Una indispensable y concisa guía para entender mejor el fenómeno global del acaparamiento de tierras. ¿Con qué argumentos se justifica? ¿Qué factores lo están impulsando? ¿Y qué alternativas tienen las personas y comunidades para recuperar el control de sus tierras y territorios?
Publicado en español en colaboración con FUHEM-Ecosocial
El término “acaparamiento de tierras” reapareció en la escena internacional en el contexto del alza global del precio de los alimentos en 2007-2008. En un principio, estaba centrado en nuevos actores candidatos a la compra de vastas extensiones de tierra en países en desarrollo. Hoy, sin embargo, unos años después, resulta evidente que este marco sobre el acaparamiento de tierras ha oscurecido la cuestión más de lo que ha contribuido a esclarecerla. Es importante delimitar lo que el acaparamiento de tierras supone realmente si queremos entender lo que de verdad está ocurriendo.
¿Qué es el acaparamiento de tierras?
El término "acaparamiento de tierras" reapareció en la escena internacional en el contexto del alza global del precio de los alimentos en 2007-2008. En un principio, los medios de comunicación se centraron en los nuevos actores, como Arabia Saudí y Corea del Sur, candidatos a la compra de vastas extensiones de tierra en países en desarrollo –entre otros, Madagascar y Etiopía− con el fin de cultivar alimentos destinados a sus poblaciones, en un clima de temor ante una posible escasez. Importantes think-tanks de desarrollo internacionales ayudaron a reforzar este marco de análisis.1
Hoy, sin embargo, unos años después, resulta evidente que este marco sobre el acaparamiento de tierras ha oscurecido la cuestión más de lo que ha contribuido a esclarecerla. Es importante delimitar lo que el acaparamiento de tierras supone realmente si queremos entender lo que de verdad está ocurriendo.
Una forma mejor para adentrarse en este fenómeno es utilizar el enfoque de la economía política. Desde esta perspectiva, el acaparamiento de tierras es esencialmente la acumulación de control. Se refiere al acopio de poder para controlar la tierra y otros recursos asociados, como el agua, los minerales o los bosques con el fin de dominar los beneficios de su utilización; esto es, “para fijar o consolidar formas de acceso a la riqueza vinculada a la tierra”.2 Puede incluirse el “acaparamiento de tierras virtuales”, caso en el que “detrás de una fachada de compra de tierras para un propósito declarado, existe una agenda para apropiarse de subsidios, obtener préstamos bancarios utilizando permisos de tierras como aval o especular sobre incrementos futuros del valor de las tierras”.3 Ya sea virtual o real, el acaparamiento de tierras es inherentemente político, ya que lo que está en juego es el poder para decidir cómo y con qué propósito puede utilizarse la tierra y el agua ahora y en el futuro. Desde esta perspectiva, incluso los acaparamientos de tierras que se hacen de forma más transparente son todavía, a fin de cuentas, acaparamiento de tierras.
Es conveniente contemplar este fenómeno en el contexto del poder del capital nacional y transnacional y su deseo de obtener beneficios, que suele ignorar los medios, usos y sistemas de gestión de la tierra que existen y están enraizados en las comunidades locales. El acaparamiento de tierras es, por tanto, epítome del cambio que se está produciendo de forma creciente sobre el significado y uso de la tierra y los recursos asociados (como el agua) por parte de la agricultura familiar −de pequeña escala e intensiva en mano de obra y que produce para el consumo de la unidad doméstica y los mercados locales−, hacia usos a gran escala, intensivos en capital y depredadores de recursos, tales como las industrias de monocultivos, la extracción de recursos naturales y las grandes infraestructuras de generación de electricidad, integradas en infraestructuras que se están expandiendo y que vinculan las fronteras de las zonas de extracción a las áreas metropolitanas y los mercados exteriores.4
La ironía es que el hecho de centrarse demasiado en la tierra conlleva el riesgo de pasar por alto el elemento clave del acaparamiento global de tierras: la lógica y operativa subyacente del capital y los requisitos biofísicos de la acumulación de capital.
¿Qué mitos ideológicos sostienen las inversiones de tierra a gran escala?
El primer mito que respalda el acaparamiento de tierras es que hay tierra excedente disponible que, con inversión, puede generar ingresos y puestos de trabajo para los países en desarrollo. Las áreas señaladas para este tipo de inversiones a gran escala en todo el mundo se presentan como tierras “vacías”, “marginales”, “ociosas” o “degradadas”, prácticamente despobladas, en desuso, improductivas y, en definitiva, que es poco probable que sirvan para la producción local de alimentos. El Banco Mundial ha sido clave en el mantenimiento de este mito y ha declarado la existencia de una vasta “reserva” de tierra potencialmente “disponible”: del orden de entre 445 millones y 1.700 millones de hectáreas en todo el mundo. Ello, por supuesto, envía una señal muy positiva a potenciales inversores en el sentido de que los recursos mundiales están disponibles para ser apropiados. Sin embargo, la realidad es que la tierra no está vacía, ociosa o en desuso; y muchos inversores persiguen las mejores tierras, no aquellas marginales o degradadas.
El segundo mito es que la agricultura necesita inversión, especialmente inversión extranjera. Juergen Voegele, director del Departamento de Agricultura y Desarrollo Rural del Banco Mundial, es uno de los defensores de esta idea y señala: “Cuando se hace bien, la agricultura a gran escala puede proporcionar oportunidades a los países pobres que tienen grandes sectores agrícolas y amplias extensiones de terreno. Para aprovechar estas oportunidades al máximo, sin embargo, los países tienen que garantizar los derechos de propiedad y mejorar la gestión de la tierra. También es necesario adoptar un enfoque abierto y proactivo para tratar con los inversores a fin de asegurar que la inversión contribuye a objetivos de desarrollo más amplios”.5
Esta afirmación se basa en el supuesto de que la actual crisis que asola el entorno rural con una pobreza crónica persistente y hambre generalizada es en su raíz una crisis de falta de inversión. Por tanto, el creciente interés actual de los grandes inversores en la tierra se presenta como una oportunidad que no se debe dejar escapar. Más aún, los defensores de esta posición han afirmado que hará falta hacer una inversión a gran escala controlada por las empresas con el fin de obtener mayores capacidades competitivas al nivel internacional en las cadenas de valor crecientemente integradas de la producción agrícola global.6
La realidad del suministro mundial de alimentos y la inversión agrícola, sin embargo, indica que el grueso de la inversión en agricultura la realizan los propios agricultores, siendo los pequeños productores quienes cosechan la mayor parte de los alimentos consumidos localmente en muchas regiones en desarrollo.7 En Zimbabwe, por ejemplo, los pequeños agricultores están utilizando sus propios ahorros para invertir en construcciones, equipamiento, ganado y transporte para sus granjas. En América Latina, el movimiento agroecológico comparte los beneficios de una agricultura que requiere pocos insumos externos a través de un proceso de intercambio de conocimiento e innovación de agricultor a agricultor. En la UE y EEUU, las estrategias de relocalización de alimentos conectan a productores, distribuidores y consumidores en el intercambio de alimentos locales saludables y nutritivos, fuera del alcance de las cadenas de supermercados internacionales. Estos son solo algunos ejemplos de inversiones positivas alternativas al modelo agrícola a gran escala e intensivo en capital controlado por las corporaciones, que se presenta como la única solución a la pobreza rural y al hambre en el mundo.
El tercer mito, muy poderoso, es que los grandes acuerdos sobre tierra son necesarios para lidiar con la escasez, primero de alimentos y, en segundo término, de petróleo; se aprovecha de las preocupaciones sobre protección ambiental en el contexto del cambio climático y los debates sobre su mitigación. Los defensores de esta idea subrayan la necesidad de desarrollar alternativas a las energías no fósiles, fuentes de energía renovables que puedan superar el problema del “pico del petróleo” para lograr mayor seguridad energética, mientras que simultáneamente se sigue combatiendo el cambio climático con combustibles “más verdes”.
Sin embargo, ambos argumentos sobre la escasez simplifican realidades complejas. Reducen convenientemente el problema a un mero suministro con el fin de hacer más aceptable la “solución” de aumentar la producción a través de la inversión en métodos insostenibles.
Los argumentos sobre la “escasez de alimentos” a favor de acaparamientos masivos de tierra hacen aguas al examinarlos con detenimiento. No aciertan a reconocer que actualmente ya hay en el sistema comida más que suficiente para alimentar a todos los habitantes del planeta; lo que socava la seguridad alimentaria son sus altos costes, la pérdida de cosechas, el despilfarro alimentario y la utilización de la tierra para cosechas industriales no alimentarias, como agrocombustibles, fibras, flores y árboles (por ejemplo, las plantaciones industriales de árboles para pulpa, madera, serrín y caucho).
Los argumentos sobre la “escasez de combustibles” fallan de forma similar en dos aspectos. Primero, no reconocen las serias ineficiencias del actual suministro de combustibles fósiles finitos en el mundo, tales como el gigantesco y creciente sector de transporte comercial mundial, que mueve los productos industriales alimentarios y no alimentarios a lo largo de enormes distancias por todo el planeta. Segundo, ignoran el hecho de que la agricultura y la ganadería industrial figuran entre los principales emisores de gases de efecto invernadero (dióxido de carbono, óxido nitroso y metano).
El cuarto mito consiste en que los derechos de propiedad son la mejor solución para una mayor seguridad en la tenencia de tierra, idea que ha sostenido el argumento de que los acuerdos sobre la tierra pueden ser beneficiosos en tanto estén basados en derechos de propiedad seguros. Se asienta en un supuesto sencillo: la gente está desposeída porque no tienen derechos formales de propiedad sobre la tierra; y así, la respuesta política debe consistir en ofrecer a esas personas seguridad en la tenencia de tierra. Sin embargo, en este punto también es necesaria una perspectiva histórica crítica en relación con los asuntos de tierras y los marcos de sus políticas. En la literatura sobre esta cuestión, “seguridad” significa proporcionar, promover y/o proteger los derechos de propiedad de propietarios exclusivos y/o usufructuarios de la tierra; por lo general, equivale a derechos individuales y privados; y la conversión de la tierra en mercancía y su transformación en algo que se puede comprar y vender.
Los títulos son la principal expresión de esta llamada “seguridad”. Tales interpretaciones refuerzan la visión conservadora de la tierra como un “producto” que solo tiene un valor de uso económico, lo que socava muchos otros valores asociados a la tierra para las comunidades de todo el mundo. Pero un problema aún más profundo con la noción de “seguridad” es que puede significar cualquier cosa, tanto legítima como no, y tanto completamente a favor de los pobres como lo contrario. La seguridad en la propiedad de la tierra puede significar la seguridad de la propiedad de grandes propietarios que viven en la capital y que tienen arrendatarios o trabajadores agrícolas para hacer productiva su tierra. También puede significar la seguridad de los bancos que están vendiendo capital por un beneficio y necesitan un aval en caso de impagos. En el contexto actual del acaparamiento global de tierras, la “seguridad” se refiere probablemente a la seguridad del capital transnacional invertido en tierra.
¿Cómo se produce el acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras actualmente registra variaciones en los distintos contextos agroecológicos y regímenes de propiedad y derechos. Afecta a ámbitos tan diversos como corredores periurbanos, planicies aluviales productivas, zonas boscosas de montaña y enclaves rurales remotos. Se está desplegando en diversos regímenes de derechos de tierras, tanto privadas como públicas y comunitarias, y en contextos de reforma agraria, sin importar si la ley reconoce o no derechos o acuerdos anteriores. Se están desarrollando verdaderos procesos de reasignación de tierras bajo condiciones político-legales diversas, algunas ilegales, otras “perfectamente legales” y otras entre medias. En muchas instancias se están sobrepasando los marcos formales-legales preexistentes, alterados o redefinidos y reinterpretados para acomodar el acaparamiento de tierras de un modo que dé la apariencia de legalidad. Algunos de los casos más destacados conllevan acoso, intimidación y violencia contra personas, aunque otros no. Finalmente, merece la pena destacar que muchos de los acuerdos recientes de inversión en tierras se han mantenido durmientes y, por ello, se relacionan más con la especulación del valor de la tierra que con iniciativas productivas.8
Las compras que se realizan allí donde se rebasan las leyes existentes son claramente acaparamientos de tierra. Pero entonces, ¿qué ocurre cuando los acuerdos no infringen las reglas y leyes vigentes? Ese es el caso en muchos países africanos, donde, como señala Liz Alden Wily, investigadora independiente, “la actual carrera por la tierra demuestra ampliamente el uso de medios perfectamente legales de desposesión o reasignación de tierras que implica una pérdida significativa de acceso para los pobres del entorno rural y no su desplazamiento físico en la práctica”.9 Los acaparamientos de tierra “perfectamente legales” en el sentido más estricto son también visibles en otros lugares.
¿Cuál es la historia del acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras no es nuevo; forma parte de la historia humana desde hace siglos en el Norte, Sur, Este y Oeste, y engloba múltiples episodios e innumerables ejemplos que incluyen los despojos de tierras precoloniales asociados con guerras territoriales, los cercamientos europeos en el Norte y la desposesión de los pueblos nativos de Norteamérica y Australasia. “En muchas regiones del Sur global, la tierra fue primero arrebatada por gobernantes precoloniales en guerras territoriales crónicas; después por los gobiernos coloniales y crecientemente por corporaciones extranjeras o nacionales”.10 Pero explorar la historia del acaparamiento de tierras revela mucho más que el simple hecho de indicarnos que el fenómeno no es nuevo.
Los acaparamientos de tierra pasados han sido importantes para determinar los procesos políticos y los precedentes que se establecieron y que todavía están moldeando cómo y dónde tiene lugar este fenómeno actualmente. Es en la historia a muy largo plazo del acaparamiento de tierras donde se pueden encontrar, según Liz Alden Wily, la base de “las manipulaciones legales que siguen haciendo posible los despojos [de tierras]”.11 Muchas de las ideas centrales que están justificando y facilitando el acaparamiento de tierra actualmente fueron establecidas en episodios de despojos del pasado. Por ejemplo, por citar alguna, ideas tales como: (i) la eficacia del robo de tierras y su conservación como “propiedad” exclusiva a través de medios legales; (ii) la utilidad de justificar qué tierras “pueden” ser capturadas utilizando el recurso discursivo de una tierra “vacante” o “vacía”, y (iii) el valor de establecer una apabullante legitimidad para arrebatar la tierra a alguien alegando razones de “propósito público” o “interés público”.
Entretanto, un pasado más reciente, no de acaparamiento de tierras sino de programas de ajuste estructural, con privatización de servicios públicos −incluidos los servicios de apoyo a familias campesinas−, desregulación de la inversión y liberalización del comercio, es lo que apuntala y ayuda a hacer posible el ciclo de acaparamiento de tierras que contemplamos actualmente.
¿Qué hay de nuevo en la actual oleada de acaparamiento de tierras?
Existe un consenso general sobre una serie de factores que distinguen la oleada de acaparamiento de tierras más reciente respecto a las del pasado. Primero, el fenómeno se desarrolla a un ritmo relativamente rápido, incentivado por las dinámicas de cambio en el sistema alimentario global, las respuestas de seguridad energética al “pico del petróleo”, la protección ambiental en el contexto del cambio climático y el flujo internacional de capital financiero que busca inversiones seguras, después del colapso de los mercados hipotecarios en el Norte.
Segundo, se consolida la tendencia hacia compras de tierra a gran escala. Casos de este tipo incluyen 30.000 hectáreas adquiridas en Nigeria por la empresa estadounidense Dominion Farms en 2011 para producir arroz; 60.000 hectáreas adquiridas en Camboya por el político y hombre de negocios local Ly Yong Phat en 2006 para producir caña de azúcar; y 900.000 hectáreas compradas en Argentina por la compañía italiana Benetton en 2002 para madera, cereales y plantaciones industriales de árboles de rápido crecimiento.
Tercero, se tiende también a arrendamientos, compras u otros acuerdos económicos de largo plazo (agricultura por contrato y contratos con supermercados, por ejemplo). Las transacciones de tierra usuales suelen abarcar periodos de 30 a 50 o incluso 99 años por contrato, a menudo con opción a renovación.
Cuarto, el fenómeno ha adquirido alcance global y llega más lejos de lo que inicialmente se informa, tanto dentro como fuera del Sur global. Mientras que África es verdaderamente una zona caliente, las investigaciones muestran que está ocurriendo prácticamente en todas partes: en América del Sur y Centroamérica, en todo el sur y sudeste de Asia y en muchos lugares del Norte, particularmente en la antigua Eurasia soviética.
Esta combinación de factores lleva a los grupos sociales y a las redes transnacionales a alertar al mundo del acaparamiento global de tierras que se está produciendo y sus considerables impactos negativos sobre comunidades y ecosistemas frágiles.12 Cuando las protestas contra el gobierno estallaron en Madagascar por acceder este, a puerta cerrada, a arrendar 3,2 millones de hectáreas de tierra a Daewoo Logistics durante 99 años, el asunto captó la atención de los medios de comunicación y el acaparamiento de tierras saltó de pronto a las pantallas de televisión.
¿Qué escala alcanza el acaparamiento de tierras?
Los grandes acuerdos sobre tierras han alcanzado los 20 millones de hectáreas entre 2005 y 2009, según el Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI, 2009); 45 millones de hectáreas desde 2007-2008 de acuerdo con el Banco Mundial (2010); y 227 millones de hectáreas desde el año 2000, según Oxfam (2011).
En último término, es prácticamente imposible saber cuánta tierra se está arrebatando. De muchos acuerdos simplemente no se informa; tienen lugar en secreto y los medios no los cubren. Pero aunque sí se informara de cada acuerdo, todavía sería imposible, por una serie de motivos, determinar las cifras.
En primer lugar, los proyectos que se comunican relativos a compra de tierras a gran escala pueden encontrarse en diferentes niveles de desarrollo en cuanto a su planificación y puesta en marcha: algunos están en sus inicios; otros, más avanzados. En segundo lugar, la financiación que hay detrás de los proyectos es fluida y puede cambiar abruptamente, como ocurrió en Procana, proyecto para una plantación de caña de azúcar en Madagascar, para el cual se destinaron un total de 30.000 hectáreas en 2007.
Sin embargo, el proyecto acabó de forma abrupta en 2009, después de que algunos inversores clave dieran marcha atrás, pero no antes de que miles de campesinos fueran expulsados, se desbrozara casi un millar de hectáreas y se plantara caña de azúcar. Dos años después, sin embargo, parece que el proyecto ha vuelto a relanzarse (al menos en teoría) con un nuevo grupo de inversores, esta vez de Sudáfrica.13 En tercer lugar, se da el problema de la baja fiabilidad y la corrupción en la recogida de datos medibles sobre la tierra y el uso de la tierra, un problema arraigado anterior a la actual oleada de acaparamiento de tierras y que se relaciona tanto con factores técnicos como políticos. Al final, medir el acaparamiento de tierras es como tratar de amarrar una ola a la orilla..
¿Cómo se vincula el acaparamiento de tierras al acaparamiento de agua?
La dinámica actual del capital global en torno a cuestiones de energía, alimentos y medio ambiente ha contribuido a situar también el agua como activo comercial.14 El agua es un factor clave en el acaparamiento de tierras, y determina qué tierras son apetecibles y cuáles no. Pero el agua está extremadamente ligada al tiempo y al lugar; dependiendo del patrón temporal, puede llegar a resultar muy escasa, incluso aunque durante otros periodos del año sea abundante. Los acuerdos de gestión local del agua a menudo son el resultado de pactos complejos construidos socialmente entre diversos usuarios que están en armonía con las condiciones ecológicas e hidrológicas. La tierra destinada a la producción de monocultivos −grandes consumidores de recursos hídricos− para alimentos, pienso y agrocombustibles requiere un suministro seguro y estable de elevadas cantidades de agua de forma sostenida en el tiempo y a menudo utilizando sistemas de irrigación a gran escala. El desvío, agotamiento o contaminación de las fuentes locales de agua que se producen con frecuencia puede socavar los acuerdos preexistentes y crear una amenaza directa a un amplio abanico de fuentes locales de subsistencia.
El acaparamiento de tierra y el de agua están profundamente imbricados. No es probable que los inversores de proyectos agrícolas a gran escala se hagan con las tierras necesarias para sus cosechas sin asegurarse de que el suministro del caudal de agua que hará falta para garantizar la alta productividad de las cosechas es estable y seguro. Algunos estudios han mostrado cómo este factor relativo al agua es a menudo parte del acuerdo de arrendamiento o el de compra entre inversores y gobiernos.15
El acaparamiento de agua también aparece en los casos en que el agua es el principal objetivo, como en los proyectos hidrológicos de producción de energía o en relación con las empresas mineras. Ejemplos infames –como la presa Narmanda en la India, la de Belo Horizonte en Brasil, las presas del río Mekong (que también suscita controversias en torno a cuestiones transfronterizas de aguas)− han supuesto, por lo general, la expulsión masiva de personas y la inundación de tierras de cultivo y pastos, monte y bosques. De forma similar, el caso de la minería como ejemplo de acaparamiento de agua debido a la contaminación de los arroyos y ríos con residuos mineros también ilustra cómo esta actividad extractiva afecta a la economía política local y puede incluso destruirla totalmente.16
¿Qué es el “acaparamiento verde”?
El periodista de The Guardian John Vidal fue el primero en utilizar el término “acaparamiento verde”, que se ha descrito como “la apropiación de tierra y recursos para fines ambientales”, tales como las reservas naturales, el secuestro de carbono y los programas de intercambio.17 Incluye proyectos que proveen de un certificado de “sabana protegida” a cambio de una donación a una ONG medioambiental, o, por ejemplo, programas que prometen compensar las emisiones de carbono mediante la plantación de cultivos para producir biocarbón (biochar) en “tierras marginales infrautilizadas” de África. La idea de que necesitamos “vender la naturaleza para salvarla” ha ido tomando cuerpo e impulso desde la conferencia de la ONU de Río+20, en junio de 2012, cuando el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente promovió mecanismos de fijación de precios de los bienes naturales como parte de su visión de “economía verde”. Se está acelerando la mercantilización de la naturaleza y su apropiación por un amplio grupo de jugadores para una variedad de usos –actuales, futuros y especulativos− en nombre de la “sostenibilidad”, la “conservación” o los valores “verdes”.
La experiencia del prototipo de proyectos REDD (reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal), asentados en la idea de compensar emisiones del Norte industrial protegiendo bosques del Sur, ha creado preocupación por sus impactos sociales y ecológicos. Investigaciones de académicos y activistas revelan en qué medida los actuales proyectos de secuestro y comercio de carbono pueden realmente convertirse en palanca de varias formas de desposesión. La expulsión de la tierra es solo una de las trayectorias posibles. Otras pueden incluir límites en los derechos de acceso comunitarios o tradicionales a bosques o recursos hídricos, o el cambio de la agricultura familiar de subsistencia y la producción de cosechas para la venta al secuestro de carbono, lo que da lugar a la pérdida de importantes beneficios de uso en el acceso a tierras comunales y cursos de agua, tales como la caza, la recolección de recursos del bosque, pesca y pastos.
¿Qué impactos tiene el acaparamiento de tierras?
Muchos defensores de las compras de tierra a gran escala insisten en que pueden beneficiar a la población local, principalmente a través del empleo generado por los nuevos acuerdos económicos y a través de nuevas infraestructuras sociales y económicas. Sin embargo, es importante señalar que, hasta ahora, hay muy poca evidencia concreta que avale esas afirmaciones y, al contrario, la historia está plagada de ejemplos negativos. Así que el peso de la prueba todavía recae mayoritariamente en aquellos que aseguran que el acaparamiento de tierras puede traer mucho bien.
Las investigaciones de académicos y activistas están aportando cada vez más pruebas que sugieren que los impactos del acaparamiento de tierras sobre las comunidades rurales pobres y sobre los ecosistemas han sido hasta ahora mayoritariamente negativas. La población local está siendo desalojada cuando hace falta su tierra, pero no su trabajo, y si se han hecho promesas lo que suele producirse después es una serie de acuerdos incumplidos en cuestiones tales como pagos por daños, realojo en mejores condiciones y compensaciones. En los casos de expulsión, la pérdida de la tierra que, al menos, permitía una subsistencia básica, es uno de los mayores perjuicios posibles para la gente que vive en los márgenes.
Cuando hace falta la tierra y el trabajo de los pobladores, se les incorpora en nuevas empresas emergentes. No todas las instancias de inclusión –a través de trabajos como el de jornalero o agricultor por contrato, por ejemplo− resultan negativos, pero por lo general sí resultan perniciosos, precisamente porque las condiciones críticas que podrían permitir a los pobladores locales lograr potencialmente una presencia de peso en la mesa de negociación suelen estar ausentes en las áreas a las que se dirigen los inversores. Como resultado, aquellos a los que se ha incorporado se les deja, por lo general, que luchen solos y aislados frente a numerosos obstáculos para conseguir incluso un umbral de decencia mínimo en los salarios y las condiciones de trabajo o una mejora en los términos del arrendamiento y los contratos laborales.
Merece la pena señalar que el acaparamiento de tierras conduce también a un amplio abanico de reacciones políticas dentro y entre las comunidades locales. Las propias comunidades están diferenciadas en términos de clase, género, etnia, edad, etcétera y, por tanto, no todo el mundo en el mismo pueblo comparte la misma historia social o tiene el mismo poder para decidir respecto a los términos de cada acuerdo sobre tierra. Cuando llega un acuerdo sobre tierras a una comunidad, impacta de forma diferente en los distintos grupos sociales. Un solo caso de acaparamiento de tierras puede implicar que algunas personas sean expulsadas, mientras que otras son incorporadas en la nueva empresa económica como agricultores por contrato y, todavía otros, como jornaleros. Esta diversidad de experiencias moldea en gran medida las reacciones políticas al acaparamiento de tierras, que además es probable que varíen a lo largo del tiempo incluso dentro de la misma comunidad, lo que añade un grado más de complejidad al problema de cómo responder al acaparamiento de tierras mientras se produce.
¿Quién o qué es el principal impulsor de la reciente oleada de acaparamiento de tierras?
Los países importadores de alimentos, como los Estados del Golfo pérsico y Corea del Sur, fueron señalados inicialmente como culpables del acaparamiento de tierras. Es cierto que alimentaron la reactivación de este fenómeno, llevados por la idea de que ya no podían confiar en conseguir alimentos a través del mercado, como en el pasado, lo que les cerraba las puertas más directas al control del suministro de alimentos. Como consecuencia, trataron de conseguir el control directo de tierras y de producción de alimentos más allá de sus fronteras. Esta dinámica describe el caso de Libia en Malí, de Corea del Sur en Madagascar, y de Arabia Saudí en Sudán.18
Los países del Atlántico norte también atizaron el acaparamiento para el control de tierras por parte de gobiernos extranjeros a través de la aplicación de normas que permitían una mayor financiarización del capital, lo que aumentó la especulación en los mercados de materias primas alimentarias, y a través de medidas clave, como la mezcla obligatoria de agrocombustibles en gasolinas y combustibles diésel, tales como la Ley de Energía Limpia y Seguridad de EEUU y la Directiva sobre energías renovables de la Unión Europea. Los agrocombustibles se justificaron en términos ambientales como combustibles “neutros en carbono”. Sin embargo, la idea de que los agrocombustibles son neutros en carbono y renovables ha sido cuestionada crecientemente porque ignora las emisiones resultantes de recoger, transportar, procesar y quemar la biomasa como combustible, al igual que los impactos de retirar las plantas, árboles y otra biomasa que, de otra forma, hubiera seguido absorbiendo carbono.19
Igualmente, cuando se quema madera como combustible, libera emisiones de carbono que puede llevar de 35 a 50 años o más para ser capturadas por la regeneración del bosque. Sin embargo, incluso aunque los cacareados beneficios medioambientales no superaron la prueba al ser escrutados, la biocombustible-manía ha contagiado desde entonces a gobiernos y empresas en el Sur, que se han unido a la fiebre por la tierra, anticipando un aumento de la demanda de cultivos para agrocombustibles. Más allá del elemento incentivador del acaparamiento de tierras que suponen los agrocombustibles, surge el problema de la aparición de un poderoso complejo agroindustrial que combina la producción de alimentos, piensos, agrocombustibles, madera, minerales, petróleo y, en general, complejos de biomasa. El creciente volumen y los cambios en los modelos de alimentación y consumo de las grandes economías emergentes –como China e India− han fortalecido aún más este complejo y han conducido a marcados cambios en el volumen, tipo y modo de las cosechas que se cultivan para alimento. La “carnivorización de las dietas”,20 por ejemplo, ha tenido un profundo impacto en el complejo de producción industrial de pienso (soja, maíz, etc.), con consecuencias directas en el uso del suelo.
La aparición de las “cosechas flexibles” también ha tenido un gran impacto. Las cosechas flexibles se caracterizan por tener múltiples usos (alimento para humanos o animales, combustible, material industrial) que pueden intercambiarse fácilmente: la soja puede utilizarse como alimento, pienso o biodiésel; la caña de azúcar, como alimento o etanol; la palma aceitera, como alimento, biodiésel o usos comerciales e industriales; el maíz, como alimento, pienso o etanol. Por tanto, en un solo tipo de cosecha podemos encontrar muchos contextos de acaparamiento de tierras: para alimento animal o humano, como energía/combustible y como parte de las estrategias de mitigación del cambio climático.21 Se articulan a través de las cadenas globales de valor de las materias primas, cada vez más intrincadas, haciendo imposible reducir todas estas dinámicas heterogéneas a un único factor que explique el acaparamiento de tierras.
Otro elemento importante del actual acaparamiento de tierras, y que a menudo se pasa por alto, es la expansión de las plantaciones industriales de árboles de crecimiento rápido, especialmente el eucalipto y el pino, utilizados habitualmente para hacer pasta de papel y que también son una parte importante de la llamada “economía verde” o “bio”, tan en auge.22 De forma similar, están surgiendo los “árboles flexibles” con múltiples usos, ya sea para pasta de papel (papel y cartón), madera como fuente de energía (pellet) y madera como combustible (biodiésel). Actores clave en esta área son las papeleras norteamericanas como International Paper (EEUU) y Stora Enso (Finlandia-Suecia), y empresas de pasta de papel del Sur como Fibria (Brasil) y APP (Singapur).
Las dinámicas actuales de acaparamiento de tierras son, por tanto, multicéntricas, dado que los acaparadores proceden de todos los hemisferios y continentes.
¿Cuál es el papel de la UE en el acaparamiento de tierras?
La Unión Europea está muy involucrada en el acaparamiento de tierras, tanto de forma directa, a través de la inversión de capital y de corporaciones de la UE en la apropiación de tierras, como indirecta, a través del conjunto de políticas de la UE que está transformando la tierra en una mercancía global.24 Un rasgo destacable ha sido la entrada de nuevos actores financieros e inversores institucionales, como los fondos europeos de pensiones, en la adquisición de tierras de cultivo.
Entre las políticas de la UE que están fomentando el acaparamiento de tierras ha desempeñado un papel destacado la Directiva sobre energías renovables (RED por su sigla en inglés). La perspectiva a largo plazo de un lucrativo mercado europeo de agrocombustibles ha sido el detonante, por ejemplo, en el boom de la palma aceitera en el sudeste asiático.25 Las políticas comerciales y los acuerdos de libre comercio también pueden generar fuertes incentivos para el acaparamiento de tierras. En 2001, la UE aprobó el acuerdo “Todo Menos Armas” (EBA por su sigla en inglés) , por el cual las importaciones a la UE desde los países menos desarrollados estarían libres de cualquier obligación o restricción, excepto para armas y municiones. Aunque un acuerdo de ese tipo pueda parecer benigno, ha alimentado el acaparamiento global de tierras en Camboya y en otros lugares.
Europa misma es también objeto del acaparamiento de tierras. En los últimos años, empresas de Europa occidental procedentes del Reino Unido, Suecia, Dinamarca, Finlandia, Suiza y Francia han estado acumulando tierras en Europa del este, concentrándose especialmente en la región de Chernozem (o Tierra Negra) de Rusia y en Ucrania. Hay estudios en marcha sobre el acaparamiento de tierras en Rumanía, Bulgaria, Serbia y Hungría, al igual que en España, Francia e Italia.
¿Qué soluciones se han propuesto para atajar el acaparamiento de tierras?
Todo aquel que reconoce la existencia del acaparamiento de tierras quiere gestionarlo o gobernarlo de un modo u otro. La gobernanza se ha convertido en una palabra clave. Las herramientas de rendición de cuentas y transparencia se han convertido en elementos importantes en la agenda política. Merece la pena señalar que la idea de tener normas voluntarias sancionadas por la ONU en la tenencia de tierra es anterior a la crisis (de precios) de los alimentos de 2007-2008 y el proceso formal de planificación y consulta ya estaba en marcha cuando el actual ciclo de acaparamiento de tierras empezó a aparecer en los titulares internacionales. Como consecuencia, las negociaciones oficiales a mediados de 2011 terminaron celebrándose en un nuevo contexto, un giro del destino que las convirtió (o reconvirtió) en un espacio de debate y lucha especialmente cargado.
Entretanto, el discurso activista dominante sobre “acaparamiento de tierras” se ha enfrentado desde 2009 a crecientes retos procedentes de las corrientes más convencionales, que abogan por un “código de conducta” para las “grandes adquisiciones de tierras”. En 2010, el Banco Mundial y otros actores estaban promoviendo un nuevo discurso, el de los nuevos acuerdos de tierras como una oportunidad potencial para el desarrollo rural bajo ciertas condiciones que minimizaba o evitaba los posibles efectos sociales o medioambientales negativos. Este nuevo argumento, que podría sintetizarse con la expresión “hacer de la necesidad virtud”, finalmente cristalizó en la defensa orquestada por el Banco Mundial a favor de unos Principios para una Inversión Agrícola Responsable (PIAR), un conjunto de siete principios a los que, si se adhieren numerosos agentes, incluyendo a empresas y gobiernos, promoverían “resultados beneficiosos para todos”.
Fue en este contexto en el que las negociaciones finales de las Directrices voluntarias sobre la gobernanza responsable de la tenencia de la tierra, la pesca y los bosques se convirtieron en foco de las interacciones entre los diferentes actores estatales y no estatales para tratar de influir en la forma en que han de gobernarse los acaparamientos de tierras. El resultado fue que las negociaciones, entre calurosos debates, se ralentizaron considerablemente, y el documento final, de más de 50 páginas, contiene una mezcla contradictoria de posiciones filosóficas y políticas que abarcan desde una perspectiva conservadora de “mecanismos basados en el mercado” a una perspectiva radical de derechos humanos y justicia social. En consecuencia, la cuestión de si y en qué medida las Directrices pueden servir para detener el acaparamiento de tierras dependerá de las situaciones concretas y de cómo las interpreten las fuerzas competentes que forman parte de las actuales estructuras de poder.
En este contexto, en el debate global de acaparamiento de tierras han surgido tres tendencias.28 La primera aboga por la regulación, principalmente para facilitar la inversión en tierras. Está basada en la creencia de que el interés de acuerdos a gran escala sobre tierras es un fenómeno deseable que refleja el renovado interés por la tierra de los Estados y el sector empresarial. Mantiene que el buen gobierno está garantizado a través de unos derechos de propiedad reforzados, estándares medioambientales y laborales, mayor consulta con la comunidad y el uso de algunos instrumentos de gobernanza internacional, como los mecanismos de transparencia de acuerdos de tierras, a fin de facilitar la acumulación de capital dentro de un contexto institucional eficiente. Esta posición es probablemente la más cercana al Banco Mundial.
La segunda tendencia propone la regulación para mitigar los impactos negativos y maximizar las oportunidades. Se fundamenta en la doble suposición de la “inevitabilidad” de los acuerdos a gran escala y la “imposibilidad” de redistribución de la tierra y de políticas de desarrollo rural para promover un desarrollo basado en la agricultura a pequeña escala. También propone una serie de instrumentos de gobernanza internacional para apoyar su postura: fortalecer los derechos de propiedad para proteger los derechos de las personas sobre la tierra, establecer estándares medioambientales y laborales, incluir una mayor consulta a la comunidad y, especialmente, incorporar instrumentos de transparencia, como el consentimiento libre, previo e informado. Por lo general, se plantea la misma cuestión: dado que ya están ocurriendo, ¿cómo pueden hacerse más responsables y transparentes los acuerdos de tierra a gran escala con el fin de beneficiar a los pobres? Esta es la posición que mantienen algunos actores en la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), ciertos gobiernos y partes de la sociedad civil.
La tercera tendencia pide la regulación para parar y revertir el acaparamiento de tierras. Se basa en la creencia de que la actual expansión en la producción de alimentos, agrocombustibles, pienso y otros productos no está realmente dirigida a resolver la degradación medioambiental, la pobreza y el hambre en el mundo, sino a incrementar la acumulación de capital para el insaciable hambre de beneficios de las empresas. Este proceso de acumulación de capital apoya un modelo de desarrollo basado en plantaciones industriales de monocultivos a gran escala que expulsan a la gente de su tierra y degradan el medio ambiente. Esta tercera corriente propone instrumentos similares de gobernanza internacional: derechos de propiedad para los campesinos (aunque no limitados a las ideas occidentales de propiedad privada, para incluir regímenes de propiedad comunal y comunitaria), estándares medioambientales, consultas a las comunidades e instrumentos de transparencia, pero con el objetivo de utilizarlos para parar y revertir el acaparamiento de tierras. Mantienen esta postura varios movimientos sociales y grupos de agricultores, principalmente la mayor asociación de campesinos, La Vía Campesina, que en noviembre de 2011, durante la conferencia internacional en Nyéléni, Malí, hizo un llamamiento en este sentido y lanzó una alianza global contra el acaparamiento de tierras, conocido como el Plan de Acción de Nyéléni.
Las tres tendencias son más o menos estables, pero tanto actores clave estatales y no estatales como sus posturas políticas son dinámicas y cambian constantemente, a menudo acomodando dos o tres de las tendencias, dependiendo de la configuración particular de las cuestiones, alianzas y contextos.
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¿Por qué no son suficientes las directrices y la transparencia para abordar el acaparamiento de tierras?
Ni la formulación ni la implementación de leyes y políticas tiene lugar en el vacío y con frecuencia se mezcla el resultado de ambos tipos de procesos. Aunque pueden aprobarse algunas leyes y medidas políticas destinadas a responder al acaparamiento de tierras, estas no se autointerpretan ni se autoimplementan. Incluso las mejores leyes y medidas políticas no se aplican de forma automática a favor de aquellos a los que se debe dar prioridad desde una perspectiva de justicia social. La experiencia muestra que los buenos resultados requieren suficiente presión social desde abajo para cambiar a su favor el equilibrio de poder, y cuánta presión social desde abajo hará falta exactamente depende de muchos factores según la situación. No se trata de una solución “de talla única” como flagelo al acaparamiento de tierras. Son las interacciones políticas específicas del contexto de varios Estados y actores no estatales las que perfilarán en última instancia cómo una ley o medida política dada, incluyendo las directrices –ya sean o no voluntarias− serán finalmente interpretadas e implementadas en un contexto u otro.
Se ha hecho mucho en torno a la necesidad de una mayor rendición de cuentas para abordar el acaparamiento de tierras. Sin embargo, la mayoría de los defensores de la inversión “responsable” en tierras cometen el error de no analizar críticamente la naturaleza de las relaciones de poder al nivel local entre los actores sociales en general y el reto extremadamente largo y difícil de la democratización rural en particular.23 En su lugar, y a menudo lejos de un sentido de urgencia real, hay una tendencia a defender mecanismos de rendición de cuentas de forma reactiva y a corto plazo, pero por lo general en respuesta a acaparamiento de tierras ya en marcha. Si ese es el único espacio concedido a las cuestiones de rendición de cuentas, entonces el resultado es muy probablemente el facilitar el acaparamiento de tierras y consolidar la alianza capital-Estado que, para empezar, lo inició.
En su lugar, una rendición de cuentas efectiva comenzaría por abordar los retos de democratizar la toma de decisiones en torno a cuestiones de desarrollo rural antes de la llegada de los proyectos. Esto supone apoyar la larga y difícil lucha para construir y mantener organizaciones sociales autónomas capaces de representar democráticamente los intereses de las clases pobres trabajadoras rurales y de exigir la rendición de cuentas del Estado. Estas condiciones y procesos no se pueden fabricar de golpe, una vez que llega un fenómeno de acaparamiento de tierras. Los construyen y luchan a lo largo del tiempo gente real inserta en complejas estructuras de poder y en relación con muchas cuestiones, incluyendo las de tierra.
Si las organizaciones capaces de exigir rendición de cuentas del Estado están ausentes o son débiles, el objetivo de hacer los acaparamientos de tierras más transparentes es poco probable que produzca algo más que solo acaparamientos de tierras más transparentes, al menos en el corto plazo. Aunque los acuerdos pueden llegar a ser más transparentes, no serán necesaria ni automáticamente más legítimos a ojos de aquellos que pierden su tierra y sus medios de subsistencia, e incluso pueden convertirse en más ilegítimos una vez que aquellos afectados más negativamente sepan lo que realmente sucede. Incluso acuerdos legítimos necesitarán una movilización por parte de organizaciones sociales autónomas y fuertes para asegurar que se garantizan en todo momento las tierras y derechos humanos de la población afectada. En este punto, hay por recopilar importantes aprendizajes y lecciones de conflictos y luchas por la tierra pasados. Después de todo, el acaparamiento de tierras no es, para nada, un fenómeno nuevo.
Ir más allá de las limitaciones que plantean las soluciones “de talla única” significa establecer que una verdadera rendición de cuentas del Estado debe comenzar bastante antes de que los acaparamientos de tierras aparezcan siquiera en escena, atendiendo a las clases rurales trabajadoras pobres y cómo sus significativas inversiones ya existentes en la tierra pueden aumentarse y sostenerse con el objetivo de garantizar resultados verdaderamente a favor de los pobres.
¿Por qué hacen falta cambios sistémicos para terminar con el acaparamiento de tierras?
El acaparamiento de tierras es expresión del modelo de desarrollo dominante, basado en un consumo sostenido, creciente y desigual tanto de recursos naturales finitos como “renovables”. Las limitaciones sociales y ecológicas de este curso de desarrollo, al igual que sus extremas desigualdades, son ampliamente conocidas y experimentadas de forma cotidiana, especialmente por las poblaciones más vulnerables. Abordar este problema subyacente, multifacético y estructural requiere ir más allá de estrechas medidas regulatorias parciales para cuestionar las estructuras político-económicas en las que están enraizadas las dinámicas de acaparamiento de tierras; por ejemplo, el actual patrón industrial de agromercancías (cosechas y árboles flexibles) y la producción y consumo de energía controlado por corporaciones transnacionales en el contexto de un sistema de comercio e inversión mundial donde reina el capital financiero.
En el actual debate global en torno al acaparamiento de tierras, la inversión tiende a equipararse con la inversión corporativa, que se inclina hacia los proyectos de gran escala, muy dependientes del petróleo, intensivos en capital y que crean reducidas oportunidades de empleo. A medida que las políticas neoliberales se implementaban en todo el mundo, fueron desapareciendo las inversiones en agricultura impulsadas por los Estados, mientras que se invisibilizaban las inversiones de la agricultura familiar. El modelo ortodoxo de liberalización del comercio ha eliminado a millones de empresas agrícolas de pequeña escala sin que hayan aumentado los niveles de seguridad alimentaria, por ejemplo, a través del aumento previsto de la capacidad de compra de alimentos en el mercado defendido por los promotores del libre comercio.
Un punto de partida fundamental al hablar del cambio de sistema para terminar con el acaparamiento de tierras son otros dos tipos de inversión, concretamente la inversión pública y las inversiones de los empresarios agrícolas a pequeña escala. La tarea urgente es reanimar la inversión estatal al tiempo que se hacen visibles las inversiones de los pequeños agricultores. Es la combinación de la inversión estatal y de los campesinos a pequeña escala lo que hace posible cualquier cambio sistémico que acabe con el acaparamiento de tierras. Además, es urgente separar los alimentos (y la agricultura en general) de los sistemas comerciales orquestados por las corporaciones en las escalas multilateral (Organización Mundial del Comercio) y regional (tratados de libre comercio), como ha reclamado ampliamente La Vía Campesina.
El paradigma de la soberanía alimentaria engloba esta visión alternativa. Como sostenía el Foro por la Soberanía Alimentaria, celebrado en Malí en 2007, la soberanía alimentaria entraña “el derecho de los pueblos a alimentos nutritivos y culturalmente adecuados, accesibles, producidos de forma sostenible y ecológica, y su derecho a decidir su propio sistema alimentario y productivo. Esto pone a aquellos que producen, distribuyen y consumen alimentos en el corazón de los sistemas y políticas alimentarias, por encima de las exigencias de los mercados y de las empresas”.30 El paradigma de la soberanía alimentaria se vincula estratégicamente con la reivindicación de la soberanía de la tierra en el punto sobre los derechos de acceso y control de las tierras y recursos naturales de las poblaciones.
En la base de esta visión alternativa de la soberanía de la tierra y los alimentos, la agroecología capta la necesidad de insertar la igualdad social y la sostenibilidad ecológica en el marco de inversión conjunta antes mencionado. Como recomienda el Grupo de Expertos de Alto Nivel del Comité Mundial de Seguridad Alimentaria, entidad vinculada a la FAO, “los gobiernos deberían otorgar prioridad a la inversión en la agricultura en pequeña escala y en sistemas alimentarios alternativos que sean inclusivos y justos desde el punto de vista social, así como sostenibles para el medio ambiente al aplicar principios agroecológicos”.24
¿Qué ofrece el concepto de soberanía de la tierra?
La soberanía de la tierra es el derecho de las poblaciones trabajadoras al acceso efectivo de uso y control sobre la tierra y los beneficios de su utilización y ocupación; en esta concepción, la tierra se entiende como recurso, territorio y paisaje. Este concepto alude a la realización del derecho humano a la tierra de las poblaciones trabajadoras. En primer término, se basa en las fortalezas −aunque también aborda las debilidades en el contexto actual− de las tradicionales reivindicaciones a favor de la “seguridad de la tierra” y la “reforma agraria”, alineándose y vinculándose con el creciente movimiento global por la soberanía alimentaria.
La demanda por la soberanía de la tierra es, en primer lugar, una llamada a la acción para volver a poner al Estado bajo control y asegurar que rinde cuentas a los ciudadanos frente a un renovado asalto de las corporaciones globales y las transnacionales en el frente agrario en forma de los cercamientos de las transnacionales. Y, segundo, es una afirmación para las poblaciones trabajadoras y su derecho humano a ejercer el control sobre la tierra y los recursos, el territorio y los paisajes. Tiene el potencial de poder unir a muy diferentes sectores: campesinos de Malí, habitantes de los bosques en Indonesia, trabajadores sin tierra indígenas y campesinos de Guatemala, una explotación familiar a tiempo parcial en Francia y el cultivador de un huerto urbano en Detroit.
El término soberanía de la tierra nos recuerda que los terrenos individuales y colectivos son parte de paisajes mayores de tierra y agua socialmente construidos que, a su vez, reflejan el tipo de relación que ha emergido entre sociedades humanas y el medio ambiente a lo largo del tiempo en un lugar dado, ya esté o no en equilibrio, y debe empujarnos a perseguir siempre una relación ecológicamente sana con nuestro medio ambiente.
¿Qué resistencias están en marcha contra el acaparamiento de tierras?
Actualmente se dibujan dos grandes tipos de resistencia vinculadas al actual acaparamiento de tierras. La primera es una lucha defensiva para resistir las expulsiones de personas de su tierra o la resistencia contra la apropiación de los recursos hídricos o bosques comunales. El segundo tipo es una lucha proactiva, en que las comunidades locales ocupan y cercan su tierra, agua o bosque y desarrollan modos de vida alternativos y sistemas de producción tales como la agroecología, lo que supone un reto al modelo dominante de desarrollo industrial. Ambos tipos son luchas a vida o muerte para mucha gente.
Las luchas con más éxito a menudo utilizan un abanico de tácticas que incluyen la acción directa, la movilización colectiva y la vía legal; hacen hincapié en establecer lazos con otros sectores y ejercer presión en todos los puntos clave de la “cadena” de desposesión/incorporación adversa.
Notas
1 “Países importadores de alimentos con escasez de tierra y agua pero ricos en capital, como los estados del Golfo pérsico, están en la vanguardia de nuevas inversiones en tierras de cultivo en el exterior. Además, países con grandes poblaciones y preocupaciones de seguridad alimentaria, como China, Corea del Sur y la India, buscan oportunidades para producir alimentos fuera de sus fronteras. Estas inversiones se dirigen a países en desarrollo donde los costes de producción son mucho más bajos y donde la tierra y el agua son más abundantes” (IFPRI Policy Brief nº13, abril de 2009).
2 J.F. McCarthy, J.A.C. Vel y S. Afiff (2012) “Trajectories of land acquisition and enclosure: development schemes, virtual land grabs, and green acquisitions in Indonesia’s Outer Islands” Journal of Peasant Studies 39(2), p.523.
4 B. White, S. Borras, R.Hall, I. Scoones y W. Wolford (2012) “The new enclosures: critical perspectives on corporate land deals’ Journal of Peasant Studies 39(3-4), p.629.
7 Committee on World Food Security (2011). How to Increase Food Security and Smallholder-Sensitive Investment in Agriculture. 37ª Sesión del Comité de Seguridad Alimentaria Mundial, FAO, Roma, 2011.
8 Banco Mundial (2010) Rising global interest in farmland: Can it yield sustainable and equitable benefits? Washington DC: World Bank.
9 L. A. Wily (2012) “Looking back to see forward: the legal niceties of land theft in land rushes” Journal of Peasant Studies 39(3-4), p.752.
12 Véase GRAIN (2008) ¡Se adueñan de la tierra! El proceso de acaparamiento agrario por seguridad alimentaria y de negocios en 2008, octubre de 2008: http://www.grain.org/article/entries/142-se-aduenan-de-la-tierra-el-proceso-de-acaparamiento-agrario-por-seguridad-alimentaria-y-de-negocios-en-2008; véase también S. Monsalve Suárez (ed.) et al., Agrocombustibles en Brasil, FIAN Internacional, mayo de 2008: http://fian.satzweiss.com/recursos/publicaciones/documentos/agrocombustibles-en-brasil/pdf; véase además E. Holt Gimenez y A. Shattuck (2009) “The Agrofuels Transition: Restructuring Places and Spaces in the Global Food System”, en Bulletin of Science Technology Society, 29(3): http://www.sagepub.com/dicken6/Additional%20Resources%20for%20Sociology/Online%20readings/holt-gimenez.pdf.
13 S. Borras, D. Fig, y S. Monsalve Suarez (2011) “The Politics of Biofuels and Land- Water Grabbing: The Procana Case in Mozambique” Review of African Political Economy 38(128)
14 S. Kay y J. Franco (2012) El acaparamiento mundial de aguas. Guía básica, Transnational Institute, 2012: http://www.tni.org/sites/www.tni.org/files/download/watergrabbingprimer-es.pdf
15 L. Cotula (2012) “The international political economy of the global land rush: A critical appraisal of trends, scale, geography and drivers” Journal of Peasant Studies 39(3-4).
16 Véase Coumans, Catherine. 2002. Placer Dome Case Study: Marcopper Min (Marinduque, Philippines): www.miningwatch.ca/placer-dome-case-study-marcopper-mine-marinduque-philippines
17 J. Fairhead, M. Leach y I. SCoones (2012) “Green Grabbing: a new appropriation of nature?” Journal of Peasant Studies 39 (2).
19 Haberl, H., et al., Correcting a fundamental error in greenhouse gas accounting related to bioenergy. Energy Policy (2012) doi:10.1016/j.enpol.2012.02.051
20 T. Weis (2010) “The Accelerating Biophysical Contradictions of Industrial Capitalist Agriculture” Journal of Agrarian Change 10(3).
21 S. Borras, J. Franco, S. Gomez, C. Kay y M. Spoor (2012) “Land Grabbing in Latin America and the Caribbean” :851
22 P. McMichael (2012) “The land grab and corporate food regime restructuring” Journal Of Peasant Studies 39 (3-4).
23 Véase J. Fox (1991) The Challenge of Rural Democratization: Perspectives from Latin America and the Philippines. London: Frank Cass.
24 HLPE (2011) Land Tenure and International Investments in Agriculture. Rome: UN Committee on World Food Security High Level Panel of Experts Report, p.43.
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