Eliminar las bombas de racimo

24 ဇူလိုင်လ 2008
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စာေရးသူ
Es bien sabido que las buenas noticias, en general, no pueden competir con las malas a la hora de generar titulares. Pero cuando hay una buena noticia, hay que difundirla. Que un Gobierno anuncie oficialmente que va a neutralizar cualquier tipo de arma cuyos efectos destructivos son obvios pertenece a esa categoría. El debate sobre las armas y sus condiciones de uso es muy antiguo, tanto como las propias armas, y es más complejo de lo que parece. En general, las sociedades contemporáneas suelen tener un amplio consenso moral sobre los efectos negativos de las guerras, y sobre los medios que se usan para hacerlas. No obstante, conviene mirar atrás. La guerra es un fenómeno recurrente de violencia social a gran escala (a veces mundial), una violencia, además, de clara intención política. Y es un fenómeno constante en la historia de la humanidad. Desde que tenemos trazos de lo que hemos convenido en llamar historia, conocemos evidencias de enfrentamientos bélicos entre grupos humanos. Por cierto, de aquí vienen algunas frases hechas de mucho arraigo: "siempre ha habido guerras, y siempre las habrá". En sentido estricto, lo primero está demostrado. Lo segundo está por ver, aunque los síntomas son alarmantes. Hay que recordar la preocupación colectiva de someter de un modo u otro este tipo de fenómenos a las normas del derecho. De ahí el ius ad bellum (o el derecho que define las condiciones para hacer la guerra) y el ius in bello (o el derecho que los contendientes han de respetar en caso de guerra, y en general el derecho internacional humanitario). En realidad, desde mediados del siglo XIX llama la atención que a lo máximo que la comunidad internacional ha llegado es a intentar que en caso de guerra las partes se sometan y acepten ciertas reglas. Algunos podrían argumentar que sería más simple prohibir las guerras. Y punto. Se intentó con el pacto Briand-Kellogg, en 1928, que era muy categórico al respecto, firmado justo entre las dos guerras mundiales, muy a medio camino entre el mundo real y el mundo ideal. Por ello no hay que subestimar la aproximación al tema desde el realismo de intentar someter este tipo de conflicto a ciertas normas. En síntesis, este conjunto de normas ius in bello es una suma por sedimentación de las convenciones de La Haya (1907), Ginebra (1949), protocolos adicionales (1977) más una cierta cantidad de usos y costumbres, cuyo propósito es, entre otras cosas, preservar a víctimas inocentes, limitar daños excesivos, evitar desmanes. Que el ius in bello es violado más veces que respetado, la estadística lo subraya. Desde 1945 hasta hoy ha habido en el mundo más de 150 conflictos armados, un dato irrefutable. Que las víctimas son sobre todo quienes el derecho internacional humanitario define como inocentes (civiles no combatientes, ya se trate de mujeres, niños, ancianos o, en su caso, heridos o prisioneros) está a la vista. Por todo ello, justamente, hay que subrayar la importancia de la iniciativa que en su día promovió la prohibición de las minas antipersona. El tratado de Ottawa entró en vigor el 1 de marzo de 1999, como resultado de una campaña internacional para la prohibición de las minas terrestres iniciada en 1992, y premiada con el Nobel de la Paz en 1997. Sus firmantes se comprometieron a no usar, desarrollar, fabricar, almacenar o comerciar con minas antipersona. Fue firmado originalmente por 122 países en 1997. El argumento de fondo, imbatible, es que vulneraban el núcleo duro del derecho humanitario: causaban daños injustificables de modo indiscriminado y con posterioridad a su despliegue, siendo muy difícil su recogida posterior. Cualquiera que haya estado en Bosnia, Afganistán o Camboya sabe del problema y sus secuelas. Esta lógica es paralela a la que ha llevado a cuestionar las bombas de racimo y sus efectos indiscriminados, ilimitados en el tiempo, y pérfidos en sus intenciones. Un caso reciente y espectacular es la actuación de Israel en el sur del Líbano en la guerra del 2006. Las razones que el Gobierno español, a iniciativa de la ministra de Defensa, Carme Chacón, pone sobre la mesa son obvios y evidentes. Lo significativo es que sea una iniciativa gubernamental. La firma de la Convención de Oslo el próximo diciembre, como resultado de la Conferencia de Dublín de mayo y con el apoyo de más de 100 países, es un síntoma de consenso internacional comparable al del caso de las minas antipersona. Pero es esencial que este tipo de acuerdos incluyan toda la secuencia que acompaña a este tipo de armas: fabricación, adquisición, almacenamiento, conservación, transferencia y uso. Es muy ilustrativo comparar, en estos últimos años (sobre todo desde el fin de la guerra fría), el progreso de la preocupación internacional en estas materias, que aumentan los gobiernos que se suman presionados por sus opiniones públicas, y sobre todo, quién está en la cada vez más en la breve lista de los que se niegan a firmarlo. Son casi siempre los mismos países. En Oslo podremos hacer balance.
Pere Vilanova. Catedrático de Ciencia Política de la UB.