente una transición del extractivismo «marrón» de combustibles fósiles a un extractivismo «verde» de energías renovables, se debe proteger los derechos a la tierra y los recursos de las comunidades que viven cerca de las fuentes de energía renovable.
Mientras que se necesita consolidar la participación del sector público en la transición energética, sus instituciones deben mejorar su gestión, ser más transparentes y rendir cuentas. En definitiva, se necesitan mejores políticas y mecanismos para distribuir equitativamente la riqueza nacional y cerrar la brecha entre las clases sociales, así como un sector energético más democratizado que permita a los argelinos determinar su propio futuro y hallar soluciones auténticas a sus problemas energéticos. Antes que nada, Argelia debería comprometerse a llevar a cabo iniciativas climáticas, debería establecer metas más ambiciosas de reducción de emisiones y rechazar toda inversión futura que no se ajuste al Acuerdo de París. A partir de allí, el siguiente paso debería ser la preparación exhaustiva para eliminar progresivamente los combustibles fósiles y descarbonizar al sector energético. Para evitar un fuerte colapso de la economía argelina, la eliminación progresiva, planificada y justa de la industria de los combustibles deberá llevarse a cabo mediante la cooperación internacional. Por último, pero no menos importante, se necesita una comunicación pública eficaz respecto de las cuestiones energéticas actuales y futuras, así como sobre los riesgos económicos del sector del petróleo y el gas, para preparar a los trabajadores argelinos a aceptar y cooperar en la adopción de medidas necesarias para aliviar los peligros económicos de la transición energética.
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