En este número de Crimen y Globalización, Michael Woodiwiss y Dave Bewley-Taylor rastrean la historia del concepto de crimen organizado y su metamorfosis en un fenómeno "transnacional" que, supuestamente, plantea una grave amenaza contra el orden mundial. Los autores exponen cómo Estados Unidos ha dominado la construcción de un régimen global de aplicación de la ley interrelacionando los conceptos de prohibición de drogas y lucha contra el crimen organizado. El "enfoque, estrecho y autoexculpador" del crimen organizado promovido por EEUU, afirman los autores, ha desviado la atención de las actividades delictivas empresariales para centrarla en las conspiraciones de organizaciones criminales.
Esta versión "neutralizada" de crimen organizado fue aceptada por la comunidad internacional al aprobar la Convención de la ONU contra la Delincuencia Transnacional Organizada en 2000, un tratado que Washington ve como una ampliación natural de la Convención de la ONU contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas de 1988. Esta interpretación no reconoce los aspectos criminógenos del actual proceso de globalización neoliberal, ni ayuda a cubrir las necesidades de los países en desarrollo en materia de seguridad, especialmente con respecto a los crecientes problemas de la criminalidad urbana en los barrios marginales del Sur. La primera versión de este informe se presentó en un seminario sobre Regímenes globales para el cumplimiento de la ley, organizado por el Transnational Institute en abril de 2005. El seminario trató sobre el nuevo Consenso de Washington y su lucha contra el "eje del mal" constituido por el tráfico de drogas, el crimen transnacional organizado y el terrorismo internacional, y considerado como una amenaza global a la seguridad. Ya se han establecido varios acuerdos multilaterales para "luchar contra este azote".
En la ONU y el G8, se han aprobado convenciones contra el crimen organizado transnacional y normativas contra el blanqueo de dinero, mientras el Consejo de Seguridad de la ONU ha puesto en marcha un programa global contra el terrorismo internacional. Este patrón es curiosamente parecido al de la internacionalización de EEUU de la guerra contra las drogas. El tráfico de drogas y cuestiones afines, como el crimen organizado y el blanqueo de ganancias ilícitas, empiezan etiquetándose como amenazas a la seguridad nacional, siendo extendidas después al resto del mundo. En la UE se está desarrollando un proceso similar para armonizar la política de seguridad.
Estos acuerdos se alcanzan cada vez más en el ámbito intergubernamental (ONU, G8, EU) y se presentan ante los parlamentos nacionales como un hecho consumado. Apenas existen mecanismos para evaluar la eficacia o las desventajas de la aplicación de estas políticas. El acento se pone en las medidas de coerción y aplicación de la ley, y no abordan las causas de raíz, pues eso desembocaría en un análisis inoportuno del presente orden mundial y exigiría incluso que muchos países internacionalizaran sus verdaderos intereses de seguridad.
El actual paradigma de seguridad se cuestiona cada vez más. Son muchos los que ponen en duda su eficacia y apuntan a los posibles efectos negativos sobre las libertades civiles, los derechos humanos y la soberanía nacional en el campo de la justicia penal. Nadie duda que la cooperación internacional es necesaria para abordar los asuntos de seguridad global, pero lo que se cuestiona seriamente es la eficacia del régimen global de represión que se está construyendo y a qué intereses sirve. El problema no tiene que ver con alcanzar un consenso sobre los problemas de seguridad transnacional que se están tratando en el plano transnacional. El problema radica en quién está elaborando la agenda, y cómo se moldean posteriormente las políticas de seguridad transnacional.
En opinión de Woodiwiss y Bewley-Taylor, el elemento más sorprendente del enfoque estadounidense es su fijación exclusiva en arrestar y penalizar a personas nocivas en lugar de adoptar un enfoque más estratégico que reduzca las oportunidades de realizar actividades nocivas. Así, se ha internacionalizado plenamente un enfoque erróneo sobre el crimen organizado. Mientras los organismos de la ONU para la prevención del crimen han perpetuado un análisis engañosamente simplista del crimen organizado con la idea de que hay "malhechores que amenazan la democracia y la civilización", otros sectores de la organización han elaborado estudios que podrían contribuir a mejorar la interpretación del crimen transnacional organizado analizando la mala gestión del proceso de globalización.
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