Cuando Evo Morales huyó del país en noviembre de 2019, los productores de coca de Los Yungas, departamento de La Paz, se regocijaron. Creían que cualquier Gobierno que lo reemplazara pondría fin a la persecución contra su organización, la Asociación Departamental de Productores de Coca (ADEPCOCA). En una señal positiva, el Gobierno de transición nombró a Franz Asturizaga como viceministro de Coca. Asturizaga había liderado el Comité de Autodefensa que defendió a ADEPCOCA durante los meses anteriores, un cargo que fuera ocupado por yungueños fieles a Evo y su partido, el Movimiento al Socialismo (MAS). Sin embargo, en pocos meses, Asturizaga fue sustituido por un burócrata sin vínculos con Los Yungas; el nuevo Gobierno argumentó que ninguna norma estipulaba que el cargo debía ser ocupado por alguien de esa región. En todo caso, eso no importó, porque pocas semanas después llegó la pandemia de COVID-19 y con ella, el confinamiento.
Aurimaz, CC BY-SA 4.0 creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0, via Wikimedia Commons
Las hojas de coca no eran consideradas un bien de consumo esencial (aunque para muchos bolivianos son tan esenciales como lo son el té o el café en otras partes del mundo) y todo el transporte dentro y fuera de Los Yungas se paralizó, excepto para quienes transportaban suministros básicos de alimentos. Aunque las comunidades rurales no cumplieron con el confinamiento y siguieron trabajando en sus campos de coca como de costumbre —de hecho, tenían que hacerlo: no podían dejar que los cultivos se secaran y echaran a perder—, la circulación monetaria se detuvo por tres meses.
A partir de julio de 2020, un sistema de cuotas trajo cierto alivio. Cada comunidad podía enviar un camión de coca (generalmente con taques, o fardos de hojas de 50 libras, siendo esta la unidad estándar para la venta al por mayor) al mercado de la ciudad de La Paz cada dos semanas. Dos representantes locales de la comunidad escoltaban los camiones, se encargaban de las ventas y distribuían las ganancias a los productores individuales que permanecían en el campo.
Surgieron algunos problemas. Una comunidad se dividió en dos facciones opuestas debido a problemas políticos previos. Se desató una batalla campal cuando un grupo intentó detener el envío de la cuota de sus rivales. Sin embargo, la mayoría hizo las paces y permitió que todos enviaran uno o dos fardos, lo que mitigó sus dificultades económicas. En octubre de 2020 se celebraron las elecciones nacionales y el MAS cosechó otra victoria con mayoría, debido a la desorganización y la debilidad de las campañas de las coaliciones opositoras. Que Morales y García Linera fueran reemplazados por el tecnócrata Luís Arce Catacora y el místico indigenista David Choquehuanca no hizo diferencia; el ataque a Los Yungas se reanudó casi de inmediato.
Al principio, el Gobierno mantuvo su táctica central, que consistía en apoyar a una ADEPCOCA rival con un mercado paralelo de coca al por mayor. En marzo de 2018 esta se apoderó del mercado de coca legal, que era propiedad de ADEPCOCA y estaba ubicado en el barrio de Villa Fátima en La Paz, pero pronto fue expulsada por protestas multitudinarias de los cultivadores de coca. Luego, se trasladó de una sede improvisada a otra, terminando en otro edificio perteneciente a ADEPCOCA y que fuera construido para servir como hospital para los miembros de la organización, pero que nunca funcionó como tal. El mismo estaba ubicado en la Calle 10, Villa el Carmen, un barrio vecino de Villa Fátima, pero también fue rápidamente abandonado. En 2020, reanudó sus operaciones en un edificio de un sindicato del transporte, camino a Los Yungas, en Kalajahuira.
Como lo hiciera antes, el Gobierno obligó a los mayoristas a comprar coca en este sitio al instalar una oficina allí para autorizar el transporte de coca para la venta en el resto del país, y se negó a sellar los documentos si la coca en cuestión había sido adquirida en Villa Fátima.
El Gobierno también envió un contingente policial permanente para evitar que el grupo mayoritario de ADEPCOCA intentara nuevamente interrumpir las operaciones. La sede del sindicato era muy pequeña para las cantidades de coca que llegaban diariamente a la ciudad, y sus residentes se beneficiaron alquilando sus garajes, tiendas, plantas bajas de viviendas e incluso edificios en construcción. No obstante, la mayoría de las ventas debieron realizarse en aceras a medio construir, en medio de la lluvia, el barro y ocasionalmente la nieve.
El mercado de coca legal lo ocupaban únicamente aquellos pocos productores que vendían coca al por menor y por libra a clientes particulares. Esta situación resultaba inconveniente para todos, y un grupo creciente de opinión en Los Yungas, con el lema "Ni Armin (Lluta, entonces presidente de la mayoría de ADEPCOCA) ni Elena” (Flores, presidenta de la minoría y con apoyo del Gobierno), sostenía que se debía realizar una nueva 'elección de unidad' para elegir un liderazgo único.
Aunque el Gobierno no admitió haber negociado públicamente con la organización dirigida por Lluta, dio la impresión de que reconocería al comité nombrado en dicha elección. Lluta aceptó renunciar y dar paso a un liderazgo 'unido', sin restricciones en cuanto a los candidatos, lo que se entendió como una aceptación de candidatos que previamente habían estado asociados con las organizaciones paralelas fomentadas por el MAS, junto con aquellos que habían participado en las protestas antigubernamentales.
La buena fe de Lluta pronto se desmoronó, porque antes de celebrarse las elecciones, la ADEPCOCA de Flores anunció que realizaría una elección propia, ya que su período de dos años en el cargo terminaría el 31 de julio de 2021. Con este fin, Flores anunció que convocaría a una asamblea en Coripata para nombrar un comité electoral. El consejo de Lluta, con la postura de buscar la conciliación (aunque otros afirmaban que era motivado por la cobardía), no rechazó este acto de provocación, pero los productores cocaleros declararon que no permitirían que esta asamblea tuviera lugar y bloquearon la ruta de acceso de La Paz a Coripata.
Matthew Straubmuller/CC BY 2.0.
Esta amenaza demuestra que quienes pretendían participar en la asamblea no eran cocaleros locales, sino más bien los llamados 'carpeteros', supuestos productores con licencias para comercializar coca en el interior del país, originarios de Los Yungas pero principalmente residentes en la ciudad. Otros sectores también se presentaron para bloquear el acceso a Coripata desde Sud Yungas en caso de que algunos carpeteros provincianos también desearan asistir. Los seguidores de Flores, como de costumbre, contaban con escoltas policiales y lograron pasar el primer bloqueo carretero. Pero cuando llegaron a Auquisamaña, el pueblo justo antes de Coripata, se encontraron con una multitud de productores que, tras una hora de enfrentamientos con palos, piedras y petardos, lograron expulsar a la policía y entraron al pueblo, donde dispersaron a los pocos seguidores de Flores que habían logrado reunirse y juramentar un comité electoral.
Horas después, Flores fue la primera en anunciar que un policía había muerto por un disparo en Auquisamaña. El posterior informe oficial señalaba que había sido herido allí y murió durante su evacuación a La Paz. El caso tenía muchos elementos dudosos: no se reportaron armas de fuego vistas durante el enfrentamiento; las fotos de la presunta víctima lo mostraban vestido con un uniforme camuflado, aunque los policías presentes todos llevaban el habitual equipo antidisturbios de color verde oliva, y cuando el ministro de Gobierno de Arce, Eduardo del Castillo, dio una conferencia de prensa, exhibió fotos tomadas un año antes en un pueblo de Los Yungas completamente diferente. No obstante, basándose en esta 'evidencia', Daynor Choque, presidente de la oficina regional de ADEPCOCA en Coripata, fue arrestado y llevado a la cárcel, acusado de ser el autor intelectual del asesinato, mientras que Flores declaró que llevaría a cabo elecciones para elegir nuevos dirigentes en septiembre.
Tradicionalmente, las elecciones de ADEPCOCA han sido por aclamación, es decir, por voto a mano alzada, en una concentración multitudinaria realizada en la calle fuera del mercado de Villa Fátima. Nunca se han contado los votos y, en la práctica, la asamblea solo sirve para ratificar la elección decidida de antemano, según un presunto 'acuerdo de caballeros', por el cual la presidencia rota cada dos años entre Coripata y Chulumani, las dos capitales de la zona tradicional cocalera. El comité electoral de la ADEPCOCA de Flores anunció la realización de elecciones por voto secreto en cada sede provincial de la organización, un procedimiento aparentemente sin manipulación demagógica que daría lugar a un presidente con una mayoría demostrada de votos.
Sin embargo, esta transparencia no se extendió a los candidatos; el favorito, Arnold Alanes, de Chamaca - una región dividida entre comunidades clasificadas como 'tradicionales' y otras que son colonias recientes - fue el jefe del comité electoral que eligió a Flores mediante la dudosa 'aclamación' tradicional. Además, al comité electoral de Alanes lo encabezaba su propio cuñado. La elección comenzó en la primera semana de septiembre de 2021. En algunos lugares transcurrió en paz, pero en una localidad la facción mayoritaria se apropió de algunas papeletas y las quemó. En Chamaca, la sede de Alanes, un candidato rival fue capturado y golpeado por miembros de su propia facción.
En la mañana del día de las elecciones, los medios de comunicación desestimaron las noticias que advertían que sería necesario presentar la prueba de haber votado para ir al banco durante los tres meses siguientes, como sucede con las elecciones nacionales. Eso llevó al jefe del comité electoral a declarar la suspensión de la elección poco después del mediodía, pero en algunas regiones la votación continuó. La única región donde se declaró un recuento fue en Asunta: el candidato local ganó con poco más de 2000 votos, seguido por Alanes con alrededor de 1900, pero el supuesto ganador rechazó el resultado poco después, asegurando que las urnas habían sido cargadas a un automóvil y llevadas a una comunidad lejana. No había sido testigo del recuento y no creía en los números. Ninguna otra región publicó cuántos votos se emitieron ni a quiénes favorecían. Sin embargo, Alanes se proclamó ganador basándose en la suma total de todas las regiones.
Los demás candidatos rechazaron el 'resultado' y, dos semanas después, la ADEPCOCA de Flores celebró una asamblea en un campo de fútbol de Chuquiaguillo, otro suburbio cercano a Villa Fátima. Se reunieron allí porque no podían usar el mercado de coca legal, donde intentaron realizar una elección por aclamación, pero los seguidores de Alanes y de su rival más cercano, Fernando Calle, iniciaron una trifulca, y su guardia policial —con el supuesto objetivo de protegerlos de posibles ataques de la mayoría— recurrió al gas lacrimógeno para poner fin a los disturbios. Los contendientes se dispersaron; la facción de Calle regresó más tarde y lo eligió, pero mientras tanto, Alanes y sus seguidores, con otro contingente policial de apoyo, se dirigieron a Villa Fátima. Esto sucedió un domingo, el día de menor movimiento en el mercado, y con la ayuda de la policía pudieron entrar y tomar el control del edificio. Al día siguiente, el ministro Eduardo del Castillo se presentó en el mercado para reconocer oficialmente a Alanes como presidente "legal y legítimo" de ADEPCOCA, aunque nunca quedó claro cómo y cuándo fue elegido en los hechos. El propio Alanes no ha presentado cifras sobre cuántos votos obtuvo realmente.
El resto de Los Yungas respondió con furia. Se instaló un Comité de Autodefensa con sede en el mencionado 'hospital' de la Calle 10. Desde allí, con la ayuda de productores que se turnaban para participar por sus comunidades, realizaron marchas diarias hacia Villa Fátima, lo que inevitablemente generaba enfrentamientos con la guardia policial, lanzamiento de dinamita por parte de los manifestantes, uso de gas lacrimógeno y arresto de los marchantes. Las tiendas y oficinas de la zona debieron cerrar cada vez que pasaba la marcha. Los residentes debieron someterse a ser registrados por la policía (por si ocultaban dinamita en sus bolsas), y en ocasiones bombas de gas lacrimógeno se metían por sus ventanas, ya que la policía las disparaba en cualquier dirección.
Tras dos semanas de violencia, el Comité de Autodefensa finalmente concibió una estrategia, enviando al contingente provincial de Sud Yungas por una avenida que rodea Villa Fátima en la ladera de la colina, mientras que Nor Yungas e Inquisivi, las otras provincias productoras de coca, bajaban como de costumbre por la avenida principal para distraer a la policía. El 100 % de los cocaleros fueron convocados para presentarse en la ciudad ese día. Aunque no se les contó con exactitud, se calcula que asistieron al menos 20 mil personas, probablemente más. Se rumoreaba que el Gobierno enviaría 2000 policías de todo el país para enfrentarlos, aunque al final solo se asignaron 200.
Ese mismo día, 20 de octubre de 2021, Alanes realizó una asamblea en la plaza cerca del mercado. Unas 500 personas se presentaron, y un buen número no eran de Los Yungas, a juzgar por la vestimenta regional que llevaban. El evento comenzó, pero era evidente por los gritos y explosiones que se oían que un enorme río de personas descendía por la ladera detrás del mercado y que la policía no podía contenerlo. Alanes se marchó, alegando que tenía que buscar unos papeles que había olvidado, y sus seguidores se retiraron, junto con la policía que ya no podía resistir la corriente de productores que llegaban en dos direcciones. Los cocaleros derribaron las puertas del mercado y lo recapturaron, superando con facilidad a los pocos seguidores de Alanes y policías que estaban dentro.
Se pensaría que eso hubiera bastado para convencer al Gobierno de dejar de favorecer a un grupo en una posición evidentemente minoritaria. Alanes desapareció del mapa por unos meses. ADEPCOCA tuvo elecciones en noviembre de 2021 —por aclamación, por supuesto—, y el ganador fue Freddy Machicado, representante de Chamaca, una región que por primera vez ocuparía la presidencia, lo que acabó con el monopolio de la zona tradicional. Su vicepresidente provenía de Inquisivi, que también había sido excluido por el pacto Coripata-Chulumani. Muchos esperaban que Machicado, al ser de Chamaca, como lo era Alanes, estaría en mejor posición para acabar con la supuesta legitimidad de este último. Sin embargo, su junta directiva decidió evitar las disputas políticas a favor de una opción tecnocrática, y nombró a dos administradores profesionales para manejar las finanzas de ADEPCOCA. La institución gestiona millones de bolivianos por año, y los irregulares 'informes económicos' sobre cuánto ha recibido realmente y en qué lo utiliza son un motivo de conflicto permanente. La propuesta de instalar una administración formal circuló mucho y recibió un fuerte apoyo, pero los protocolos contables que aplicaron los administradores eran incomprensibles para la mayoría de los productores, que acusaron de nepotismo a su personal asistente.
Pien Metaal
En 2022, Alanes reapareció y retomó el intento de instalar un mercado alternativo de coca. La Ley 906 de 2008 solo reconoce un mercado de coca legal en La Paz, pero no menciona su ubicación, solamente que pertenece a ADEPCOCA. Eso brindó a Alanes el vacío legal para afirmar que su mercado era el verdadero y legal. Alanes consiguió el usufructo de un mercado campesino en la ciudad de El Alto, pero cuando algunos de sus seguidores llevaron su coca allí, no encontraron compradores y tuvieron que cargarla nuevamente en los autobuses y dirigirse a Villa Fátima. Luego Alanes anunció la compra de un hangar en Urujara, junto al punto de control en la carretera que llega desde Los Yungas, y que construiría un edificio de cinco pisos allí, mostrándole a la prensa lo que afirmaba ser un modelo a escala1 para demostrar los beneficios que tendría unirse a su ADEPCOCA. Pero el verdadero propietario del lugar, un empresario chino, apareció y anunció que no había vendido el terreno y que cancelaba el contrato de alquiler. Finalmente, Alanes trasladó las operaciones a un antiguo colegio privado en la Calle 1 de Villa El Carmen, al lado de la terminal de autobuses de Los Yungas, que nuevamente afirmó haber comprado.
La ADEPCOCA mayoritaria retomó sus marchas de protesta y enfrentamientos con dinamita, y fue reprimida con gases lacrimógenos. Su objetivo era expulsar a Alanes, pero una vez más el Gobierno destacó un cordón policial para proteger el mercado ilegal, además de declarar que no era ilegal porque no tenía un permiso como mercado, sino solo como punto de venta, similar a cualquier vendedor individual de coca.
Junto con las federaciones campesinas de las tres provincias, ADEPCOCA organizó una marcha multitudinaria que partió de las capitales de Nor y Sud Yungas y llegó a las afueras de la ciudad el 7 de septiembre de 2022. El día 8 ingresó con la misma maniobra de pinzas empleada el año anterior, pero esta vez dirigiéndose por la Calle 1, superando sucesivos cordones policiales en las avenidas por las que descendieron y rodeando el antiguo colegio, que Alanes había vuelto a pintar con un logotipo enorme de ADEPCOCA. Fueron recibidos con cócteles molotov y dinamita arrojada desde la terraza del techo, lo que enfureció a los marchantes, hasta que finalmente asaltaron y saquearon el edificio, y golpearon a varios hombres que allí se encontraban, exigiéndoles decir dónde se encontraba Alanes antes de entregarlos a la policía. También capturaron a dos mujeres y les quitaron su ropa exterior para avergonzarlas, pero no las golpearon como a los hombres. Se esperaba que los hombres fueran detenidos y acusados de usar explosivos, pero fueron liberados casi de inmediato. Los manifestantes también descubrieron dinamita preparada con mechas, armas de fuego y una especie de cañón casero2, que también retiraron antes del anochecer, cuando alguien provocó un incendio en la planta baja del edificio. Según los manifestantes, fue obra de un infiltrado, ya que ellos solo habían iniciado un fuego en la calle, antes de derribar la puerta, pero se les atribuyó a ellos. Más tarde, testimonios revelaron que Alanes había huido por el techo del edificio, donde se disfrazó y logró salir por una puerta trasera amparado en la oscuridad de la noche.
Estos hechos fueron un punto de inflexión para el Gobierno, que cambió su táctica de confrontación directa y represión policial por la de la persecución judicial. Se emitieron órdenes de arresto para todos los miembros de la administración de ADEPCOCA, los líderes de las federaciones campesinas, el Comité de Autodefensa y cualquier otro miembro de base, hombre o mujer, que hubiera sido visto liderando una marcha o usando un megáfono. A todos se les acusó de la misma lista de delitos, como si todos estuvieran en 'la misma bolsa': asociación para delinquir, posesión y manipulación ilegal de explosivos, incitación pública a cometer delitos, destrucción de propiedad estatal, interrupción del libre tránsito (con marchas y bloqueos de carreteras), maltrato abusivo, lesiones corporales, lesiones graves (a las personas acosadas y golpeadas en el asalto al mercado ilegal), robo agravado (de coca y otros objetos saqueados del mercado), entre otros, aunque los propios líderes no habían participado del ataque y la violencia fue cometida por productores desacatados.
En todos los casos, la parte acusadora fue el Ministerio de Gobierno. Policías de civil circulaban constantemente por el mercado de Villa Fátima y la terminal de autobuses de Los Yungas, recogiendo a los miembros citados uno por uno, empezando por el presidente Freddy Machicado. Los detenidos no fueron llevados a la comisaría central, sino a El Alto para dificultar que otras personas los encontraran.
Alison Spedding Pallet
El caso más notorio es el de César Apaza, ex secretario ejecutivo de la federación campesina de Chulumani de 2018 a 2021 y posteriormente jefe del Comité de Autodefensa, quien fuera brutalmente golpeado antes de ser enviado a prisión preventiva en la cárcel de San Pedro y luego trasladado a la prisión de alta seguridad de Chonchocoro, en el Altiplano, en las afueras de El Alto. Allí sufrió un derrame cerebral, muy probablemente como consecuencia de la golpiza, y fue hospitalizado durante dos semanas, pero aun estando paralizado, fue llevado de regreso a prisión para esperar el juicio.
En mayo de 2023, finalmente la Defensoría del Pueblo declaró que las lesiones de Apaza fueron consecuencia de las torturas y tratos degradantes a las que fue sometido por la policía, pero en lugar de recomendar el cese de la detención preventiva y permitir su arresto domiciliario, simplemente declaró que debería recibir atención médica profesional en Chonchocoro3.
La justicia boliviana es conocida por hacer un uso excesivo de la detención preventiva, y en general la justifica con el argumento de que el acusado tiene alta probabilidad de fugarse del país o que intentará manipular pruebas o intimidar testigos. Pero Apaza sigue sufriendo parálisis en la mitad de su cuerpo y no puede moverse de la cama sin ayuda, por lo que resulta difícil imaginar cómo podría escapar o intimidar a alguien.
La segunda al mando del Comité de Autodefensa, Rosalba Vargas, fue puesta bajo arresto domiciliario en Los Yungas, pero sin el derecho de salir a trabajar, lo cual es un abuso ridículo ya que la acusada es una campesina que no puede trabajar desde su hogar. Mientras tanto, diversas autoridades políticas acusadas de corrupción -que son miembros del MAS y podrían trabajar por internet desde sus hogares- fueron puestas bajo arresto domiciliario con derecho de salir a trabajar todos los días.
Todo este tiempo, desde 2021 en adelante, ADEPCOCA envió repetidas solicitudes al Gobierno para reunirse con el fin de resolver el conflicto con Alanes, pero según sus declaraciones públicas, estas nunca fueron respondidas. Sin embargo, se filtraron versiones de que, después del 8 de septiembre de 2022, sí habían celebrado reuniones secretas y llegado a un acuerdo por el cual los demás miembros de la administración no serían arrestados siempre y cuando evitaran cualquier acto de protesta y permitieran el funcionamiento del mercado de Alanes. Mientras tanto, Alanes intentó reflotar la demanda constitucional presentada previamente por Elena Flores para ser reconocido como el presidente legal de ADEPCOCA y, en consecuencia, pretendía una orden judicial para que le fuera entregado el mercado de coca legal.
Los acuerdos secretos entre el Gobierno y la ADEPCOCA de Alanes salieron a la luz el 28 de abril de 2023, cuando el ministro del Castillo, quien había reconocido a Alanes, ordenó los actos de represión y la persecución legal contra los dirigentes de ADEPCOCA. Esto fue recibido con aplausos por una asamblea en Villa Fátima, donde solo se permitió el uso del micrófono a los representantes regionales que respaldaron las negociaciones clandestinas. Simultáneamente, un miembro de la organización fue encarcelado brevemente y luego liberado tras una solicitud de juicio acelerado. Según la ley boliviana, esto equivale a que el acusado admita su culpabilidad a cambio de un juicio exprés y pena reducida. Alanes celebró la victoria, declarando que el hombre en cuestión, Gabriel Mamani, había admitido su culpabilidad en la totalidad de los quince delitos, lo que indicaba que los demás acusados de la lista también eran culpables. De hecho, el acuerdo con Mamani implicaba que solo debía admitir lesiones corporales y lesiones graves, pero muchos productores también creen que su confesión implica la culpabilidad de los demás acusados por los delitos restantes.
A la fecha, se dice que Freddy Machicado está negociando un acuerdo similar por el que confesará algunas de las acusaciones a cambio de quedar en libertad bajo fianza, mientras ha surgido otra demanda constitucional4, esta vez contra José López, dueño de la antigua escuela que ahora es un 'punto de venta' de coca, reclamando daños por cerca de un cuarto de millón de bolivianos, unos 35 000 dólares estadounidenses. Como sucedió en Urujara, resulta que Alanes en realidad no había comprado el edificio, sino que solo lo alquilaba, supuestamente con una promesa de compra. Se había acordado valorar la propiedad con miras a finalizar la venta el 15 de septiembre de 2022, es decir, una semana después de que fuera tomada y destrozada.
Alanes afirma que los dirigentes de ADEPCOCA deberán subastar o entregar el mercado de coca legal para pagar los daños. Dado que hizo tantas declaraciones falsas en el pasado,5 muchos cocaleros consideran que no es confiable, y otros sostienen que el mercado es propiedad de la institución y no de las personas que ocupan actualmente el liderazgo y, por lo tanto, no podría ser confiscado incluso si el proceso judicial le fuera favorable.
Sin embargo, la estrategia de persecución judicial tuvo su peor repercusión en Los Yungas. Se podría decir que le resultó mejor para el Gobierno que la confrontación directa y la represión, ya que provocó una crisis general de liderazgo en todos los niveles de la organización campesina. Muy pocas personas se atreven ahora a postularse a las elecciones en las federaciones campesinas y en los niveles de las centrales y subcentrales agrarias, a menos que sean simpatizantes del MAS y estén dispuestas a obedecer las órdenes del Gobierno, porque temen que, de oponerse a las políticas concebidas para Los Yungas, se les acusará de cargos falsos y terminarán en la cárcel, dado que el sistema judicial carece absolutamente de independencia.
Esto forma parte de una estrategia a largo plazo que el MAS lleva a cabo desde que Evo Morales logró su tercer mandato en 2015. La constitución que su Gobierno aprobó en 2009 estipula que al presidente solo se le permiten dos mandatos consecutivos. Pero Morales y el MAS sostienen que su primer mandato transcurrió durante la constitución anterior y, por lo tanto, no contaba, por lo que su segundo mandato recién comenzaría a partir de 2015. El igualmente sumiso tribunal constitucional declaró entonces que la reelección indefinida es un derecho humano, descartando la propia constitución de Morales.
Sin embargo, como ocurre con cualquier Gobierno que prolonga su tiempo en el cargo, el MAS iba perdiendo gradualmente el apoyo de las 'organizaciones sociales' que afirmaba representar. Cuando el MAS perdía el control de una organización, adoptaba la estrategia de instalar una organización paralela integrada por militantes del partido de Gobierno, como fue el caso de la ADEPCOCA paralela de Elena Flores. Lo mismo sucede con las federaciones campesinas y las centrales agrarias en gran parte de Los Yungas, y con las regionales de ADEPCOCA, lo que provocó muchos conflictos locales, como golpizas, destrucción de propiedad, la cosecha de campos de coca pertenecientes a miembros de la organización rival, e incluso muertes. Las autoridades municipales y organismos estatales colaboraron con estas divisiones al reconocer a las organizaciones paralelas minoritarias y canalizar proyectos de desarrollo y obras públicas a través de ellas, ignorando a quienes mantuvieron su apoyo a las organizaciones mayoritarias.
Tras la renuncia de Morales, la mayoría de las autoridades dejaron de manipular proyectos de manera tan directa, pero aún reconocen a las organizaciones paralelas, aunque la mayoría de estas tienen escaso o nulo apoyo de las bases y sus dirigentes permanecen en el cargo durante años, habiendo superado hace mucho tiempo sus mandatos. Las divisiones fueron particularmente activas en el municipio de La Asunta, donde ya habían aparecido antes de 2015 cuando los dirigentes favorecieron las campañas de erradicación de coca (véase más abajo).
Se produjeron divisiones dentro de la misma comunidad, y en ocasiones, una central agraria entera se asociaba a una u otra facción. Esta situación ocurrió con La Calzada, que era acérrima opositora del Gobierno, en contraposición al pueblo vecino de Santa Rosa, partidario incondicional del MAS. En marzo de 2023, Evo Morales, que ya no ocupaba cargos en el Gobierno pero aún era influyente como presidente de la organización partidaria del MAS, realizó una visita personal a Santa Rosa. Desde allí tenía la intención de continuar hacia la capital municipal de La Asunta para reunirse con sus seguidores, pero cuando viajó desde Santa Rosa hacia la carretera principal, personas de Calzada, junto con la federación campesina antigubernamental de Asunta, bloquearon la carretera y se negaron a dejarlo pasar. Morales se vio obligado a dar la vuelta e hizo una visita no planificada a Irupana, un municipio que apoyaba al MAS. Resultó que el automóvil en el que viajaba había sido robado en Santa Cruz y fue recuperado por la policía, pero no fue devuelto a su propietario, sino que le fue entregado al partido político gobernante.6
Además de sus vínculos turbios con el Gobierno, hay indicios de que la dirigencia de ADEPCOCA fomenta la división a nivel regional, en casos donde estas ya habían sido superadas con mucho esfuerzo debido al resentimiento generado por conflictos previos, como sucedió en regional de Arapata. En abril de 2023, esta regional eligió una junta directiva nueva, pero los dirigentes departamentales no se presentaron para tomarle juramento. Sus integrantes fueron juramentados por el mismo comité electoral que organizó las elecciones, por aclamación, presuntamente porque carecía de fondos para imprimir las papeletas para la votación secreta. ADEPCOCA argumentó que ese no era un procedimiento legítimo,7 no reconoció a la junta recién elegida cuando se presentó en Villa Fátima y, unas semanas después, juramentó a un nuevo comité electoral de notorios simpatizantes del MAS para llevar a cabo otra elección.
Los dirigentes de Villa Fátima querían ratificar al presidente regional, quien respaldaba sus acuerdos con el Gobierno, pero las bases eligieron una administración nueva que, al igual que la mayoría de los productores de coca, considera que los líderes se han sometido al Gobierno solo para evitar la cárcel y sin obtener ninguna concesión a cambio: en particular, la exigencia del cierre del mercado ilegal de Alanes y, de no lograrse la absolución, al menos permitir el arresto domiciliario para César Apaza y otros detenidos. Aquellos que se dirigían a tomar juramento a su candidato preferido alegaron que había 'problemas' en Coroico, no quisieron arriesgarse a involucrarse y se dieron media vuelta antes de llegar. Queda por verse cuáles serán las consecuencias de estas acciones.
Erik Cleves Kristensen/Flickr/CC BY 2.0
El mandato de dos años de la actual dirigencia llega a su fin en noviembre de 2023, aunque algunos sostienen que no abandonarán el cargo mientras Machicado, quien sigue siendo el presidente oficial, esté en prisión, ya que hacer lo contrario sería traicionarlo. Los contactos de Machicado con el Gobierno no se hicieron públicos, y muchos cocaleros sospechan que alcanzó algún tipo de acuerdo para guardar silencio a cambio de que su caso no se procese. Existe gran disconformidad con el doble juego de la administración, pero no al nivel necesario para destituirla antes de las elecciones de noviembre, a pesar de las reiteradas quejas de haber hecho tantos sacrificios en protestas multitudinarias a cambio de nada. Cabe señalar que esta visión pesimista no tiene en cuenta que, en contraste con la situación cuando el mercado ilegal de Kalajahuira absorbía casi todo el comercio de coca, el mercado de Alanes es meramente simbólico, mientras que Villa Fátima está funcionando a plena capacidad, ya que el Gobierno dejó de condicionar la autorización para el comercio a la compra en el mercado de la organización paralela. Al final, lo único que en verdad le interesa a la mayoría de los cocaleros es la posibilidad de vender su coca en paz y en un entorno cómodo. Pero el otro problema es que los precios actuales de la coca apenas superan la mitad de lo que eran antes de 2019, cuando el precio al productor ascendía a entre 40 y 45 bolivianos (5 a 6 dólares) por libra; ahora ronda los 25 bolivianos (3,5 dólares). En Los Yungas, esto se atribuye generalmente a una presunta sobreproducción,8 y la culpa la tendría la Ley 906 por haber legalizado el cultivo de coca en varias regiones donde era ilegal hasta 2017. De ahí la exigencia de que la ley sea derogada y reemplazada por otra que fije límites severos en las áreas donde se permite la coca y que imponga la erradicación total de plantaciones en cualquier otro lugar. El Gobierno ni siquiera ha considerado esta exigencia.
La Ley 906 reemplazó al artículo sobre la coca de la Ley 1008, promulgada en 1988 (la mayor parte de esa ley, que trata sobre sustancias controladas, es decir, drogas ilegales, se mantiene inalterada). A partir de 2002, los sucesivos gobiernos comenzaron negociaciones con miras a cambiar la ley sobre la coca, un asunto tan problemático a nivel nacional e internacional que llevó 15 años lograr finalmente una legislación nueva. Es probable que transcurra ese mismo lapso antes de que se considere otra modificación, incluso si llegara a asumir un Gobierno sin el compromiso histórico que tiene el MAS de proteger la producción de coca en el Chapare, que se utiliza principalmente para la cocaína.9
Además, las zonas recientemente legalizadas de producción en las provincias de La Paz, como Larecaja y Caranavi, no producen cantidades significativas de hojas; cantidades mucho más considerables proceden de las zonas de colonización en Los Yungas, sobre todo de La Asunta. No hay duda de que gran parte de esto, al igual que la coca de la zona tradicional, también se utiliza para la cocaína, con la única diferencia con respecto al Chapare siendo que esta industrialización se realiza en el interior del país, y la coca que llega allí a través de canales legales, y no en las mismas áreas donde se produce.
Este es un conflicto latente en Los Yungas; la Ley 906 ratifica el acuerdo firmado por ADEPCOCA con el Gobierno en 2008, que declara varias partes de Sud Yungas e Inquisivi como 'zonas rojas', sujetas a la erradicación total. Desde entonces, se siguen llevando a cabo campañas intermitentes de destrucción de plantaciones, sujetas a gran manipulación política y episodios de confrontación violenta. Fuera de la zona tradicional, donde no hay límites legales al tamaño de las plantaciones, los campos siguen siendo limitados en la práctica porque ya no hay espacio para extender la frontera agrícola. También existen 'zonas verdes' donde a cada productor se le permite solo una hectárea, y 'zonas amarillas' donde se les permite hasta un cuarto de hectárea cada uno, ligeramente menos que en el Chapare. Las plantaciones que superen estos límites también están sujetas a erradicación.
Además, el acuerdo de 2008 incluye una lista de todas las comunidades y productores en cada una que estaban legalmente registrados en ADEPCOCA en ese momento. Desde entonces, se sumaron muchos más a la asociación, tanto de la zona tradicional como de otras áreas, y surgieron comunidades nuevas, ya sea mediante colonización o porque comunidades establecidas se dividieron en dos o más dentro del mismo territorio. Si el acuerdo se interpreta al pie de la letra, la coca nueva que ha aparecido desde 2008 también debería erradicarse.
En 2012, el entonces presidente de ADEPCOCA, Ernesto Cordero, vinculado abiertamente al MAS, reconoció comunidades 'nuevas' que no estaban en la lista de 2008 a cambio de pagos generosos, de 40 mil a 50 mil bolivianos (5500 a 6500 dólares) o más por cada comunidad 'nueva'. Aparte del destino desconocido de todo ese dinero en efectivo (que muchos habitantes de Los Yungas suponen que fue a parar a los bolsillos de Cordero y quién sabe a qué otros dirigentes de entonces), el estado legal de las comunidades recién reconocidas en el registro informatizado de ADEPCOCA nunca se aclaró. Dentro de la zona tradicional, en privado los productores apoyan la eliminación de las zonas rojas en Los Yungas, aunque a nivel público solo exigen la erradicación de las zonas recientemente legalizadas y la producción dentro de los parques nacionales, que siempre ha sido ilegal. Sin embargo, esta es una fuente potencial de conflicto, no solo con el Gobierno, sino también dentro de la propia organización, que podría estallar en cualquier momento si el Gobierno decide intensificar las campañas de erradicación.
En resumen, la situación actual (junio de 2023) es lo que los medios de comunicación bolivianos suelen describir como una 'calma tensa': no se vislumbran protestas o conflictos a gran escala en el horizonte inmediato, pero hay un ambiente generalmente sombrío y un futuro sumamente incierto. Aunque la intensidad de la guerra de la coca es actualmente baja, no es probable que termine pronto.
Si deseas apoyar nuestro trabajo, considera realizar una donación. Nos comprometemos a que nuestra valiosa investigación esté accesible sin costo, pero para eso necesitamos de tu ayuda. Si todas las personas que leen nuestro contenido realizan una donación de tan solo €12 podremos apoyar nuestro trabajo durante tres años.
