Conflictuados sobre la coca (anexo) Invasiones de coca en territorios indígenas

Según el censo de la población realizado en 2017, alrededor de 6 millones de personas en Perú se identifican como pertenecientes a un pueblo indígena u originario, es decir, algo más de un cuarto de la población total. La gran mayoría se considera quechua (5,2 millones) o aymara (550.000); el resto (250.000) son habitantes originarios de la Amazonía, pertenecientes a los pueblos asháninco, awajún y shipibo, entre otros. Los departamentos de la Amazonía central de Perú, especialmente Loreto, Ucayali, Pasco, Huánuco y Madre de Dios, son regiones donde grandes extensiones de cultivo de coca han aparecido recientemente en comunidades indígenas.

La protección de estas tierras en la legislación peruana exige, en primer lugar, reconocer las necesidades de las “comunidades nativas”, en virtud del Decreto Ley N° 22175 de 1978 (principalmente pueblos indígenas amazónicos, pero también comunidades mestizas y ribereñas), o de las “comunidades campesinas”, de conformidad con la Ley N° 24656 de 1987 (principalmente comunidades quechua y aymara), y, por consiguiente, se les debe conceder títulos de propiedad de territorios comunales o territorio marcado. Según un estudio de Mongabay Latam, hay muchas comunidades que no poseen títulos de propiedad ni reconocimiento, lo cual hace más complicada la adopción de medidas de protección eficaces: tan solo en Loreto hay 417 comunidades autoidentificadas como indígenas que no tienen reconocimiento de las autoridades regionales para certificar su existencia. Lo mismo ocurre en otras regiones de Perú: Ucayali tiene 122 comunidades no reconocidas oficialmente, Pasco tiene 85, Huánuco 13 y Madre de Dios tiene 10. Ello suma un total de 647 comunidades indígenas no reconocidas en cinco regiones de la Amazonía peruana1. 

El órgano de control de drogas de Perú, DEVIDA, realizó un informe especial sobre la expansión de la coca en territorios indígenas y comunidades originarias (reconocidos) en 2020, en el que se señala que casi 10.000 hectáreas -el 16 por ciento del cultivo total de coca del país- se situaba en estas áreas, un aumento del 25 por ciento en comparación con 20182. El informe de DEVIDA no distingue entre el grupos indígenas consumidores y no consumidores de coca, pero demuestra que la comunidad asháninca es, por lejos, el Pueblo Indígena amazónico más afectado en Perú, ya que contaba con 2.602 hectáreas de coca en 2020. Según el último informe de seguimiento de cultivos de coca de DEVIDA, esta tendencia se mantiene: el territorio asháninca tenía alrededor de 5.629 hectáreas de coca en 2023, es decir que duplicó con creces el territorio cultivado en comparación con 20203.

El pueblo asháninca ocupa una gran porción de la región de la Amazonía central conocida como el VRAEM (Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro), donde cultiva coca en pequeñas parcelas para consumo propio, junto con otros cultivos de subsistencia. Los territorios ashánincas fueron gravemente afectados por el conflicto armado con Sendero Luminoso en las décadas de 1980 y 1990, y especialmente a partir de 2015 se han convertido en zonas críticas para los colonizadores en busca de ingresos derivados de la coca, lo cual empuja la frontera agrícola más hacia el este y hacia la cuenca amazónica. El Gobierno ignoró durante años los llamamientos del pueblo asháninco de impedir que los agricultores migrantes siguieran expandiendo el cultivo de coca. En 2019, el Gobierno llevó a cabo operaciones de erradicación forzosa que pusieron de manifiesto las divisiones internas dentro de la comunidad, dado que algunos miembros del pueblo asháninca generaban ingresos para sus familias al arrendar sus tierras a agricultores que llegaban de las zonas altoandinas. Los proyectos de desarrollo alternativo no dieron resultados, y las últimas cifras demuestran que la expansión constante de la coca continúa4 .

Otro caso de aumento de la invasión de la coca en territorios indígenas se ha producido recientemente en tierras kakataibo, que se extienden a lo largo de los departamentos de Huánuco y Ucayali, en la frontera amazónica entre Perú y Brasil. Varios dirigentes murieron en enfrentamientos con recién llegados que están allí ilegalmente, y muchas comunidades viven con un miedo constante. A menudo comienza con la tala ilegal y continúa con el cultivo de coca, la construcción de instalaciones de elaboración de cocaína y pistas de aterrizaje. Las primeras invasiones comenzaron ya en 2000, pero se han acelerado desde 2017. Las autoridades locales son acusadas de facilitar la colonización dentro del territorio kakataibo y allí también algunos líderes permitieron el ingreso de personas externas que explotaron otros recursos locales, como plantaciones bananeras5.

La vastas regiones amazónicas de Bolivia -que abarcan más del 40 por ciento del país y se extienden en partes de los departamentos de Pando, Beni, Cochabamba, La Paz y Santa Cruz- están habitadas por más de 30 pueblos indígenas6. A diferencia de los Pueblos Indígenas aymara y quechua de las sierras -que en conjunto representan alrededor del 90 por ciento de la población indígena de Bolivia- muchos de los habitantes indígenas de las llanuras amazónicas no tienen una historia común de prácticas de coca tradicionales.

Las invasiones de las tierras nativas de los pueblos chimané, yuracaré y mojeño-trinitario se remontan a la década de 1970, antes de la designación formal en 1990 de Tierras Comunitarias de Origen (TCO). EN 2009, el TIPNIS, que consistía en más de un millón de hectáreas y albergaba a alrededor de 14.000 habitantes originarios, fue otorgado a las autoridades indígenas, mientras que aproximadamente 124.000 hectáreas fueron cedidas a colonizadores agrarios, en su mayoría en la sección del “Polígono 7”, en el sur del parque. Estas decisiones marcaron el comienzo del aumento de las tensiones y conflictos por la tierra y el uso de la tierra, los derechos indígenas y el extractivismo. El territorio está junto a Chapare, la región donde se comenzó a cultivar coca en la década de 1970 durante el auge de la cocaína, y donde surgió una nueva fuerza política, el Movimiento al Socialismo (MAS), bajo el liderazgo de Evo Morales, que fue presidente de Bolivia entre 2006 y 2019. Muchos nuevos habitantes del Polígono 7 son cocaleros que migraron de Chapare.

En 2011 las tensiones en torno a los planes de construir una carretera que atravesara la reserva indígena en la llanura, en la frontera entre los departamentos de Beni y Cochabamba, suscitó controversia y resistencia al programa extractivista del Gobierno del MAS. Una amplia coalición de ambientalistas, organizaciones indígenas y de otra índole lograron detener durante un tiempo los planes de construcción, pero en 2017 el Gobierno aprobó una ley para permitirla. El objetivo de la carretera es abrir acceso a los bosques para la tala y la minería y vincularlos con las regiones de llanuras relativamente vírgenes en la frontera con Brasil. Los planes para la construcción de la carretera también fracturaron la alianza entre los pueblos indígenas de la llanura y de la sierra, debido a que compiten por acceso a las mismas tierras7. La construcción de la carretera ha avanzado, se han construido algunos puentes y el proyecto sigue siendo fuente de conflictos con las comunidades indígenas.

Mientras tanto, ha continuado la apropiación de tierras indígenas para explotar madera y para la agricultura de corta y quema, seguida de la ocupación por productores organizados que cultivan coca, conocidos como interculturales. En 2016, el proyecto de seguimiento de cultivos de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) realizó la última medición de coca en la zona del Polígono 7 del TIPNIS. En ese entonces, la UNODC estimó un aumento del 43 por ciento de la tierra cultivada con coca, en comparación con 2015, un incremento tres veces mayor que el promedio nacional. Ni Morales ni los Gobiernos posteriores han intentado limitar estas expansiones. En 2023, las autoridades indígenas denunciaron los “constantes avasallamientos y atropellos” perpetrados por colonizadores en más de 10 comunidades del Polígono 78. En 2024, Hernán Suárez Parada del Consejo Indígena del Sur (Conisur), el consejo local del TIPNIS en Cochabamba, explicó en una entrevista: “Los proyectos (del Gobierno) no benefician directamente a los pueblos indígenas, sino principalmente a los productores de coca que chaquean más allá de la línea roja del TIPNIS para extender sus cultivos de coca”. Informó que hace poco hubo un enfrentamiento entre productores de coca y erradicadores que tenían que entrar al Parque Nacional Isiboro Securé.  Al respecto Suárez indicó que “no solamente se tendría que reducir la producción de coca en los parques sino también dentro del CONISUR TIPNIS donde los cocaleros quieren tener más tierras y los verdaderos indígenas son contratados como peones”9.

El conflicto con respecto a la construcción de la carretera del TIPNIS provocó divisiones entre los Pueblos Indígenas con respecto a los Gobiernos del MAS. La disputa del TIPNIS también puso al descubierto los diferentes conceptos de lo que significa la condición de indígena, y se produjeron conflictos de intereses entre productores con títulos de tierra individuales (interculturales que migraron de sus tierras ancestrales a otras partes del país) y aquellos para quienes la tierra sigue siendo de propiedad y gestión colectivas como una clave de la identidad indígena. Integrantes de ambos grupos se autoidentifican como “indígenas”, pero tienen actitudes diferentes con respecto a la tierra y su significado10. Para los Pueblos Indígenas de la sierra de Bolivia, de origen aymara y quechua, la coca tiene una enorme importancia cultural, mientras que para muchos Pueblos Indígenas de la llanura, la coca ha pasado a significar una posible amenaza a sus tierras y autonomía. En zonas donde compiten por la misma tierra, esto ha generado conflictos que no tienen fácil resolución.

Los Pueblos Indígenas de Colombia abarcan 115 comunidades reconocidas que comprenden alrededor de 2 millones de personas, según el censo del país de 2018, apenas el 4 por ciento de la población total11. La coca se cultiva en 88 de las 320 reservas indígenas reconocidas oficialmente12. La presencia de grupos armados ilegales, vinculados con diferentes actividades ilícitas, incluido el tráfico de cocaína, está provocando mucha inseguridad y socava la autogobernanza indígena. Además de las luchas para defender sus tierras de invasiones de grupos rebeldes y bandas criminales, las comunidades indígenas afrontan programas de minería y extracción de petróleo y gas promocionadas por el Gobierno. Debido a los cientos de concesiones otorgadas en territorios ancestrales, los Pueblos Indígenas suelen hallarse en la primera línea de violencia y violaciones de derechos de la tierra, y los activistas son víctimas frecuentes de acoso, intimidación y asesinatos13. 

Colombia tiene la mayor incidencia de incursiones de coca en tierras indígenas y una larga historia de violaciones de derechos humanos contra dirigentes indígenas. Colombia es además el principal productor de cocaína del mundo, y el vínculo entre la planta y el comercio ilegal de cocaína ha creado un gran estigma que eclipsa su importancia cultural e histórica, que solo ha comenzado a cambiar recientemente14. Como consecuencia de ese estigma, tan solo un número relativamente pequeño de comunidades indígenas de Colombia veneran la coca y su uso diario con fines ceremoniales o medicinales para sostener la salud física y mental de sus comunidades.

Los pueblos de la Sierra Nevada en el norte del país (arhauco, aiwa, kogi) son muy conocidos por su uso ancestral de la coca. El pueblo nasa es por lejos el grupo indígena más numeroso en Colombia que tiene un fuerte patrimonio vinculado con la coca. La coca sigue siendo fundamental para la cosmovisión de los nasa, incluso cuando el cultivo de coca para el comercio de cocaína ha proliferado en su territorio. A pesar de los acuerdos de paz de Colombia, el pueblo nasa sigue sufriendo violencia constante, especialmente en el departamento de Cauca, donde vive la mayoría de su población.

Se sabe bastante menos de las tradiciones y prácticas relacionadas con la coca de los grupos indígenas de la Amazonía colombiana, que durante decenios han tenido que soportar la expansión de las plantaciones de coca en sus territorios15. Varios Pueblos Indígenas que siempre han tenido relación con la coca han apenas logrado sobrevivir, como los nukak-makú, guyabero, sikuani y tukano. Estos defensores ancestrales de la coca, que se han visto envueltos en violencia relacionada con la tierra y el acaparamiento de recursos y han sido desplazados por conflictos por el control territorial, han perdido prácticamente todas sus tierras y comunidad debido a los estragos provocados por los conflictos internos, el tráfico de cocaína y las operaciones de fiscalización de drogas. Los pueblos amazónicos huitoto y bora, que viven en el departamento de Putumayo, en la frontera con Perú, han afrontado olas de explotación desde el auge de la plantación de caucho a comienzos del siglo XX, pero han mantenido su tradición ancestral de utilizar mambe y hojas de coca molidas, en sus encuentros y reuniones.