Venezuela: un barril de pólvora

10 Julio 2017
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Mientras se acelera la profunda crisis económica, política y ética que vive la sociedad venezolana, la reciente convocatoria de una Asamblea Constituyente podría desembocar en un enfrentamiento civil.
Un manifestante se enfrenta a la Guardia Nacional de Venezuela durante una protesta en mayo de 2017.
Un manifestante se enfrenta a la Guardia Nacional de Venezuela durante una protesta en mayo de 2017. / Photo credit Efecto Eco @Wiki Media Commons

Con el fallecimiento de Hugo Chávez en marzo de 2013 y el subsiguiente colapso de los precios del petróleo, se acelera la profunda crisis económica, política y ética que hoy vive la sociedad venezolana. Se trata de la crisis terminal del modelo extractivista petrolero y el Estado rentista clientelar cuya vida se había extendido coyunturalmente gracias al liderazgo carismático de Chávez y a los elevados precios del petróleo en la primera década de este siglo. En esos años del proceso bolivariano no se dieron pasos hacia la transformación de la estructura productiva del país. Por el contrario, se profundizó el rentismo hasta llegar el petróleo a representar 96% del valor total de las exportaciones. Las políticas sociales que mejoraron sustancialmente las condiciones de vida de los sectores populares, y las diversas iniciativas de cooperación latinoamericana fueron posibles gracias al boom de los commodities. Con la baja de los precios, todo esto entra en crisis.

1. La economía

Para analizar el estado actual de la economía en Venezuela no se cuenta con cifras oficiales actualizadas. Al parecer el gobierno ha optado por no divulgar información estadística que permita constatar la profundidad de la crisis que vive el país 1 . Los cálculos que han sido divulgados por analistas económicos, centros académicos, gremios empresariales e instituciones internacionales presentan grandes rangos de variación.

La economía venezolana registró en 2016 su peor caída desde el paro-sabotaje petrolero/lockout empresarial de los años 2002-2003, con una contracción que ha sido estimada entre 10% 2 y 18,6% 3 , acumulándose así tres años consecutivos de reducción del PIB. Los precios del petróleo han tenido una cierta recuperación al pasar de un promedio de 35,15 dólares por barril durante el año 2016, a 42,46 por barril en abril del año 2017, 4 todavía muy lejos de los precios promedio que fluctuaron entre 101,04 y 88,42 dólares por barril entre los años 2011 y 2014. No solo han bajado los precios. De acuerdo a la OPEP, la producción petrolera se ha reducido a un millón 972 mil barriles diarios para marzo del 2017, 5 casi un millón de barriles menos que los que se extrajeron en marzo del año 2001. Esta baja ha sido atribuida a ineficiencia, corrupción, falta de inversiones y al hecho de que es mucho más costoso explotar los crudos pesados que hoy forman la mayor parte de la canasta petrolera venezolana. Diferentes fuentes, tanto nacionales como internacionales, calculan que la inflación del año 2016 fue entre 500% y 800%. Por tercer año consecutivo se ha producido un severo déficit fiscal. De acuerdo a algunas estimaciones, el gasto público tuvo en el año 2016 una reducción de alrededor de 30% respecto al nivel del año anterior. 6 Las reservas internacionales bajaron de 35.000 millones de dólares en el año 2009, a 10.264 millones de dólares en abril del 2017. 7 La formación de capital fijo viene descendiendo desde el año 2013, la misma tendencia se encuentra en el consumo privado. La deuda total consolidada del país, esto es, las deudas internas y externas pagadera en dólares, sean préstamos o bonos emitidos por la República, y la deuda de la empresa petrolera estatal, PDVSA, suma un total de 181.038 millones de dólares, lo que representa más de 80% del PIB, y es casi dieciocho veces mayor que las reservas internacionales. 8 Este endeudamiento externo, como en experiencias anteriores, ocurrió precisamente en años de bonanza en que los precios del petróleo fueron muy elevados.

Mientras que la paridad altamente subsidiada, con la cual se importa la mayor parte de los alimentos y medicamentos, es de 10 bolívares por dólar, la paridad del dólar paralelo, que tiene una significativa incidencia en la fijación de precios, fue de 4.283 bolívares por dólar el 30 de abril de 2017. 9

El deterioro generalizado de la actividad productiva y de las finanzas públicas ha producido impactos severos en las condiciones de vida de la población, especialmente en los ámbitos de la salud, la alimentación y la inseguridad. La drástica reducción de las divisas disponibles para las importaciones ha creado una escasez generalizada de medicamentos y dificulta enormemente el tratamiento de enfermedades crónicas como la hipertensión y la diabetes. Se registra una pérdida de peso y desnutrición, sobre todo en la población infantil. Son frecuentes muertes en hospitales que son consecuencia directa de la ausencia de los equipos o medicamentos requeridos.

La medida más importante que en el ámbito económico ha tomado el gobierno de Maduro en estos años, ha sido el decreto de creación del Arco Minero del Orinoco. Esto es, la apertura de 112 mil kilómetros cuadrados, un 12% del territorio nacional, a grandes corporaciones mineras transnacionales. Ante la crisis del modelo petrolero rentista, en lugar de promover un debate nacional sobre alternativas al extractivismo depredador que ha caracterizado a la economía venezolana durante un siglo, el gobierno ha optado por lanzar de lleno al país hacia un nuevo patrón extractivista- rentista, el minero. Este mega proyecto, de llevarse a cabo tal como está previsto por el gobierno, constituiría un paso más en la dirección del etnocidio de los pueblos indígenas habitantes en esa zona. Tendría devastadoras consecuencias socio-ambientales tanto en términos inmediatos como de largo plazo, afectando parte de la foresta amazónica, destruyendo extensas zonas de una extraordinaria diversidad biológica y afectaría las principales fuentes de agua y las represas hidroeléctricas que suministran 70% de la electricidad que se consume en el país.

2. Pérdida de la hegemonía y tendencias autoritarias

Cuando Nicolás Maduro llega a la presidencia, en abril de 2013, lo hace con un nivel de popularidad y de legitimidad mucho menor que el que había tenido Chávez hasta su fallecimiento. Gana las elecciones con una diferencia de solo 1,5% de votos sobre Henrique Capriles, el candidato del conjunto de la oposición. Carece del carisma y la capacidad de liderazgo de Chávez. Al interior del partido y el gobierno, las diferencias entre los distintos grupos y facciones que Chávez había logrado controlar, afloran. Esto tiene como consecuencia un gobierno más débil, preñado de tensiones, que obstaculiza la posibilidad de elaborar políticas consensuadas ante la creciente crisis económica.

Un quiebre histórico fundamental del proceso bolivariano ocurrió cuando, con la abrumadora derrota en las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre de 2015, la oposición alcanza una mayoría calificada de dos terceras partes en la Asamblea Nacional (AN). Esto cambia radicalmente la correlación de fuerzas al interior del Estado. Con dicha mayoría, la oposición en la AN puede nombrar a los o las integrantes del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), del Consejo Nacional Electoral (CNE) y aprobar leyes orgánicas sin negociar con los representantes del gobierno. Éste, en lugar de reconocer la severa derrota, e iniciar una profunda reflexión autocrítica sobre sus causas, atribuye la crisis y la victoria de la oposición a la guerra económica, y no ve la necesidad de realizar mayores cambios. Asuntos claves como la corrupción generalizada, la ineficiencia de la gestión pública y una paridad cambiaria insostenible, que crea profundas distorsiones en toda la economía, son nuevamente dejados a un lado. En lugar de darle prioridad a la preservación de la fuerza y el espíritu combativo del pueblo bolivariano, opta por permanecer en el control del Estado a como de lugar. A partir de este momento el gobierno parece reconocer que no podrá permanecer en el poder si ello depende del apoyo electoral de la mayoría de la población y del cumplimiento de la Constitución. Tanto la voluntad popular como la Constitución se convierten en obstáculos a ser superados. Se van tomando, en consecuencia, una serie de decisiones que avanzan en forma cada vez más sistemática y coherente en la dirección del establecimiento de un orden autoritario cada vez más militarizado.

En clara violación de las normas constitucionales y legales y de los procedimientos establecidos, a finales de diciembre de 2015, cuando le quedaban pocos días de vigencia a la mayoría oficialista en la (AN), se produce el nombramiento de los nuevos magistrados a las diferentes salas del TSJ. No solo son estos nuevos magistrados sin excepción, incondicionales del gobierno, sino que varios de ellos y ellas ni siquiera cumplían con los requisitos formales para ocupar el cargo.

El papel que jugaría este TSJ en las nuevas condiciones del país quedó al desnudo cuando, para impedir que la oposición pudiera hacer uso de su mayoría calificada en la AN, los nuevos magistrados se estrenan decidiendo, en atención a una acusación sin pruebas sobre la comisión de un delito electoral formulada por sectores oficialistas, desconocer los resultados de las elecciones en el Estado Amazonas, y a los diputados mayoritariamente indígenas electos que ya habían sido proclamados por el CNE. De esta forma, la oposición deja de tener una mayoría calificada.

En vista de que pasan meses sin que el asunto se resuelva, sin que se hagan las investigaciones para establecer la veracidad de las denuncias por las cuales el TSJ invalidó las elecciones, ni se realizaran nuevas elecciones para un estado que se había quedado sin representación parlamentaria, la AN decide incorporar a los parlamentarios cuestionados. El TSJ responde declarando a la AN en desacato. A partir de este momento sus atribuciones son asumidas por el Ejecutivo y el TSJ. Se da así un nuevo momento crítico de ruptura del orden constitucional, produciéndose la concentración de poderes que ha permitido al gobierno dar cada uno de los pasos subsiguientes en una dirección autoritaria. El TSJ realiza una ratificación parcial de las integrantes del CNE cuyos períodos de gestión estaban vencidos, a pesar de que se trata de una atribución constitucional de la AN. En octubre del año 2016 el CNE cancela la realización del Referéndum Revocatorio del Presidente establecido por la Constitución, cuando ya se habían cumplido los requisitos establecidos por la ley. Igualmente pospone indefinidamente las elecciones de gobernadores pautadas de acuerdo a la Constitución para diciembre de 2016.

En el mes de marzo, mediante las sentencias 155 y 156, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia ratifica el desconocimiento de la AN y, entre otras cosas, autoriza al Presidente de la República para avanzar en la apertura al capital transnacional, mediante empresas mixtas, sin la autorización de la AN. Esto viola tanto la Constitución como la Ley Orgánica de Hidrocarburos. El 31 de marzo, en ocasión de la presentación de su informe anual de gestión, la Dra. Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República, afirmó que con estas sentencias se realizaba "un desconocimiento del modelo de Estado consagrado en nuestra Constitución", y una "ruptura del hilo constitucional". Ante el rechazo generalizado a estas decisiones, el TSJ modificó algunos aspectos de estas sentencias, sin alterar su contenido fundamental. 10

Desde febrero del año 2016, el Presidente Maduro ha gobernado mediante un Estado de Excepción y Emergencia Económica en condiciones claramente violatorias de la Constitución. Con el estado de excepción, muchas garantías constitucionales pueden ser suspendidas, y se pueden tomar, por decreto presidencial, decisiones fundamentales para el futuro del país. El proyecto de presupuesto nacional no fue presentado este año ante la AN negando así a los representantes electos el derecho a conocer y discutir el manejo de los recursos públicos, agregando así una nueva capa de opacidad en el manejo de estos bienes.

Las reacciones del movimiento popular, aun de sus sectores más organizados, ante el profundo deterioro de las condiciones de vida que se dan como consecuencia del aumento de la inseguridad, de origen tanto hamponil como policial, la inflación, la escasez de alimentos y medicinas y el deterioro de los servicios públicos, no ha sido la que podría haberse esperado. Las organizaciones populares de base que en estos años han involucrado a millones de personas se han debilitado tanto por su dependencia en recursos públicos transferidos por alguna institución del Estado, que ya no les llegan en las mismas magnitudes, como por el desencanto creciente con el gobierno y la pérdida de ilusión con relación al futuro del país. Después de años de procesos de movilización y organización popular orientados por los valores de la cooperación y la solidaridad, en lo fundamental, la reacción ante la actual crisis se ha caracterizado más por la competencia y el individualismo. El llamado bachaqueo se ha convertido en un sector de peso significativo, pero difícil de precisar, en la economía venezolana. 11 Se está produciendo un desgarramiento del tejido organizativo de la sociedad y una creciente descomposición ética que tomará muchos años en recomponerse. En diversas ciudades del país se han producido saqueos a locales comerciales en los cuales se han combinado la protesta popular por el desabastecimiento con la acción armada del hampa.

3. La corrupción

Caracterizar adecuadamente el hecho y la significación de la corrupción al interior del proceso bolivariano es una tarea pendiente. Saber el tamaño del patrimonio público que fue desfalcado, conocer quiénes se articularon y cómo realizaron el fraude, determinar las consecuencias en el seno de la sociedad venezolana de esta conducta seguida desde los más altos niveles del gobierno es, sin duda, un asunto insoslayable, entre otras cosas porque Venezuela necesita recuperar en alguna medida ese inmenso capital para solventar su sobrevivencia inmediata.

Para este análisis solo nos es posible hacer referencia a los hechos que, por su significación política, marcaron y marcan de manera indeleble la gestión presidencial de Nicolás Maduro y gravitan como explicación subyacente de la deriva de su gobierno.

En agosto de 2013, Edmée Betancourt fue removida de su cargo como Presidenta del Banco Central de Venezuela (BCV) por denunciar que sólo en ese año fueron entregados por la Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) más de 22.000 millones de dólares a "empresas de maletín". Casi un año después, tras su separación del Ministerio de Planificación, Jorge Giordani, reconocido baluarte de los gobiernos del Presidente Chávez, sacude al país con su carta "Testimonio y responsabilidad ante la historia" en donde confirma y profundiza lo denunciado por Edmée Betancourt. 12 La conmoción que causa en la opinión pública el testimonio del ex ministro Giordani es repudiada, mas no desmentida, por el Presidente Maduro y otros altos cargos del PSUV, pero ese repudio que no tiene la fuerza para desmentir lo que se ha denunciado, tiene una tremenda capacidad para confirmarlo. La constatación de un poderoso y muy activo sector corrupto en el seno del gobierno se va consolidando hasta el punto de que el hoy Ministro de Educación y Presidente de la Comisión Presidencial para la Asamblea Nacional Constituyente, Elías Jaua, publicó el 16 de octubre de 2016 en Aporrea que: "La corrupción corporativizada amenaza la vida de la revolución.."

El problema es determinar en qué medida la protección de los intereses de esa "corrupción corporativizada" está guiando la acción política del gobierno de Maduro.

4. La escalada de violencia

En los años del gobierno bolivariano la oposición ha sido heterogénea, incluyendo desde sectores golpistas de extrema derecha, que han contado con apoyo externo, hasta sectores moderados que han buscado alternativas constitucionales al gobierno chavista. En la actualidad esas diferencias subsisten a pesar de la apariencia de unidad que han dado en los últimos meses las masivas movilizaciones de calle en todo el país. A la severa recesión económica se agrega la semi parálisis del país y su actividad productiva como consecuencia de las diarias confrontaciones, cierres de calles y carreteras, la suspensión intermitente y reiterada del transporte público y una masiva represión por parte de los cuerpos de seguridad. Muchos jóvenes detenidos en las protestas son acusados de terroristas y pasados directamente a tribunales militares. El país enfrenta situaciones crecientemente riesgosas. De acuerdo a la Fiscal General de la República, solo en el mes de abril, en las movilizaciones de calle se produjeron 26 muertos, 427 lesionados y 1289 detenidos. 13 En los primeros días del mes de mayo esta situación continúa. La violencia va adquiriendo una dinámica propia. Hay una amplia disponibilidad de armas entre todos los sectores de la población. Maduro ha anunciado que entregará 100.000 fusiles a las milicias. En ambos lados de la confrontación operan grupos paramilitares. La sociedad venezolana se encuentra ante el grave peligro de que la violencia armada y el terrorismo se instalen como modalidades de procesar las diferencias. El peligro no consiste solo en que se desborde una violencia a unos niveles no deseados por las partes, sino que en ambos bandos de la actual confrontación, hay sectores que apuestan a que la salida a la crisis sea por la vía violenta, independientemente de los muertos que ello implique.

Algunos altos funcionarios tienen claro que si se ven obligados a dejar el gobierno no solo perderían sus actuales prebendas, sino que difícilmente podrían encontrar un lugar en el mundo donde disfrutar de sus fortunas mal habidas.

Para algunos sectores de la oposición, la salida que se busca es una salida que sirva de escarmiento, que liquide de una vez por todas las aspiraciones y rebeldías subalternas de estos años, para que la sociedad regrese a sus cauces “normales”. Para ello han contado en todo momento con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Los intentos imperiales para socavar o derrocar al gobierno bolivariano han tomado muchas formas en estos años, tales como el apoyo político y financiero a los sectores más radicales de la oposición, el respaldo al golpe de Estado de abril del año 2002 y los intentos por aislar al país internacionalmente. Más recientemente, Barak Obama, justo antes de dejar la presidencia renovó una Orden Ejecutiva mediante la cual declaraba que Venezuela constituía una “inusual y extraordinaria amenaza a la seguridad nacional y la política exterior de los Estados Unidos” 14 En un informe presentado ante el Comité de las Fuerzas Armadas del Senado de los Estados Unidos en abril de este año, Kurt W. Tidd, el Jefe del Comando Sur, afirmó que “Venezuela se enfrenta a una significativa inestabilidad en este próximo año debido a la generalizada escasez de comida y alimentos, la incertidumbre política y el deterioro de la situación económica. La creciente crisis humanitaria en Venezuela podría eventualmente obligar a una respuesta regional.” 15 Conociendo la historia, ¿en qué podría consistir una respuesta regional” encabezada por el gobierno de Trump?

Mientras hay portavoces de ambos lados que hacen reiterados llamados al diálogo, esta posibilidad es permanentemente saboteada por sectores radicalizados tanto del gobierno como de la oposición.

5. La convocatoria a una Asamblea Constituyente

El primero de mayo el Presidente Maduro anunció la convocatoria a una Asamblea Constituyente:

Convoco a una Constituyente ciudadana, no una Constituyente de partidos ni élites, una Constituyente obrera, comunal, campesina, una Constituyente feminista, de la juventud, de los estudiantes, una Constituyente indígena. Pero sobre todo, hermanos, una Constituyente profundamente comunal. Convoco a los comuneros, a las misiones.

En este mismo discurso declara el fin de la Constitución del año 1999, al ponerla en la categoría de antecedente histórico, como una constitución “pionera”. Inmediatamente se genera una gran polémica, tanto en el país como fuera de éste. En un clima político tan extremadamente polarizado, este debate está lleno de distorsiones y medias verdades. Sectores de la oposición venezolana han denunciado esta convocatoria como un mecanismo para evitar las elecciones (estadales, municipales y presidenciales) pautadas por la Constitución vigente, y lo han calificado como un golpe de Estado.

Es necesario reconocer que, en la Constitución, las condiciones para la convocatoria a una Asamblea Constituyente no son totalmente explícitas. De acuerdo al Artículo 348: “La iniciativa de convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el Presidente o Presidenta de la República en Consejo de Ministros; la Asamblea Nacional, mediante acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes; los Concejos Municipales en cabildo, mediante el voto de las dos terceras partes de los mismos; o el quince por ciento de los electores inscritos y electoras inscritas en el Registro Civil y Electoral.” Hay sin embargo, una diferencia entre “convocar”, que la Constitución claramente atribuye al “pueblo de Venezuela [...] depositario del poder constituyente originario”, y “tomar la iniciativa de convocatoria”. De acuerdo a esto, si bien el Presidente puede tomar la iniciativa de la convocatoria, la convocatoria como tal, la tendría que realizar el pueblo mediante un referéndum consultivo.

¿Qué busca el gobierno con esta convocatoria? Es evidente que las principales dificultades que hoy enfrenta el país (escasez, desnutrición, inflación, inseguridad, recesión, déficit fiscal, deuda externa que no se puede pagar, etc. etc.), no son problemas normativos que puedan resolverse con un nuevo orden jurídico. Los problemas que se enfrentan en relación a la Constitución del año 1999 están en sus sistemáticas violaciones, no en su contenido. ¿Se buscará darle piso constitucional al Arco Minero del Orinoco y a los acuerdos anticonstitucionales que se han venido firmando con transnacionales petroleras y mineras y otorgarle a los capitales globales la seguridad jurídica que están exigiendo para llevar a delante sus proyectos de inversión?

Desde el punto de vista de un horizonte post-capitalista, hay un asunto clave que es indispensable resaltar. ¿Cómo sería la votación para esta asamblea? ¿Quiénes y cómo podrían participar? Para el momento de escribir este texto, no hay respuestas claras ya que los portavoces del gobierno han dado versiones muy contradictorias. De acuerdo a Maduro, la mitad de la Asamblea Constituyente de quinientas personas, serían representantes de Comunas, sindicatos, estudiantes, mujeres, etc., lo que sugiere una constituyente corporativa con elecciones de segundo grado o con ponderaciones diferenciadas para diversos sectores de la sociedad, lo que violaría abiertamente la Constitución vigente. De acuerdo a otros portavoces de la Comisión Presidencial creada para impulsar este proceso, se trataría de una elección universal, directa y secreta. Ambas opciones son altamente riesgosas para el futuro del país y representan una clara ruptura con los objetivos originales del proceso bolivariano. Si se trata de unas elecciones universales directas y secretas, que permitan expresar la actual correlación de fuerzas políticas existentes en el país, esto conduciría a una victoria aplastante de las fuerzas de la oposición y, con ello, el abandono de todos los principales avances logrados con la Constitución del año 1999. Se darían en un contexto de un movimiento popular debilitado, de una creciente desconfianza y rechazo mayoritario de la población al Estado, no a nombre de la autonomía, sino de la primacía del mercado. Esa constituyente reflejaría el sentido común instalado hoy en la sociedad de acuerdo al cual lo público es, necesariamente, ineficiente y corrupto. Estaría prácticamente garantizado que el resultado de esa eventual Asamblea Constituyente sería de orientación claramente neoliberal.

Si, por el contrario, estas elecciones se dan mediante un diseño electoral manipulado, una ingeniería electoral que, a nombre de la participación del pueblo organizado, garantice una amplia mayoría oficialista, a pesar del rechazo mayoritario actual al gobierno, rechazo que según diversas encuestas gira en torno a 75% de la población, se trataría de un proceso no solo anticonstitucional, sino profundamente ilegítimo, que lejos de contribuir a pacificar al país, profundizaría la división, la confrontación y la violencia. Podría incluso conducir al inicio de una guerra civil.

Notas

1. Se trata principalmente de estadísticas que deberían ser divulgadas por el Instituto Nacional de Estadísticas, Banco Central de Venezuela y el Ministerio de Finanzas. Algunas estadísticas básicas tienen dos años sin darse a conocer.
2. Banco Mundial. Venezuela Panorama general, Washington, 6 de octubre 2016.
3. “Inflación de 2016 habría cerrado en casi 800%”, Informe 21.com, Caracas, 21 de enero 2017.
4. Ministerio del Poder Popular de Petróleo, Precios del Petróleo, Caracas 30 de abril, 2017.
5. OPEC, Monthly Oil Market Report, 12 de abril, 2017, p. 55. 
6. "En 30,8% cayó el gasto público del gobierno el año pasado", El Universal, Caracas, 24 de enero 2017
7. Oly Angélica Millán Campos, “La situación actual de la deuda”, Asamblea Regional Anual del Comite por la Abolición de las Deudas Ilegitimas”, CADTM AYNA, Bogotá, abril 2017.
8. Idem.
9. Dólar Today, 30 de abril, 2017.
10. Plataforma por la Defensa de la Constitución Bolivariana, “El hilo constitucional sigue roto. Por el restablecimiento de la Constitución”, Aporrea, Caracas 14 de abril 2017. 
11. Se trata fundamentalmente de la compra de bienes básicos subsidiados para su reventa a precios especulativos y el contrabando de extracción.
12. https://www.aporrea.org/ideologia/a190011.html
13. ¿Qué declaró la Fiscal General sobre los muertos, heridos y detenidos en las protestas? #MonitorProDaVinci - www.aporrea.org, 26 de abril, 2017.
14. The White House, Office of the Press Secretary, Notice, Continuation of the National Emergency Respect to Venezuela, Washington, January 13, 2017.
15. Posture Statement of Admiral Kurt W. Tidd Commander, United States Southern Command before the 114th Congress Senate Armed Services Committee March 10, 2016. 

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