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Hace dos décadas entró en vigor un opaco acuerdo internacional: el Tratado sobre la Carta de la Energía (TCE). El Tratado, que nunca se ha sometido a un debate público significativo, funciona como el anillo único de la trilogía de El señor de los anillos —“Un anillo para gobernarlos a todos”— , ya que otorga a las grandes empresas un enorme poder sobre nuestros sistemas energéticos, como la facultad de demandar a los Gobiernos, lo cual podría entorpecer la transición hacia las energías renovables. El TCE se encuentra en proceso de ampliación, lo cual amenaza con que aún más países se vean maniatados por unas políticas energéticas que favorecen a las grandes empresas.
Actualmente, el TCE es aplicable a casi 50 países, que se extienden desde Europa Occidental a Asia Central y hasta Japón. Entre las numerosas disposiciones del Tratado, las relativas a la protección de las inversiones extranjeras en el sector de la energía —también conocidas por la infame sigla ISDS, el equivalente en inglés al término ‘solución de controversias entre inversores y Estados’— representan uno de sus pilares.
Las disposiciones del TCE en materia de ISDS garantizan a los inversores extranjeros en el sector energético amplios derechos para demandar directamente a los Estados ante tribunales internacionales compuestos por tres abogados privados, los árbitros. A las empresas se les pueden conceder sumas astronómicas en concepto de indemnización por aquellas medidas adoptadas por un Gobierno que, supuestamente, hayan perjudicado a sus inversiones, ya sea de forma directa, a través de la ‘expropiación’, o indirecta, a través de reglamentaciones de prácticamente cualquier tipo.
Por ejemplo, el gigante de la energía Vattenfall demandó a Alemania por haber introducido restricciones ambientales en una planta de carbón y por haber decretado el abandono gradual de la energía nuclear. La compañía de petróleo y gas Rockhopper tiene en curso una demanda contra Italia porque el país prohibió la perforación de petróleo en alta mar. Varias compañías de servicios han demandado a Bulgaria, el Estado miembro más pobre de la UE, después de que el Gobierno redujera el creciente coste de la electricidad para los consumidores.
A pesar de ello, el TCE y quienes se están beneficiando con él han escapado en gran medida del escrutinio público. Mientras que la última década ha sido testigo de una gran oleada de oposición al ISDS en otros acuerdos internacionales de comercio e inversión, el TCE ha logrado mantenerse sorprendentemente al margen de esta marea de indignación pública. Muchas de las demandas presentadas por inversores en virtud del Tratado se mantienen en secreto. En el caso de otras, la información a la que se puede acceder es escasa.
Y en los países que se hallan en proceso de adhesión al TCE, casi nadie parece haber oído hablar del acuerdo, y mucho menos haber estudiado en profundidad los riesgos políticos, jurídicos y financieros que entraña. Este informe arroja luz sobre “el anillo único” del TCE, que ejercerá una gran influencia en la batalla sobre nuestros futuros sistemas energéticos, así como sobre las grandes empresas y los abogados a los que concede enormes poderes.