¿Qué aporta el concepto de la democracia energética a la lucha contra el cambio climático y la pobreza energética?
K.H.Reichert/Flickr
El concepto de democracia energética ha sido integrado al lenguaje, las propuestas y las demandas de diversos movimientos sociales, políticos y ambientales de distintos países del mundo. Existe un consenso creciente de que para detener el cambio climático y asegurar el acceso a la energía a toda la humanidad es imprescindible quebrar la hegemonía de las grandes corporaciones transnacionales y democratizar el sector público. La Directora Ejecutiva del TNI, Fiona Dove, conversa con uno de nuestros investigadores, Daniel Chavez, sobre el significado, la relevancia y el alcance de las alternativas de democracia energética en Europa y en el Sur.
En los últimos cinco años el concepto de democracia energética ha sido adoptado por muchas organizaciones sociales, principalmente en Europa, preocupadas por el creciente dominio de las grandes corporaciones sobre la generación y la distribución de la energía.
Varias definiciones concretas han sido propuestas por diversos investigadores y activistas, pero en general todas ellas convergen al referirse a sistemas de energía más descentralizados y bajo control social. En aquellos lugares donde existen condiciones políticas más favorables el concepto también se aplica a la democratización de empresas públicas nacionales, regionales o locales, o incluso a la reversión de servicios públicos de energía que habían sido privatizados, a través de procesos de renacionalización o remunicipalización.
También es frecuente utilizar el concepto de democracia energética para referirnos a la expansión de iniciativas locales de generación y distribución de la energía a partir de fuentes renovables, tales como las cooperativas eléctricas sustentables que se han desarrollado en Europa y en otras regiones del mundo.
Sí, tienes razón; las empresas del Estado no siempre se ajustan al modelo ideal de empresa pública. Pero en países donde la población ya tiene acceso a un acceso extendido y confiable a la energía a través de empresas públicas de propiedad estatal, regional o municipal no tendría sentido económico, social o ambiental apostar exclusivamente a alternativas desconectadas de la red eléctrica ya existente o desmantelar lo construido con mucho esfuerzo, tiempo y recursos en épocas previas.
Lo que necesitamos en estos casos es la democratización del sector público, estableciendo canales institucionales que posibiliten la participación genuina de los ciudadanos en la gestión de los servicios públicos para asegurar que la producción y la distribución de la energía se oriente a satisfacer las necesidades sociales (en particular de los pobres y otros grupos sociales marginalizados) y no los intereses de las grandes empresas privadas. En algunos casos, ésta puede llegar a ser una tarea extremadamente difícil.
Hace unas semanas fui invitado por el sindicato de trabajadores metalúrgicos de Sudáfrica, NUMSA, como panelista en un seminario sobre la gravísima crisis eléctrica que afecta al país. Uno de los principales temas de discusión fue como recuperar la gestión de Eskom, el conglomerado sudafricano de electricidad que constituye una de las mayores empresas del mundo. Muchos de los participantes en el seminario argumentaban que la compañía está ya tan “corporatizada” (el Estado sigue siendo el propietario, pero la empresa está siendo gestionada como cualquier otra corporación transnacional) que democratizar Eskom sería una utopía, y que tal vez la alternativa más sensata sería la creación o la revitalización de empresas eléctricas municipales o provinciales.
Pero yo no estoy convencido de que la fragmentación de Eskom sea una solución, ya que esta opción podría abrir la puerta a la privatización. Y por otro lado no hay ninguna garantía de que las empresas públicas resultantes, más allá de su menor tamaño, puedan ser más democráticas, más eficientes o más transparentes en su gestión.
Sí, es posible. Entre muchos investigadores y militantes sociales y ambientales que operan en el campo de los hidrocarburos la idea clave sigue siendo la de soberanía energética, ya que han estado luchando durante décadas contra multinacionales extranjeras y privadas dedicadas a la extracción de los recursos petroleros o gasíferos. Hemos sido testigos de este tipo de luchas en lugares tan diversos como Colombia, Nigeria o Canadá. Pero la idea de soberanía está intrínsecamente integrada al concepto de democracia energética.
En el contexto del proceso acelerado de cambio climático es urgente erradicar la industria de los combustibles fósiles; en eso estamos todos de acuerdo. Pero también necesitamos un plan de transición que permita a los países ricos en yacimientos de petróleo o de gas utilizar los recursos disponibles durante un tiempo para financiar la transformación de la matriz energética invirtiendo en fuentes renovables.
Los activistas que luchan por la democracia energética en Europa ya están utilizando este argumentación: no podemos dejar que las grandes corporaciones transnacionales privaticen nuestros recursos renovables colectivos, como ha ocurrido antes con la explotación de las reservas de petróleo y gas en el Mar del Norte.
Esta discusión también es muy actual en países que todavía dependen del carbón para la generación de energía, como Grecia. La plataforma electoral de Syriza (la original, antes de la reciente capitulación ante la troika) había incluido referencias concretas a una transición planificada hacia energías renovables, en base a una disminución gradual de la actual dependencia del país del lignito para avanzar hacia un sistema energético más ecológico en un periodo de no más de dos décadas.
La municipalización (o la remunicipalización, para ser más precisos) no es realmente una nueva tendencia. En el marco de nuestro proyecto de Alternativas en el Agua desde el TNI hemos estado monitoreando varios procesos de remunicipalización, tanto en países del Norte como del Sur, incluyendo a grandes ciudades como Buenos Aires, París, Accra o Kuala Lumpur. De esta manera hemos registrado más de 230 casos en los que los gobiernos locales han recuperado el control de los servicios de agua y saneamiento entre los años 2000 y 2015.
En el sector de la energía, los servicios públicos municipales y regionales han estado a cargo de la provisión de energía eléctrica desde hace ya muchas décadas. Entre finales del siglo XIX y principios del XX muchas ciudades de todo el mundo municipalizaron una amplia gama de servicios públicos, en muchísimos casos en respuesta al fracaso de los proveedores privados para extender el suministro de agua o electricidad más allá de las zonas más ricas.
Hoy en día, incluso en el corazón mismo del sistema capitalista, en los Estados Unidos, funcionan más de 2.000 empresas eléctricas municipales o de propiedad comunitaria, las que en conjunto dan servicios a más de 46 millones de personas, según cifras dadas a conocer por la American Public Power Association. Estas empresas operan en grandes ciudades como Los Ángeles, Seattle y Orlando, así como en pequeñas ciudades dispersas por todo el país. Por desgracia, no todas estas empresas locales de electricidad son verdaderamente públicas, democráticas o ambientalmente sostenibles.
En Europa, la tendencia hacia la remunicipalización de la energía también es muy evidente. La nueva alcaldesa de Barcelona –Ada Colau, una ex dirigente de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca en España, quién lideró una amplia coalición de partidos progresistas y movimientos– anunció hace unas semanas que el gobierno municipal va a empezar a trabajar en la creación de una nueva empresa eléctrica local, en respuesta a la creciente pobreza energética que ya afecta a alrededor del 10% de los hogares de la ciudad.
Otra experiencia europea muy interesante es la de la Berliner Energietisch (la Mesa de la Energía de Berlín). Esta es una alianza creada por más de 50 organizaciones sociales y ambientales en el año 2011, con el objetivo de recuperar la provisión pública de los servicios de energía en la capital de Alemania. Se trata de establecer un nuevo tipo de empresa municipal basado en los principios de sostenibilidad ambiental, la propiedad social y la gestión democrática.
La campaña incluyó un referéndum, celebrado en noviembre de 2013, en el que alrededor de 600.000 ciudadanos votaron a favor de la remunicipalización. Por desgracia, aunque más del 80 por ciento de los votantes respaldó la opción del "sí", no fue suficiente, ya que el referéndum no alcanzó el requisito legal de participación mínima por apenas 21.000 votos. Sin embargo, la lucha hacia la creación de una empresa de energía de propiedad pública continúa. La Mesa de la Energía de Berlín permanece activa y sigue inspirando iniciativas similares en toda Europa.
Fuera de Europa podemos apreciar una tendencia aún más ambicioso de "republicisación”. Estoy usando una palabra (republicisation, en su versión original en inglés) acuñada por Massimo Florio, un investigador de la Universidad de Milán que dirige un equipo de investigadores que está mapeando la reversión de acuerdos de privatización alrededor del mundo. En América Latina han habido muchos y extensos procesos de renacionalización en varias áreas de la economía, de forma más visible en Venezuela y Bolivia. Centrándonos en el sector de la energía, podemos ver que este proceso comenzó en Bolivia en el año 2006, cuando el gobierno de izquierda del presidente Evo Morales anunció la nacionalización de la industria del gas natural. Poco después, en 2010, el Estado asumió el control de la generación de electricidad, culminando en la nacionalización de la red eléctrica en el año 2012. En Venezuela, la renacionalización de la electricidad ya se había completado en el año 2007, bajo el gobierno de Hugo Chávez.
En general, podemos referirnos a los procesos latinoamericanos de recuperación de lo público como noticias positivas, pero tendríamos mucho para discutir acerca de la forma en la que las nacionalizaciones fueron ejecutadas, los beneficios económicos que se otorgaron a las empresas privadas cuando transfirieron sus activos al sector estatal, el alcance real de las nacionalizaciones, o la calidad actual de la gestión al interior de las empresas públicas nacionalizadas. También debemos ser conscientes de que el Estado no en todos los casos es eficiente, como las padecimientos actuales del sistema nacional de electricidad de Venezuela así lo demuestran.
Estas experiencias no sólo indican que es posible revertir la privatización, sino también que después de la renacionalización los gobiernos tienen la responsabilidad de mejorar la calidad de sus servicios. Afortunadamente, en América Latina tenemos otras empresas eléctricas estatales, como la UTE en Uruguay o el ICE en Costa Rica, que demuestran cómo el Estado puede ser muy eficiente en el sector energético si se desarrollan las condiciones políticas adecuadas.
El concepto de democracia energética ya está siendo ampliamente utilizado por activistas europeos, pero no tanto por militantes de las regiones del Sur. En América Latina o en África tendemos a usar más la noción de soberanía energética, por lo general en paralelo a otras luchas sociales en torno a la alimentación, el agua o la tenencia de la tierra. Pero no estamos hablando de luchas diferentes. La noción de soberanía implica el control social sobre la producción, la distribución y consumo de bienes y servicios, ya sean alimentos, el agua o la electricidad. Significa reducir el poder de las corporaciones y las instituciones de mercado actualmente hegemónicas en la economía globalizada.
Y también podemos ver que las luchas son muy similares en el Norte y en el Sur. En Grecia, por ejemplo, la idea de la democracia energética está fuertemente enraizada en las ideas de soberanía y de autodeterminación, con énfasis en el derecho a planificar y ejecutar una política energética nacional y autónoma, sin las restricciones impuestas por el memorándum de la troika.
En otros países, por ejemplo en el mío, Uruguay, la soberanía significa una transición hacia fuentes renovables no convencionales con el fin de reducir la dependencia de la energía importada y la vulnerabilidad antes las fluctuaciones periódicas de los mercados energéticos a escalas regional o global.
En México, en el contexto de la reforma energética implementada por el actual gobierno neoliberal, la soberanía significa resistir el proceso de liberalización y eventual privatización de los sectores del petróleo y de la electricidad, con el fin de asegurar las necesidades del pueblo mexicano y no los intereses de las multinacionales privada y extranjera.
El sector energético mexicano ha sido a menudo presentado en la prensa internacional de negocios como el ejemplo de un sistema fallido que sólo podría ser salvado por una reforma neoliberal radical. La revista The Economist incluso se refirió de forma irónica la supuesta necesidad de “una nueva revolución mexicana”. En los últimos dos años el país ha cambiado su constitución y ha aprobado nuevas leyes para terminar con ocho décadas de monopolio de Pemex –el conglomerado estatal– en la producción de gas y petróleo. El sector eléctrico también ha sido liberalizado, amenazando la supervivencia de la Comisión Federal de Electricidad, CFE, la otra empresa estatal de gran tamaño.
La argumentación de la reforma neoliberal se basa en una supuesta explotación más eficiente de los yacimientos de gas y petróleo de esquisto que todavía no han sido explotados en el país –incluyendo extensas reservas de esquisto que podrían superar las de su vecino del norte y principal socio comercial, Estados Unidos– y un supuesto abaratamiento el precio de la electricidad. En realidad, la transferencia del control de los recursos de combustibles fósiles mexicanos a las corporaciones privadas representa no sólo una mala noticia para el planeta, sino también para sus habitantes, ya que una gran parte de la economía nacional y del presupuesto público depende del sector de la energía. La evidencia empírica de muchos países del Sur señala que abrir la puerta a las empresas privadas y extranjeras en los sectores extractivos y de servicios a menudo se traduce en ganancias rápidas y sustanciales para los inversores privados y pérdidas permanentes y pesadas para los ciudadanos.
La experiencia de Uruguay es más bien la opuesta. La actual transición hacia las energías renovables no convencionales también ha sido caracterizada por la prensa internacional como una “revolución” energética. A diferencia de muchos otros países del Sur, el acceso no era un problema en Uruguay, porque desde hace ya unos años la cobertura de la red eléctrica nacional había alcanzado un nivel prácticamente universal, en torno al 99%. La cuestión era más bien como generar la energía consumida por el país.
El caso uruguayo es muy relevante a nivel internacional porque no estamos hablando de una pequeña isla o de una pequeña nación con una economía muy básica, sino más bien de un país de tamaño similar al doble del Benelux y con un ingreso per cápita superior al de Polonia, Hungría, Croacia y muchos otros países europeos. También es interesante destacar que una sola empresa nacional –la UTE, una empresa pública muy eficiente– ha liderado la transición hacia un modelo energético sostenible, fundamentalmente en base a inversiones rápidas y masivas en energía eólica.
El objetivo del actual gobierno (la coalición de izquierdas Frente Amplio ha ocupado el gobierno desde el año 2005) es que hacia finales del año 2017 el 38 por ciento de la energía consumida por Uruguay sea generada en parques eólicos, frente a alrededor del 13 por ciento actual. Eso significa que Uruguay jugará en la misma liga que Dinamarca, el líder mundial en energía eólica, que genera alrededor de 43 por ciento de su energía a partir del viento.
Durante años lluviosos, Uruguay puede depender de tres plantas hidroeléctricas para generar alrededor del 75 por ciento de la electricidad que necesita, pero durante épocas de sequías del país se ve obligado a gastar un montón de dinero quemando combustibles fósiles. La oferta creciente de energía eólica convertirá a Uruguay en un país autosuficiente en energía eléctrica, y también generará energía excedente que podría ser exportada a los vecinos Argentina y Brasil. Pero debemos asegurarnos que la energía producida por las fuentes renovables se destine a potenciar el desarrollo social y no a satisfacer las demandas de grandes empresas privadas –como podría ser suceder si se concreta la posible instalación en el país de una empresa minera extranjera interesada en explotar los yacimientos nacionales de hierro, con un previsible fuerte impacto en la demanda futura de energía.
A propósito, ya que estamos hablando de Uruguay, en TNI estamos muy orgullosos de haber contribuido a la campaña contra el Acuerdo en Comercio de Servicios (Trade in Services Agreement, TISA) que llevaron adelante el PIT-CNT (la central sindical) y Redes-Amigos de la Tierra Uruguay. Recientemente celebramos la noticia de que Uruguay se ha convertido en el primer país en abandonar la mesa de negociación del TISA. Este y varios otros tratados comerciales y de inversión que están siendo negociados actualmente, como el TPP en la Cuenca del Pacífico o el TTIP en Europa, constituyen graves amenazas para la supervivencia de las empresas públicas encargadas del suministro de la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y otros servicios esenciales.
Tu pregunta es muy importante, porque ya me he referido muchas veces a empresas estatales, gobiernos y municipios sin explicar el significado de las instituciones estatales en los debates actuales y en las luchas concretas por la democracia energética.
Soy consciente de que muchos de nuestros amigos y aliados en Europa y América Latina tienen una visión muy crítica del Estado, apuntando a muchos ejemplos históricos y actuales de provisión de servicios de energía de tipo verticalista y que no han sido ni democráticos, ni participativos ni eficientes. Algunos críticos también se refieren a la extensa neoliberalización del Estado, incluyendo la expansión de empresas de propiedad estatal en el sector energético (tanto en el segmento de la electricidad como en las áreas del gas y el petróleo) que se comportan como cualquier corporación transnacional privada, por ejemplo Vattenfall en Suecia o Petrobras en Brasil.
Yo comparto la mayor parte de estas críticas, pero no siempre estoy de acuerdo con la visión política subyacente: no creo que las iniciativas de propiedad comunitaria o las cooperativas de energía sostenible puedan ser la única alternativa viable, o que ya estemos listos para patear al Estado. Parafraseando el título de un uno de mis libros preferidos, escrito por otra TNI Fellow, mi querida amiga Hilary Wainwright, creo que en todo caso deberíamos “recuperar el Estado” (“reclaim the state”). Aquellos de nosotros que venimos de la tradición marxista estamos familiarizados con la teorización del Estado como un instrumento de dominación de clase, pero el pasado reciente de América Latina y otras regiones del mundo nos ha enseñado que el Estado no es una entidad autónoma o una institución internamente homogénea, y también que se puede transformar el Estado en base a la presión ejercida por las luchas sociales y políticas contrahegemónicas.
Creo que es hora de que los progresistas superemos una vieja dicotomía que ha caracterizado a la izquierda, la que enfrenta a quienes se centran en el fortalecimientos de fuentes autónomas de poder de base social y comunitaria con aquellos que todavía creen en la necesidad de conquistar (y administrar) el poder de base estatal. No podemos ignorar la ya larga lista de experimentos políticos recientes y diversos que han demostrado la viabilidad de conexiones innovadoras entre el poder que surge desde la base social y los procesos de transformación del Estado impulsados por partidos políticos y gobiernos de izquierda. Me refiero al rico y creciente repertorio de iniciativas del tipo que Erik Olin Wright ha caracterizado como “utopías reales” (“real utopías”).
En su último libro, Naomi Klein nos recuerda que la única manera de detener el cambio climático es acabar con el capitalismo, y que por lo tanto el cambio climático puede ser visto como una oportunidad excepcional para resolver muchos otros problemas sociales. Esto no implica que la única manera de deshacernos del capitalismo sea asaltar el palacio de invierno como los bolcheviques del año 1917. De hecho, yo ya no creo en la viabilidad de revoluciones violentas en el actual contexto mundial. En lugar de ello debemos avanzar desarrollando “reformas no reformistas” que erosionen significativamente las estructuras que sostienen la explotación y la opresión, incluyendo la construcción de alternativas contrahegemónicas para la provisión estatal de bienes y servicios públicos. Pero eso implica la creación de instituciones no capitalistas, capaces de detener o bloquear la expansión del capitalismo, al interior de los actuales Estados capitalistas. En ese sentido, tanto una cooperativa local de energía renovable como una empresa pública democrática y bien gestionada podrían ser consideradas “utopías reales”.
Mi foco de la investigación durante los últimos tres años ha sido el sector público en general y las empresas públicas en particular, pero yo no idealizo al Estado. Soy muy consciente de que las empresas públicas no deben ser entendidas como instituciones inherentemente “progresistas”, o que deban ser defendidas sólo porque no son de propiedad privada. He estudiado el caso de Empresa Públicas de Medellín, EPM, que en su origen era una empresa muy eficiente y muy responsable en la prestación de servicios de electricidad, agua y telecomunicaciones a nivel local y con una clara orientación social. Pero desde hace una década EPM ha puesto en marcha un proceso de expansión nacional e internacional, apropiándose de empresas privatizadas en otras partes de Colombia y en otros países de América Latina, al tiempo que en su ciudad natal pasaba a comportarse como cualquier empresa privada, incluyendo la instalación de medidores de prepago y corte de servicios a las familias que no pueden pagar la tarifa.
EPM es un claro ejemplo de lo que en el marco del Municipal Services Project (MSP, una red global de investigación de la que TNI forma parte) definimos como corporatización: una empresa que sigue siendo formalmente “pública” pero que en la práctica funciona con criterios de gestión neoliberales que conciben a la eficiencia desde un punto de vista exclusivamente de rentabilidad financiera. Pero mi propia investigación sobre las empresas estatales también revela que sin duda es posible democratizar y mejorar el sector público y que la propiedad pública sigue siendo importante para la construcción de alternativas.
Como el nombre de nuestro instituto lo indica, el TNI trabaja sobre temas “transnacionales”, y claramente la energía pertenece a esta categoría. Hace unos días la Asamblea de las Naciones Unidas acordó formalmente un nuevo conjunto de metas conocidas como los “Objetivos de Desarrollo Sostenible”, ODS, uno de los cuales se refiere explícitamente a la energía sostenible: ODS 7. Esto es parte de un proceso que incluye la declaración de 2012 como el Año Internacional de la Energía Sostenible Para Todos, y la iniciativa SE4ALL de Ban Ki-Moon.
En TNI somos bastante escépticos sobre las perspectivas y los impactos de estas iniciativas globales, caracterizadas por un montón de discursos grandilocuentes pero estériles y la subordinación de las necesidades sociales a los intereses de las empresas transnacionales. Pero aun sí celebramos el hecho de que la llamada “comunidad internacional” haya identificado a la energía como un tema vital. Por lo menos en el nivel discursivo parecería haber un acuerdo sobre la necesidad de alcanzar un modelo energético sostenible antes del año 2030, que incluya el acceso universal, un aumento sustancial de la cuota de participación de las fuentes renovables en la matriz energética, y la duplicación de los valores de la eficiencia energética.
Los agentes del cambio, los contenidos y las características específicas de la transición conforman el eje de muchas luchas sociales, políticas y ambientales en la actualidad. Las ideas defendidas por quienes priorizamos el concepto de democracia energética son radicalmente diferentes a las ideas presentadas en publicaciones brillantes por las grandes empresas transnacionales que hacen lobby ante la ONU en Nueva York o ante la UE en Bruselas. Por lo tanto, en natural que desde el TNI estemos motivados a participar en los procesos internacionales sobre la transición energética, brindando nuestro aporte para que el cambio de modelo sea realmente sostenible y democrático, en conjunto con diversas organizaciones progresistas de todo el mundo que comparten nuestras ideas, nuestras preocupaciones y nuestras propuestas.
En el TNI hemos estado trabajando con movimientos opuestos a la privatización y apoyando la gestión pública de los servicios de agua durante más de una década y hemos aprendido mucho de sus luchas. En un reciente taller organizado por la Fundación Rosa Luxemburgo en Bruselas algunos participantes se refirieron a los “guerreros del agua” como el modelo que deberíamos estudiar con más detalle si queremos construir un movimiento internacional en el sector energético.
En este momento podemos ver muchas organizaciones en diferentes partes del mundo activas en diversas luchas en torno a la energía, pero nada similar al movimiento del agua en términos de coordinación de acciones o la definición de una plataforma común. También tenemos que construir vínculos más fuertes con otros actores, como la Iniciativa de Sindicatos por la Democracia Energética.
Susan Spronk, una profesora de la Universidad de Ottawa que también integra el MSP, ha escrito un artículo breve pero muy útil sobre las potencialidades del intercambio de experiencias, con el título pegadizo de “Agua con gas: Luchas ciudadanas en el ámbito del agua y la energía”. Susan explica como los movimientos sociales del Sur y del Norte han logrado importantes victorias en la lucha contra la privatización del agua, y argumenta que los sindicatos, los investigadores comprometidos y otras fuerzas sociales pueden ciertamente aprender de estas luchas para desarrollar coaliciones regionales e internacionales a favor de democracia energética.
Somos conscientes de que las determinantes políticas y económicas de los sectores agua y energía son diferentes en muchos aspectos, pero podemos extraer lecciones útiles de los militantes por el agua pública sobre la mejor manera de enmarcar nuestras demandas, la importancia de trabajar en conjunto con aliados que podrían no compartir del todo nuestras puntos de vista políticos, y sobre como fortalecer la democracia interna al interior de nuestras propias organizaciones.
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