¿Qué nos puede enseñar la antigua minería sobre una transición energética justa? Lecciones de la movilización social en torno a la minería y la energía renovable en Marruecos

Cuando estallaron las protestas contra una nueva central de energía solar en el sureste de Marruecos en 2011, funcionarios estatales y pobladores rurales compararon la movilización con los prolongados conflictos en una mina de cobalto cercana1. Mientras que los funcionarios intentaron apaciguar la disidencia política para proteger estos megaproyectos, los habitantes tenían otras preocupaciones. Cuestionaban la propiedad de estos recursos, de la tierra en la que se habían instalado los proyectos y de la riqueza que generaban. Además, reclamaban empleos. Querían beneficiarse del desarrollo económico que esos proyectos supuestamente promovían. Desde entonces, se han intensificado los conflictos en relación con la minería de plata, cobalto y fosfato y las instalaciones de energía renovable. Los habitantes de la zona señalan que estos proyectos, en apariencia diferentes, tienen impactos económicos, ecológicos y políticos similares2. A los habitantes les preocupan los efectos materiales –escasos puestos de trabajo, inversión mínima en la economía local y apropiación de la poca agua disponible–, pero también afirman que la dinámica política de los diferentes sectores reproduce las formas de represión y marginación que ocurren desde hace mucho tiempo. Las aparentes semejanzas entre la minería y la generación de energía solar reproducen con creces los desequilibrios de poder mediante los cuales habitantes rurales marginados deben soportar nuevamente los costos del desarrollo nacional para beneficio de empresas privadas y del poder estatal. La continuidad entre la extracción y la energía renovable también plantea preguntas sobre cómo alcanzar una transición justa no solo en Marruecos, sino también en países de todo el mundo que están experimentando un aumento de los proyectos de energía renovable, a menudo en zonas con una larga historia de minería. ¿Cómo se puede promover nuevas formas de energía que no reproduzcan las mismas desigualdades económicas y políticas inherentes al capitalismo basado en el carbono? Es fundamental determinar «de qué» y «hacia qué» debemos hacer una transición. Este diagnóstico es mucho más que una crítica. Resulta fundamental para determinar las políticas colectivas que pueden dar lugar a una transición equitativa.

Para lograr una transición justa es preciso realizar un esquema de cómo se desarrolla la producción de energía en determinados lugares. Más allá de las políticas nacionales e internacionales de alto nivel, ¿qué procedimientos burocráticos y legales harían posible concretar estos proyectos para las personas y los lugares que las rodean? Ese esquema también puede documentar el modo en que las personas se movilizan a nivel local de maneras que les resultan significativas, incluso cuando no parecen tener mucho poder. Este ejercicio político y analítico es especialmente importante en Oriente Medio y el Norte de África. Las discusiones sobre una transición justa en la región a menudo se centran en la gobernanza democrática y en cómo las luchas por la representación, la transparencia, la redistribución y la rendición de cuentas tienen primacía respecto de las movilizaciones sociales por la justicia climática o el encuadre ambiental.3 Centrarse en una transición justa como un proceso que tiene lugar, al menos parcialmente, en los encuentros diarios entre habitantes y actores poderosos contribuye a cambiar el énfasis de la democratización como requisito para una transición justa, a la democratización como un paso importante para lograr esa transición.

A finales de 2021, cuando se inauguraban las negociaciones de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (COP26) en Glasgow, un proyecto colaborativo de investigación basada en la acción, en el que participaron socios marroquíes y la autora del presente artículo, comenzó su propia iniciativa para abordar los reclamos urgentes de justicia ambiental de ese momento. El objetivo de esta iniciativa es aprovechar casi diez años de experiencia de una dimensión específica de la democratización del movimiento por una transición justa. El nuevo proyecto procuraba democratizar los conocimientos acerca de la extracción y la gobernanza local en el sureste de Marruecos con el fin de apoyar diversas formas de participación y movilización de los habitantes. Los socios del proyecto, que forman parte de una red de activistas de la sociedad civil y defensores de los derechos humanos, habían forjado relaciones entre diversos grupos de residentes de la zona, la Société Métallurgique d’Imiter (SMI), la mina de plata Imider y la empresa contra la que estaban protestando.4 Este esfuerzo, que duró varios años (de 2012 a 2015), incluía un programa de responsabilidad social empresarial en las minas de la empresa matriz en el sureste de Marruecos.5 Si bien los resultados de esta iniciativa fueron variados, los activistas aprendieron lecciones valiosas sobre cómo lograr el impacto deseado como intermediarios, mediadores y defensores de la justicia social, y han incorporado esas lecciones en la Asociación para la Promoción de la Mediación en Marruecos (APMM), fundada en 2017, y en la iniciativa de investigación basada en la acción que se creó en la segunda mitad de 2021.

Este proyecto de investigación basada en la acción formula dos tipos de preguntas fundamentales para una transición justa en Marruecos: 1) ¿Qué leyes, políticas y reglamentos burocráticos rigen los proyectos de extracción y energía renovable a gran escala?; y 2) ¿De qué modo las relaciones de poder en torno a la extracción y la energía renovable a nivel local afectan la vida diaria de los habitantes? Las interacciones cotidianas que constituyen la política rural no solo son locales o provinciales, sino que son relevantes en diferentes niveles, desde el reconocimiento de las formas de movilización política que son importantes para los habitantes rurales hasta la identificación de formas de participación o resistencia que a menudo pueden cambiar el curso de proyectos específicos. Un programa de transición justa para Marruecos –y para toda la región– debe ampliar la perspectiva de un enfoque únicamente centrado en la energía o la extracción a uno que entienda también el modo en que los habitantes incorporan esos proyectos en los objetivos políticos más amplios. El suroeste rural de Marruecos no es simplemente una periferia para que países de ingresos altos (o incluso para los centros urbanos marroquíes) trasladen los costos ambientales de su transición energética al Sur global. También es un centro de práctica política que debería considerarse un punto de partida para lo que podría ser una transición justa en las tierras áridas del Norte de África, especialmente habida cuenta de la importancia de las zonas rurales de Marruecos para las políticas de oposición del país en los últimos 10 años.6

Este artículo plantea cómo el análisis del poder y de los procedimientos burocráticos puede contribuir a democratizar los conocimientos en torno a la extracción y la producción de energía con el objetivo de apoyar a los movimientos locales y regionales a favor de una transición justa. Este proceso de análisis debe ser un proyecto colaborativo y crítico en el que participen los habitantes de zonas de extracción, independientemente de sus antecedentes, conocimientos especializados o familiaridad con el lenguaje de derechos de los movimientos sociales mundiales. Los residentes ofrecen puntos de vista singulares de la política en torno a la extracción, demostrando la importancia de un análisis contextual más amplio de la gobernanza rural para lograr una transición justa. El programa que aquí se propone es lo suficientemente general para aplicarse a otros contextos y, de hecho, se inspira en la participación de la autora en el trabajo de transición justa en los yacimientos de carbón de los Apalaches en Estados Unidos. El artículo describe, en primer lugar, el contexto contemporáneo de la extracción convencional y la energía renovable en el sureste de Marruecos. Más adelante, se establece una metodología para analizar cuatro continuidades entre la minería y la producción de energía renovable: actores e intereses financieros similares; marco jurídico y burocrático que rigen a los dos tipos de proyectos; sistemas de recaudación locales; y reivindicaciones políticas en torno a la representación y la redistribución.

Este análisis y la iniciativa más amplia de investigación basada en la acción fueron impulsados por los paralelismos entre la energía solar y la minería convencional identificados al comienzo del ensayo. En 2010 se anunció la construcción de la central de energía solar de escala comercial NOORo en Ouarzazate como una «ruptura con el pasado». La planta de energía solar concentrada fue promovida como el proyecto emblemático del plan solar de Marruecos, cuyo objetivo era que el país dejara de depender casi por completo de los combustibles fósiles importados y pasara a producir un 52 por ciento de su electricidad a partir de fuentes renovables para 2030.7 A pesar de que este objetivo ambicioso fue aplaudido a nivel internacional y de la transición del Gobierno para brindar un marco ambiental a la política energética, desde que comenzaron las obras de NOORo las dinámicas locales y regionales fueron ambivalentes y conflictivas. Activistas, residentes y funcionarios gubernamentales que comparaban explícitamente las protestas sobre la transferencia de tierra con las movilizaciones obreras y ambientales en torno a la mina de cobalto en Bouazzer, a menos de 200 kilómetros de distancia, eran plenamente conscientes de que, a pesar del discurso saludable de la transición energética, la energía solar es parte de una larga historia de extracción en el sureste árido del país.

La extracción en esta región se remonta a varios siglos. Ya en el período islámico clásico algunos cronistas describían la mina de plata de Imider. En la investigación preliminar del proyecto, habitantes de la provincia de Zagora también mencionaron que algunas minas de su región posiblemente se remontaban al período de almohade (siglo XII). No obstante, las minas modernas de la región comenzaron con el protectorado francés y el extractivismo agresivo de especuladores, industriales y líderes de la región (caids) que impusieron el régimen francés a los marroquíes del sureste del país.8 Una investigación inicial de los Archivos de Marruecos revela que la intención de llevar a cabo prospecciones y explotación en el sureste preceden el establecimiento formal del protectorado y la victoria militar de Francia en Fougafer (actual provincia de Tinerhir) en 1933. La minería estaba vinculada con las luchas en torno a qué tipo de poder debía tener el líder de la región, el pachá de Marrakech y gran caid, Thami el Glaoui. Algunos actores del Gobierno del protectorado defendían su poder, mientras que los actores que estaban alineados con los intereses financieros de Europa defendían un sector extractivo exclusivamente privado. Prevaleció el primer sistema, y la mina de cobalto de Bouazzer, establecida en 1928 mediante una alianza entre capital francés y El Glaoui, se convirtió en un sitio de extracción del archipiélago de minas de la empresa que posteriormente se denominaría Managem, la sociedad de cartera pública con intereses mayoritarios de la realeza. Estas minas (Imider, Bouazzer y Bleida) fueron el epicentro de las movilizaciones sociales de la década de 2010.

Analizar la genealogía de la extracción es un elemento importante de la investigación basada en la acción que comenzó en la segunda mitad de 2021, debido a que explicita las ideologías del régimen que continúa gobernando la extracción y la gestión de los recursos naturales en general. También revela las relaciones de fuerza bruta que operaban para expropiar estos recursos en nombre de intereses extranjeros o de las élites marroquíes. Incluso iniciativas aparentemente progresistas, como las relacionadas con la energía solar, deben contextualizarse en relación con esta historia cuando aplican los mismos marcos jurídicos y relaciones de poder. Los habitantes de la región nunca han visto los decretos, contratos ni otros documentos que formalizaron la transferencia de tierras y la exportación de riqueza efectuadas por estos proyectos. Estos documentos forman parte de los archivos franceses o de los Archivos de Marruecos, que se abrieron recientemente, lejos de las personas afectadas. Democratizar los conocimientos sobre la extracción implica llevar los documentos a los propietarios originales de los recursos y arrojar luz sobre una historia que debe asumirse a fin de entender la dinámica social contemporánea de los grandes proyectos de inversión. Es necesario hacer un balance histórico independientemente del recurso en cuestión: cobalto, plata, el agua utilizada para la producción comercial de sandía en el valle árido de Dra, o la tierra utilizada para instalar la infraestructura necesaria para cosechar la energía del sol. Esta historia también es fundamental para entender las continuidades entre la minería y la energía renovable, que es el tema principal de la próxima sección, que documenta que en la extracción y la energía renovable participan actores e intereses financieros similares.

Se han generado muchos conocimientos e investigación de activistas sobre el modo en que empresas, instituciones financieras internacionales y flujos mundiales de capital se vinculan con la extracción y la energía renovable.9 Esto es importante para entender cómo y por qué los esfuerzos de transición pueden profundizar, en lugar de cuestionar, las relaciones de dependencia consolidadas en el período colonial. Existen continuidades sorprendentes entre las cadenas de mercancías de los combustibles fósiles y aquellas de las energías renovables. Las presiones geopolíticas para lograr una transición en Europa, por ejemplo, no solo intentan cumplir las metas de descarbonización, sino que también sirven a intereses financieros centrados en diversificar carteras y utilizar energías renovables como límite o fuente de nueva acumulación de capital.10 Hasta el aumento de los proyectos de energía renovable en la región de Oriente Medio y el Norte de África refleja las continuidades en las relaciones geopolíticas entre Gobiernos y empresas europeos, por un lado, y los productores de combustibles fósiles de Oriente Medio y el Norte de África, por otro. La disponibilidad de capital, y de conocimientos especializados en infraestructura energética, y el objetivo de diversificar las fuentes de ingresos implican que muchos productores de combustibles fósiles también lideran la producción de energía renovable. Una de las expresiones más claras de este posicionamiento es la Iniciativa Desertec, un intento de vincular a todo el sur de la cuenca del Mediterráneo –y sus desiertos– a la red europea. A pesar de que Desertec ya no existe formalmente, la política de energía renovable de Marruecos y otras iniciativas regionales, como el «hidrógeno verde», se basan en su lógica subyacente.11

Hacer un seguimiento de estas relaciones también arroja luz sobre las decisiones técnicas y económicas que configuran las políticas y proyectos de energía renovable en Marruecos y otros países. La energía renovable de escala comercial, por ejemplo, es considerada un modo de lograr economías de escala y utilizar infraestructura existente para canalizar la energía renovable a la red. Estos fueron los argumentos para que la opción técnica del plan solar marroquí priorizara la energía solar concentrada, una tecnología a escala comercial relativamente nueva, cuyas perspectivas financieras no se habían comprobado cuando fue seleccionada para la central de Ouarzazate.12 El motivo para elegir la energía solar concentrada en vez de tecnologías fotovoltaicas o energía renovable descentralizada se relaciona en igual medida con centralizar el poder económico y político que con las economías de escala. La generación de energía solar comunitaria o a pequeña escala que evita utilizar la red no permite las oportunidades de acumulación de capital que ofrece el enfoque de megaproyectos de Marruecos al desarrollo de energía renovable. Tal acumulación de capital puede ocurrir independientemente de si los proyectos son rentables cuando están operativos –los proyectos existentes no lo son, y el Estado marroquí aún debe subvencionar la energía producida por estos nuevos proyectos para que la electricidad sea competitiva con la generada por los combustibles fósiles–.13 Por el contrario, múltiples contratos de construcción y, en menor medida, de operación de centrales crean diversas oportunidades de lucro (o, más precisamente, rentas). Muchas empresas que ganaron esas licitaciones son subsidiarias de empresas de combustibles fósiles o están financiadas por capital excedentario de la región del Golfo, productora de petróleo (especialmente Arabia Saudita, sede de Acwa, la empresa que obtuvo la licitación de la instalación inaugural de NOORo en Ouarzazate). Estas empresas representan un esfuerzo para diversificar la producción de electricidad y dejar de utilizar combustibles fósiles, así como para fortalecer los vínculos geopolíticos sólidos con el Gobierno marroquí, forjados en gran medida a través del petróleo.

Es importante entender cómo estos cálculos geopolíticos afectan las vidas diarias de las personas. Informar sobre cómo funcionan estas cadenas comerciales puede contribuir a democratizar los conocimientos sobre las alianzas entre Estado y empresas para la acumulación de capital extractivo. Sin embargo, la información no es suficiente: ¿cómo traducimos estas relaciones complejas para que los residentes puedan vincular sus realidades locales con los procesos mundiales? A nivel local, las cadenas de productos básicos mundiales quizá no parezcan pertinentes debido al modo en que el Estado y los sectores privados ocultan sus funciones y desdibujan las líneas de autoridad entre ellas. Las majzén (instituciones del Gobierno asociadas con el rey e instituciones del Gobierno no elegidas) y las sulta («autoridades», especialmente el Ministerio del Interior y los servicios de seguridad) suelen ser las autoridades que responden a las movilizaciones y garantizan la estabilidad de Managem, la empresa privada que cotiza en la bolsa de valores de Casablanca, pero que, como se mencionó, comenzó como una empresa de El Glaoui, el caid regional durante el período del Protectorado, y posteriormente pasó a formar parte de las sociedades de cartera de la realeza. Cuando los habitantes dicen que los proyectos provienen de «nuestro Comandante», en referencia al rey por su título de Comandante de los Fieles, la distinción entre los majzén y la empresa privada del rey no es del todo clara.

Sin embargo, denunciar estas cadenas de productos básicos mundiales quizá no sea la forma más eficaz de apoyar las iniciativas de transición justa en el sureste rural de Marruecos. Tanto en el caso de las minas privadas de Imider y Bouazzer como de la instalación de energía solar paraestatal en Ouarzazate, los reclamos populares de los últimos 10 años se han centrado en el empleo, la inversión rural y la transparencia respecto de qué recursos (especialmente el agua) se están utilizando en detrimento de las poblaciones locales. Estos reclamos han sido similares en diferentes lugares y respecto de diferentes recursos –la expropiación del agua y la falta de empleo suscitaron la ocupación durante ocho años de la mina de plata de Imider, mientras que la escasez de agua y empleo son preocupaciones persistentes en la central de energía solar en Ouarzazate–.14 Aunque los cálculos oficiales del consumo de agua en Ouarzazate son de entre 2,5 millones y 3 millones de metros cúbicos al año, el consumo real es considerablemente más elevado, algo que incluso se ha reconocido oficialmente. Ello se debe a que se necesita un volumen de agua considerable para lavar los reflectores solares en una zona de desierto y a la posible ineficiencia de la tecnología de la turbina de vapor utilizada en la central de energía solar concentrada de Ouarzazate. En la investigación preliminar realizada en Midelt, el sitio de la próxima central del plan solar de Marruecos, funcionarios del Gobierno local dijeron que la planta en construcción incluía tecnologías más modernas, que utilizaban menos agua, con el fin de producir 300 MW más que la planta de Ouarzazate con una sexta parte del agua necesaria. Algunas personas del sureste han atribuido las dificultades políticas que ha atravesado el director de la Agencia de Energía Sostenible de Marruecos en el último año a preocupaciones geopolíticas relacionadas con los vínculos tensos con Alemania, pero también con el lento avance del plan solar, así como la ineficiencia y la intensidad de recursos de la central de Ouarzazate.

Sin embargo, centrarse en un proyecto o cadena de productos básicos específicos puede ocultar las semejanzas entre la energía renovable y la extracción convencional. Un enfoque a la transición justa basado en el lugar es más amplio, dado que abarca los recursos y estrategias destinados a reivindicar el control necesario para proyectos de tal magnitud, independientemente de lo que se esté extrayendo. En Marruecos, estas estrategias se centran en controlar la tierra de propiedad colectiva, quizá el tema más polémico en las zonas rurales del país (y algunas zonas urbanas) de los últimos 20 años. Este enfoque coloca a los recursos extraídos en el contexto de las políticas de otros recursos, especialmente la tierra y el agua. Además de las empresas de extracción y las contratistas de energía renovable, los actores incluyen inversores en la exportación agrícola que compiten por el agua y miembros de colectividades étnicas u otros grupos sociales con diferencias históricas. Esta no es una investigación secundaria, sino que incluye a los residentes y las diferentes formas en que movilizan vínculos con actores estatales y otras autoridades. Realizar alianzas de investigación y activismo con grupos diversos en las regiones que rodean a estos megaproyectos es una forma de entender esta política local compleja. Este enfoque evita hablar sobre cómo los proyectos afectan «a la comunidad», ya que rechaza la idea de que existe una comunidad y, en cambio, busca perspectivas y posiciones diferentes.

El relevamiento del extractivismo en la extracción convencional y la energía renovable es más concreto para los residentes de zonas rurales cuando se pone énfasis en las leyes y procedimientos burocráticos utilizados para implementar un proyecto específico en su región. Sin duda, las historias de los megaproyectos (projets structurants) en el sureste de Marruecos difieren mucho entre sí: de la mina de cobalto de Bouazzer, inaugurada en 1928, antes de que Francia asumiera el control militar de toda la región, al discurso globalizado y orientado al futuro de la energía renovable en el cual se enmarca el plan solar. Sin embargo, la minería y la energía renovable están concentradas en las mismas regiones y utilizan las mismas leyes y procedimientos burocráticos para garantizar los recursos necesarios para la extracción. Más allá de los recursos tangibles, como la tierra, los metales o los minerales, estos recursos incluyen la inversión pública en infraestructura –por ejemplo, carreteras para transportar materiales y los recursos extraídos– y el uso de poder estatal para controlar la disidencia popular. La historia de la minería desde el período colonial al presente revela una continuidad sorprendente en el modo en que se extrae la riqueza de las zonas más pobres del país con una reinversión mínima en infraestructura social y económica.

Las historias del Marruecos moderno critican la división colonial del país en un centro «útil», que recibía recursos y «desarrollo», y una periferia «inútil», que era relegada. Estos términos son una descripción particularmente explícita del capitalismo extractivo común a todos los contextos coloniales. Sin embargo, una explicación binaria no describe adecuadamente el modo en que los Estados coloniales e independientes invirtieron en los márgenes rurales de Marruecos. La infraestructura y otras inversiones económicas en la periferia rural extrajeron recursos y mano de obra para el beneficio de poblaciones de otros lugares. El sureste de Marruecos era, y sigue siendo, definitivamente “útil”. La pregunta es ¿útil para qué y para quién? Comprender cómo se interrelacionan las historias de extracción con la gobernanza de la tierra, la política agrícola y el poder estatal en el sureste contribuye a demostrar que se aplican estrategias semejantes para garantizar el acceso estatal o empresarial a todo tipo de recursos.

Identificar las continuidades en las reglas y procedimientos que rigen proyectos mineros y de energía renovable permite documentar la amplitud de mecanismos utilizados para la expropiación. Algunos de estos mecanismos están ocultos en el lenguaje complejo de las reglamentaciones y procedimientos administrativos, fuera del alcance de los habitantes locales. Al mismo tiempo, documentar los marcos burocráticos puede contribuir a identificar la posibilidad de realizar reclamos que amplíen las herramientas políticas a disposición de los residentes que viven con la extracción. El marco jurídico y burocrático contemporáneo para la minería en Marruecos ha estado influenciado por la expansión mundial de la minería de metales y minerales, especialmente por los intentos de aplicar nuevas tecnologías para que las operaciones más antiguas vuelvan a ser viables, y por el apuro por garantizar fuentes estratégicas para los metales de tierras raras tan fundamentales para el sector tecnológico y la producción de energía renovable.15 Estas formas novedosas de valorar la extracción se ponen de manifiesto en el Nuevo Código Minero de Marruecos de 2015. El Código elabora un marco jurídico detallado para alentar una mayor inversión en la extracción de metales y minerales –más allá del sector dominante del fosfato– sobre la base de la premisa de que un entorno reglamentario oneroso ha impedido el pleno desarrollo de las industrias extractivas.16 Por consiguiente, la extracción convencional no es un sector de «legado», un antecedente anticuado de la energía renovable que desaparecerá como parte de la transición de los combustibles fósiles, sino que, por el contrario, la extracción se vuelve más importante que nunca para apoyar la creciente necesidad de metales y minerales que son clave para la producción de energía renovable. Además, los grandes complejos asociados con el plan solar necesitan materiales de construcción e insumos intensivos en carbono, como carreteras pavimentadas e infraestructura de transmisión de alto voltaje.

Los esfuerzos para fomentar el crecimiento del sector minero y de energía renovable en Marruecos son similares a la estrategia de desarrollo agrícola del país en los últimos 10 años (el Plan Marruecos Verde).17 La filosofía rectora de este plan consistía en hacer un relevamiento de cada zona agroecológica del país para hallar nuevas formas de promover la agricultura de exportación a fin de anteponer los intereses comerciales a los de los pequeños productores.18 En el sureste del país, el Plan Marruecos Verde ha generado un aumento de las grandes explotaciones de dátiles, manzanas y sandías que, junto con las minas y las instalaciones de energía renovable, compiten por agua y tierra. Esta competencia limita la capacidad de los habitantes para defender sus derechos a la tierra o garantizar sus propios medios de subsistencia. Por consiguiente, los investigadores que documentan los procedimientos legales y burocráticos que sustentan las políticas extractivistas deben ir más allá de la legislación reciente y los mecanismos de inversión en sectores emergentes, como la energía solar o los metales de tierras raras. También deben tener en cuenta las políticas agrícolas antiguas y vigentes, así como los marcos jurídicos arcaicos y ambiguos sobre la tierra y el agua. Las políticas coloniales, concebidas para facilitar la expropiación, otorgaban amplia discrecionalidad a las autoridades estatales y siguen beneficiando a los actores poderosos. Las autoridades estatales utilizan esa discrecionalidad para asegurar tierra y otros recursos de forma rápida y sigilosa.19

Es así que, a pesar de la naturaleza singular de cada forma de extracción, los marcos burocráticos comunes que rigen la extracción de la tierra, el agua y otros recursos naturales aplican la misma dinámica política a todos ellos. Sin embargo, del mismo modo que la tierra y el agua se han utilizado para despojar a los habitantes locales, los activistas también se preguntan si los ciudadanos tienen oportunidad de cuestionar el modo en que se implementan los proyectos de extracción sobre el terreno. Para ello se necesita una organización constante y la democratización de los conocimientos sobre cómo utilizar códigos legales para la política de oposición. Las apropiaciones estatales o empresariales de derechos del subsuelo son difíciles de impugnar. Al igual que ocurre en la mayoría de los países del mundo (Estados Unidos es la excepción, dado que existen complejidades respecto de las Primeras Naciones), el Estado marroquí reivindica la soberanía y propiedad del subsuelo. A pesar de que el Estado colonial francés también revindicaba el dominio público del agua en Marruecos, los derechos del agua hoy en día son complejos y están sujetos al derecho positivo, islámico y consuetudinario. Si bien las movilizaciones sociales, como la ocupación en la mina de plata de Imider, han puesto en primer plano el problema del agotamiento y la contaminación del agua, los reclamos de soberanía de los recursos naturales y la riqueza extraída no han sido un tema importante en la agenda de los movimientos sociales de Marruecos.

La tierra de propiedad colectiva también ha sido motivo de disputa de los proyectos de extracción. La planta solar de Ouarzazate, por ejemplo, se basó en leyes coloniales para expropiar tierras comunales a fin de adquirir una parcela de 3000 hectáreas.20 Este es el marco jurídico que rige la transferencia de propiedad de las tierras colectivas de Marruecos. Pero, además del Plan Marruecos Verde y el Código Minero de 2015, se aprobó una nueva ley de tierra colectiva en 2019 para facilitar la inversión privada y la expropiación de tierra considerada subutilizada con fines de desarrollo nacional.21 Hubo discusiones durante decenios acerca de los problemas irresolubles asociados con la tierra colectiva en Marruecos. Es difícil determinar quién tiene derecho a esa tierra, y quienes defienden la privatización sostienen que la propiedad colectiva impide la inversión. Estas cuestiones se utilizaron para justificar la ley de 2019, que aparentemente racionaliza la gestión colectiva de la tierra. Sin embargo, según estudios preliminares, existe un temor generalizado de que ello únicamente acelere la transferencia de tierra para proyectos de inversión de gran escala y la imposición de la lógica de mercado a tierra que nunca estuvo a la venta.

Para documentar qué órganos jurídicos y administrativos rigen un proyecto determinado es preciso analizar en profundidad los diversos ámbitos del derecho; algunos están directamente relacionados con el recurso extraído, mientras que otros abarcan diversos recursos, la administración del gobierno local, los impuestos y el presupuesto. Estos ámbitos resultan difíciles incluso para académicos o activistas con experiencia que no cuentan con conocimientos jurídicos o en materia fiscal. No captan la imaginación popular del mismo modo que lo hacen las movilizaciones sociales, y elaborar materiales de educación popular sobre rincones aparentemente arcanos del derecho puede parecer un ejercicio cuestionable. No obstante, a partir de la experiencia de organización en torno a las actividades extractivas en América Latina y otras partes del mundo se puede concluir que estos mecanismos legales y burocráticos pueden brindar oportunidades para la resistencia popular o la participación cívica.22 El aumento de la organización de la sociedad civil en Marruecos en torno a la descentralización, la transparencia y el Estado de Derecho, especialmente entre un conjunto de «observadores» en zonas rurales y pequeñas capitales regionales, tiene un potencial similar. La democratización de los conocimientos sobre marcos legales y burocráticos es importante en sí misma, pero también puede ser una herramienta para reclamar la restitución o la rendición de cuentas, incluso si estas oportunidades son pequeñas y el cambio lleva mucho tiempo.

Se puede hacer un análisis similar respecto de documentar los procedimientos y las prácticas de asignación de ingresos para las industrias extractivas y la energía renovable. Los debates públicos sobre los costos y beneficios de la central solar de Ouarzazate y de las minas del sureste de Marruecos se han centrado en cómo la operación de los proyectos afecta a los residentes de tres modos clave: impacto ambiental, empleo y otros impactos directos controlados por la empresa o el contratista. Esto ha tendido a limitar la discusión de costos y beneficios a las operaciones directas de los proyectos y los programas de responsabilidad social empresarial para cada sitio de extracción, que son similares en todas las industrias extractivas y de energías renovables. En el caso de NOORo, la Agencia Marroquí de Energía Solar (Masen) respondió inicialmente al descontento con medidas ad hoc antes de llevar a cabo la transición a un programa formal de desarrollo comunitario de AgriSud, una ONG francesa encargada de coordinar iniciativas de desarrollo agrícola en la comuna aledaña a la central. Sin embargo, cuando Masen pasó de ser la Agencia Marroquí de Energía Solar a convertirse en la Agencia Marroquí de Energía Sostenible (la transición, que entró en vigor en 2016, implicó cambiar el enfoque a la financiación y la transferencia de tecnología) dejó progresivamente de participar en programas de responsabilidad social empresarial. En Ouarzazate, Acwa Power, la contratista saudí, ahora está encargada de las relaciones comunitarias y las iniciativas de responsabilidad social empresarial. La controversia política en torno a Masen en 2021, aparentemente vinculada con demoras en la aplicación del plan solar, problemas financieros relacionados con la pandemia de COVID-19 e ineficiencias operativas, también ha opacado la visibilidad de la responsabilidad social empresarial en el plan solar. Para Managem, el descontento con las minas de Bouazzer e Imider –y, según investigación preliminar, otras minas de la cartera de la empresa– surgió más o menos al mismo tiempo que el relacionado con la instalación de la planta solar en Ouarzazate. Una de las respuestas de la empresa fue crear un programa de responsabilidad social empresarial compuesto por dos elementos, y el Ministerio del Interior se encargó de asegurar el orden social en los sitios. El primero de ellos, un Programa de Urgencia (2012-2013), tenía el objetivo de reducir las tensiones con los habitantes de Imider, aunque también era un esfuerzo de la empresa para desviar la atención de la ocupación en el monte Albán, de gran visibilidad. Un plan estratégico más amplio (2013-2016) involucraba a todas las minas de Managem en el sureste de Marruecos e incluía un proceso de evaluación de las necesidades de cada comuna. Como resultado de este proceso se generó una lista de proyectos para los cuales los gobiernos de las comunas debían brindar financiación, generalmente de los ministerios asociados con la intervención (especialmente educación y salud pública). Discusiones con participantes del comité coordinador y los Gobiernos de las comunas pusieron de manifiesto una experiencia mixta, pero también una sensación de que se podía aprender mucho del proceso de diálogo con la empresa y las autoridades gubernamentales.

No obstante, todas estas iniciativas eran por definición intervenciones voluntaristas limitadas, como suele ocurrir con los programas de responsabilidad social empresarial. No implicaban ningún diálogo estructural o sistemático sobre cómo se inscribe la extracción en el desarrollo rural a largo plazo o en las relaciones entre los residentes, el Estado y el sector privado. Las operaciones cotidianas del Gobierno local y los sistemas de recaudación de ingresos pueden ser un marco más fructífero para hacer reclamos sobre la devolución de la riqueza, el mantenimiento de la inversión y la participación de los habitantes en la asignación de recursos. Aquí el desfase entre política y práctica es significativo, y también lo es el entorno cambiante de las reformas de descentralización en el régimen fiscal históricamente centralizado de Marruecos. En las etapas iniciales del «proyecto de regionalización avanzado», como se denomina el proceso que inició el rey Mohamed VI tras asumir el poder en 1999, la totalidad de los ingresos provenientes de la recaudación de impuestos a la extracción se destinaron a los Gobiernos regionales y no a las comunas locales o provincias. El Código Minero de 2015 cambió esta asignación y actualmente el 50 por ciento de la recaudación fiscal proveniente de la producción minera se destina a las regiones y el otro 50 por ciento a las comunas. La información sobre este cambio no es del todo clara. Existe mucha confusión entre los habitantes y algunos funcionarios de las comunas acerca de qué disposiciones del nuevo Código Minero han entrado en vigor y cuándo. Sin embargo, este nuevo sistema de asignación genera cuestionamientos y ofrece nuevas oportunidades para evaluar cómo los diversos proyectos se relacionan con la planificación del desarrollo económico local, la prestación de servicios y las discusiones más amplias sobre cómo se extrae riqueza de algunas de las comunas más pobres del país.

En algunas zonas de sacrificio, como los yacimientos de carbón de los Apalaches en Estados Unidos, los sistemas de recaudación de impuestos sobre la propiedad en condiciones favorables ofrecidos a las empresas extractivas en un sector generan un patrón de dependencia en el cual nuevas formas de extracción suceden a las anteriores debido a que pueden aprovechar los sistemas de recaudación concebidos para otros recursos.23 El resultado de largo plazo es la inversión mínima en infraestructura o diversificación debido a la disminución de las bases impositivas o a la falta de capacidad o voluntad de funcionarios locales e incluso de activistas, para reclamar medidas redistributivas que canalicen recursos transparentes de los que se pueda rendir cuentas a las zonas de extracción. Puede parecer inconcebible reclamar reparaciones por decenios e incluso siglos de extracción y despojo llevados a cabo en beneficio de otros.

La investigación del proyecto acerca de cómo podría funcionar este patrón de dependencia en el contexto marroquí está apenas comenzando, pero documentar los sistemas de recaudación de los habitantes en torno a estos proyectos es un paso importante para democratizar el conocimiento acerca de la relación entre la riqueza extraída y devuelta en la forma de ingresos o inversión del Gobierno. En un comienzo, este ha sido un ejercicio descriptivo en Marruecos –que documenta los niveles de producción a lo largo del tiempo, los impuestos abonados y la recaudación asignada a las comunas donde se encuentran los proyectos–, pero la proliferación de literatura académica sobre el efecto de la dependencia de los recursos en el crecimiento económico, la transparencia del Gobierno y otras medidas de bienestar apunta a otras formas de documentar cómo la extracción afecta a los habitantes y a las economías políticas regionales.24 Describir empíricamente los efectos de la extracción en la riqueza y su impacto económico no ofrece en sí una explicación estructural del despojo histórico asociado con el extractivismo, pero puede brindar una herramienta adicional para organizarse y realizar reclamos. Tal investigación aplicada se basa en las estrategias de los activistas de la sociedad civil para participar en la política local y cuestionarla a fin de presionar al Estado para que cumpla sus promesas sobre el Estado de Derecho y la devolución de la responsabilidad fiscal a las comunas locales. Aunque las herramientas del amo nunca desarmarán la casa del amo25, entender y utilizar estos marcos administrativos puede ampliar el espacio de participación popular y reivindicación en torno a los proyectos de extracción y energía.

Puede ser necesario recurrir a especialistas fiscales y juristas para que expliquen estas reglamentaciones a activistas e investigadores, pero las estrategias de educación popular son clave para traducirlas al público más amplio. Además de documentar los procedimientos formales de la asignación de la recaudación, ello implica rendir cuentas de los gastos directos y en especie asociados con la extracción o los proyectos de inversión que deben soportar los Gobiernos locales, la riqueza generada y exportada y la riqueza devuelta en la forma de recaudación fiscal, empleo y otros efectos multiplicadores (positivos o negativos). Se trata de un ejercicio extremadamente político que implica explicar las externalidades o los servicios ecosistémicos que intentan cuantificar valores que son inherentemente imposibles de cuantificar para muchos, entre ellos los guardianes de estos recursos. Las variaciones de esta rendición de cuentas de costos y beneficios en otros lugares y para otros recursos también ponen de manifiesto que el análisis a escala nacional es muy diferente del análisis a escalas local o regional, que es el enfoque que se promueve en el presente artículo.26 Las minas, que pueden representar una porción relativamente pequeña de la economía total del país, podrían tener un impacto transformador en las socioecologías y relaciones de poder regionales y locales. Este impacto transformador se suele desestimar como local o provincial, en tanto el resultado de reclamos absurdos de poblaciones locales desinformadas que deberían estar dispuestas a soportar el costo inevitable de una transición necesaria. Una transición justa depende no solamente de reconocer estos reclamos o de distribuir mejor los beneficios de la energía renovable, sino también de brindar reparaciones por olas anteriores de despojo y desinversión. Una transición justa también implica repensar por qué y cómo se vuelve a pedir a estas zonas que soporten la carga de abastecer a los consumidores ricos de otras partes.

Para los defensores de una transición justa, uno de los primeros indicios de que la energía renovable podría estar repitiendo las mismas desigualdades históricas de la minería han sido las semejanzas en las movilizaciones sociales en ambos sectores. En el sureste de Marruecos, activistas y funcionarios han realizado comparaciones explícitas en las protestas contra NOORo y las minas de la región. Un análisis estructural de estas semejanzas debe ir más allá de la simple observación de que las poblaciones rurales siempre han sido marginadas y seguirán siendo despojadas por los enfoques dominantes de la producción de energía renovable. Si bien esta es una observación importante, no responde a la pregunta de por qué se repiten las historias de despojo. Tampoco brinda agencia a las poblaciones rurales ni explica su relación a menudo ambivalente con la extracción o la producción de energía.

Hay muchas formas en que ambos tipos de extracción (la energía renovable y la minería) podrían profundizar la desigualdad. El proyecto de investigación basado en la acción en el sureste de Marruecos, que comenzó en otoño de 2021, se centra en: 1) los procesos que naturalizan y perpetúan una economía política regional que depende de la exportación de riqueza con una reinversión mínima; y 2) los discursos dominantes que sostienen que los habitantes marginados deben «sacrificar» sus recursos o bienestar por el desarrollo nacional o una transición hacia la energía baja en carbono. Al mismo tiempo, un análisis fundamentado no supone que la extracción sea el único motor de la política local o regional, ni el más importante. Ambos tipos de proyectos confluyen en un mosaico complejo de reivindicaciones políticas que van más allá de la minería o la energía. La política rural, al igual que toda política, es multidimensional y las personas incluyen estos proyectos en las diferentes aspiraciones y prioridades, que en ocasiones son contradictorias. Documentar estos reclamos diversos contribuye a aclarar cómo y por qué los habitantes rurales se movilizan del modo en que lo hacen o por qué responden con otras formas de expresión política además de la movilización abierta.

Reconocer el contexto más amplio de la política de extracción significa reconocer la naturaleza a veces abrumadora del poder estatal y empresarial, pero no presupone un resultado predeterminado a la extracción. Los habitantes no solo ejercen su agencia mediante su capacidad de resistir o responder, sino que también negocian o utilizan la presencia de proyectos de gran escala para elaborar sus propios proyectos políticos. Este enfoque también reconoce la posibilidad de la disidencia o las diferencias internas entre actores estatales y empresariales y toma en serio sus propios universos morales.27 Pocas personas que viven cerca o alrededor de zonas de extracción en Marruecos describen a actores o instituciones como puramente «buenos» o «malos», lo que refleja los imperativos contradictorios y las complejidades morales asociadas con estos proyectos. Estas complejidades producen «agencias múltiples» entre los residentes y trabajadores, cuyas críticas y objetivos quizá no se interrelacionen fácilmente o en absoluto con el encuadre de los movimientos sociales.28

Las respuestas populares a la extracción también son diversas, abarcan todo el espectro: desde los movimientos de resistencia organizados hasta la fractura social que produce el conflicto violento.29 En el sureste de Marruecos, la ocupación de Imider captó la imaginación de muchos marroquíes y observadores internacionales mediante la combinación ingeniosa y sustentada en la cultura de expresiones tradicionales y discursos de resistencia globalizados. Las manifestaciones en la mina de cobalto de Bouazzer o la planta de NOORo también fueron inteligibles para activistas de los movimientos sociales y observadores. Sin embargo, estas fueron tan solo algunas de las múltiples respuestas, algunas de las cuales eran menos visibles para quienes no están familiarizados con la política rural del sureste de Marruecos.

Incorporar la extracción en los reclamos más amplios en torno a la tierra, el control de los recursos y la representación política visibiliza múltiples formas de práctica política, especialmente en zonas donde los movimientos sociales o la resistencia abierta no son predominantes.30 Incluso los fracasos –de proyectos de extracción o movilizaciones sociales– pueden «producir política», dado que permiten a los residentes construir alianzas o generar conocimientos especializados e influir en sus diversos proyectos políticos.31 Es así que, por ejemplo, aunque el campamento de ocupación de Imider se desmanteló en 2019, el esfuerzo que duró casi 10 años no puede considerarse un fracaso. Fue una de varias formas de expresión política que cambiaron el modo de hacer política local y comunal en torno a la mina, como queda demostrado en un cambio de guardia a favor de funcionarios más jóvenes en las dos últimas elecciones comunales. Los habitantes pueden tener plazos y aspiraciones distintos de los de los movimientos por la justicia climática. Del mismo modo que la extracción puede ejercer una «violencia lenta», el ambientalismo de los pobres u otras respuestas políticas pueden tener lugar durante períodos prolongados.32

Este enfoque también evita un juicio a priori sobre cómo los habitantes deberían responder a la extracción. Pueden equilibrar la crítica con las aspiraciones de desarrollo, los empleos que puede generar un proyecto de gran escala y una conexión emocional con las personas y las identidades asociadas con la extracción.33 Una investigación preliminar de los conflictos en torno a los recursos en la zona rural de Marruecos concluye que la minería y la energía renovable provocarán una profundización de las desigualdades, pero que la población puede utilizar estos conflictos para imaginar y experimentar con un tipo de política o enfoque diferente a la gobernanza rural. Este nuevo imaginario puede considerarse «una política emergente de los bienes comunes», que incluye formas de agencia política no vinculadas con los movimientos.34 Es decir, los defensores de una transición justa deben escuchar los objetivos diversos de la población y reconocer su forma de acción preferida, en lugar de utilizar un marco de análisis predeterminado que favorece a los movimientos sociales organizados.

Incluso la resistencia puede no ajustarse a los discursos ambientalistas dominantes, dado que algunos grupos recurren a prácticas tradicionales o aparentemente apolíticas para expresar sus reivindicaciones políticas.35 Esta movilización social no vinculada con los movimientos puede representar un conjunto de enfoques eficaces y culturalmente relevantes con respecto a la extracción, que reconozca las relaciones complejas de las personas con los proyectos de gran escala –pocos quieren rechazarlos de entrada y, en cambio, intentan reimaginar lo que hacen, cómo funcionan y a quién benefician–. La historia de investigación y activismo del equipo del proyecto en el sureste demuestra que muchos residentes de la región no se sienten representados por los discursos de justicia ambiental. El poder del análisis del equipo radica en el modo en que involucra diversas formas de agencia política para que la promoción de una transición justa sea menos abstracta y considerarla como un encuentro concreto «localizado» que no necesita parecerse a otros movimientos por la justicia ambiental a fin de promover una transición justa. Al mismo tiempo, este enfoque no sustituye a los movimientos sociales ni es un argumento en su contra, sino que representa un reconocimiento amplio y crítico de la necesidad de que existan diversas formas de práctica política.

Habida cuenta del poder aparentemente abrumador del Estado, las empresas y las instituciones financieras internacionales, la noción de utilizar el procedimiento y la legislación a nivel local y regional para influir en la extracción puede parecer ingenua. Este enfoque en sí mismo no logrará una energía justa o una transición energética para los marroquíes o la población de otras partes que sufren despojo como consecuencia de las sucesivas y aparentemente implacables olas de políticas extractivas. Sin embargo, es un paso fundamental para involucrar a los residentes que viven con la compleja realidad de la extracción, que es a la vez fuente de despojo y desarrollo. Democratizar los conocimientos sobre la extracción como modo de gobernanza que abarca tanto la minería como la energía renovable es una forma de reconocer a las personas que experimentan la extracción como interlocutores igualitarios de los movimientos sociales, independientemente de si adoptan los marcos de resistencia o de justicia climática. Tanto para investigadores como para activistas, honrar los diferentes modos de práctica política implica comprometerse a la participación crítica con los marcos discursivos que adoptan los propios residentes. Entender la historia y la dinámica social de un lugar más allá de la extracción elimina el foco de esta última como única fuerza política que afecta la vida de las personas. Su agencia se despliega junto con las relaciones de poder desiguales que separan a las empresas y los organismos estatales, y más allá de esa dinámica.

Sin embargo, desarrollar estrategias de transición justa adaptadas al lugar no implica simplemente una mayor participación de los habitantes locales según sus propios términos. Ese enfoque también sienta las bases para la solidaridad con otros movimientos y estrategias adaptados al lugar, donde los modelos exitosos para la participación pueden aplicarse y adaptarse a nuevos contextos y reforzarse mutuamente. Cuando se las considera desde esta perspectiva, las críticas incisivas, las estrategias incrementales y las visiones de largo plazo de activistas y residentes del sureste de Marruecos son una parte tan fundamental para la transición justa en Marruecos y el Norte de África como cualquier otra en el movimiento por la justicia climática.