El presente informe analiza el alcance de la industria de la seguridad de fronteras a nivel mundial, al centrarse en los mercados geográficos más importantes: Australia, Europa y Estados Unidos. En el informe se enumeran las violaciones de los derechos humanos y los riesgos en cada sector de la industria, se presenta a los actores empresariales más importantes y se hace especial hincapié en los inversores clave de cada empresa.
La migración será uno de los temas decisivos en materia de derechos humanos del siglo XXI. La creciente presión para migrar, sumada a la respuesta cada vez más militarizada de los Estados en materia de seguridad exacerbarán una situación ya desesperada para refugiados y migrantes. Los refugiados viven en un mundo en el que se les deniegan sistemáticamente los derechos humanos. A medida que la crisis climática se profundiza y está cada vez más vinculada con las crisis económica y política, provocando la expulsión de personas de sus hogares, y que los Estados adoptan medidas de seguridad cada vez más autoritarias, la situación para defender y apoyar los derechos de los migrantes es muy desalentadora.
Los Estados, especialmente los de los países más ricos, son los principales responsables de defender los derechos humanos de refugiados y migrantes consagrados en las normas internacionales de derechos humanos. Sin embargo, las empresas también tienen una gran responsabilidad. Su dinero, sus productos, servicios y su infraestructura son los que, en definitiva, sustentan las estructuras de la migración y control de fronteras de los Estados. En algunos casos, las empresas están directamente involucradas en violaciones de los derechos humanos. En otros, están involucradas de manera indirecta, dado que facilitan el sistema que deniega sistemáticamente los derechos de migrantes y refugiados. Lo que es más, a través de su cabildeo, su participación en grupos de “expertos” gubernamentales y las puertas giratorias con organismos públicos, queda claro que las empresas no son beneficiarias fortuitas de la militarización de las fronteras, sino que, por el contrario, participan en la elaboración de las políticas de las que se benefician y, por consiguiente, comparten la responsabilidad de las violaciones de derechos humanos que son consecuencia de ellas.
La mejor forma de describir la fusión entre el Estado y las empresas es como un complejo industrial de fronteras. El concepto surge de la advertencia del ex Presidente estadounidense Eisenhower acerca de los peligros del complejo industrial militar. De hecho, muchas de las principales industrias de fronteras hoy en día también son empresas militares que intentan diversificar sus productos de seguridad hacia un nuevo mercado en expansión.
El presente informe intenta analizar y destacar el alcance de la industria de la seguridad de fronteras a nivel mundial, al centrarse en los mercados geográficos más importantes: Australia, Europa y Estados Unidos. Se enumeran las violaciones de derechos humanos y los riesgos que plantea cada sector de la industria, se presenta a actores empresariales importantes y se centra la atención en los inversores clave de cada empresa.
La industria de fronteras está experimentando un crecimiento espectacular, aparentemente inmune a la austeridad o las crisis económicas. Organismos de investigación de mercado prevén un crecimiento anual del mercado de seguridad de fronteras de entre 7,2% y 8,6%, por lo que alcanzará un total de entre 65.000 millones y 68.000 millones de dólares de aquí a 2025. La mayor expansión se produce en los mercados de la biometría y la inteligencia artificial. La empresa Markets and Markets prevé que el mercado de sistemas biométricos se duplicará y pasará de 33.000 millones de dólares en 2019 a 65.300 millones en 2024, donde la biometría con fines de migración constituirá un sector fundamental. La empresa afirma que el mercado de inteligencia artificial alcanzará un valor de 190.610 millones de dólares de aquí a 2025.
El informe investiga cinco sectores clave de la industria en expansión: la seguridad de fronteras (incluido el seguimiento, la vigilancia, la construcción de muros y cercos); la biometría y las fronteras inteligentes; la detención y deportación de migrantes; y los servicios de auditoría y consultoría. De estos sectores, se destacan 23 empresas como actores significativos: Accenture, Airbus, Booz Allen Hamilton, Classic Air Charter, Cobham, CoreCivic, Deloitte, Elbit, Eurasylum, G4S, GEO Group, IBM, IDEMIA, Leonardo, Lockheed Martin, Mitie, Palantir, PriceWaterhouseCoopers, Serco, Sopra Steria, Thales, Thomson Reuters y Unisys.
El ámbito de la seguridad y el control de las fronteras, la infraestructura tecnológica de la seguridad y vigilancia en la frontera, está encabezado por empresas estadounidenses, australianas, europeas e israelíes, entre las que se incluyen Airbus, Elbit, Leonardo, Lockheed Martin y Thales. Todas ellas están entre las principales vendedoras de armas del mundo. Estas empresas no solo se benefician de contratos de control de fronteras con la UE, Estados Unidos y Australia, sino que también se benefician cada vez más de los programas de externalización de las fronteras financiados por esos países. Jean Pierre Talamoni, director de ventas y marketing de Airbus Defence and Space (ADS), dijo en 2016 que calcula que dos tercios de las nuevas oportunidades para el mercado militar en los próximos diez años estarán en la región de Asia, Oriente Medio y el Norte de África. Estas empresas también están intentando proporcionar personal para vigilar muros, entre ellos guardias de fronteras.
Los servicios de asesoramiento y auditoría son un aspecto más oculto de las prácticas y políticas públicas, pero pueden influir en la elaboración de políticas nuevas. Un ejemplo destacado es Civipol, que en 2003 publicó un estudio sobre fronteras marítimas para la Comisión Europea. En octubre de 2003, la Comisión adoptó sus recomendaciones políticas clave y las incorporó en documentos de políticas posteriores, a pesar de que utiliza lenguaje despectivo para referirse a los refugiados. El estudio de Civipol también sentó las bases para medidas posteriores sobre externalización de las fronteras, incluidos elementos del acuerdo de migración con Turquía y la Operación Sophia de la UE. Desde 2003, Civipol ha recibido financiamiento para un gran número de proyectos relacionados con la migración, especialmente en países africanos. Entre 2015 y 2017, fue la cuarta organización que recibió más financiamiento en virtud del Fondo Fiduciario de la UE. Otras empresas destacadas en este sector son Eurasylum, así como grandes empresas consultoras, especialmente Deloitte y PriceWaterhouseCoopers, cuya cartera abarca trabajo vinculado con la migración.
Los mercados de adquisiciones en el ámbito militar y de control de fronteras se caracterizan por inversiones y contratos con gran densidad de capital, que no serían posibles sin la participación de actores financieros. A partir de datos tomados de marketscreener.com, el informe demuestra que las mayores empresas de inversiones del mundo también son algunas de las principales accionistas de la industria de fronteras.
Por consiguiente, en todos los casos el financiamiento depende de nuestro dinero. En el caso de la propiedad estatal, a través de nuestros impuestos, y en el caso de los fondos de gestión de activos, a través del modo en que los ahorros personales, los fondos de jubilación, las dotaciones a empresas de seguros y universidades se invierten directamente en estas empresas a través de la gigante Asset Management Fund. Este financiamiento significa que la industria de fronteras sobrevive al menos gracias a la aprobación tácita del uso de fondos públicos que la hace vulnerable a la presión social, a medida que los costos de la industria en los derechos humanos se hacen más evidentes.
Derechos humanos y la industria de fronteras
Todos y cada uno de los seres humanos, incluidos los refugiados y migrantes, gozan de derechos humanos universales. Además de la Carta Internacional de Derechos Humanos, que sienta las bases al definir los derechos universales que son importantes en el contexto de la migración (como el derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona, la libertad de no ser sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes, y el derecho a igual protección contra toda discriminación), existen otros instrumentos pertinentes, como la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados (Convención de los Refugiados o Convención de Ginebra) de 1951. También hay acuerdos regionales, como la Convención de la Organización de la Unidad Africana que Regula los Aspectos Específicos de los Problemas de los Refugiados en África y el Convenio Europeo de Derechos Humanos (CEDH), que desempeñan un papel importante para los países que los han ratificado.
Sin embargo, a pesar de estos importantes acuerdos de derechos humanos jurídicamente vinculantes, la situación de los derechos humanos de los refugiados y migrantes se ha vuelto cada vez más desesperada. Los Estados a menudo deniegan a migrantes y refugiados sus derechos consagrados en instrumentos internacionales, como el derecho de solicitar asilo o los principios de no devolución, o derechos más generales como la libertad de no ser sometidos a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes. Existe una laguna con respecto a los medios jurídicos o mecanismos de reclamaciones eficaces para contrarrestar esto o para que los Estados apliquen legalmente o sean responsabilizados por no aplicar instrumentos como la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención de los Refugiados de 1951. El Tribunal Permanente de los Pueblos concluyó en 2019 que “tomadas en su conjunto, las políticas y las prácticas de inmigración y asilo de la UE y sus Estados miembros constituyen una denegación absoluta de los derechos fundamentales de personas y migrantes, y son verdaderos crímenes de lesa humanidad”. Puede llegarse a una conclusión similar con respecto al sistema de control de fronteras e inmigración de Estados Unidos y Australia.
La creciente militarización de la seguridad de las fronteras a nivel mundial y la hostilidad hacia los migrantes, aprobada por los Estados, han tenido repercusiones negativas en los derechos humanos de refugiados y migrantes.
El uso cada vez mayor de sistemas autónomos de seguridad fronteriza, como drones, plantea una nueva amenaza para los derechos humanos. Ya hay pruebas de que obliga a los migrantes a optar por rutas más peligrosas, pero también existe preocupación de que hay una tendencia gradual hacia sistemas armados que amenazarán aún más las vidas de los migrantes.
La detención generalizada de migrantes también socava de manera fundamental sus derechos humanos. Hubo muchas denuncias de violencia y negligencia por parte de guardias y autoridades carcelarias, acceso limitado a asistencia jurídica y médica adecuadas, falta de alimentos decentes, hacinamiento y condiciones precarias e insalubres. La privatización de la detención exacerba estos problemas, porque las empresas se benefician de encerrar a un número cada vez mayor de migrantes y minimizan costos.
La creación de enormes bases de datos de migración como Eurodac de la UE y SIS II, VIS suscita una serie de preocupaciones con respecto a los derechos humanos, como cuestiones de privacidad, libertades civiles, sesgo que da lugar a la discriminación –algo que se ve exacerbado por los procesos de inteligencia artificial–, y mala utilización de la información recopilada. Los migrantes ya son sometidos a niveles de vigilancia sin precedentes y a menudo se los trata como conejillos de Indias, dado que en ellos se prueba tecnología más intrusiva como reconocimiento facial y rastreo de las redes sociales sin su consentimiento.
La tendencia a las políticas de externalización de la migración plantea preocupaciones nuevas, dado que procura poner los costos humanos de la militarización de las fronteras fuera de ellas y lejos de la mirada pública. Esto ha provocado que la UE, Estados Unidos y Australia cooperen con regímenes autoritarios para impedir que los migrantes se acerquen a sus fronteras. Además, como los países donan dinero, equipamiento o formación a las fuerzas de seguridad de regímenes autoritarios, terminan por ampliar o fortalecer sus capacidades, lo que lleva a un aumento general de las violaciones de los derechos humanos. Libia es el ejemplo más claro de las consecuencias de las políticas de externalización de las fronteras en los derechos humanos. El financiamiento, la capacitación y la cooperación de la UE y sus Estados miembros a título individual (en particular, Italia y Malta) con las fuerzas de seguridad y milicias de Libia han dado lugar a violencia en las fronteras, homicidios, desapariciones, violaciones, esclavización y maltrato de migrantes en el país y tortura en centros de detención.
Las 23 empresas que figuran en el presente informe han estado vinculadas o involucradas en políticas y prácticas que han sido criticadas por violar los derechos humanos de refugiados y migrantes. Como se mencionó, en ocasiones las empresas son responsables directas de violaciones de los derechos humanos o suscitan preocupaciones al respecto. En otros casos, son responsables indirectas, a través de su contribución a una infraestructura de fronteras que deniega los derechos humanos y a través del cabildeo para influir en la elaboración de políticas para que se prioricen respuestas militarizadas a la migración. Once de las empresas que figuran en el informe han afirmado públicamente su compromiso con los derechos humanos como signatarias de los Principios Rectores sobre las empresas y los derechos humanos de las Naciones Unidas, pero al tratarse de códigos voluntarios que carecen de fuerza, no han dado lugar a cambios notorios en sus operaciones en términos de migración.
Los ejemplos más destacados de violaciones directas de los derechos humanos los perpetraron empresas vinculadas con la detención y la deportación. Classic Air Charter, Cobham, CoreCivic, Eurasylum, G4S, GEO Group, Mitie y Serco han sido acusadas de violencia y maltrato de su personal hacia migrantes. G4S ha sido una de las empresas que ha estado más en el foco de atención. En 2017, la BBC en el Reino Unido informó de denuncias de maltrato por parte del personal de la empresa contra migrantes en el centro de expulsión Brook House. Además, la empresa recibió una demanda colectiva en Australia entablada por casi 2.000 personas que están o estuvieron detenidas en el centro de detención externalizado en la isla de Manus, debido a lesiones físicas y psicológicas como consecuencia de haber afrontado maltrato y condiciones peligrosas. La empresa finalmente accedió a pagar 70 millones de dólares australianos (alrededor de 53 millones de dólares estadounidenses) en el mayor acuerdo jamás alcanzado en una demanda colectiva. G4S también afrontó acusaciones relacionados con su participación en deportaciones.
Las otras empresas mencionadas desempeñan un papel central en la infraestructura de fronteras que deniega los derechos humanos de los refugiados. Los aviones de vigilancia Airbus P-3 Orion de la Fuerza Aérea australiana, por ejemplo, participan en el muro marítimo extremadamente polémico que impide que los migrantes lleguen a Australia por bote, por lo que son detenidos en el extranjero en condiciones terribles. Lockheed Martin es uno de los principales proveedores de seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos. Leonardo es uno de los principales proveedores de drones para las fronteras de Europa. Thales produce sistemas de radares y sensores, que son fundamentales para patrullar el Mediterráneo. Elbit Systems proporciona tecnologías de vigilancia a la UE y Estados Unidos, que comercializa como tecnologías exitosas utilizadas en el muro de separación en los territorios palestinos ocupados. Accenture, IDEMIA y Sopra Steria gestionan varios proyectos de datos biométricos en las fronteras. Desde 2003, Deloitte ha sido una de las empresas consultoras clave del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) de Estados Unidos, mientras que PriceWaterhouseCoopers brinda servicios de consultoría similares a Frontex y a las fuerzas de control de fronteras de Australia. IBM, Palantir y UNISYS brindan la infraestructura informática que sirve de base para el aparato de inmigración y control de fronteras.
El informe concluye instando a que se realicen campañas para desinvertir de la industria de control de fronteras. Hay una larga historia de campañas y movimientos que instan a la desinversión de industrias que apoyan violaciones de los derechos humanos: desde campañas para desinvertir de Sudáfrica durante el apartheid, hasta campañas más recientes para desinvertir de la industria de los combustibles fósiles. La industria de las fronteras también se ha vuelto un activo moralmente tóxico para cualquier institución financiera, habida cuenta de la larga lista de violaciones de los derechos humanos con la que está vinculada y de la probabilidad de que estas se intensifiquen en los próximos años.
Ya hay ejemplos de campañas exitosas contra la industria de control de fronteras. El foco de atención en la detención de migrantes en Estados Unidos, que formó parte de las políticas antiinmigración del Presidente Trump, contribuyó a que seis grandes bancos estadounidenses (Bank of America, BNP Paribas, Fifth Third Bancorp, JPMorgan Chase, SunTrust y Wells Fargo) anunciaran públicamente que no brindarían más financiamiento a la industria de cárceles privadas. Los dos mayores fondos de jubilación de Estados Unidos, CalSTRS y CalPERS, también decidieron desinvertir de esas dos empresas. Geo Group reconoció que estos actos de “resistencia pública” afectaron las finanzas de la empresa, y criticó a los bancos por “haber cedido claramente a un pequeño grupo de activistas que protestan y realizan campañas en las redes sociales”.
Todas las empresas que han estado involucradas o han sido acusadas de violaciones de los derechos humanos deniegan las acusaciones o afirman que son excepciones al comportamiento de la institución. No obstante, el presente informe demuestra que un sistema de militarización de la frontera construido sobre la base de la exclusión siempre será un aparato violento que perpetúa las violaciones de los derechos humanos. Es un régimen que encierra a refugiados a diario en condiciones intolerables, separa a familias provocando trauma y sufrimiento inconcebibles, y provoca un número devastador de muertes dado que los refugiados son obligados a emprender travesías peligrosas inimaginables porque las alternativas son aún peores. Por muy bienintencionada que sea, toda industria que preste servicios o brinde productos a este sistema de control de fronteras será responsable de sus consecuencias humanas y de sus violaciones de los derechos humanos y, posteriormente, sufrirá graves costos en su reputación por haber participado en esta industria inmoral. Por otro lado, un éxodo generalizado de las principales empresas de las que depende el sistema de control de fronteras podría obligar a los Estados a cambiar de dirección y apoyar una política que proteja y defienda los derechos de refugiados y migrantes. A nivel mundial, movimientos sociales y el público en general están comenzando a darse cuenta de los costos humanos de la militarización de las fronteras y exigen un cambio fundamental. Ahora es el momento para que la industria de control de fronteras y quienes la financian tomen una decisión.
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