Abolir la seguridad nacional

Mientras la pandemia de Covid-19 arreciaba en 2020, al menos 15 millones de personas participaron en manifestaciones de Black Lives Matter en todo Estados Unidos. Este movimiento constituyó una forma de asumir la historia de violencia racista de ese país. La generación ridiculizada como “woke” comenzó a comprender que la guerra, las prisiones y las fronteras no fomentan el bienestar de la mayoría de la población estadounidense, que convertir a su país en un “bote salvavidas armado” no es la solución para la crisis climática ni las pandemias zoonóticas, y que no existe la riqueza por goteo en el capitalismo racial, incluso para la mayoría de sus habitantes blancos. Quienes cumplieron la mayoría de edad tras la crisis financiera de 2008-2009 están dejando atrás la imagen falsa de un Estados Unidos excepcionalmente virtuoso.

Como sucede con cualquier movimiento, en este coexisten diversas motivaciones y orientaciones. De particular interés es el enfoque abolicionista que caracterizó a gran parte de la reciente lucha de masas liderada por activistas negros, influida por la política feminista negra y el movimiento por la diversidad sexual, y los conceptos radicales de cuidado que encarnan estas tradiciones. El abolicionismo es un modo de pensamiento y práctica política que surgió tras 20 años de organización contra el complejo industrial-penitenciario por parte de organizaciones del tipo de Critical Resistance. Sus objetivos más destacados han sido la abolición de las cárceles y la desfinanciación o recorte presupuestario de la policía, pero la oposición a la violencia y el militarismo en las fronteras también ha sido importante. El abolicionismo ubica a la policía y el encarcelamiento dentro de un conjunto más amplio de estructuras que incluye las fronteras y la violencia militar ejercida en el extranjero. Hace 15 años, una de las principales pensadoras sobre el abolicionismo, Angela Davis, reclamó que se expandiera el activismo contra las prisiones para enfrentar también a las redes mundiales de encarcelamiento de la guerra contra el terrorismo. Hoy en día, grupos como Dissenters se están organizando contra la totalidad de la infraestructura de seguridad nacional de Estados Unidos desde la perspectiva del abolicionismo negro.

En el centro de la política abolicionista se encuentra el intento de reconceptualizar la idea de seguridad. El movimiento abolicionista argumenta que la lógica predominante en el sistema penal-legal implica pensar que el daño es un problema que puede resolverse mediante la violencia punitiva oficialmente autorizada. Esto tiene dos consecuencias. En primer lugar, significa que el sistema penal-legal refuerza, en lugar de reducir, la circulación de la violencia, lo que da pie a la demanda de más policías y más cárceles, en un movimiento perpetuo de penalización. En segundo lugar, significa que se le quita atención al análisis de las causas sociales y económicas subyacentes de lo que llamamos “delito”. Las cárceles, en cambio, sirven para ocultar los problemas sociales que genera la “política económica inmanejable” del capitalismo global. Pero al hacerlo, esos problemas se agravan. El aumento considerable del número de cárceles y la militarización de las fuerzas del orden no son respuestas ante el aumento de la delincuencia sino una parte integral del neoliberalismo, que implica declarar “excedentes” a un gran número de personas. Las cárceles son formas de ocultar a esas personas y olvidar las cuestiones sociales que invocan; el racismo es esencial para este proceso.

En estas circunstancias, argumentan los abolicionistas, los reclamos de reforma de las cárceles y las fuerzas policiales con el fin de humanizarlas pueden hacer más daño que bien. Lo mismo sucede con los pedidos para que se diferencie mejor entre quiénes merecen ir a la cárcel y quiénes no. Con este tipo de pedidos se evita la reflexión sobre las causas subyacentes de los problemas que las cárceles y la policía pretenden resolver. En cambio, el abolicionismo propone la creación de un “conjunto de instituciones sociales que comenzarían a solucionar aquellos problemas sociales que llevan a que las personas terminen en la cárcel, contribuyendo así a que la prisión se convierta en una institución obsoleta”. Este sentido más amplio de la seguridad implicaría cubrir las necesidades de educación, cuidado infantil, vivienda y atención médica, así como la despenalización del consumo de drogas, del trabajo sexual y de la migración. Asimismo, al crear un sistema de justicia basado en la reparación y la reconciliación, y no en la retribución y la venganza, no existiría, en definitiva, las cárceles se volverían innecesarias.

Evidentemente, no se puede lograr ese objetivo de inmediato. Por ahora, la pregunta es cómo se pueden impulsar reformas en el sistema penallegal que avancen hacia la desfinanciación y el desmantelamiento. La respuesta dependerá del contexto local y del equilibrio entre las fuerzas políticas. Además de la generación de poder mediante la organización popular, las iniciativas electorales también desempeñarán un papel importante. El Proyecto de Justicia Electoral de la coalición Movement for Black Lives, por ejemplo, propuso el proyecto de ley Breathe (Respira), una iniciativa que propone recortar los fondos destinados al encarcelamiento y las fuerzas del orden a nivel federal, eliminar el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Administración de Control de Drogas (DEA) de Estados Unidos, financiar enfoques comunitarios y no punitivos de seguridad pública, despenalizar retroactivamente el consumo de drogas, invertir en educación, salud, vivienda y justicia ambiental, y ampliar los derechos de los trabajadores. Concebir alternativas al sistema penal-legal es una tarea en curso.

No obstante, lo que sorprende son las posibilidades generativas que tendría la aplicación de una estrategia abolicionista, no solo en el plano nacional de Estados Unidos, sino también en sus organismos de seguridad internacional. En este sentido, el abolicionismo recurre al legado que dejó la política internacionalista del movimiento negro estadounidense. Por ejemplo, para el Comité Coordinador Estudiantil No Violento (SNCC) a fines de la década de 1960, la lucha por la libertad de la población negra en Estados Unidos fue un elemento más dentro del movimiento internacional de liberación, que incluía a Vietnam, Puerto Rico y Palestina, entre otros. Como expresó el presidente del SNCC, H. Rap Brown: “No hay diferencia entre Harlem y Puerto Rico, o Harlem y Vietnam”. En otras palabras, hay una superposición entre las estructuras de la violencia policial en el país y las estructuras de la violencia militar en el exterior. Como sucede con su sistema penal-legal, las acciones militares de Washington en el extranjero propagan la violencia en lugar de reducirla, de modos que con frecuencia se organizan mediante el racismo y nos distraen de abordar los problemas sociales y ecológicos que enfrenta el planeta. Para el abolicionismo, la discusión sobre qué acciones militares estadounidenses constituyen “intervenciones” legítimas y cuáles no es un horizonte limitante que oculta las causas estructurales de las guerras sin fin. Asimismo, la discusión sobre a quiénes aplicar el control de fronteras y a quiénes no implica eludir la reflexión sobre la función que desempeñan las fronteras en nuestros sistemas socioeconómicos y cuáles podrían ser las alternativas.

Un marco abolicionista implica entender que la verdadera seguridad no surge de eliminar las amenazas sino de la presencia del bienestar colectivo. Aboga por la construcción de instituciones que fomenten las relaciones sociales y ecológicas necesarias para llevar una vida digna, en lugar de identificar de manera reactiva a los grupos de personas que se ven como amenazas. Sostiene que la verdadera seguridad no radica en el dominio sino en la solidaridad, tanto en el plano personal como el internacional. Solo desde la perspectiva internacionalista se pueden abordar problemas de seguridad como el cambio climático y las pandemias. A largo plazo, lograr la seguridad de un grupo de personas a expensas de otro es una falsa ilusión. En cuanto a lo normativo, el enfoque abolicionista implica la gradual desfinanciación y reducción de la exacerbada infraestructura militar, de inteligencia y de fronteras de Estados Unidos, y la construcción de instituciones alternativas que puedan ofrecer seguridad colectiva ante los peligros ambientales y sociales.

En las páginas siguientes se argumenta que una política abolicionista ofrece la mejor estrategia para superar los fracasos de la política de seguridad nacional de Estados Unidos. El abolicionismo no se limita a exigir el desmantelamiento de determinadas agencias de seguridad nacional, sino que ofrece un marco conceptual para repensar la idea de seguridad y tomar medidas hacia una transformación profunda de la formulación de políticas. El presente estudio comienza con un análisis de la lógica de seguridad racial predominante que forjó la política estadounidense, y de algunos de los reflejos defensivos que bloquearon los esfuerzos para lograr el cambio. Luego aplica un análisis abolicionista a las políticas incipientes de seguridad nacional del Gobierno de Biden. Si bien la seguridad nacional está organizada actualmente como una reacción frente a diversas amenazas (como la de Rusia, los ataques cibernéticos, los “Estados fallidos” y la proliferación nuclear), el presente estudio se concentra particularmente en China y la extrema derecha como nuevas narrativas de amenazas. A continuación se discuten las limitaciones de la estrategia de seguridad de Estados Unidos frente a las crisis climáticas y pandémicas. Finalmente, se incluyen recomendaciones sobre cómo podría surgir una política de seguridad alternativa en Estados Unidos.