¿Guerra contra la disidencia? La reducción del espacio de protesta en el Reino Unido

En 2016, la Red de Vigilancia de la Policía, Netpol, apuntó que el Gobierno y la policía en Gran Bretaña se encuentran en un “estado permanente de guerra” que se libra en numerosos frentes: además de la interminable ‘guerra contra el terror’, se viven también guerras contra las drogas, contra la juventud negra en las ciudades, contra las personas migrantes y contra el presunto extremismo, orientada, sobre todo, aunque no exclusivamente, contra las comunidades musulmanas.

“Cada batalla”, argumentábamos, “necesita que haya un enemigo y estas guerras no constituyen ninguna excepción”. Entre los “enemigos” percibidos están los disidentes políticos, los activistas que se oponen a la coacción y la violencia del Estado y el uso deshumanizador de términos como “integrante de banda”, “inmigrante económico” o “extremista interno”. Prueba de ello es el extraordinario abanico de movimientos sociales y políticos ―de todas dimensiones e intereses― que han estado durante años en el punto de mira de la policía secreta británica. Esta ha sido una de las pocas revelaciones de la investigación sobre la actividad policial encubierta, que ha tenido un impacto escaso desde que la creara el Gobierno de Cameron en 2015, tras el escándalo de los ‘espías policiales’.

Hace dos años, nuestro objetivo al destacar la actitud belicista de la vigilancia policial británica era poner de relieve la expansión del mercado policial y de seguridad, y su exportación a todo el mundo, coincidiendo con la feria de muestras anual celebrada por el Ministerio del Interior británico, en la que se ofrecía un “ambiente discreto” para las compañías que abastecen a la policía, las prisiones y el Ministerio de Defensa. Este encuentro brindó a los dirigentes policiales ―que consideramos que son “como los generales de cualquier ejército”― la oportunidad de alimentar la necesidad constante de más inteligencia integral, mejores arsenales y una logística más eficiente.

La mentalidad militarizada de la gestión del orden público exige, sin duda, los últimos avances tecnológicos, pero solo por una razón: porque librar una guerra nunca implica la mera captura del espacio físico, sino la capacidad de mantener la dominación y el control del este.

“Mantener la paz” (aunque puede que el término más preciso sea pacificación) implica la reducción y, en último término, la denegación de cualquier espacio del que se pueda beneficiar el “enemigo”. Desde el punto de vista de la gestión del orden público, esto se refiere indefectiblemente a cualquier espacio en el que se desafíe directamente el poder que ejercen el Estado y las grandes empresas en nombre del progreso o el crecimiento económico: por ejemplo, contra la construcción de aeropuertos, las subvenciones a la industria armamentística, la energía nuclear, la extracción de combustibles fósiles o las restricciones sobre los derechos de los trabajadores y las trabajadoras.

Como ha documentado Netpol desde 2014, esto es precisamente lo que han experimentado de primera mano los activistas ambientales que se oponen al fracking en el Reino Unido, en un primer momento por las tácticas policiales agresivas y a menudo violentas y, más tarde, por las sanciones civiles impulsadas por la industria petrolífera y gasística con el fin de ahogar cualquier forma de protesta efectiva.

Sin embargo, también se refleja en los intentos de pacificar las protestas que tienen lugar dentro de los espacios de consumo corporativos, como la detención indiscriminada de activistas del movimiento Black Lives Matter que participaron en una acción solidaria contra la violencia policial en un centro comercial de Londres en 2014. La policía de Liverpool ha usado también sus amplios poderes para expulsar de la zona comercial del centro de la ciudad a los animalistas, a pesar del hecho de que ni siquiera estaban protestando en aquel momento.

Basándose en los mismos principios, las restricciones sobre el control de otro espacio físico ―las calles donde viven las personas― son la razón por la que se suela aludir a las operaciones policiales como un ejército de ocupación. Esta es la experiencia sobre todo de las comunidades negra y de minorías, percibidas sistemáticamente como “territorio enemigo” hostil y en las que la vigilancia policial ―institucionalmente racista― hace que los agentes, cuando no tienen suficientes pruebas para efectuar detenciones, ejerzan un control invasivo y recurran a sus facultades para parar y registrar con el fin de criminalizar a jóvenes negros como si se encontraran “en situación de riesgo” de convertirse en integrantes de “bandas”.

Las inquietudes por la reducción del espacio democrático para la organización, participación y comunicación de las organizaciones de la sociedad civil ha ganado sin duda terreno en Europa en la última década. El Parlamento Europeo insiste en que este fenómeno forma parte de “un retroceso autoritario generalizado en contra de la democracia” y acepta que la política exterior de la Unión Europea “puede seguir aún mostrando una gran cautela a la hora de hacer frente a regímenes implicados en ofensivas brutales contra la sociedad civil” en todo el mundo.

Mientras tanto, la idea de una “reducción del espacio” dentro de la propia Europa ha tendido más a priorizar los límites a la participación; por ejemplo, sobre las reglamentaciones jurídicas que restringen algunas operaciones de la sociedad civil, la disminución del apoyo financiero (como la ilegalización de la ayuda de donantes extranjeros ), graves restricciones sobre el uso de fondos para labores de defensa e incidencia política (sobre todo de las personas refugiadas y migrantes ) y la falta general de acceso a las consultas y el diálogo con los Gobiernos.

Son temas sin duda alarmantes. Sin embargo, como argumentó el Transnational Institute (TNI) en un informe de abril 2017, el concepto de ‘reducción del espacio’ es, en sí mismo, profundamente problemático, porque intenta describir de manera “más aceptable y menos incómoda” lo que representa, esencialmente, vigilancia policial política; al hacer esto, se desvía la atención “de la represión tangible de un tipo de política al servicio de otro”, es decir el refuerzo del apoyo al capitalismo de libre mercado.

El TNI señala el doble rasero de la retórica en torno a la ‘reducción de los espacios’ que “tiende a desdibujar las diferencias en las luchas que afrontan los movimientos sociales con respecto a las de las ONG más grandes, dando a entender que todos los actores de la sociedad civil están experimentando el mismo tipo y grado de reducción del espacio y, al mismo tiempo, promueve la noción de que es en el Sur Global donde se está reduciendo el espacio “de verdad””.

En el Reino Unido, parece obvio que las organizaciones liberales de la sociedad civil que gozan de influencia política, grandes equipos de personal remunerado e importantes presupuestos para dedicar a las campañas, experimentarán la reducción del espacio democrático de manera muy distinta a los grupos percibidos como radicales, anticapitalistas o que utilizan protestas de acción directa para articular sus demandas en vez de actos de presión y negociación.

Es evidente también que a algunas protestas asiste menos policía mientras que otras, sobre todo los campamentos de protesta o los movimientos sociales (como Occupy en 2011 o las campañas contra la austeridad en 2016) que buscan afianzar y retener los espacios públicos, se enfrentan a un número abusivo de agentes resueltos a efectuar detenciones.

En nuestra opinión, aquí es donde debe centrarse el malestar sobre la reducción del espacio de protesta. A pesar de las declaraciones públicas de la policía sobre su papel de “mantener el equilibrio entre los derechos de las personas manifestantes y los de las demás”, la idea de que los agentes desempeñan un papel benévolo como árbitro entre los intereses de la sociedad civil y los de las empresas o los organismos estatales es una ficción reconfortante.

En cambio, la policía hace juicios políticos altamente subjetivos sobre el uso de la fuerza u otras tácticas disruptivas o represivas en las protestas, impulsados por una agenda basada en la seguridad y el orden público, en vez de una verdadera preocupación por facilitar el derecho a la libertad de reunión. En palabras del TNI, favorece “un cierto tipo de acción política al servicio de otra”. Esto no ocurre solo en el Sur Global o en países de la antigua Unión Soviética, sino de forma rutinaria en países de Europa occidental, como el Reino Unido.

En tales circunstancias, la definición de qué constituye una ‘protesta pacífica’ tiene cada vez menos que ver con un riesgo real de violencia (y en nuestra experiencia, en la gran mayoría de las protestas celebradas en Gran Bretaña no se efectúan detenciones por conducta violenta), y más con los destinatarios de las protestas y si hay posibilidad de que los manifestantes interrumpan algún aspecto de los intereses estatales o empresariales.

Esto se hace especialmente evidente en la calificación reiterada de un gran abanico de movimientos sociales no violentos en el Reino Unido como “extremismo interno” y la conexión de cualquier acción no lícita con la ilegitimidad o con el riesgo de vulnerabilidad o radicalización. Esto se ha utilizado para justificar la intolerancia posterior de la policía del más mínimo trastorno que la protesta, inevitablemente, provoca.

Una vez nombrado el enemigo, se despliega posteriormente una vigilancia intensiva, en paralelo con la agresiva ‘guerra contra las bandas’ de la policía, lo que incluye recordatorios manifiestos de la dimensión del poder policial y el uso encubierto de agentes secretos para minar deliberadamente las actividades de los y las activistas.

Las implicaciones de esta recopilación de datos y su uso por parte de la policía son que las personas que participan en asambleas públicas tienen más probabilidad de ser arrestadas, de que se les pare sus vehículos y, en algunos casos, de que se les detenga en las fronteras . Se ha interferido también en asuntos no relacionados directamente con la protesta. Por ejemplo, algunos agricultores detenidos en el condado de Lancashire por delitos menores en protestas contra el fracking se encontraron con que se les había revocado, sin explicación, la licencia de tenencia de armas.

Desde que la responsabilidad de monitorizar el presunto “extremismo interno” se trasladó, en 2015, de la Policía Metropolitana de Londres a la red antiterrorista nacional del Reino Unido, a los activistas les resulta ahora mucho más difícil servirse de la legislación de protección de datos para obtener cualquier información personal retenida por la policía que les clasifique como presuntos ‘extremistas’.

Esto se debe a que la disidencia política se considera, de hecho, como terrorismo y, por lo tanto, está sujeta de inmediato a las amplias restricciones de la ‘seguridad nacional’.

En nuestro informe de 2017 sobre la vigilancia policial de las protestas contra el fracking en Inglaterra, Netpol expresó su preocupación de que tan intensa vigilancia tiene un ‘efecto potencialmente disuasorio’ sobre la libertad de reunión, al desanimar activamente a muchas personas de participar en las actividades de la campaña. Tiene también un efecto negativo en el tipo de discusión, la toma de decisiones y la organización colectivos fundamentales para que los activistas puedan ejercer su derecho a protestar.

Además, la difamación de activistas legítimos como ‘extremistas’ abre una brecha entre estos y sus potenciales aliados en nuestras comunidades, y es utilizado como arma contra ellos por los medios de comunicación y los grupos defensores de la industria. También fomenta la reticencia por parte de la política dominante de investigar las experiencias de vigilancia policial por parte de los manifestantes o la persistente tergiversación de sus acciones por parte de la policía.

Al dar el paso de implicarse, es como si los activistas se declararan también “enemigo”, aunque no lo planificaran o anticiparan al inicio de su actividad.

En la actualidad, la primera línea de protesta se ubica en Lancashire, el norte de Yorkshire, y en otros escenarios del fracking en Inglaterra. En este caso, los activistas noveles con recursos limitados que intentan desafiar la industria del petróleo y el gas, políticamente bien conectada, se enfrentan a tácticas policiales que parecen decididas deliberadamente a impedir el derecho de los residentes locales a expresar su oposición.

Mientras tanto, las compañías del gas de esquisto se benefician enormemente de presentar la oposición al fracking como una batalla entre las fuerzas del orden y el desorden, en vez de una lucha de los residentes locales contra la contaminación, la enfermedad y el cambio climático.

No es razonable esperar de los activistas locales que pidan cuentas tanto a la industria del fracking como a la policía, sobre todo cuando no hay disposición por parte de los políticos y la prensa de criticar las operaciones policiales. Esto hace aun más importante el papel que desempeña Netpol y sus miembros al coordinar el apoyo jurídico y contrarrestar la representación negativa de las protestas.

Como apuntamos en un taller del TNI celebrado en Salento, en el sur de Italia, en octubre de 2018, los movimientos sociales son algo más que una serie de acciones interconectadas: son comunidades por derecho propio, y las comunidades necesitan su propia infraestructura.

Dicha infraestructura incluye a organizaciones como Netpol, capaces de asumir la tarea de desafiar la vigilancia, oponerse a la clasificación de activistas como “extremistas” y resistir la reducción del espacio democrático de ejercicio del derecho a la libertad de reunión.

Kevin Blowe es coordinador de Netpol, Red de Vigilancia de la Policía, desde 2014 .

Netpol es un colectivo de activistas experimentados, abogados e investigadores que combaten la acción policial desproporcionada o excesiva en las protestas y contra las comunidades locales. Apoyamos una voz más cohesionada para los grupos independientes en primera línea dentro del debate dominante en torno a las libertadas cívicas en Inglaterra y Gales. El sitio web de Netpol es netpol.org.