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Este informe presenta una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado (ISDS) conocidos contra Chile hasta septiembre de 2021.
Chile es el país de la región con mayor cantidad de tratados internacionales que incluyen capítulos de protección de las inversiones extranjeras. Aunque el proceso de liberalización comenzó con la dictadura de Pinochet, ningún gobierno posterior abandonó el camino de otorgar libertad total a las corporaciones y a los inversores extranjeros. Por el contrario, los gobiernos firmaron una gran cantidad de tratados que otorgan privilegios especiales a los inversores extranjeros, al permitirles denunciar al Estado en el marco de instituciones arbitrales internacionales en lugar de utilizar los mecanismos establecidos en las justicias nacionales.
Sin embargo, el proceso constituyente abre la posibilidad de discutir estos tratados de comercio e inversiones y revisar el tratamiento que Chile otorga a las inversiones extranjeras. A escala global se discute hoy la necesidad de contar con tratados que avalen las políticas públicas que protejan los derechos humanos, laborales y medioambientales y que vayan de acuerdo con objetivos de desarrollo sustentable. Esto requiere recortar los amplios derechos de los inversores, por ejemplo, para acudir al arbitraje internacional ante cualquier medida que, según su interpretación, afecta su “legítima expectativa de ganancia”.
Este informe presenta una sistematización de estadísticas en base a un análisis de los casos inversor-Estado (ISDS) conocidos contra Chile hasta septiembre de 2021. Las principales conclusiones muestran que:
Teniendo en cuenta las consecuencias del régimen de protección de inversiones detalladas en este reporte, se recomienda: