Los abajo firmantes, miembros de organizaciones de Colombia y el mundo, condenamos la masacre de agricultores y trabajadores cocaleros, acaecida en territorio del Consejo comunitario Mira Frontera en Tumaco Nariño, el pasado 5 de Octubre, entre cuyas víctimas se encuentran campesinos mestizos, afrodescendientes, un niño de 13 años y dos consejeros indígenas Awá. Según organizaciones locales de derechos humanos ese día también se presentó un número indeterminado de heridos, desapariciones y desplazamientos forzados.
La masacre de Tumaco es responsabilidad del Estado colombiano. Según múltiples declaraciones de familiares de las víctimas, sobrevivientes y miembros de organizaciones comunales, fueron agentes de la Policía Antinarcóticos quienes les dispararon con sus armas de dotación. El informe de Medicina Legal sobre seis (6) de las víctimas señala que ellas fueron atacadas con proyectiles de alta velocidad. En vídeos y audios, al igual que en comunicados públicos, a los que tuvimos acceso, las asociaciones que representan los intereses de los colonos agricultores de coca, al igual que otras organizaciones comunitarias acusan al Estado de ser el responsable, de usar la fuerza de manera desproporcionada, de no atender sus solicitudes oportunamente y de no incluir a las poblaciones étnicas.
La Defensoría del Pueblo, entidad que llegó hasta el lugar de los hechos, informó que los manifestantes aseguraron haber acudido a la protesta voluntariamente y negaron la injerencia de grupos armados ilegales, que no halló evidencia del uso de armas no convencionales, como tatucos o cilindros, que se infiere la responsabilidad de la Policía Nacional y reclama a la Procuraduría usar su poder disciplinario preferente, al tiempo que solicita a la Fiscalía asumir la investigación a través de la Dirección Especializada de Derechos Humanos.
Sumamos nuestra voz de solidaridad y respaldo a las exigencias de los campesinos, afrodescendientes e indígenas que con sus organizaciones reclaman el esclarecimiento de los hechos y la atención de su problemática. También pedimos que organismos judiciales nacionales, o en su defecto internacionales, investiguen a fondo y determinen las responsabilidades de quien quiera que haya disparado, la dirección en el campo operacional, y de haber tomado las decisiones estratégicas que culminaron con los dolorosos resultados que el país empieza a conocer.
Los hechos de Tumaco reflejan la desprotección y abandono a que el Estado ha relegado a las comunidades negras y a todos los colombianos que habitan el andén pacífico y la frontera nariñense. Igualmente, se constituyen en otra manifestación de la inadecuada, paquidérmica, descoordinada e injusta política de drogas que han liderado los últimos cuatro (4) Presidentes de Colombia quienes militarizaron la “solución” a la economía de los cultivos y han respondido con el Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD) a la protesta social, esperando alcanzar éxitos contra el globalizado narcotráfico, atacando a los cultivadores y sus cultivos, unas veces con fumigaciones aéreas de agroquímicos, con erradicación manual o con raquíticos programas de “desarrollo alternativo”.
La búsqueda de “un mundo libre de drogas” en el caso colombiano ha tenido por objeto la reducción de la oferta, la cual se expresa actualmente en erradicación forzada y sustitución obligada previo a cualquier esfuerzo de acceso al desarrollo rural integral. Esta estrategia, se materializa en el uso de fuerzas policiales y militares para eliminar 50.000 hectáreas sin importar las consecuencias socioeconómicas para las poblaciones y sus territorios. Al tiempo se presiona la erradicación “voluntaria” de otras 50.000 hectáreas.
Las acciones de erradicación forzada se han tornado violentas. El desembarco de las fuerzas de seguridad, en regiones donde nunca llegaron las instituciones sociales del estado, es seguido de acciones civiles de protesta, resistencia o bloqueos humanos por parte de los cultivadores que reclaman oportunidades de desarrollo, el derecho a una secuencia gradual y apropiada, así como el cumplimiento del acuerdo de paz entre Gobierno y FARC EP el cual estableció una reforma rural y sustitución integral, voluntaria y participativa.
Desde principios de 2016 la “Coalición colombiana proreforma de políticas de drogas” llamó al Gobierno a reorientar su accionar a favor de los derechos humanos. Lamentamos que esto no haya sido atendido, mas allá de la retórica vacua en reuniones de la ONU y la OEA. Cuando esperábamos que la Asamblea general de la ONU sobre drogas fuera un estímulo para la actual administración, ésta decidió mantener y reforzar la visión antidrogas expresada en el liderazgo que ejerce ahora el Ministerio de Defensa y la Vicepresidencia sobre el tema.
Mientras el programa PNIS y la ART se mueven a lentos ritmos y con dificultades presupuestales y de coordinación, las tropas erradicadoras disponen de todo tipo de recursos, llegan a donde nunca pudieron antes, y utilizan su fuerza supervisados y acompañados por asesores de la Embajada de los Estados Unidos, la cual exige “resultados rápidos” a costa de la legitimidad del estado tal cual como ocurrió antes en Bolivia, Perú, y el mismo Colombia.
Al tiempo que lamentamos los dolorosos hechos de Tumaco manifestamos, al unísono con otros sectores, a la luz de experiencias internacionales, que la controvertida política en cuestión está llevando al traste los avances alcanzados en el acuerdo de paz, es motivo de reciclaje de la violencia estructural que ha padecido el país, al tiempo que fuente de mayores conflictos entre las poblaciones rurales y el estado.
Los graves hechos de Tumaco deben investigarse a profundidad al igual que los homicidios de campesinos e indígenas en Morales y Corinto en Cauca, San José del Fragua y Montañita en Caquetá, El Retorno Guaviare, y Nariño, para solo citar los casos sucedidos este año. Advertimos desde ya que situaciones similares pueden presentarse en otras partes del país, especialmente en aquellos municipios en los que se han desplegado los Centros Estratégicos Operacionales.
La impunidad no es una opción en la construcción de una paz estable y duradera en la Colombia de hoy, y la garantía de no repetición de tan lamentable acción es una obligación de los responsables de la política de drogas. Llamamos al Gobierno Nacional a privilegiar de forma decidida la integralidad de la sustitución, con todos los enfoques y consideraciones contenidos en el acuerdo de paz. La población de Tumaco, y todos los demás municipios donde están presentes los cultivos, debe ser priorizada y atendida urgentemente, al tiempo que un cambio real de la política debe empezar con la suspensión de la exigencia de la erradicación previa como requisito para acceder a programas sociales.
Bogotá DC, Octubre 9 de 2017.
INSTITUTO DE ESTUDIOS PARA EL DESARROLLO Y LA PAZ –INDEPAZ-.
OBSERVATORIO DE CULTIVOS Y CULTIVADORES DECLARADOS ILÍCITOS, OCCDI GLOBAL.
INTERNATIONAL DRUG POLICY CONSORTIUM –IDPC- (Londres).
CORPORACIÓN HUMANAS.
INTERCAMBIOS ASOCIACION CIVIL –Argentina-.
ELEMENTA CONSULTORÍA.
WASHINGTON OFFICE ON LATIN AMERICA -WOLA-.
ANDEAN INFORMATION NETWORK. (Bolivia).
Darío A. Fajardo Montaña, Docente de Universidad Externado.
Parmenio Cuellar Bastidas, Ex Gobernador de Nariño y Ex Ministro de Justicia.
Martin Jelsma, Drugs & Democracy Programme - Transnational Institute (TNI) (Holanda)
Jonathan Fox, Director del Accountability Research Center, Washington D.C.
Kristina Lyons, Profesora de Feminist Science Studies, University of California, Santa Cruz.
Ricardo Vargas Meza, Investigador independiente asociado al TNI.
COLOMBIAN HUMAN RIGHTS COMMITTEE (Estados Unidos).
CENTRO DE ACCION PARA LA TRANSICION –CPAT-.
Jaime Zuluaga Nieto, profesor universitario.
Movimiento Juventud por el Guaviare.
Aura María Puyana, socióloga, Pasto Nariño.
Nelson linares, Presidente PDA Bogotá Distrito Capital.
AGUNAL, Asociación de Geólogos Egresados de la Universidad Nacional de Colombia.
Fabio Peña Gutiérrez, Docente universitario.
Mario Alfonso Murillo, Hofstra University, New York.
Asociación de Juntas Comunales de San José del Guaviare.
Estefanía Ciro, AlaOrilladelRío.
Luis Eduardo Celis. Investigador social.
Carlos E. Angel M. Consultor.
