“Agroecología chatarra” La captura corporativa de la agroecología para una transición ecológica parcial y sin justicia social

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La agroecología ha ido ganando terreno en los últimos años a medida que día a día se hace más evidente la necesidad de transformar nuestro sistema agroalimentario. Las crisis alimentaria y financiera de 2008, así como las crisis climática y ambiental cada vez más agudas, han dejado al descubierto profundos cuestionamientos a la manera en que producimos y consumimos alimentos. Los movimientos mundiales por justicia agraria y soberanía alimentaria organizados en convergencias globales como el Foro Nyéléni han recalcado la importancia de la agroecología en dicha transformación, y destacan el carácter político de la agroecología: “exige que desafiemos y transformemos las estructuras de poder en la sociedad”.

Sobre “agroecología chatarra”

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Al mismo tiempo, sin embargo, el reconocimiento creciente de esos cuestionamientos ha llevado a que una amplia gama de operadores empiece a utilizar el término ‘agroecología’ de maneras variadas. Especialmente las grandes empresas y algunas ONG, Estados y organismos intergubernamentales que las respaldan están procurando imponer una visión restringida de la agroecología orientada a resolver los daños ambientales asociados a la agricultura industrial. Esa visión es defectuosa incluso en sus propios términos, ya que sólo resuelve parcialmente el daño ambiental. Fuera de eso, además socava el potencial transformador de la agroecología, ya sea manteniendo o profundizando la desigualdad, la explotación y los desequilibrios de poder que apuntalan al sistema agroalimentario actual.

Agroecología versus Intensificación Agrícola Sostenible

Los operadores empresariales, estatales e internacionales que abogan por reformas del sistema alimentario emplean a menudo indistintamente los términos ‘agroecología’ e ‘intensificación agrícola sostenible’, encubriendo así las múltiples e importantes diferencias importantes que existen entre estos dos enfoques. La intensificación agrícola sostenible gira fundamentalmente en torno a la necesidad de aumentar la productividad (el rendimiento o producción por unidad de tierra y mano de obra) reduciendo al mismo tiempo los impactos negativos ambientales y en la salud. Hace hincapié en el uso de la tecnología para alcanzar sus objetivos, y se inmiscuye poco en asuntos de gobernanza, propiedad, poder, o control de los recursos necesarios para producir, procesar y distribuir alimentos. La agroecología en cambio pone el énfasis en reducir el uso de insumos externos, aumentar la diversidad, mejorar la salud ecológica y humana en base a una relación armoniosa, en la justicia social y la transformación política, y más equidad y mejor gobernanza. Propone cambios mucho más profundos de las estructuras y sistemas socioeconómicos que condicionan nuestro sistema agroalimentario. Los operadores que ocultan las diferencias entre esto conceptos están tratando de vaciar y despojar a la agroecología de sus sentidos y potencial transformador más profundos.

La ‘agroecología chatarra’ del gran capital agroalimentario: SAI, NVA y FOLU

Los principales operadores empresariales del sistema agroalimentario están defendiendo sus ganancias al promover su propia interpretación de la agroecología, que les ofrece grandes oportunidades de lucro y excluye el componente transformador. Tres grandes iniciativas mundiales público-privadas han sido especialmente importantes: (i) La Iniciativa de Agricultura Sostenible (SAI, por sus siglas en inglés), (ii) La Nueva Visión para la Agricultura (NVA), y (iii) La Coalición para la Nueva Economía de la Alimentación y Uso del Suelo (FOLU, por sus siglas en inglés). Aunque existen diferencias entre estas iniciativas, todas se rigen por una lógica y finalidad similares, y la misión común de “convertir a los pequeños agricultores en empresas de agronegocio sostenibles”, y comparten una misma visión política acerca de cómo mitigar los peores males del sistema agroalimentario actual sin ninguna redistribución fundamental de la renta, el poder y el control. Estas iniciativas quizás apliquen “tintes agroecológicos”, especialmente ciertas herramientas y técnicas –pero su objetivo es que las estructuras sociales, políticas y económicas que les permiten obtener enormes ganancias de las cadenas globales de mercancías bajo su mando se mantengan firmes, y garantizar que los costos de este sistema agroalimentario dominante los asuman otros.

Cambiar para que todo siga igual: tres grandes obsesiones del gran capital agroalimentario

Para tener una idea más clara de la visión de la agroecología y de la alimentación y la agricultura en general, que promueven las empresas transnacionales agroalimentarias a través de la SAI, la NVA, la FOLU y otras iniciativas internacionales similares de múltiples partes interesadas, conviene detenerse en tres “obsesiones” que guían su trabajo.

La obsesión productivista-tecnologicista

La SAI, la NVA y la FOLU están obsesionadas con el ‘productivismo’: la idea de que la única manera de afrontar el desafío de alimentar a una población mundial creciente a partir de una base de recursos finitos es aumentando la producción. Si bien se trata de realidades que conllevan múltiples e importantes retos, este enfoque ignora las muchas formas de desigualdad, exclusión, marginación y despojo que son los verdaderos motores del hambre mundial hoy en día. La obstinación por producir cada vez más alimentos (con menos tierra y menos mano de obra) también conduce a una utilización acrítica de la tecnología. Se considera que la solución más importante a los problemas del sistema agroalimentario es la innovación tecnológica, a pesar de la abundante evidencia que constata que la tecnología por sí sola no puede resolver los muchos y complejos factores y problemas sociales, políticos, económicos y culturales que conducen al hambre y la pobreza, y puede, en cambio, profundizar la desigualdad y la exclusión. Quienes abogan por la agroecología proponen un abordaje más matizado de la tecnología, que evalúa caso a caso las tecnologías dentro de su contexto social y ecológico y usa sólo aquellas que puedan contribuir a resolver las desigualdades sistémicas más profundas (o, al menos, que no las agrave). En lugar de enfocarse exclusivamente en la productividad, la agroecología apuesta a la redistribución, la diversidad y la alimentación como un derecho humano, en lugar que como una mercancía para obtener ganancias cada vez mayores.

La obsesión por nuevas oportunidades de negocio

Las grandes empresas que integran la SAI, la NVA y la FOLU montaron sus negocios en torno al sistema agroalimentario actual. Su adhesión aparente a la agroecología -en su propia forma modificada y vaciada- obedece a que han visto la posibilidad de nuevas oportunidades de negocio, y posibles ganancias. Por un lado, estos operadores están buscando lucrar de la economía verde, viendo el reciclaje, la conservación y las nuevas ‘eficiencias’ en el uso de los recursos como oportunidades para obtener mayores márgenes de ganancia. Al mismo tiempo, y recurriendo al lenguaje de los ‘modelos empresariales inclusivos’, están presionando a agricultoras/es, pescadoras/es y pastoras/es independientes a que se incorporen a las ‘cadenas de valor’ globales controladas por esas grandes empresas. Las empresas transnacionales del agronegocio se benefician cuando las/os agricultores/as, pescadoras/es o pastores/as a pequeña escala adoptan sus tecnologías patentadas o sus modelos de agricultura intensiva con insumos ‘verdes’, o cuando dejan de producir para su propio consumo y los mercados locales y pasan a vender sus productos a las gigantescas empresas mundiales comercializadoras de mercancías agrícolas. La presión a la que someten a las/os agricultores/as, pescadoras/es y pastores/as a pequeña escala para que se integren a las cadenas de valor globales, tanto en calidad de productoras/es como de consumidores/as, la justifican en primer lugar insistiendo en la primacía del ‘libre mercado’ y, en segundo lugar, dando a entender que la pobreza de las/os productores/as de alimentos se debe a su ‘exclusión’ de esos mercados libres (y no debido a las condiciones en que se les obliga a participar en ellos). Por eso la SAI, la NVA y la FOLU hacen énfasis en el principio de ‘inclusión’, pero no en la ‘redistribución’.

La obsesión por un nuevo modelo de gobernanza público-privada

Desde las crisis mundiales de 2008, el multilateralismo -un sistema mundial basado en negociaciones entre Estados- ha perdido terreno en favor del ‘multisectorialismo’ o ‘multiparticipacionismo’ (multistakeholderism, en inglés), un sistema de gobernanza donde las decisiones se configuran mediante consultas con grupos amplios de partes interesadas en los que las grandes empresas llevan todas las de ganar. En teoría, la gobernanza ‘multipartita’ les concede a los diversos participantes sociales, empresariales y estatales igual voz y poder de voto. Pero en realidad, los diversos participantes ocupan posiciones de poder distintas, y cuentan con capacidades diferenciadas para impulsar y hacer valer sus intereses y puntos de vista.8 El sector del agronegocio trata activamente de influir en las ONG, los gobiernos y las organizaciones sociales, tratando de convencerles de la idea que las grandes empresas deben ocupar un lugar clave a la hora de determinar y gobernar nuestro futuro colectivo mundial, empezando por los sistemas alimentarios.

Conclusiones

El gran capital agroalimentario y las coaliciones e iniciativas que lo representan son los operadores clave que apuntalan la SAI, la NVA y la FOLU. Además de grandes empresas del agronegocio, empresas químicas, financieras, y de bienes de consumo ampliamente conocidas, y Estados y organismos intergubernamentales, también hay grandes ONG de desarrollo y medioambiente y entidades filantrópicas que participan en estas iniciativas dirigidas por las empresas, que menudo respaldan y apoyan la ‘agroecología chatarra’ promovida por los principales operadores. Estas iniciativas suelen recibir fondos y apoyo públicos, y se relacionan directamente con los Estados al mismo tiempo.

A través de estas iniciativas, las principales compañías agroalimentarias están proponiendo reformas potenciales para mitigar algunos de los peores impactos de sus actividades. Reformas cuyo fin es facilitar que el gran capital pueda seguir lucrando, sin transformar de raíz ni las injustas relaciones socio-económicas, políticas y ecológicas sobre las que se asienta el sistema agroalimentario actual, ni la ideología excluyente y cortoplacista que lo legitima. Para este propósito de 'cambiar todo de manera que nada cambie', las transnacionales agroalimentarias han decidido incorporar selectivamente algunos de los objetivos, narrativas y prácticas de la agroecología. Despliegan un caudal importante de recursos políticos, financieros, mediáticos y de relaciones públicas para promover su visión restringida de la agroecología, procurando así garantizar que no arraiguen otras visiones más transformadoras que podrían significar una amenaza para sus ganancias.

Sin embargo, tal y como plantean las organizaciones que participaron en el Foro Internacional sobre Agroecología, Nyéléni 2015 en Malí, “la agroecología es una cuestión política”. Una transición agroecológica verdadera debe caminar de la mano de políticas públicas que: i) otorguen un papel central a los/as productoras/es de alimentos a pequeña escala y los/as trabajadoras/es rurales y urbanos en su diseño e implementación; ii) guarden coherencia con los diversos instrumentos jurídicos nacionales e internacionales de derechos humanos como la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Campesinos/as y de Otras Personas que Trabajan en las Zonas Rurales, y; iii) privilegien una agroecología fiel a su visión de sostenibilidad ecosistémica y sus raíces de justicia ambiental y social. Los obstáculos que enfrentan las mujeres y jóvenes en el sistema agroalimentario actual también deben encararse y resolverse en profundidad a nivel sistémico, no sólo mejorando su acceso a los mercados o la tecnología. En sentido opuesto, promover iniciativas de “agroecología chatarra” abre la posibilidad de seguir ‘maquillando de verde’ formas de producción social y ambientalmente destructivas, y consolida más profundamente las dinámicas injustas que nos han arrastrado a las crisis actuales.

Es urgente construir políticas públicas participativas para el desarrollo, promoción e implementación de la agroecología en beneficio de los pueblos, y especialmente de los productores y productoras de alimentos a pequeña escala y los/as trabajadoras/es rurales y urbanos. Es este modelo de agroecología –por y para los pueblos trabajadores del planeta- el que podría provocar una transformación verdadera de nuestros sistemas agroalimentarios, oponiendo resistencia a su captura corporativa y revirtiéndola.

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