Esta introducción, extraída de «[Dismantling Green Colonialism] Derribar el colonialismo verde: energía y justicia climática en la región árabe», libro publicado con Pluto Press, ofrece una oportuna reflexión sobre el estado actual de la transición energética en la región árabe.
Dado que las negociaciones internacionales sobre el clima están estancadas al mismo tiempo que se acelera el cambio climático, cuyos efectos son cada vez más mortíferos e innegables, esta publicación ofrece una recopilación de artículos críticos en torno a la transición justa en la región árabe. Este dossier pretende ser un recurso fundamental para los activistas, tanto de la región árabe como de todo el mundo, para ayudarles a seguir planteando cuestiones críticas y a crear coaliciones, alianzas y poder popular en apoyo de sus propias soluciones para una transición justa.
Illustration by Othman Selmi
La realidad de la crisis climática ya se está sintiendo en la región árabe,1 donde está socavando las bases ecológicas y socioeconómicas de la vida humana. Países como Argelia, Túnez, Marruecos, Arabia Saudita, Irak, Jordania y Egipto están experimentando graves olas de calor y sequías prolongadas, que tienen efectos devastadores en la agricultura y los pequeños productores.2 Irak, que es considerada una de las cinco naciones más vulnerables al cambio climático y la desertificación, fue azotado por varias tormentas de arena en 2022 que provocaron el cierre de gran parte del país y la hospitalización de miles de personas por problemas respiratorios. El Ministerio de Medio Ambiente del país ha advertido que en los próximos 20 años el país podría afrontar un promedio de 272 días de tormentas de arena al año y que podría superar los 300 días de aquí a 2050.3 En el verano de 2021, Argelia sufrió devastadores incendios sin precedentes; en Kuwait hubo una ola de calor sofocante, en la que se registró la temperatura más elevada de la Tierra ese año, que superó los 50 °C; y Emiratos Árabes Unidos, Yemen, Omán, Siria, Irak y Egipto experimentaron inundaciones devastadoras, mientras que Marruecos sufrió intensas sequías por tercer año consecutivo. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) prevé que dentro de unos años los eventos climáticos extremos, como incendios e inundaciones, se intensificarán y la aridez y las sequías aumentarán en las regiones del mar Mediterráneo y el golfo Pérsico.4
«Si queremos limitar el calentamiento global a 1,5 °C el momento es ahora». Esa es la advertencia del grupo de trabajo del IPCC que llevó a cabo un examen exhaustivo de la ciencia climática en 2022. El examen advierte que, según las predicciones, la temperatura del mundo aumentará en 1,5 °C en los próximos 20 años y que únicamente si se reducen drásticamente las emisiones de carbono en forma inmediata se podrá prevenir un desastre ambiental y climático. Dado que estos exámenes se llevan a cabo cada seis o siete años, esta podría considerarse la última advertencia del IPCC antes de que el mundo se encamine irrevocablemente a una catástrofe climática, con consecuencias terribles. Como declaró el secretario general de las Naciones Unidas, António Guterres, cuando se publicó el informe: «En términos concretos [este nivel de calentamiento global] implica que las principales ciudades estarán bajo agua, habrá olas de calor sin precedentes, tormentas atemorizantes y escasez de agua generalizada, y un millón de especies de plantas y animales se extinguirán».
La población marginada, incluidos los pequeños productores, los agropastoralistas, los trabajadores agrícolas y los pescadores, sufre estos impactos en forma desproporcionada. Las personas del mundo árabe ya están siendo obligadas a abandonar sus tierras debido a las sequías y las tormentas de invierno cada vez más intensas y frecuentes que provocan la expansión de los desiertos y el aumento del nivel del mar.5 Los cultivos están fracasando y el suministro de agua es cada vez más escaso, lo cual tiene un gran impacto en la producción de alimentos en una región que siempre ha dependido de la importación de alimentos.6 A medida que se comienzan a sentir cada vez más los efectos del cambio climático, los recursos de agua se vuelven cada vez más escasos debido a los cambios en las precipitaciones y la intrusión del agua marina en las reservas subterráneas, así como el uso excesivo del agua subterránea. Según un artículo de la publicación The Lancet, ello provocará que la mayoría de los países árabes tenga un nivel de pobreza hídrica absoluta de 500 m³ por persona al año para 2050.7
Los científicos del clima prevén que en gran parte de Oriente Medio y el Norte de África el clima podría cambiar de modo tal que la supervivencia de sus habitantes estaría en peligro.8 En el Norte de África, por ejemplo, los pequeños agricultores del delta del Nilo y las zonas rurales de Marruecos y Túnez, los pescadores de Yerba y Kerkennah en Túnez, los habitantes de In Salah en Argelia, los refugiados saharauis en los campamentos de Tindouf en Argelia y las millones de personas que viven en asentamientos irregulares en El Cairo, Jártum, Túnez y Casablanca son los grupos más afectados por el cambio climático. En otras partes de la región árabe, pequeños productores y pescadores en los territorios ocupados de Palestina; desplazados internos y refugiados en Irak, Siria, Líbano, Yemen y Jordania; y trabajadores migrantes sobreexplotados en los Emiratos Árabes Unidos y Qatar afrontarán la violencia de la crisis climática, para lo cual contarán con muy poca protección, ya que suelen vivir en condiciones deplorables, sin atención médica rutinaria y corren peligro de malnutrición.
La crisis climática no es un hecho inevitable: ha sido y sigue siendo provocada por la quema persistente de combustibles fósiles –una decisión fundamentalmente de las empresas y los Gobiernos del hemisferio Norte, junto con las clases dominantes nacionales, incluso en la región árabe–. Los planes de energía y clima en esa parte del mundo son concebidos por regímenes autoritarios y quienes los apoyan en Riad, Bruselas y Washington, D.C. Las élites locales colaboran con las empresas multinacionales y las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo. A pesar de todas sus promesas, las acciones de estas instituciones demuestran que son enemigas de la justicia climática y de la propia supervivencia de la humanidad.
Cada año, líderes políticos, asesores, medios de comunicación y grupos de interés empresariales se reúnen para una nueva edición de la Conferencia de las Partes de las Naciones Unidas a fin de abordar el problema del cambio climático. Pero a pesar de la amenaza que afronta el planeta, los gobiernos siguen permitiendo el aumento de las emisiones de carbono y el empeoramiento de la crisis. Tras 30 años de lo que la activista medioambiental sueca Greta Thunberg ha denominado «bla, bla, bla», ha quedado en evidencia que estas negociaciones sobre el clima son deficientes y están fracasando. Han sido cooptadas por el poder empresarial y los intereses privados que promueven soluciones falsas orientadas al lucro, como el comercio de carbono, las denominadas «soluciones cero neto» y «soluciones basadas en la naturaleza», en lugar de obligar a los países industrializados y a las empresas multinacionales a reducir las emisiones de carbono y dejar de explotar combustibles fósiles.9
Cuando la COP28 tenga lugar en Dubái, Emiratos Árabes Unidos, en 2023, las negociaciones sobre el clima se habrán celebrado cinco veces en la región árabe desde que comenzaron en 1995: la COP7 (2001) y la COP22 (2016) en Marrakech, Marruecos; la COP18 (2012) en Doha, Qatar; y la COP27 (2022) en Sharm el-Sheikh, Egipto. En los últimos años, y especialmente desde que el Acuerdo de Clima de París celebrado en 2015 retrocedió respecto de las metas vinculantes (que ya eran extremadamente insuficientes) establecidas en el Protocolo de Kioto para permitir a los países determinar en forma independiente sus propias metas de reducción de emisiones, ha aumentado el escepticismo respecto de la capacidad de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC) para hacer frente al desafío más urgente de la humanidad. Las COP atraen una enorme atención de los medios de comunicación, pero no suelen lograr resultados significativos. La COP27, celebrada en Sharm el-Sheikh, Egipto, en 2022, logró un acuerdo sobre el pago de pérdidas y perjuicios que ha sido elogiado por algunas personas como una medida importante para responsabilizar a los países más ricos de los daños causados por el cambio climático en el Sur global.10 Sin embargo, dado que el acuerdo carece de mecanismos claros de financiación y control, los críticos temen que correrá con la misma suerte que la promesa incumplida (realizada por primera vez en la COP15 en Copenhague en 2009) de destinar 100 000 millones de dólares anuales a la financiación para el clima en 2020. Esa promesa nunca se cumplió plenamente y, en cambio, en muchos casos la asistencia adoptó la forma de préstamos con intereses.11 Con respecto a la COP28, la designación por los Emiratos Árabes Unidos de Sultan al-Jaber, director ejecutivo de la empresa nacional de petróleo de Abu Dabi, para presidir las negociaciones parece simbolizar para muchos activistas y observadores el compromiso profundo de seguir extrayendo petróleo, independientemente del costo, que ha caracterizado a las negociaciones hasta ahora.
Los Estados de Oriente Medio y el Norte de África, con sus empresas nacionales de petróleo y gas natural, junto con las principales empresas petroleras, están haciendo todo lo posible para continuar y ampliar sus operaciones y lucrar con los combustibles fósiles que aún poseen. Egipto, bajo la presidencia de Abdelfattah al-Sisi, desea convertirse en un gran centro energético en la región, mediante la exportación de su electricidad excedentaria y la movilización de diversas fuentes de energía, como el gas mar adentro, el petróleo, las energías renovables y el hidrógeno, para satisfacer las necesidades energéticas de la Unión Europea. Ello está inevitablemente vinculado a los esfuerzos de normalización de las relaciones políticas y económicas con el Estado colonial de Israel. El régimen argelino, por su parte, también se está beneficiando del precio del petróleo y aprovechando que la Unión Europea está buscando desesperadamente alternativas al gas de Rusia a fin de ampliar sus operaciones y planes de combustibles fósiles. Los países del golfo Pérsico, como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, no son la excepción. Las clases dominantes de la región han hablado durante decenios de la «era pospetróleo», y los Gobiernos sucesivos se han llenado la boca durante mucho tiempo sobre la transición a energías renovables sin adoptar medidas concretas, además de planes y proyectos grandiosos y poco realistas, como la propuesta controvertida de la megaciudad de Neom en Arabia Saudita. Para estas clases dominantes, las instancias del proceso de la COP representan una oportunidad única para promover su agenda de lavado verde, así como sus esfuerzos de atraer y captar fondos y financiación para diversos proyectos energéticos y supuestos planes de energía «verde».
El hecho de que Egipto fuese el anfitrión de la COP de 2022 fue polémico debido a la trayectoria de represión del Gobierno y a sus esfuerzos para prevenir el acceso de grupos ambientalistas y activistas del clima a la cumbre. De hecho, la COP27 de Sharm el-Sheikh fue una de las conferencias más excluyentes de la historia, dado que se redujo considerablemente el espacio dedicado al activismo, la disidencia, las discusiones, los debates, el establecimiento de nuevos contactos y redes, las estrategias colectivas y las movilizaciones que son necesarias para ejercer presión en los responsables de la adopción de decisiones a nivel mundial a fin de que cumplan sus promesas y promuevan soluciones reales a la emergencia climática que estamos viviendo. La decisión de seleccionar a Egipto como anfitrión en 2022 y de Emiratos Árabes Unidos en 2023 no es casual y es un claro indicio de que todo el proceso de la COP se está volviendo más antidemocrático y excluyente. Además, la intensificación de las rivalidades geopolíticas desatada por la guerra en Ucrania no es un contexto propicio para la cooperación entre las principales potencias y brinda otra excusa para seguir con la adicción mundial a los combustibles fósiles. De hecho, podría ser el fin de las negociaciones mundiales sobre clima.
La supervivencia de la humanidad depende de abandonar la extracción de combustibles fósiles y adaptarse al clima cambiante, mientras avanzamos hacia energías renovables, niveles sostenibles de uso de energía y otras transformaciones sociales. Se gastarán miles de millones de dólares en intentar adaptarse y hallar nuevas fuentes de agua, reestructurar la agricultura y cambiar los cultivos, construir diques marítimos para alejar el agua salada, cambiar la forma y el estilo de las ciudades e intentar realizar la transición hacia fuentes de energía verdes mediante la construcción de la infraestructura necesaria y la inversión en empleos y tecnología verde. Pero ¿a quién beneficiarán esta adaptación y transición energéticas? Y ¿quién pagará los mayores costos de la crisis climática y de las respuestas a ella?
Las mismas estructuras de poder avaras y autoritarias que han contribuido al cambio climático son las que están elaborando su respuesta. Su objetivo principal es proteger los intereses privados y generar aún más lucro. Aunque las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, y los Gobiernos del hemisferio Norte y sus organismos, como la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), la Unión Europea y la Agencia Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), ahora están expresando la necesidad de llevar adelante una transición climática, su visión es de una transición capitalista, a menudo dirigida por empresas, no por las y los trabajadores. A pesar de que las voces de las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales en la región árabe suelen ignorarse en lo que respecta a las repercusiones de esta transición y la necesidad de alternativas justas y democráticas, las instituciones y los gobiernos mencionados expresan su opinión, organizando eventos y publicando informes en todos los países de la región árabe. Estos actores no temen destacar los peligros del calentamiento global e incluso apoyan la adopción de medidas urgentes, como el uso de más energía renovable y la elaboración de planes de adaptación. No obstante, su análisis del cambio climático y la transición necesaria sigue siendo limitado –e incluso peligroso, dado que amenaza con reproducir los parámetros de despojo y saqueo de recursos que caracterizan el régimen de combustibles fósiles reinante–.
La visión de futuro promovida por estos actores poderosos es una en la cual las economías están al servicio del lucro privado, incluido mediante una mayor privatización del agua, la tierra, los recursos, la energía e incluso de la atmósfera. La última etapa en este desarrollo incluye las alianzas público-privadas que se están llevando a cabo en el sector energético en la región árabe, incluido en el ámbito de las energías renovables. El impulso hacia la privatización de la energía y el control empresarial de la transición energética es mundial y no es exclusivo de esta región, pero la dinámica aquí es bastante avanzada y hasta ahora solo ha enfrentado una resistencia limitada. Marruecos y Túnez ya están avanzando en esa dirección. En Túnez se está promoviendo una gran privatización del sector de energía renovable del país y se prevé otorgar incentivos enormes a inversores extranjeros para que produzcan energía verde en el país, incluso para la exportación. La legislación de Túnez –modificada en 2019– permite incluso utilizar tierra agrícola para proyectos de energía renovable en un país con una fuerte dependencia alimentaria,12 que quedó de manifiesto de manera cruda durante la pandemia de COVID-19 y sigue siendo visible en este momento debido a la guerra en Ucrania.
Cuando acontecimientos de este tipo ocurren en toda la región, destacan la importancia de formular las siguientes preguntas: «Energía para qué y para quién?» y «¿A quién beneficiará la transición energética?». Las instituciones financieras internacionales, las empresas y los Gobiernos están presentando a la supuesta «economía verde» y la visión dominante más amplia del denominado «desarrollo sostenible» como un nuevo paradigma, pero en realidad son una simple extensión de la lógica actual de acumulación de capital, mercantilización y financiarización, incluso del mundo natural.
La región del Norte de África y Asia Occidental u Oriente Medio y el Norte de África debe entenderse en el contexto más amplio del mercado capitalista mundial, que se caracteriza por el auge de nuevas zonas de acumulación y crecimiento en algunas partes del mundo y el declive relativo de los centros consolidados de poder en América del Norte y Europa. La región no solo desempeña un papel fundamental en mediar nuevas redes mundiales de comercio, logística, infraestructura y finanzas,13 sino que es además un punto nodular clave en el régimen mundial de combustibles fósiles y desempeña un papel central en mantener intacto el capitalismo de esos combustibles mediante sus suministros de gas y petróleo. De hecho, la región sigue siendo el eje central de los mercados mundiales de hidrocarburos; en 2021 contaba con alrededor del 35% de la producción de petróleo del mundo.14 Históricamente, este suministro provocó un cambio considerable en el sistema energético mundial a mediados del siglo XX, en que el gas y el petróleo sustituyeron al carbón como principal combustible para el transporte, la fabricación y la producción industrial a nivel mundial.15 Más recientemente, los recursos de Oriente Medio han sido fundamentales para satisfacer la mayor demanda de gas y petróleo provocada por el auge de China, lo que marcó un cambio estructural clave en la economía política mundial en los últimos 20 años basada en vínculos más estrechos entre Oriente Medio y Asia Oriental. Todo ello ha posicionado a los productores de petróleo de Oriente Medio como protagonistas indiscutibles de los debates de cambio climático y de toda futura transición de los combustibles fósiles.16
Las realidades históricas, políticas y geofísicas del mundo árabe implican que los efectos y las soluciones a la crisis climática en esa región serán diferentes que los de otros contextos. Desde mediados del siglo XVII a la segunda mitad del siglo XX, la región fue obligada a integrarse a la economía capitalista mundial y ocupar una posición subordinada: las potencias coloniales/imperiales ejercieron presión u obligaron a los países de la región a estructurar sus economías en torno a la extracción y la exportación de recursos –generalmente baratos y en forma de materia prima– sumada a la importación de productos industriales de gran valor. El resultado de ello fue la transferencia de riqueza a gran escala a los centros imperiales a expensas del desarrollo y los ecosistemas locales.17 La persistencia de estas relaciones desiguales y asimétricas (que algunos denominan intercambio económico/ecológico desigual o imperialismo ecológico)18 mantiene a los países árabes como exportadores de recursos naturales, en particular petróleo y gas, y productos básicos que dependen del agua y la tierra, como monocultivos comerciales. Esto significa una economía extractivista que mira hacia afuera, mediante la cual se exacerba la dependencia alimentaria y la crisis ecológica, y también mantiene relaciones de dominación imperialista y jerarquías neocoloniales.19 Sin embargo, es importante evitar la tendencia de ver a la región como un todo indistinto y, en cambio, ser conscientes de sus desequilibrios y desigualdades profundas e inherentes. Un análisis más detenido pone al descubierto el papel de los Estados del golfo Pérsico20 en esta configuración, como una semiperiferia –o incluso como una fuerza subimperialista–.21 Los Estados del Golfo no solo son mucho más ricos que otros países árabes vecinos, sino que además participan en la captura y la desviación de la plusvalía a nivel regional, reproduciendo el tipo de relaciones de extracción, marginación y acumulación típicas entre el centro y la periferia mediante el despojo. En este sentido, la obra de Adam Hanieh (uno de los autores de esta publicación) es esclarecedora en cuanto al modo en que la liberalización económica en Oriente Medio en los últimos decenios (a través de diversos programas de ajuste estructural en las décadas de 1990 y 2000) ha estado estrechamente ligada a la internacionalización del capital del golfo en toda la región.22 Los capitalistas del golfo ahora dominan sectores económicos clave de muchos países vecinos, incluido el sector inmobiliario y de desarrollo urbano, el agronegocio, las telecomunicaciones, las ventas minoristas, la logística, la banca y las finanzas.
Es por ello que cabe formular algunas preguntas clave cuando se habla de abordar el cambio climático y realizar una transición hacia energías renovables en la región. ¿Cómo sería una respuesta justa al cambio climático en la región? ¿Qué significaría la libertad de movimiento y la apertura de fronteras dentro de la región y con Europa? ¿Significaría el pago de la deuda climática, la restitución y la redistribución –por parte de Gobiernos de Occidente, empresas multinacionales y las élites locales ricas a nivel nacional y regional–? ¿Significaría una ruptura radical con el sistema capitalista? ¿Qué debería ocurrir con los combustibles fósiles que actualmente están siendo extraídos en la región por empresas nacionales y extranjeras? ¿Quién debería controlar y ser propietario de los recursos renovables de la región? ¿Qué significa adaptarse a un clima cambiante y quién concebirá y se beneficiará de estas adaptaciones? Y ¿quiénes son los agentes y actores clave que lucharán por un cambio significativo y una transformación radical?
Mientras que los Gobiernos del mundo entero están comenzando a tomar en serio la crisis climática, a menudo la ven a través del prisma de la «seguridad climática»23 –mejorar las defensas contra el aumento del nivel del mar, los eventos climáticos extremos y, con demasiada frecuencia, también preparando sus defensas contra la «amenaza» de los refugiados y activistas climáticos, y contra las renegociaciones del poder mundial–. La seguritización y la militarización de la respuesta a la crisis climática en Oriente Medio es, en sí, un posible desafío y una amenaza a la agenda de la justicia climática, habida cuenta de que la región desempeña un papel fundamental en el desarrollo mundial de tecnologías, técnicas y doctrinas coercitivas. Esta función va más allá de la situación de la región como el mayor mercado de exportación de armas y material militar, e incluye su participación crucial en el ensayo de nuevas tecnologías de seguridad, como, por ejemplo, las nuevas formas de vigilancia y control de la población. Varios autores han llamado la atención sobre las intrincadas redes internacionales que apoyan el comercio de armas y la industria de vigilancia de la región, como la lógica de la «guerra contra el terrorismo», tecnologías y personal militar, manuales de entrenamiento, operaciones transfronterizas, fuerzas policiales y empresas militares y de seguridad privadas.24 Todos estos factores se combinan para hacer de Oriente Medio un centro importante en la expansión mundial de nuevas normas de militarismo y seguritización. Además, la dinámica de la guerra en la región también está diseñada por estos vínculos mundiales, al igual que las diversas formas en que el aspecto militar se ha asimilado en los sistemas políticos y económicos tanto a nivel nacional como regional.25
Es sumamente importante y urgente comenzar a considerar el problema del cambio climático desde una perspectiva de justicia y no de seguridad. Si miramos al futuro desde una perspectiva de «seguridad» subordinamos nuestras luchas a un marco conceptual e imaginativo que en definitiva reempodera el poder represivo del Estado y hace que la respuesta se base en la seguritización y la militarización. La crisis climática no se resolverá desplegando más tanques y armas o erigiendo muros más altos y militarizando más fronteras. En el mejor de los casos, ello permitirá que los ricos sobrevivan cómodamente mientras el resto del mundo paga el precio de la inacción climática. Necesitamos romper con el sistema de explotación capitalista de las personas y el planeta que ha provocado la crisis climática, no armarlo y consolidarlo.
Del mismo modo en que el sometimiento económico y la dominación imperialista han socavado la autonomía política y económica de la región árabe, los poderes coloniales han utilizado la producción de conocimiento y las representaciones sobre las personas árabes y su medio ambiente para legitimar su proyecto colonial y sus objetivos imperiales. Esas estrategias de dominación continúan hasta el día de hoy, a medida que los países de la región (una vez más) son objeto de desarrollo (sostenible o de otro tipo), lo cual imita la misión civilizadora colonial.
En rechazo a las tesis de los historiadores coloniales franceses de que la población berber/amazigh, árabe y musulmana y sus civilizaciones sufren un «atraso histórico» y «están detenidas en el tiempo», el historiador y filósofo marroquí Abdallah Laroui sostiene que la realidad de las poblaciones indígenas del Magreb, o el occidente árabe, en sus múltiples facetas (política, económica, cultural, ambiental, etcétera) y en diversos momentos históricos, ha sido tergiversada a propósito para promover una narrativa falsa y esencialista que contribuye a la agenda colonial de sometimiento, dominación y expansión.26 La geógrafa estadounidense Diana K. Davis coincide con este argumento y sostiene que los imaginarios ambientales angloeuropeos en el siglo XIX solían representar el medio ambiente del mundo árabe como «foráneo, exótico, fantástico o anormal y frecuentemente como, en cierta medida, degradado». Utiliza adecuadamente el concepto de orientalismo de Edward Said27 como marco para interpretar que las representaciones iniciales de Occidente sobre el medio ambiente de Oriente Medio y el Norte de África exhibían una forma de «orientalismo ambiental». Esta representación del medio ambiente fue narrada por quienes se convirtieron en los poderes imperiales, principalmente Gran Bretaña y Francia, como un medio ambiente «extraño y defectuoso», en comparación con el medio ambiente «normal y productivo» de Europa. Ello implicaba la necesidad de realizar algún tipo de intervención para «mejorar, restaurar, normalizar y repararlo».28
Esta representación engañosa de la supuesta degradación ambiental y el desastre ecológico fue utilizada por las autoridades coloniales para justificar todo tipo de despojo, así como políticas concebidas para controlar a las poblaciones de la región y su medio ambiente. En el Norte de África (y posteriormente en el Máshrek, u oriente árabe) los franceses construyeron una narrativa ambiental de degradación para implementar «cambios económicos sociales, políticos y ambientales drásticos».29 Según esta perspectiva, los nativos y su medio ambiente justificaban las «bendiciones» de la misión civilizadora y necesitaban la atención del hombre blanco.
Las narrativas siempre son el producto de un momento histórico y nunca son inocentes. Por lo tanto, siempre cabe preguntarse: ¿a quién benefician la producción de conocimiento, las representaciones y las narrativas? Un ejemplo contemporáneo es la representación actual del Sáhara del Norte de África como una tierra vasta, vacía y yerma muy poco poblada y, por lo tanto, que constituye la oportunidad ideal para abastecer a los europeos de energía a bajo costo a fin de continuar con su estilo de vida consumista y extravagante y su consumo excesivo de energía. Esta narrativa falsa no tiene en cuenta cuestiones de propiedad y soberanía, mientras que oculta las relaciones hegemónicas mundiales que facilitan el agotamiento de los recursos, la privatización de tierras y recursos comunales y el despojo de comunidades. Al igual que en muchos lugares donde la vida y los medios de subsistencia de la población son invisibles o «ilegibles»30 para los Estados colonizadores, «no hay tierra vacía» en el Norte de África.31 Incluso los paisajes y territorios tradicionales poco poblados forman parte de culturas y comunidades, y se deben respetar los derechos y la soberanía de las personas en toda transformación socioecológica.
Resulta fundamental analizar los mecanismos mediante los cuales «el otro» es deshumanizado y el modo en que se utiliza el poder de representar y construir imaginarios sobre él (y su medio ambiente) para consolidar estructuras de poder, dominación y despojo. En este sentido, el proceso que Said describe en Orientalismo de «reconocer, reducir a la esencia y despojar de humanidad» a otra cultura, pueblo o región geográfica sigue empleándose en la actualidad para justificar la violencia hacia «el otro» y hacia la naturaleza. Esta violencia adopta la forma de desplazamiento de poblaciones, acaparamiento de tierra y recursos, y obliga a las personas a pagar los costos sociales y ambientales de proyectos extractivos y renovables, bombardea, masacra, deja que las personas se ahoguen en el Mediterráneo y destruye la tierra en nombre del progreso. Naomi Klein lo explica de manera elocuente en la Edward Said Lecture 2016,32 en la que describe la cultura racista y de la supremacía blanca que está cada vez más presente en partes de Europa y Estados Unidos: «Una cultura que valora tan poco las vidas de las personas de color, que está tan dispuesta a dejar que algunos seres humanos desaparezcan bajo las olas o se inmolen en centros de detención, también estará dispuesta a dejar que países donde viven personas de color desaparezcan bajo las olas o se disequen en el calor árido». Una «cultura» de este tipo no vacilará en hacer que los costos socioambientales catastróficos recaigan sobre los pobres de esos países.
Resistir y echar por tierra la narrativa ambiental orientalista y neocolonial sobre la región árabe permitirá y a la vez hará necesario construir visiones de acción climática, justicia social y transformación socioecológica colectivas basadas en las experiencias, los análisis y las visiones emancipadoras de las regiones africana y árabe, entre otras.
Como se señaló anteriormente, las discusiones sobre la acción climática suelen ser limitadas y tecnocráticas, de corte neoliberal y basadas en el mercado, además de tener enfoque descendente y estar centradas implícitamente en mantener las estructuras del capitalismo racista, imperialista y patriarcal. En este contexto, que en el mejor de los casos ignora en gran medida cuestiones de poder y justicia, ha surgido el concepto de «transición justa» como un marco que coloca a la justicia en el centro de la discusión. Este enfoque reconoce que, en las palabras de Eduardo Galeano, «los derechos de los seres humanos y los derechos de la naturaleza son dos nombres de la misma dignidad».33 ¿De dónde surgió la idea de transición justa y qué podría contribuir al proyecto de desarrollar visiones razonables, ascendientes y no imperialistas de emancipación y acción climática en el contexto de la región árabe?
El origen del concepto de transición justa suele remontarse a los Estados Unidos en la década de 1970, cuando surgieron alianzas pioneras entre los sindicatos de trabajadores y los movimientos indígenas y ambientalistas para luchar por la justicia ambiental en el contexto de las industrias contaminantes. En respuesta a la aprobación o al refuerzo de reglamentaciones ambientales, las empresas afirmaban que como consecuencia de la adopción de políticas para proteger el medio ambiente se verían obligadas a despedir trabajadores. Los sindicatos y las comunidades se movilizaron contra este intento de dividir y conquistar, al sostener que los trabajadores y las comunidades –especialmente las comunidades de color e indígenas, que eran (y siguen siendo) las más afectadas por las industrias contaminantes– tenían un interés común en un medio ambiente habitable y trabajo decente y seguro, y una remuneración justa.
A lo largo de los siguientes decenios, varios movimientos adoptaron, exploraron y elaboraron el concepto de transición justa, inicialmente en Estados Unidos y Canadá, y posteriormente en el resto del mundo, especialmente en América del Sur y África meridional. Los movimientos de justicia laboral y ambiental, que trabajan con las naciones indígenas, los movimientos estudiantiles, de jóvenes, de mujeres y otros grupos, han creado coaliciones y compartido visiones de lo que sería una transición justa: soluciones transformadoras a la crisis climática que combaten sus causas subyacentes y que colocan a los derechos humanos, la regeneración ecológica y la soberanía de los pueblos en el centro.
A medida que este marco adquirió popularidad, las empresas y los gobiernos intentaron cada vez más promover sus propias visiones de una transición justa, pero estas carecían de un análisis de clase y denegaban la necesidad de un cambio radical. A raíz de la inclusión de la expresión «transición justa» en el preámbulo del Acuerdo de París –una victoria para los movimientos de justicia laboral y ambiental del mundo, que costó mucho esfuerzo– esta apropiación se intensificó. En la actualidad, la transición justa no es un concepto único, sino un área polémica, un espacio en el que coexisten las luchas sobre qué respuestas a la crisis climática son posibles y necesarias. La expresión no evoca automáticamente políticas progresistas o emancipadoras, y muchos actores la utilizan para describir y defender propuestas que básicamente mantienen el statu quo o intensifican el extractivismo verde. No obstante, la idea de transición justa es mucho más que «desarrollo sostenible» o «economía verde»; la idea de una transición justa brinda un espacio que los movimientos pueden utilizar para insistir en la primacía de la justicia en todas las soluciones climáticas. A pesar de los intentos de apropiarse del término, la centralidad de la justicia es una fortaleza importante del concepto de transición justa.
Las propuestas de transición justa que están promoviendo los movimientos sociales están fundadas en la convicción de que las personas que soportan los mayores costos del sistema actual no deberían pagar los costos de una transición a un sistema o sociedad regenerativos y, al mismo tiempo, deberían ser los actores a cargo de concebir esa transición. Diferentes dinámicas de movimientos han explorado diferentes dimensiones de la transición justa a fin de entender mejor los costos del sistema actual, las posibilidades de transformación y los posibles costos de las alternativas propuestas. De perspectivas feministas e indígenas a programas regionales y nacionales, los movimientos están promoviendo sus propias definiciones de justicia y transición en sus diversos contextos.34
En una reunión entre movimientos por la justicia ambiental y laboral de tres continentes celebrada en Ámsterdam en 2019 (que casualmente sentó las bases para la presente publicación), se intentó identificar las características principales de la transición justa: 1) la transición justa es diferente en diferentes lugares; 2) la transición justa es una cuestión de clase; 3) la transición justa es una cuestión de género; 4) la transición justa es un marco antirracista; 5) la transición justa es más que un clima justo; y 6) la transición justa se trata de democracia.35
Aunque este análisis no intenta ser una definición exhaustiva o un conjunto definitivo de principios permanentes, establece una posición que reconoce que: las discusiones sobre transición justa deben responder a la realidad del desarrollo desigual provocado por el imperialismo y el colonialismo; la transición justa debe incluir cambios radicales que aumentan el poder de las y los trabajadores en toda su diversidad (véase a continuación) y reducen el poder del capital y las élites que gobiernan; no es posible abordar las cuestiones ambientales sin abordar las estructuras racistas, sexistas y otras estructuras opresivas de la economía capitalista; la crisis ambiental es mucho más que la crisis climática, abarca la pérdida de hábitats y biodiversidad, y una ruptura fundamental de las relaciones humanas con el «mundo natural»; y no se puede lograr una transición justa sin transformar el poder político y económico para lograr una mayor democratización.
Una segunda fortaleza de la transición justa es su historia como herramienta o marco para unificar movimientos diversos al superar las diferencias y posibles divisiones. Como se mencionó anteriormente, el término surgió originalmente en respuesta a las tácticas de «dividir y conquistar» de las empresas que se oponían a la reglamentación ambiental. Estas tácticas siguen siendo utilizadas dado que las empresas promueven políticas que protegen sus ganancias independientemente de los costos para las comunidades, los trabajadores y el planeta, y ponen a regiones muy diferentes y a diferentes tipos de personas trabajadoras en oposición entre sí. Los movimientos internacionales por la justicia climática, así como coaliciones nacionales y regionales y alianzas locales de todo el mundo, reconocen que prácticamente todas las personas nos beneficiamos de un medio ambiente habitable y próspero y sufrimos cuando la riqueza y el poder se concentran en manos de una pequeña élite que cuenta con protegerse de los peores efectos de la crisis climática. Sin embargo, construir campañas y visiones comunes, cultivar la confianza y la solidaridad, y desarrollar y luchar por propuestas comunes, es una labor lenta y políticamente difícil, pero necesaria, dado que cualquier atajo que intente eludir este proceso probablemente termine sacrificando la justicia que debe ser el elemento central de toda transición justa. El concepto de transición justa, y el creciente conjunto de experiencias de trabajo y campañas en torno a él en todo el mundo, puede brindar algunas orientaciones sobre este difícil camino.
El concepto de transición ha sido parcialmente elaborado por los movimientos de trabajadores, por lo que la cuestión del trabajo decente sigue siendo central para muchas propuestas de transición justa. Es especialmente importante para la región de Oriente Medio y el Norte de África, que la Confederación Sindical Internacional ha descrito como la peor del mundo en cuanto al respeto de los derechos de los trabajadores, debido a las violaciones sistemáticas de los derechos laborales en la región.36 Millones de trabajadores migrantes no ciudadanos (tanto de la región como de otras partes) también viven allí. En los Estados del golfo Pérsico, por ejemplo, más de la mitad de la fuerza de trabajo está compuesta por no ciudadanos, y hay más migrantes que trabajan en esos Estados que en cualquier otra región del Sur global.37 Al mismo tiempo, en el mundo árabe, el desempleo juvenil es casi el doble del promedio mundial38 y en el Norte de África alrededor de dos tercios de los trabajadores están empleados en el sector informal.39
En este contexto, ¿qué significa hablar de trabajo decente y cómo deberíamos entender a los trabajadores? Inspirado por las movilizaciones políticas del «pueblo trabajador» del historiador y activista político guyanés Walter Rodney, el académico de Tanzania Issa Shivji ha sostenido que «en el neoliberalismo, la acumulación primitiva supone nuevas formas y se vuelve generalizada en casi todos los sectores de la economía, incluido el denominado sector informal. El productor se autoexplota simplemente para sobrevivir, mientras que subsidia al capital».40 Como consecuencia de ello, Shivji afirma que necesitamos una nueva forma de entender a las personas trabajadoras que reconozca la explotación común que afrontan los trabajadores industriales organizados; los trabajadores informales, precarios, temporales o migrantes; los trabajadores no remunerados o insuficientemente remunerados (generalmente mujeres) que realizan tareas domésticas, de cuidados y la labor reproductiva social; y fundamentalmente los pequeños agricultores campesinos, los pastoralistas y los pescadores independientes que trabajan directamente por su supervivencia.
En la actualidad, la gran mayoría de los seres humanos, independientemente del trabajo que realizan, están renunciando a alguna parte de su consumo diario esencial, sus derechos humanos o su capacidad para vivir una vida digna a fin de seguir contribuyendo a las enormes ganancias de las empresas transnacionales. Los efectos son los mismos, independientemente de que esto ocurra como consecuencia de la privatización de sus sistemas alimentarios, de salud, energéticos y de cuidados, por lo que la unidad familiar debe soportar la totalidad de la carga de los cuidados; o porque han perdido o podrían perder acceso a sus tierras, territorios o zonas de pesca tradicionales; o debido a que son incapaces de hallar trabajo y les resulta muy difícil llegar a fin de mes en una economía informal en la que no tienen medios políticos para reclamar un salario vital. No es casualidad que esta mayoría de trabajadores precarios y explotados también sea el grupo más amenazado por el cambio climático y el menos capaz de protegerse de sus efectos.
Podemos utilizar esta definición de «personas trabajadoras» en conjunto con el concepto de transición justa a la hora de elaborar nuestra visión de quiénes deberían estar a cargo de la transición energética y la respuesta a la crisis climática, en términos más generales. Juntos, estos conceptos brindan una base para preguntarse cómo sería incorporar la justicia a la acción por el clima y qué medidas concretas debemos adoptar para alcanzarla en diferentes contextos. Estas son las preguntas que esta publicación intenta responder. Lo hace al reunir las diversas perspectivas de muchos tipos diferentes de personas trabajadoras en la región árabe y al arrojar luz sobre algunas de las posibilidades de construir alianzas y coaliciones.
Gran parte de lo que se ha escrito sobre el cambio climático, la crisis ecológica y la transición energética en la región árabe está dominado por los puntos de vista de instituciones internacionales neoliberales o los reproduce. Los análisis que plantean estas instituciones son sesgados y no incluyen cuestiones de clase, raza, género, justicia, poder o historia colonial. Las soluciones y disposiciones que proponen se basan en el mercado, son descendentes y no abordan las causas profundas de las crisis climática, ecológica, alimentaria y energética. El conocimiento producido por esas instituciones desempodera e ignora las cuestiones de opresión y resistencia, se centra en gran medida en el asesoramiento de «expertos» y excluye a las voces «de abajo».
Esta publicación intenta remediarlo. Consiste en un conjunto de ensayos de autores fundamentalmente de la región de Oriente Medio y el Norte de África que abordan las dimensiones de la transición energética y cómo hacer que este proceso sea equitativo y justo. Los artículos abarcan una gran variedad de países, de Marruecos, el Sáhara Occidental, Argelia y Túnez, pasando por Egipto, Sudán, Jordania y Palestina, a los Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita y Qatar. La publicación también incluye aportes con una perspectiva regional: sobre las transiciones agrícolas y la lucha neocolonial por hallar diversas fuentes de energía (incluido el hidrógeno verde) en el Norte de África, así como los desafíos y las contradicciones de la transición energética en el golfo Pérsico.
Se trata de la primera recopilación de artículos redactados por investigadores y activistas críticos del Norte de África y Oriente Medio sobre una transición energética justa, disponible en árabe, inglés, francés y español. Si bien hay publicaciones importantes sobre diversos nuevos pactos verdes41 y sobre la necesidad de una transición energética, los escritos de autores críticos del Sur global siguen siendo marginales, en particular de la región árabe. Habida cuenta de la gran importancia de cuestionar el eurocentrismo y de la necesidad de un enfoque a la mitigación y adaptación al cambio climático con conciencia de clase (incluida la transición urgente hacia energías renovables), así como de la importancia de reflexionar de manera crítica y cuestionar el papel de los gobiernos y las élites de la región en el sistema actual de energía fósil, consideramos que se debe colmar una gran laguna.
Este informe adopta una perspectiva explícita de justicia. Intenta denunciar las políticas y prácticas que protegen a las élites políticas, las empresas multinacionales y los regímenes autoritarios o militares. Intenta reconocer y contribuir a los procesos de producción de conocimiento y resistencia al extractivismo, el acaparamiento de tierra y recursos y las agendas neocoloniales, y procura apoyar la sostenibilidad transformadora desde abajo, basada en el supuesto de que tiene un gran potencial para abordar las crisis ambiental, alimentaria, energética y social.
Se trata de la primera colección de ensayos de que tenemos conocimiento que aborda directamente la cuestión de la transición energética en la región árabe desde una óptica de justicia y en un marco de una transición justa. El informe intenta hacer una contribución importante a las discusiones mundiales sobre la acción climática y la transición justa, en términos más generales, al preguntarse lo que estos procesos significarán en las circunstancias particulares de diferentes países de la región árabe caracterizados por: a) regímenes autoritarios; b) economías dependientes de la exportación del petróleo; c) historias de colonización e imperialismo, y d) posiblemente enormes recursos de energía verde. Debido a que una transición justa implica una transformación planetaria y dado que la región árabe será un lugar fundamental de ese cambio, creemos firmemente que la publicación no solo tiene importancia a nivel regional sino también a nivel mundial. El informe intenta:
Los artículos del informe se dividen en tres secciones:
La parte I, titulada «Colonialismo energético, intercambio desigual y extractivismo verde», se centra en la dinámica (neo)colonial actual de apropiación de diferentes recursos naturales (incluidos los combustibles fósiles y la energía renovable), así como en la persistencia de los enfoques extractivistas y las prácticas de saqueo y la externalización de los costos socioambientales en las poblaciones oprimidas de la periferia.
En su artículo, Hamza Hamouchene demuestra el modo en que los proyectos de ingeniería relacionados con la energía renovable tienden a presentar al cambio climático como un problema común a todo el planeta, sin cuestionar el modelo energético capitalista y productivista, o las responsabilidades históricas del Occidente industrializado. Sostiene que en el Magreb ello tiende a redundar en «colonialismo verde», en lugar de la consecución de una transición energética que beneficia a las personas trabajadoras. Toma como ejemplo el entusiasmo con el hidrógeno verde y sostiene que los proyectos de hidrógeno verde constituyen proyectos neocoloniales de saqueo y despojo.
Al destacar el modo en que funciona el extractivismo en la parte del Sáhara Occidental ocupada por Marruecos, Joanna Allan, Hamza Lakhal y Mahmoud Lemaadel se centran principalmente en proyectos de energía renovable. Marruecos es aplaudido a nivel internacional por sus compromisos con la denominada «transición energética verde», pero los autores ofrecen una versión diferente que destaca las voces de la población saharaui, y sostienen que los proyectos de energía renovable en el Sáhara Occidental simplemente mantienen el colonialismo como «lavado verde», a expensas de una transición justa que podría realmente beneficiar a las comunidades locales.
En su artículo, Manal Shqair arroja luz sobre la econormalización árabe con el Estado de Israel. Presenta la econormalización como el uso del «ambientalismo» para el lavado verde y la normalización de la opresión israelí y las injusticias ambientales que son consecuencia de ello en la región árabe y en otras partes del mundo. Shqair investiga el modo en que la econormalización socava la lucha anticolonial palestina y obstaculiza una transición agrícola y energética justa en Palestina, que está inexorablemente vinculada con su lucha por la autodeterminación. Introduce el concepto de eco-sumud (eco-inquebrantabilidad) ante la opresión israelí y su papel para contrarrestar la función de lavado verde de la econormalización.
Karen Rignall demuestra cómo la energía solar forma parte de una larga historia de extracción en Marruecos y pone de manifiesto algunas de las continuidades sorprendentes entre las cadenas de productos básicos de los combustibles fósiles y las de energías renovables en el país. Estas continuidades plantean preguntas sobre cómo trabajar hacia una transición justa no solo en Marruecos, sino también en otros países del mundo donde hay cada vez más proyectos de energía renovable, a menudo en zonas con una larga historia de minería. La autora considera el modo de apoyar nuevas formas de energía que no reproduzcan las mismas desigualdades económicas y políticas inherentes al capitalismo basado en el carbono.
En su artículo sobre la necesidad de una transición agrícola justa en el Norte de África, Sakr El Nour sostiene que los países de la región están sometidos a un intercambio desigual con el Norte global, especialmente en la Unión Europea, mediante acuerdos comerciales que permiten que el Norte se beneficie de productos agrícolas norafricanos a tasas preferenciales. Afirma que el Norte de África necesita refundir sus políticas agrícolas, ambientales, alimentarias y energéticas. Defiende de manera convincente las alternativas centradas en lo local y que pueden prosperar de manera autónoma, independientemente de los intereses europeos.
En su artículo sobre la crisis de electricidad en Sudán, Mohamed Salah y Razaz Basheir realizan un esquema de la evolución del sector de la energía en el país desde la era colonial y atribuyen el desarrollo desigual en Sudán a políticas de esa época y a su continuación en el periodo poscolonial. Plantean una crítica de los proyectos hidroeléctricos en Sudán debido a sus costos socioeconómicos y ambientales, su profundización de las desigualdades existentes y los impactos negativos en los medios de subsistencia. También cuestionan la agenda del Banco Mundial de liberalizar y privatizar el sector energético en el país y demuestran cómo estos planes solamente empobrecen a más personas y limitan el acceso a la energía. Este artículo introduce la segunda sección del informe.
En la parte II, titulada «Ajustes neoliberales, privatización de la energía y el papel de las instituciones financieras internacionales», se centra la atención en las estructuras económico-políticas neoliberales que facilitan la explotación persistente de las ecologías de la periferia y la lucha por los recursos en nombre de la transición energética. Los artículos de esta sección documentan las diversas dinámicas de privatización y liberalización del sector energético y los consiguientes impactos económicos y sociales de esas políticas, al tiempo que destacan el papel fundamental de las instituciones financieras internacionales, como el Banco Mundial y el FMI, en promover esa agenda.
Mohamed Gad documenta el modo en que Egipto respondió a las interrupciones masivas en el suministro eléctrico en 2014 promoviendo la liberalización de la producción de electricidad y modificando los subsidios a los precios de la electricidad para una variedad de grupos de ingresos. Refuta la afirmación del Banco Mundial de que la liberalización de los precios de la electricidad puso fin a los subsidios a los ricos y destinó los recursos a los pobres. En cambio, demuestra que dio lugar a una apertura a la financiación internacional, en detrimento de los más pobres –transformando drásticamente un servicio básico en una mercancía–.
Asmaa Mohammad Amin ahonda en las diversas políticas que han generado crisis sucesivas en el sector de la energía en Jordania. Amin muestra cómo la interrupción de los suministros de gas de Egipto entre 2011 y 2013 puso de manifiesto que esas políticas, comenzando por la agenda de privatización y liberalización promovida por el Banco Mundial y el FMI, no solo eran cortas de miras, sino que además eran inadecuadas. Además cuestiona la visión celebratoria de Jordania como uno de los pioneros en energía renovable en la región y afirma que, más allá de las estadísticas brillantes, lamentablemente las enormes ganancias se han desviado al sector privado, mientras que el Estado ha seguido registrando pérdidas. Ello, a su vez, ha exacerbado la carga de la deuda del país y ha aumentado su dependencia de prestamistas externos a expensas de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En su contribución sobre Túnez, Chafik Ben Rouine y Flavie Roche demuestran cómo el plan de transición energética del país depende en gran medida de la privatización y la financiación extranjera, mientras que descuida la adopción democrática de decisiones, colocando al país en el esquema neoliberal mundial para el desarrollo de energía renovable. Sostienen que en lugar de intentar obtener ganancias privadas, una transición justa en Túnez brindaría a los hogares y las comunidades los medios para producir su propia electricidad, lo cual reduciría la dependencia y promovería el desarrollo de la industria local y la creación de empleos decentes.
En su artículo sobre el sector energético en Marruecos, Jawad Moustakbal formula una serie de preguntas importantes: ¿quién se beneficia y quién paga el precio de la transición energética de Marruecos?; ¿quién decide al respecto? Sostiene que las alianzas público-privadas garantizan enormes ganancias para las empresas privadas, mientras que los más pobres deben pagar precios más elevados por la energía. Afirma que no será posible lograr una transición justa en Marruecos en la medida en que el sector energético del país siga estando controlado por empresas transnacionales extranjeras y una élite local en el Gobierno que tiene permitido saquear al Estado y generar las ganancias que desee.
Debido a que una transición justa será diferente en diferentes contextos, la parte III, titulada «Capitalismo y desafíos para una transición justa», aborda las dificultades y contradicciones de la transición energética en países exportadores de combustibles fósiles. Los artículos de esta última sección ponen de relieve la dimensión de estos desafíos a nivel regional y mundial, mientras que advierten sobre los peligros de seguir utilizando combustibles fósiles.
Adam Hanieh sostiene que el auge de los Estados del golfo Pérsico debe entenderse a la luz de los cambios significativos que han tenido lugar en el capitalismo mundial en los últimos 20 años. Para ello resulta fundamental el nuevo eje de los hidrocarburos que vincula las reservas de petróleo y gas de Oriente Medio con las redes de producción de China y Asia, que sirven para ubicar al Golfo en el centro del «capitalismo fósil» contemporáneo. Para el autor, toda transición verde, tanto en Oriente Medio como a nivel mundial, deberá determinarse por las acciones y políticas de estos Estados. Por consiguiente, sostiene que sin entender los cambios en el control y la estructura de la industria petrolera –y trazar estrategias en torno a ellos– será imposible elaborar campañas exitosas para detener y revertir los efectos del cambio climático causado por el hombre.
En su artículo sobre Argelia, Imane Boukhatem argumenta que el sector energético del país afronta un triple desafío: la dependencia económica de las ganancias provenientes de los hidrocarburos, la creciente demanda de electricidad a nivel nacional y los acuerdos de largo plazo para la exportación de combustibles fósiles. La autora destaca las oportunidades, los desafíos y las posibles injusticias de la transición energética verde en Argelia y sostiene que el país debe transformar rápidamente su sector energético centrándose especialmente en la justicia social. Enumera varios obstáculos socioeconómicos, institucionales y en materia de políticas que es preciso superar para lograr una transición justa en Argelia.
En su artículo, Christian Henderson cuestiona algunos de los supuestos reduccionistas sobre el golfo Pérsico formulados en diversos informes y análisis hegemónicos, que describen a los Estados del golfo como simples víctimas del cambio climático, que podrían sufrir grandes pérdidas debido a la posible disminución de la demanda de petróleo y gas. Según el autor, en lugar de ser productores desprovistos de poder y actores pasivos en la política del cambio climático, los países del golfo Pérsico se están esforzando por consolidar su papel central en el régimen energético mundial. Ello implica formular una política dual que les permita beneficiarse tanto de los combustibles fósiles como de las energías renovables.
Mediante estos ensayos las autoras y los autores del presente informe intentan iniciar una discusión más profunda de lo que significa la transición justa en el contexto de la región árabe. La dinámica es compleja y obviamente difiere de un país a otro y de una subregión a otra. Sin embargo, de estos análisis también surgen desafíos y cuestiones comunes. ¿Las necesidades y derechos de quiénes deberían priorizarse en una transición energética? ¿Qué modelo de producción y extracción energética puede suministrar energía a todas las personas trabajadoras de la región? ¿De qué modo los países del Norte global y las instituciones financieras internacionales están promoviendo que la región soporte la carga de la transición energética, y cuál sería una solución más justa? ¿Qué papel deberían desempeñar los Estados en impulsar una transición justa y cuáles son las posibilidades de una reivindicación democrática del poder estatal para lograr este objetivo? ¿Qué alianzas de trabajadores, movimientos por la justicia ambiental y otros actores políticos de la región son posibles y necesarias, y qué función pueden desempeñar la solidaridad y la resistencia internacionales para apoyarlas?
Es cada vez más evidente que para llevar a cabo una transición justa en la región árabe se necesitará no solo un reconocimiento de la responsabilidad histórica de los países industrializados de Occidente de haber provocado el calentamiento global, sino también de las potencias económicas emergentes, incluidos los Estados del golfo Pérsico, en perpetuar un orden económico destructivo. También se deberá reconocer el papel del poder en determinar las causas del cambio climático y quién asume la carga de sus impactos y de las «soluciones» a la crisis. La justicia climática y una transición justa implicarán romper con los enfoques «de siempre» que protegen a las élites políticas mundiales, a las empresas multinacionales y a los regímenes antidemocráticos y adoptar un proceso radical de transformación y adaptación social y ecológica. Los imperativos de justicia y pragmatismo cada vez convergen más en la necesidad de que los países ricos del Norte otorguen reparaciones o paguen las deudas climáticas a los países del Sur global. Ello no debe adoptar la forma de préstamos y deudas adicionales, sino de transferencia de riqueza y tecnología, cancelación de las deudas actuales, suspensión de los flujos de capital ilícitos, desmantelamiento de los acuerdos comerciales y de inversiones neocoloniales, como el Tratado sobre la Carta de la Energía,42 y detener el saqueo actual de recursos. La financiación de la transición debe tener en cuenta las pérdidas y daños actuales y futuros, que ocurren en forma desproporcionada en el Sur global. Al mismo tiempo, no solo existen desigualdades entre países del Norte y el Sur, sino también entre todos los países del mundo, incluidos los de la región árabe. Es por ello que es preciso tener en cuenta cómo un programa de reparaciones climáticas puede combinarse con la creación de un sistema energético justo, democrático y equitativo en estos países.
Estas cuestiones son cada vez más urgentes. Las negociaciones internacionales sobre el clima están estancadas, mientras que el cambio climático se está acelerando y sus efectos son cada vez más mortales e innegables. La presente publicación es una herramienta para activistas de la región árabe y de todo el mundo, que puede ayudarlos a seguir formulando preguntas críticas y forjando coaliciones, alianzas y poder popular en apoyo de sus propias soluciones para una transición justa.
Obviamente, esta publicación colectiva tiene algunas lagunas –aspectos que no se han abordado, como el impacto de las guerras y conflictos actuales (y el devastador desplazamiento de poblaciones)43 en las transiciones justas en países como Irak, Libia, Siria y Yemen–. Ello se debe en parte a nuestras propias limitaciones. No obstante, a pesar de que no intentamos ni procuramos abarcar todos los aspectos de una región tan vasta, esperamos ofrecer aquí un pantallazo importante y contribuir al estudio emergente de las transiciones energéticas desde un punto de vista de la economía política que investiga las relaciones entre las industrias de combustibles fósiles, el sector de la energía renovable, las élites regionales y el capital internacional.
En definitiva, el objetivo es elaborar y explorar conceptos e ideas políticas que puedan ayudar a orientar y reavivar el cambio transformador liderado por la comunidad. Esperamos que esta colección genere más conversaciones profundas y análisis sobre el papel de la región árabe en una transición justa a nivel mundial.
Hamza Hamouchene es un investigador, activista y comentarista argelino radicado en Londres y miembro fundador de la Campaña de Solidaridad con Argelia (ASC) y de Justicia Ambiental del Norte de África (EJNA). Anteriormente trabajó para War on Want, Global Justice Now y Platform London en temas de extractivismo, recursos, soberanía territorial y alimentaria, así como justicia climática, ambiental y comercial. Es autor/editor de dos libros: “The Struggle for Energy Democracy in the Maghreb” (2017) y “The Coming Revolution to North Africa: The Struggle for Climate Justice” (2015). También contribuyó con capítulos de libros para “Voices of Liberation: Frantz Fanon” (2014) y “The Palgrave Encyclopaedia of Imperialism and Anti-Imperialism” (2016). Sus otros escritos han aparecido en The Guardian, Middle East Eye, Counterpunch, New Internationalist, Jadaliyya, openDemocracy, la revista ROAR, Pambazuka, Nawaat, El Watan y el Huffington Post.
Katie Sandwell llegó al TNI en 2016. Tiene una licenciatura en Filosofía y un máster en Estudios Ambientales de la Universidad de York, Canadá, donde se especializó en los movimientos por la soberanía alimentaria y la alimentación de cercanía. Katie ha vivido en Canadá, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, donde ha participado en varias organizaciones de base que trabajan sobre cuestiones alimentarias, ambientales y de justicia social. Sus investigaciones se centran en Transición Justa, derechos humanos, concentración de poder corporativo, soberanía alimentaria y océanos.
Editado por Ashley Ingles
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